Entre los tres distritos visitados, San Martín de Porres es el que tiene una situación menos crítica. Sin embargo, no se salva de deficiencias y carencias dentro de los PARMETs, pese a que en aquel distrito ocurren el 5% de los robos en Lima Metropolitana, de acuerdo con un informe de la Fiscalía y la PNP.
En los cuatro módulos ubicados en San Martín de Porres, sí se pueden encontrar las computadoras, los televisores y los grabadores de video entregados por la comuna de Lima, pero en la práctica es como si no estuvieran. Según la visita de inspección que hizo la Municipalidad de Lima, en todos estos puestos los equipos están inoperativos. Sudaca pudo acceder al segundo piso de uno de estos y constató que ninguno se encontraba conectado.
Al igual que en San Juan de Miraflores, los puestos de este distrito también tienen problemas con las puertas. Por ejemplo, en el que está ubicado en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre con Daniel Alcides Carrión (en la zona conocida como Puente Camote), un pedazo de plástico blanco suple la función de la puerta de vidrio, que se encuentra suelta y tirada en una pared del primer piso del módulo. En el PARMET del cruce de las avenidas Canta Callao con Naranjal, por su lado, ni siquiera se han dado el trabajo de buscar un precario reemplazo para la puerta perdida.
Las deficiencias no acaban ahí: en el puesto en la avenida Habich, la silla para esperar en el primer piso está rota y no cuenta con respaldar. Además, es el único de los 9 puestos visitados cuya placa de entrega del PARMET ha sido quitada o robada de la fachada.
Los dos puestos sin puerta en San Martín de Porres. A la izquierda, el de Canta Callao con Naranjal. A la derecha, el de Puente Camote.
Solicitamos los descargos por el correo de la comuna distrital, pero hasta el cierre, no han respondido.
No son los únicos
Los casos que hemos mencionado en este reportaje no son los únicos. Una nota de prensa de la MML de noviembre de 2021 daba cuenta que los dos módulos de San Luis se encontraban sin equipamiento y no funcionaban hasta hace pocos meses. Y, según la Defensoría del Pueblo, al menos 54 PARMETs en toda la ciudad presentaban deficiencias y carencias similares en enero de 2022.
Adjuntamos la tabla que presenta a detalle la situación de cada puesto.
En el 2022, INEI ubica a Áncash con una prevalencia de desnutrición crónica del 16,5%. Podemos observar esto en la presentación de los Principales Resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2021. La prevalencia es una proporción que mide los sujetos que tienen un evento en un momento determinado. Esta incluye tanto los casos nuevos como antiguos y no tiene dimensión o unidad de medida, según el MINSA.
PERÚ: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS)
Por otro lado, respecto a su otra afirmación, la proporción de desnutrición crónica (OMS) en niños menores de 5 años que acuden a los establecimientos de salud,según DIRESA (2021), en Áncash fue del 20%, durante el primer semestre del 2021.
Por lo tanto, únicamente podemos afirmar que la tercera cifra proporcionada por el candidato se acerca a la estadística sobre desnutrición crónica en Áncash, mas no es precisa.
PerúCheck intentó contactarse con el candidato sin respuesta.
Conclusiones
Las cifras mencionadas por Ocrospoma sobre la pobreza, la anemia y la desnutrición crónica en Áncash son incorrectas, según los estudios más recientes de INEI y DIRESA. El porcentaje de pobreza en Áncash se encuentra dentro del rango de 19% a 22,8%, no del 33%. La prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años en Áncash es de entre 18% y 29,6%, no del 39,2%. Finalmente, la tasa de desnutrición crónica en Áncash es del 16,4%, solo cerca del porcentaje señalado por el candidato. Por lo tanto, concluimos que las afirmaciones del aspirante a gobernador regional son falsas.
Luego, entre cinco oficiales rodearon a Cristhian de la Cruz y lo arrastraron hasta la tolva del vehículo. Su hermana Irene, desesperada, corrió a socorrerlo y en el intento le dio un manotazo a uno de los policías. “¿Qué me arañas oe’? ¿Qué me arañas?”, gritó el efectivo. Acto seguido, le sujetó la mano a Irene y, junto a otro policía, la arrastró mientras ella intentaba defenderse de los dos hombres que, a punta de empujones, la llevaban al carro. “Son unos coimeros, desgraciados”, gritaba Lilia mientras corría de un lado a otro intentando detener el abuso que se cometía. Pero ni sus gritos pidiendo ayuda ni su lucha por evitar que se lleven a sus hijos sirvieron.
Cuando llegaron a las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal de Comas, lugar donde hasta hoy permanecieron detenidos, los vecinos se dieron cuenta de que momentos antes de las detenciones, un trabajador de la empresa OHL, integrante del consorcio constructor, demandó a los dirigentes vecinales Luis Álvarez y Luis Maco por, supuestamente, haberlo extorsionado ese mismo día a cambio de dejarlos continuar con la obra. Sin embargo, como se ve en el video, el primero no se encontraba presente y el segundo llegó después de que la policía se presentara en el lugar de los hechos.
Según el parte policial, Marco Antonio Jimenez Meza, jefe de administración de la obra, denunció que, alrededor de las 7:40 a.m., un grupo de personas encabezado por los dos dirigentes estaba obstruyendo los trabajos. Ante tal actitud, el denunciante asegura que se acercó a los manifestantes con el fin de dialogar, pero que ellos le exigieron “una buena suma de dinero para que se retiren definitivamente”. Ante su negativa, siguieron obstaculizando los trabajos, por lo que se vio “en la obligación de denunciarlos”.
“Ellos dicen que nosotros les hemos pedido plata para dejarlos trabajar, eso es totalmente falso. A ese señor nadie lo conoce, no sabemos quién es el que nos ha denunciado porque nunca hemos hablado con él”, dice Luis M., vecino que también participa de los plantones y estaba presente durante los hechos. “Lo que han querido hacer es intimidarnos para que dejemos de reclamar”, añade.
Lilia Gonzalez y su hija Shirley de la Cruz en los exteriores de la Depincri Comas. Piden que liberen a sus familiares, quienes fueron detenidos, de manera violenta, por una supuesta denuncia de extorsión luego de reclamar que las empresas del Metropolitano se hagan cargo de las reparaciones de las viviendas.
Nos comunicamos con Jimenez Meza para preguntarle por las pruebas que sustenten su denuncia, pero solo respondió que cualquier información debíamos pedirla al Consorcio Metropolitano Norte. Ni ellos ni los policías de la Depincri respondieron nuestras interrogantes. Quien sí dio detalles fue el abogado de los tres detenidos, quien aseguró que el denunciante no contaba con pruebas de la supuesta extorsión: ni fotos ni videos ni testimonios de trabajadores que hayan escuchado las amenazas.
“El señor entró en contradicciones cuando tuvo que dar su declaración en la comisaría. Ni siquiera pudo dar un monto aproximado de lo que supuestamente le pidieron. Además, él hizo la denuncia antes de que los supuestos hechos ocurrieran, como si fuera adivino. Esto lo hicieron para amedrentar a los vecinos”, explica el abogado Manuel Luna.
Emape lamentó lo ocurrido y deslindó cualquier participación en dicha intervención, “siendo esta de responsabilidad de la empresa contratista”. La empresa municipal señaló además que el Consorcio Metropolitano Norte “viene presentando demoras en la atención y solución a los daños en algunos predios producto de las vibraciones originadas por las labores de compactación en la zona”. De no cumplir con ello, advierten que acudirán a “todas las instancias legales para que el consorcio cumpla con sus obligaciones y atienda los reclamos de los vecinos a la brevedad posible”.
Entre lágrimas, Lilia Gonzalez agradece que, luego de dos días detenidos, sus hijos y vecino hayan sido liberados por falta de pruebas. “Nosotros no queríamos hacer problemas, eso lo saben Dios y ellos mismos. ¿Por qué tanta maldad?”, pregunta. Cuenta, además, que en la Depincri no la dejaron presentar una denuncia: “Quise sentar una denuncia por lo que le hicieron a mis hijos, pero uno de los policías me amenazó diciéndome que si lo denunciaba, él me iba a encerrar con ellos porque dice que yo lo he arañado, pero eso no es así”. Esperemos que la justicia, para estos vecinos, llegue pronto.
Como fuese, Bayly parecía tener las de ganar en su batalla legal ante Indecopi. Pero, oportunamente, apareció un tercero en discordia: una fiduciaria a la que el canal le había transferido la marca.
El 21 de junio del 2021 –tres meses después de que Bayly demandara a Latina y poco antes de la resolución que le dio la razón en primera instancia– la televisora y Fiduciaria SA firmaron un contrato donde se le transfería a esta –como garantía ante el BCP– el registro de la marca ‘El Francotirador’. En setiembre de ese mismo año, este contrato fue inscrito en el Indecopi.
La inscripción del fideicomiso ocurrió luego de la demanda presentada por Bayly.
“El fideicomiso es como una caja fuerte. El único que puede decidir qué se hace con los activos del fideicomiso [en este caso, la marca] es la empresa que lo controla. Pero esta empresa solo puede hacer lo que el contrato que ha firmado con el BCP le permite hacer”, explica Carlos Rojas, especialista en finanzas y bolsa.
“Esta es una manera muy rápida y expeditiva de poner las garantías a su nombre [del banco]. Imagínate que el BCP ha prestado 20 millones de dólares a Latina y han valorizado la marca en 10. millones Si la marca pasa a un tercero, potencialmente esos valores ya no existen y ya no está coberturado el contrato”, añade Rojas.
Lo que ha sugerido la segunda instancia del Indecopi es, precisamente, emitir una nueva resolución, advirtiendo que, de cancelarse la marca, se afectarían esas garantías. “En el presente caso, la marca de servicio cuya cancelación se pretende se encuentra registrada a favor de Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. Sin embargo, sobre dicha marca existe inscrito un Contrato de Fideicomiso en Garantía por lo que, de cancelarse por falta de uso, se afectarían las garantías que pesan sobre esta”, se lee en el fallo de julio último.
Para el abogado Alain Delion, Latina solo ha ganado tiempo, porque lo que primará serán las pruebas de que la marca ha sido usada recientemente, ya sea por el canal o por un tercero. “Ese contrato de fideicomiso no acredita el uso. Encima, si el contrato es posterior a la solicitud de cancelación. No sirve de nada. Lo que tiene que hacer Latina es demostrar el uso de la marca. Si es un programa de televisión, tienen que demostrar que se da en tal horario”, opina el abogado. En los próximos meses veremos quién tuvo mejor puntería en esta batalla legal.
“Las mesas técnicas con Produce no han generado ningún resultado. En la mesa teníamos que tratar los temas de seguridad, la informalidad y el tema de las salvaguardas, o sea, la invasión de la ropa china, pero ninguno de esos tres pilares tuvo ningún resultado”, se queja Saldaña.
Otros gremios siguen conversando, aunque admiten que no ven los avances que esperan aún. Se logró, por ejemplo, la vacunación para los comerciantes de Gamarra, el incremento del aforo y la creación del Centro de Innovación Tecnológica para el sector, que les va a permitir a los empresarios capacitarse, investigar y analizar insumos para mejorar sus productos. Pero hay un problema de liquidez que se acentúa con la presencia de informales y sobre eso no han visto soluciones reales.
Muchos emprendedores quedaron fuera de los créditos de Reactiva Perú. Las esperanzas de los más pequeños estaban, por ejemplo, en el programa de Compras MyPerú. “Es un programa donde participamos todos los microempresarios para poder reactivar nuestra economía. Pero el programa está trabajando con un presupuesto anterior, que se está acabando. ¿Qué va a pasar? Se va a romper toda la cadena productiva. Actualmente el presidente Castillo ha propuesto un presupuesto adicional, pero este no se ha hecho efectivo”, alerta la dirigente Marisol Guillen, que también ha visto sus ventas descender durante la pandemia.
“Nosotros trabajamos con diferentes empresas y a mí me deben varios clientes. Estoy esperando aunque sea que me den de a pocos, porque también muchos empresarios han cerrado”, agrega.
Marisol Guillén, presidenta de la Sociedad Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, y Humberto Machaca, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Gamarra. Esperan más efectividad del gobierno.
Otros han puesto sus esperanzas en programas como el Fondo de Apoyo Empresarial de textiles y confecciones, un fondo que nació hace ya dos meses. Sin embargo, muchos empresarios no podrán acceder, porque la pandemia los ha dejado en rojo. Uno de los requisitos es, precisamente, estar al día. “Hay emprendedores que se han quedado con moras, con atrasos. Hemos solicitado al gobierno que reconsidere los términos”, comenta Humberto Machaca.
En mayo pasado, el gobierno de Castillo declaró 90 días de emergencia en el sector textil. En ese tiempo, tenía que replantearse su estrategia para salvar a la industria. “No sucedió nada de eso. Solo han dispuesto 900 mil soles para la capacitación para 10 o 20 empresarios. Eso ha tenido un impacto nulo”, señala el dirigente.
Machaca señala que, junto a otros gremios como los pescadores artesanales, han planteado “un rescate financiero”. Dice que varias organizaciones van a hacer plantones en los próximos días.
No es, entonces, un patrullero de la PNP ni un vehículo oficial. No obstante, ello no significa que no haya infracción. Usar los distintivos de los vehículos de emergencia, como sirenas y circulinas, en vehículos de uso particular también está prohibido. Así lo señala el artículo 255 del Reglamento Nacional de Tránsito, “Está prohibida la instalación de bocinas en los equipos de descarga de aire comprimido, así como el uso de sirenas, campanas, pitos de alarma u otros equipos que produzcan sonidos similares. Los vehículos de emergencia y vehículos oficiales son los únicos autorizados a usar señales audibles y visibles”.
En otras palabras, no se puede disfrazar un auto particular patrullero y sacarlo a la calle.
El Reglamento Nacional de Tránsito sólo autoriza a los vehículos de emergencia y oficiales a utilizar señales audibles y visibles, como es el caso de la circulina y sirena.
El Reglamento Nacional de Tránsito también señala que esta infracción es considerada grave, se multa con el 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se acumulan 20 puntos en la licencia de conducir que le será suspendida por seis meses si llega a 100 y, como medida preventiva, el vehículo disfrazado de patrullero debería quedar retenido.
El vehículo disfrazado de patrullero tendría que ser retenido y el propietario debería afrontar una multa económica y acumular puntos en su licencia de conducir.
Probablemente para un hombre que presume de su gran éxito en los negocios, como López Aliaga, no sea un problema pagar esa multa. Tampoco le debe afectar mucho la retención de un vehículo del que, muy probablemente, ni siquiera sea de su propiedad. Lo que llama la atención, en todo caso, es que un candidato a la alcaldía de Lima pase por encima de normas de tránsito que –supuestamente– debería conocer. Sudaca intentó obtener las versiones de Rafael López Aliaga y Víctor Marcial, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
De acuerdo a Crisólogo Cáceres, presidente de la presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la razón para abrirle la puerta al uso de mezclas lácteas en el programa Vaso de Leche es una excusa antigua. “Se aduce lo mismo de siempre: la falta de logística al interior del país. En lugar de repartir productos de origen natural, se distribuye a los beneficiarios productos industrializados”, considera Cáceres.
Además, agrega el presidente de Aspec, esta ley es contraproducente. “El único beneficiario es la gran industria láctea. Lo mínimo que puede hacer un programa llamado Vaso de Leche es guardar armonía con la legislación vigente: el reglamento de la leche. Las mezclas no lo son, se le introducen otros insumos para generar uno nuevo”, asegura el también abogado de profesión.
Como reportó previamente Sudaca,el reglamento de la leche fue modificado a principios de abril por el Midagri. El decreto supremo que lo hizo posible privilegiaba el uso de leche fresca sobre la leche evaporada, principal presentación del alimento que se consume en el país. Hoy, la ley 31554, parece ir en sentido contrario al abrirle la puerta a las mezclas lácteas.
En esa cumbre estuvo Pilar Brito. “Quedamos en trabajar la derogatoria de esta ley. Si no se puede, probablemente iremos a la calle y pediremos el cierre del Congreso”, asegura ofuscada la presidenta de los comités en Lima y Callao.
La propuesta de Brito ya está, de hecho, en ejecución, aunque no desde la bancada fujimorista. La congresista Jessica Córdova presentó un proyecto de ley que nuevamente modifica la ejecución del programa Vaso de Leche.
Martha Moyano, hoy presidenta en funciones del Congreso, se reunió con más de 100 líderes de los Comités del Vaso de Leche el último 26 de agosto en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.
Su iniciativa tiene como único punto la modificación del artículo 4. Esta vez priorizando el uso de leche fresca, siguiendo la línea del Midagri. Lo anecdótico es que Córdova pertenece a Avanza País, es decir, la misma bancada de Norma Yarrow. El proyecto de Córdova actualmente espera ser discutido en la Comisión Agraria y la de Presupuesto, luego de ser presentado el último 8 de julio, solo dos días antes de que la ley 31554 fuese aprobada en el Pleno.
Es claro que esta no será la última vez en este periodo gubernamental que se hablará de la leche, sea desde el Ejecutivo o Legislativo. Antes de avanzar en cualquier reforma estaría bien recordar que somos el país con la inseguridad alimentaria más alta de Sudamérica, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Tal vez una correcta ejecución del Vaso de Leche nos ayudaría a cambiar esa triste realidad.
Según CPI, en el primer lugar se ubica el candidato Juan Carlos Zurek, de Avanza País (20,5%). Luego se encuentran Esteban Uceda, de Renovación Popular (14%); Luis Carlos Iberico, de Alianza para el Progreso (8,7%); Julio Martínez, de Podemos Perú (6,3%); etcétera.
En ambos casos, la estadística reportada no coincide con las cifras que presentó la encuesta falsa de Datum.
Conclusión
La publicación que atribuye a Datum dos supuestos simulacros de votación para los distritos de Cieneguilla y La Molina es falsa. Datum Internacional desmintió haber realizado tales encuestas electorales. Además, las cifras del posteo falso no coinciden con los estudios de opinión publicados por encuestadoras registradas para esos dos distritos limeños.
En 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación contra Castillo Venegas, luego de que se difundieran grabaciones de 2015 en donde él estaba involucrado y que configuraban un presunto delito. Por entonces Castillo era Decano de la mencionada facultad y miembro de una comisión para un concurso público de contratación de docentes. En la conversación grabada –por un profesor de la facultad–, Castillo Venegas hablaba de un manejo político de este concurso.
Castillo: De cuatro vacantes, que César me pida una, bueno, sí es factible darle. Pero, de una, que me pida una, ni fregando [risas]. Eso es imposible, eso no lo vamos a practicar ni fregando, si sabe que es la perpetuidad del grupo, aquí interno ¿cierto?, ese es el tema. Por eso, mira tú, dile a Armando, todo mi cariño para él, pero que se está analizando, tanto las fortalezas como las debilidades. Eso le tienes que decir hermano, lo mismo que yo le he dicho. Yo precisamente estoy esperando reunirme con Alberto Chumacero, para ver, y también políticamente…
Profesor: ¿Él también conforma la comisión?
Castillo: Si es su departamento, pues.
Castillo: Para ver, políticamente compadre, tomar una decisión hermano y por ahí transitar, definitivamente esos tres profesores van a ser nombrados, sí o sí, pero para ver quién va primero, tenemos que esperar, ese es el tema.
Cuando le consultamos sobre este tema, el abogado respondió que el caso fiscal ya se había archivado, que en varios campos de la vida –incluyendo los concursos públicos– se “hace política” y que quería “escoger a los mejores”. “No nos rasguemos las vestiduras con un simple decano, con la elección de un profesor”, agregó.
Pero ahí no acaban las controversias de Castillo Venegas. Como asesor legal de la universidad, ha defendido la prolongación del mandato del rector Santos Montaño, pese a que la Sunedu ha reportado indicios de fraude en su elección, lo que debería derivar en una convocatoria a nuevas elecciones. El argumento de Castillo en este caso ya es conocido: la “autonomía universitaria”.
Mientras fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Castillo también fue investigado por la Contraloría debido a un presunto mal manejo de la caja chica para adquirir servicios de impresión, librerías y candados, durante su gestión y la de su sucesor. Según el informe de la Contraloría, los propietarios y encargados de los negocios en cuestión mostraron una boleta de venta distinta a la que declaraba la universidad. Esto la llevó a concluir que las boletas “fueron emitidas por operaciones no reales y/o inexistentes” y que se trataría de “comprobantes de pago presuntamente falsos, cuyo monto asciende a S/ 2,410.00”.
Castillo Venegas se defiende de este caso basándose en la falta de acciones posteriores por parte de la entidad supervisora: “la Contraloría se quedó satisfecha porque no planteó ninguna denuncia ni investigación fiscal. Hay cuestiones más importantes que encargarse de las boletas que estaban cuestionadas, por un importe de 150 soles. Además, la que realiza el importe es una secretaria”, sostuvo.
El abogado y profesor que ha sido elegido por los rebeldes rectores también mantiene tres deudas coactivas de la SUNAT, que suman casi 40 mil soles. “En el Perú, todos tenemos alguna deuda pendiente. Yo reconozco mi deuda y en su momento se va a pagar”, respondió al respecto, pese a que dos de estas deudas son de 2014 y 2015. “Eso está en la esfera de lo personal, amigo: si pago o si no pago. No debería ser cuestionado por eso”, agregó.
Las deudas que acumula Castillo Venegas en la SUNAT
Dentro de los cargos que ha ostentado Castillo Venegas se encuentran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Decanato en el Colegio de Abogados de Piura y la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. También dirige ‘Castillo Venegas abogados consultores’, que brinda asesorías en entidades como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, Indecopi, entre otros.
Ahora, en sus palabras, va a estar en un “apéndice del Ministerio de Educación”, donde Castillo Venegas asegura que mantendrá su independencia respecto a los rectores que lo eligieron. Para él, la Sunedu ha funcionado, pero debe mejorar con estos polémicos cambios propuestos por el congresista Esdras Medina. Por el momento, se encuentra esperanzado por la apelación que el Congreso presentó contra la decisión de declarar fundada la demanda de amparo.
“Yo creo que el superior de jerarquía, que es la Sala Superior Constitucional, va a resolver. Toca esperar nomás”, afirma. Cuando le preguntamos si no consideraba prudente, entonces, esperar a la decisión en segunda instancia para aceptar el cargo en la Sunedu, dio una peculiar respuesta: “Lo prudente es otra cosa, nosotros nos manejamos por el tema de legalidad”.
