Con la renuncia de Aníbal Torres parecería que el gobierno se toma en serio el hecho de interpretar la no admisión de la cuestión de confianza como una negación de la misma, cuando constitucionalmente ello es un dislate (dicho sea de paso, ¿no pudieron encontrar otro término que no fuese “rechazar” los genios congresales?), y apostar por una segunda, pronto, hasta llegar al límite de la posibilidad de disolver el Congreso.
Cometería un grave error jurídico el gobierno si así procediese, porque claramente no procedía dicha cuestión de confianza y ha hecho bien el Congreso en considerarla improcedente, es decir no ocurrida, menos aún luego de que el Tribunal Constitucional le diese la razón al Congreso en la legislación aprobada vinculada al referéndum (sobre la que precisamente hizo cuestión de confianza el Ejecutivo).
Pero, sobre todo, perpetraría un gravísimo error político. Si el Ejecutivo, a contrapelo de la Constitución, disuelve el Congreso y cuenta al final del día con el respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales, deberá convocar a nuevas elecciones congresales.
Y, pierda cuidado, las mismas no se van a inclinar por una opción oficialista (Castillo se equivocaría groseramente si cree que el 20% de aprobación que muestran las encuestas se va a traducir en votos y, por ende, podrá tener más congresistas que el 2021). El desprestigio del Congreso incluye también al oficialismo y su aprobación apenas supera un dígito.
Se partiría de cero y allí, lo más probable es que resulte un Congreso más opositor y cuya primera tarea deberá ser vacar al presidente por haber cerrado el Congreso inconstitucionalmente, causal contenida en la Carta Magna.
Le puede suceder a Castillo lo mismo que a Vizcarra, quien disolvió un Congreso fastidioso y terminó siendo vacado por el siguiente. Y Castillo juega con fuego por gusto, porque, si no hiciese lo descrito, tiene casi asegurada su permanencia hasta el 2026, con sus propios votos, sumados a los de los congresistas cooptados con malas artes y que se suman al blindaje palaciego.
Lo que podrían ser tres años y medio más de mandato se podrían reducir a uno, si ocurre el escenario detallado, por torpeza de un régimen que solo hace lo que está haciendo porque cree que con ello sube en las encuestas y porque pone un paréntesis en la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación y que compromete al propio presidente en un círculo de corrupción y de delitos penales.
