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“Nos sorprendió a todos cómo llegó a ser el número uno. No lo conozco ni lo he visto nunca”, asegura Franco Salinas, actual congresista de Acción Popular (AP), cuando le preguntamos por José Arriola Tueros, el hombre que encabeza la lista por Lima de la lampa en las elecciones congresales. Y no es el único. Ni el mismo presidente del partido, Mesías Guevara, sabe quién es. Aun así, siendo un total desconocido entre la dirigencia de AP, Arriola llegó a ser candidato con 425 votos en las elecciones internas.

Sin estudios técnicos ni universitarios, Arriola ha sabido abrirse camino en la gestión pública en distintas municipalidades. Desde el 2011, ocupa la subgerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social de la Municipalidad de Ate, cargo de confianza del actual alcalde Edde Cuellar, un exmilitante de Solidaridad Nacional que llegó al sillón municipal el año 2014 y que fue reelegido el 2019, cuando ya se había pasado al bando de AP.

La campaña de Arriola ha echado mano de un poderoso bolsón electoral conocido como la “Zonal 20” del partido, en Ate. Esta base apoyó a Edde Cuellar el 2019, para ser reelecto alcalde del distrito; y el 2020 se movilizó en apoyo al actual congresista Walter Rivera Guerra, también de Ate, quien entonces buscaba una curul. Lo curioso es que esta “zonal” es dirigida por Elizabeth Pérez Castro, que figura como afiliada al partido Somos Perú.

El pasado 2 de marzo, el regidor Alfredo Falcón Arteaga denunció ante la comisión de Fiscalización del Congreso que Elizabeth Pérez estaría intentando convencer a los miembros de la “zonal” de que apoyen la campaña de Arriola prometiendo, a cambio de −y de manera no tan velada−, futuros contratos en la municipalidad. En uno de los audios de la mujer, se le escucha criticar la falta de apoyo para hacer las pintas promocionales y pone el ejemplo de una persona que ayudaba en la base y a la cual ella le habría conseguido un trabajo en la comuna.

“Yo siempre voy a mirar quién está al lado mío. Yo ya les conté lo que pasó con nuestra amiga Lidia, que todos se quejaron [y preguntaron:] ‘¿por qué la has puesto, Elizabeth?, 2.300 [haría referencia al sueldo]’. Porque era una persona leal, estuvo en las noches, en las mañanas”, se oye decir a Pérez.

En otra parte del audio, que Elizabeth Pérez confirmó como suyo a Sudaca, ella intenta convencer a los militantes de la base que apoyen la campaña de Arriola y se le ocurre contarles, haciendo alarde de sus contactos en la comuna, cuando recibió el ofrecimiento de parte de una funcionaria municipal para darles trabajo. “En enero, iba a haber una convocatoria. Iban a pedir [trabajadores] a [las unidades de] resguardo, limpieza y parques y jardines, pero lamentablemente vino la pandemia y todo se fue al diablo. Eso escapa de mis manos. Yo hablé con la señorita Edith y le dije cómo puedo hacer con la gente, que son gente buena, quiero que trabajen. Me dijo: ‘Elizabeth, va a haber una convocatoria y no te preocupes, yo te voy a apoyar’. ¿Por qué me dice eso? Porque somos leales, apoyamos y trabajamos como debe de ser”, se oye decir a la dirigente.

 

En los mismos audios, Pérez admite que es amiga de Arriola, que “es un buen candidato”, que “no estamos apoyando a cualquiera” y que “es un señor que sabe reconocer”. Cuenta, además, que cuando salió junto a seis personas a hacer pintas de campaña, Arriola la llamó para entregarle S/100 a cada uno de los que estaban apoyando. “Vino y nos trajo leche, panetón, frugos y agarró y nos dio 100 soles a cada uno. Ya ven, Dios bendice. A la persona que apoya y está a mi lado los va a bendecir”, dice, muy convencida, la señora Pérez.

Elizabeth Pérez admitió ser la autora de los audios, pero aseguró que sólo se estaba jactando en una conversación de WhatsApp con sus amigas, que lo que dijo es falso. Dijo también que su celular había sido robado el pasado 20 de febrero y que de ahí se habían sacado los audios. Acusa a un periodista de Lima Este de estar detrás de la filtración. Contactado para este artículo, José Arriola admite conocer a la dirigente de la “zonal 20”, pero niega que el contenido de los audios tengan asidero en la realidad.

 

Las bases de Ate

Las relaciones estrechas entre las bases partidarias y la municipalidad, como denuncian algunos militantes, parecen haber servido para sacar adelante la candidatura de Arriola en las internas del partido. “El señor Arriola ha sido funcionario de la municipalidad de Ate durante muchos años y se ha ganado la confianza del actual alcalde. Él fue quien lo ayudó a mover toda esa maquinaria de militantes, muchos de los cuales trabajan en la misma municipalidad. Como el mismo alcalde no puede postular, porque el partido no lo permite, ayudó a alguien cercano”, comenta Ricardo Torres Valdivieso, quien milita hace más de 15 años en Acción Popular.

Torres, que pertenece a la base de Surco, decidió postularse por primera vez como precandidato al Congreso, pero ni siquiera pudo conversar o compartir sus propuestas con sus compañeros porque el apoyo a determinados candidatos ya estaba “cerrado”. “Yo logré hablar con algunos secretarios distritales y la respuesta que recibí fue: ‘perdóneme, correligionario, pero aquí el tema ya está arreglado’. Para mí esa era una señal para alejarme”, cuenta.

El presidente del partido, Mesías Guevara, cuenta que casi toda la votación de Arriola vino del distrito de donde trabaja, en Ate. “Yo no tengo contacto con él, es relativamente nuevo en el partido. Es del grupo de Edmundo del Águila. También el alcalde de Ate es del entorno de Del Águila. Yo por lo menos nunca he conversado con él. No es miembro activo ni dirigente conocido”, dice Guevara.

 

Jose-Arriola-y-Edmundo-del-Águila
A la izquierda, el conocido dirigente accionpopulista Edmundo Del Águila. A la derecha, José Arriola, el desconocido N°1 de la lampa por Lima. El banner es de las internas.

 

“Lo que sucede es que la municipalidad maneja un contingente de personas en los programas sociales y de participación ciudadana, donde trabaja el señor Arriola. El día de las votaciones, a todos ellos se les ha visto ahí. Votaron todos los que están inscritos en AP y gran parte de los que están en la municipalidad están inscritos en el partido. Es por eso que el señor ha ganado con la mayor votación, gracias a los trabajadores de la municipalidad”, denuncia el regidor Alfredo Falcón, hasta enero militante de AP.

Milagros Muñoz Guzmán, militante de la base distrital de San Isidro, sigue la misma línea de sus correligionarios. La accionpopulista explica que, dentro del partido, hay personas con cierto liderazgo que movilizan a sus seguidores durante las elecciones internas. Muñoz no encuentra otra explicación para la victoria de Arriola en las internas que el apoyo del alcalde Edde Cuellar. “Su campaña en las internas casi ni se sintió, por eso también fue una sorpresa y comenzaron a echar culpas y preguntarse quién trajo al alcalde de Ate al partido”, dice.

 

“¿Por qué tienen que meter al alcalde de Ate? ¿Por qué los militantes no son más varones y gente? Tienen toda la libertad y los canales internos del partido y, si creen que de por medio hay una indicación del alcalde, [pueden denunciarlo]”, se defiende José Arriola.

Algunos detalles, sin embargo, abonan a la teoría de los militantes entrevistados. Sudaca ha podido identificar que, al menos, 15 funcionarios municipales (sólo entre regidores, gerentes y subgerentes) pertenecen a AP. Cuellar, otrora militante de Solidaridad Nacional, cambió de camiseta al partido de la lampa en julio del 2019. Cuando le preguntamos por qué se inscribió en el partido, Arriola responde: “Es como que a ti te pregunten por qué te demoraste en tener chico. Ese es tu problema, tú te enamoras cuando decides (…) La gestión actual está trabajando francamente en favor de la gente, de los más necesitados, cosa que se había perdido”.

Coincidencia o no, los funcionarios afiliados al partido ya estaban habilitados para votar cuando en noviembre del año pasado se realizaron las elecciones internas de la lampa. En total, se presentaron 80 precandidatos a congresistas por Lima. Arriola Tueros iba con el número 68 y se promocionaba en volantes junto a Edmundo del Águila, que competía con Yonhy Lescano para ver quién representaría a AP en las presidenciales de abril. Del Águila terminó perdiendo aquella elección, pero Arriola salió airoso con 425 votos.

 

Infracción

“La población no quiere soluciones de mediano o largo plazo, las quiere ahorita”, dijo José Arriola en un reciente debate organizado por el diario El Comercio. Arriola no perdió el tiempo para arremeter contra los migrantes venezolanos, uno de los objetivos favoritos de nuestro alicaído elenco de candidatos al Congreso. “Ante este problema de los venezolanos que ya nos tienen cansados, voy a plantear que se reaperture [sic] El Frontón para que todas esas personas que cometen delitos sean derivados para allá. Todos los venezolanos deben ser “erradicados” desde el primer momento a partir del 1 de agosto, salvo aquellos que tengan un trabajo por ahora decente”, comentó.

José Arriola se autodenomina especialista en gestión pública y programas sociales, a pesar de no contar con ningún grado académico. Asegura haber trabajado en el sector público hace más de 25 años “en favor de los pueblos olvidados”, pero en su hoja de vida la única experiencia laboral que consigna es la de subgerente de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social en la municipalidad de Ate desde el año 2011, cargo por el que cobra casi S/7,000 mensuales.

El pasado 5 de marzo, el Jurado Especial Electoral determinó que José Arriola infringió las normas de neutralidad durante el periodo electoral luego de recibir una denuncia que el despacho del congresista Gilbert Alonzo Fernández envió primero al JNE unos días antes. Allí se señala que Arriola habría usado indebidamente “los recursos, bienes y programas sociales como comedores populares y de vaso de leche de la Municipalidad, para actividades políticas”.

Los hechos fueron advertidos al parlamentario por el regidor de la comuna de Ate, Alfredo Falcón Arteaga, y ocurrieron durante una entrega de canastas donadas por Qali Warma y en la reapertura de un comedor popular los días 13 de enero y 18 de febrero. Estos eventos fueron transmitidos en la misma página de Facebook del municipio de Ate. Ante la evidencia, el JEE solo ordenó al candidato abstenerse de seguir transgrediendo las normas de neutralidad.

En otro documento enviado por el congresista Wilmer Cayllahua ante el JNE, el pasado 10 de marzo, también se advierte que el alcalde Edde Cuellar fue informado de estos hechos pero que, hasta el momento, no ha tomado cartas en el asunto.

Consultados por su infracción, Arriola dice que él sólo cumplía sus funciones como subgerente, que él no entregó las canastas de manera directa y que ya ha dado por zanjado el asunto. “En principio, yo no he entregado las canastas, solo he participado del acto protocolar junto a otros funcionarios, no he entregado personalmente las canastas, o una lata de leche, nada. Si hubiese hecho algo malo no me dirían que me abstenga, me multarían”, apunta.

Pero no es la única denuncia en contra del número uno de los candidatos accionpopulistas. El pasado 16 de febrero, Arriola fue removido de su cargo como representante de la comuna de Ate en el Comité de Compra de Qali Warma, según una resolución firmada por el director ejecutivo de este programa, Fredy Hinojosa Angulo. En el programa social lo acusaron de no haber cumplido con evaluar todas las propuestas presentadas al comité, como lo estipula el manual de proceso de compras, y descalificar la de la empresa Consorcio Central.

Según Arriola, fue el proveedor quien pidió su salida. “Qali Warma es una entidad que tiene que ser reestructurada porque hay muchas irregularidades. Qali Warma se prestó para una jugarreta del proveedor”, dice Arriola. De llegar al Congreso, anuncia, una de sus primeras medidas será la reestructuración del programa social.

¿Qué ilustra el caso de Arriola? La forma en la que se eligen muchos de los candidatos al Congreso de AP: presunto clientelismo. El partido de la lampa, según el último simulacro de votación de Ipsos-El Comercio, tiene la intención de voto más alta para el próximo Congreso. ¿Qué clase de congresistas arrastrará su logo esta vez? Viendo a su número 1 por Lima, parece que nada muy alentador.

 

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Acción Popular, José Arriola

Para Ernesto Bustamante, el alfil del fujimorismo en la lucha contra la pandemia, ser congresista podría significar una revancha con el sector público. El 2018, su paso por el Ejecutivo terminó, tras sobrevivir a la aparición de unos gusanos enlatados, debido a un oficio interno del Ministerio de Producción (Produce) al que Sudaca tuvo acceso. Este revela una serie de omisiones que colmaron la paciencia de sus superiores.

Su trance de ascenso y caída en el Estado podrían ayudar a comprender por qué, meses después, el científico comparó a la vacuna china con “agua destilada”, aseguró  que “produce más Covid-19 que el placebo en algunos casos” y se animó a recomendar el uso de saliva como alternativa al gel desinfectante para protegerse de la enfermedad. 

 

Ascenso frustrado

Bustamante empezó su corto paso por la gestión pública el 2013, como responsable del programa nacional de biotecnología del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Un año después, asumió la jefatura del Instituto Nacional de Salud (INS). Su carrera parecía promisoria hasta que, unos años después, en el 2017, fue nombrado director ejecutivo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), una entidad adscrita a Produce cuya labor es garantizar el buen estado de los productos pesqueros.

Al poco tiempo de llegar al Sanipes, en noviembre de ese año, estalló un escándalo por el que algunos twitteros lo recordaron recientemente como el ‘‘Dr. Gusano”, cuando Keiko Fujimori anunció que sería parte de su equipo técnico.

 

La ‘chapa’ hace alusión a un lote de 44.400 conservas de caballa chinas que fueron inmovilizadas por Sanipes en noviembre del 2017 por contener gusanos anisakis. El organismo adscrito al Produce que entonces conducía Bustamante reaccionó tarde. Los gusanos llegaron en dos envíos de la empresa china Tropical Food Manufacturing al Perú hasta marzo, pocos días antes de que él ocupara el puesto. Pero recién en noviembre, tras varios meses dirigiendo la institución, el Sanipes de Bustamante detectó los enlatados contaminados y frenó las importaciones del país asiático. Casi la mitad de esas latas tenían como destino los estómagos de escolares del programa Qali Warma, en la región San Martín. De hecho, fue este programa social el que dio la alerta.

Por este lío el ahora candidato fujimorista fue suspendido en el Sanipes en diciembre. Mediante un tweet, la institución pesquera anunció su reemplazo temporal. Ocho meses después, en julio del 2018, Sanipes levantó la alerta sanitaria a las conservas de pescado chinas. Una comisión investigadora del Produce no encontró responsabilidad administrativa de Bustamante y decidió no sancionarlo.

Sin embargo, el hoy candidato sí terminaría saliendo como corolario de ese escándalo. ¿La razón? Perdió la confianza del gobierno de Martín Vizcarra, que acababa de llegar a Palacio. Aunque los reflectores ya estaban en otro lado, el 27 de agosto de aquel año Vizcarra firmó su destitución como director ejecutivo de Sanipes por “causal de pérdida de confianza”, mediante una resolución suprema publicada en El Peruano.

La decisión se tomó tres días después de un demoledor oficio de Produce enviado al doctor Ernesto Bustamante. El oficio detalla todas las razones por las que el alfil fujimorista perdió la confianza de ese ministerio y lleva la firma de Javier Atkins, entonces presidente del Consejo Directivo de Sanipes.

El documento arranca como una sentencia a la carrera pública de Bustamante. “Evaluada la situación de la gestión ejecutiva del Sanipes, se ha determinado la concurrencia de factores que desestabilizan y ponen en riesgo distintos aspectos del sector”, se lee.

El oficio acusa a Bustamante de poner en riesgo la continuidad de las operaciones pesqueras al rechazar certificaciones para la exportación de aceite de pescado a la Unión Europea, una situación que podía generarle demandas a Produce por incumplir contratos. Dice, además, que el médico no cumplió un acuerdo del consejo directivo de retirar unos comunicados de la web de Sanipes en 24 horas.

El oficio de Produce que decidió la suerte de Bustamante en Sanipes.

Otra de las razones de la disconformidad de sus jefes está directamente relacionada con el escándalo de los enlatados. Según el documento, Bustamante no acató una medida cautelar del Poder Judicial del Callao a favor de Cerper, la empresa que analizó los enlatados contaminados con gusanos. Sanipes los había suspendido dos años como laboratorio de apoyo para fiscalizar productos pesqueros, pero el recurso legal anulaba esa sanción.

Cerper, de hecho, había enviado un mes antes un oficio a Javier Atkins. Ahí se aseguraba que Bustamante “tomó conocimiento de la citada medida cautelar, obstaculizó de manera dolosa su incondicional y obligado cumplimiento, situación que advertimos generaría una responsabilidad penal directa debido a su deliberado acto de desobediencia frente a la autoridad judicial”.

Cuando ocurrió el escándalo de las conservas contaminadas, Bustamante y los representantes de Cerper se echaron mutuamente la responsabilidad por el deficiente control de calidad del producto chino. Que se anulara la sanción al laboratorio ponía el peso de la responsabilidad en la entidad dirigida por el hoy candidato.

Según los argumentos de Cerper, el Sanipes incumplió su reglamento administrativo. Para que la entidad pesquera otorgue el registro sanitario, dijo el laboratorio, el expediente del producto chino debía estar acompañado de un flujograma sobre los procesos de elaboración. Este debía estar firmado por representantes de la planta de producción del exterior. En este caso concreto el documento solo llevaba la firma del importador. Un error que Sanipes no habría advertido.

Además, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), mediante una investigación interna, determinó que Cerper no tenía responsabilidad en el escándalo. Para este ente regulador, la empresa no incumplió el procedimiento establecido. Por ello, la sanción en su contra debía terminar.

Bustamante −que no ha querido responder nuestras consultas para este informe− desapareció desde entonces de la escena pública. Hasta que la pandemia llegó al Perú. Como muchos miembros de la comunidad científica, desfiló por varios medios como un consultor habitual en temas relacionados al aún desconocido virus que llegaba de Wuhan. El exfuncionario público parecía estar orgulloso de sus intervenciones mediáticas y recopilaba cada una de ellas en su canal de YouTube.  Expulsado del gobierno de Vizcarra, cuando empezó la pandemia se volvió uno de sus más acérrimos críticos.

Parte de su repertorio más feroz está en sus tweets del 2020. Con acierto, criticó el favoritismo de usar pruebas serológicas rápidas por encima de las moleculares, pero al mismo tiempo comparaba a Vizcarra −el presidente que le quitó la confianza− y a su gabinete con los “jinetes del Apocalipsis”. También decía que la campaña de comunicación del gobierno era comparable a cualquiera diseñada por el Ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels. Un discurso no sólo científico, sino político.

 

 

 

Bustamante recurrió a su artillería pesada en plena crisis política de noviembre, la misma que terminó en el fugaz paso de Manuel Merino en la presidencia. El científico comparó a Vizcarra con Vito Corleone, de El Padrino, asegurando que “los grandes medios apoyan la venganza de Vizcarra contra Merino” mientras reciban “publicidad” del Estado.

 

 

El biólogo molecular puso la mira del microscopio a la vacuna de Sinopharm mucho antes de que el informe preliminar de los ensayos clínicos de su alma mater  –que iniciaron en el gobierno de Vizcarra– llegara a sus manos. Desde el año pasado en diversas declaraciones le quitaba mérito a los acuerdos iniciales con el laboratorio chino. Para él, se necesitaban vacunas con mayor eficacia que 79% en Perú. Los productos del país asiático le deben traer pesadillas del Sanipes.

El pasado viernes 5 de marzo, Bustamante fue invitado al programa de Beto Ortiz, en Willax TV, y mostró unos estudios preliminares de la Universidad Cayetano Heredia que supuestamente demostraban la ineficacia del antídoto. El fujimorista dijo que “la vacuna (de Sinopharm) no sirve en ninguno de sus aspectos”, que el estudio estaba “viciado” y que la vacuna era “agua destilada”. Al día siguiente empezó a ser desmentido por la comunidad científica.

César Ugarte-Gil, epidemiólogo de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, asegura a Sudaca que el error en la interpretación de Bustamante puede resumirse en dos puntos. Uno es que, al ser un informe preliminar, cualquier conclusión que se haga en base a este es insuficiente para echarse abajo el ensayo clínico, ya que este todavía no termina. El otro es que el número de casos con PCR positivos no puede usarse para el cálculo de eficacia de la vacuna porque lo correcto es hacerlo con los casos confirmados, que aún no están determinados.

El plan de Keiko

Ernesto Bustamante, el número 3 al Congreso por Lima del fujimorismo, es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde registra una maestría en biología química. Su alma mater es la que dirige los estudios clínicos de Sinopharm en el país y desde esta han respondido indignados a su interpretación auténtica del informe preliminar.

El candidato tiene un doctorado en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, una de las que más ha colaborado en el mundo para combatir la pandemia, y según su hoja de vida es director científico de BioGenómica, un laboratorio privado que –desde el 2001– se especializa en pruebas de paternidad y pruebas moleculares de cáncer hereditario.

Bustamante fue el encargado del capítulo dedicado a políticas de salud del Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Parte de las mediáticas críticas del candidato están plasmadas en nueve de las 90 páginas del documento, pero sus propuestas parecen no aterrizar del todo.

En la página 24, por ejemplo, se sugiere que las vacunas que el Perú necesita son las de Moderna y Pfizer por su alto porcentaje de eficacia (90%). Pero en el mismo párrafo se asegura que “implementar la logística de ese tipo de vacunación será muy difícil en el Perú” y que “los países desarrollados son los que más aprovecharán esas vacunas”. La pregunta que no se resuelve es si en un eventual gobierno naranja, se priorizará la llegada de estos productos o no, y cómo se logrará eso.

Otra ambiciosa propuesta es “reducir el número de casos nuevos a tasas menores de 100 casos por semana”. Prometedor, por supuesto, aunque páginas adelante el mismo plan admite una dificultad: “En el caso del rastreo de contactos de los infectados detectados no vamos a poder disminuir el umbral que tenemos; de acuerdo con cifras oficiales tenemos 3 mil detectados nuevos por día”.

Parte de las propuestas para combatir la pandemia del plan de gobierno de Fuerza Popular.

Ernesto Bustamante ha dicho que pretende llegar al Congreso para llevar la Ciencia a la Política y no al revés. En el Parlamento probablemente se encontrará con el hombre que le cortó las alas en el Sanipes: Martín Vizcarra. Y lo haría desde la bancada que más dolores de cabeza le generaron al hoy candidato de Somos Perú. ¿Mantendrá su promesa?

Sudaca llamó a Ernesto Bustamante el último viernes y el candidato se comprometió a responder nuestras preguntas vía WhatsApp. Pero al día siguiente bloqueó el número del redactor en esta red social. Al cierre de este informe no recibimos ninguna respuesta.

 *Fotomontaje por Leyla López.

Fecha de publicación: 14 de marzo del 2021.

La modalidad de clases a distancia que el gobierno tuvo que crear debido a la pandemia se desarrolla este año a paso de tortuga. El Ministerio de Educación (Minedu), que comanda Ricardo Cuenca, ha planteado que los contenidos de “Aprendo en Casa” para radio y televisión empiecen recién en la segunda quincena de abril, un mes después de iniciado el año escolar. El retraso no tendría otra razón que la demora en elegir a la empresa productora que realizará el trabajo.

Hace unos días, en redes sociales, el Minedu señaló que los contenidos de “Aprendo en Casa” no se desarrollarán desde el primer día de colegio, el 15 de marzo, sino a partir del 5 de abril en su plataforma web y desde el 19 de abril en transmisiones de TV Perú, Canal IPe y Radio Nacional. Es decir, quienes no tengan acceso a computadoras, tabletas o celulares inteligentes empezarán con aún mayor retraso la escuela. Para convencernos de que todo está calculado, el Minedu ha dicho que durante un mes “brindarán acogida a los estudiantes y recogerán información sobre su situación emocional y sobre sus aprendizajes”.

El exministro de Educación, Idel Vexler, fue tajante al afirmar que los plazos expuestos por Minedu no se justifican. “Creo que no ha habido una previsión para generar contenidos de clases virtuales, por radio y televisión oportunamente. No se justifica [los plazos de la evaluación socioemocional hasta mediados de abril]. Cuando se evalúan trabajos, o lo que se llama carpetas de recuperación, y las pruebas que puedan tomarse, se hace el período previo a que los maestros regresen al trabajo docente. No son plazos razonables”, apunta el educador.

En la misma línea, la exministra Marilú Martens aseguró que se debió “tomar el toro por las astas y priorizar la elaboración de buenos contenidos, lo que se debió trabajar en 2020 y en el marco de la experiencia vivida”. “Tiene que haber una propuesta de apoyo socioemocional, pero también una propuesta de recuperación de los aprendizajes que no se lograron, que haya una evaluación de partida. Pero [eso] no debe ser una justificación de por qué no se hicieron las otras cosas”, indicó. Y recordó que, según la Defensoría del Pueblo, 400.000 niños no accedieron al programa del gobierno y otros 100.000 lo hicieron de forma tardía.

¿Por qué el contenido digital arrancará antes que el audiovisual? La respuesta no parece ser otra que la improvisación. El proceso para contratar a una productora debe hacerse de manera directa, como el año pasado, debido a un marco de excepción por la emergencia sanitaria. En febrero pasado, de hecho, el Minedu envió invitaciones a las empresas para que presenten sus propuestas técnicas y sus cotizaciones, pero a tres días del inicio de clase no hay ganador.

Un empresario que fue invitado a participar confirma que no hay una productora elegida hasta ahora. “Todavía no se sabe quién ha ganado, se están demorando demasiado. Las invitaciones se hicieron hace cerca de un mes. Luego, teníamos hasta el jueves 4 de marzo para mandar una segunda licitación. De todas maneras, falta regular. El Minedu pide cosas que en Perú no existen”, dice esta fuente.

Las respuestas de las empresas interesadas a inicios de este mes no habrían sido satisfactorias, porque hoy, 12 de marzo, el Minedu volvió a enviar una nueva solicitud a una serie de proveedores para que envíen sus propuestas económicas. La invitación, cursada por la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (Digere), no hace más que confirmar que no se tiene elegido a la empresa que realice los programas. En el documento al que accedió Sudaca se pide que las cotizaciones se presenten mediante correo electrónico hasta la 1 pm del 19 de marzo, es decir, en una semana. Según expertos en producciones audiovisuales consultados para este informe, es improbable que se llegue con los materiales adaptados al 19 de abril, más aún si para este año se pide más contenido.

A tres días del inicio del año escolar, el Minedu ha vuelto a pedir cotización a varias productoras para «Aprendo en Casa». La improvisación es clara. 

Según los términos de referencia enviados por el Minedu, las realizaciones deberían cubrir las demandas de inicial, primaria, secundaria y básica especial. Eso equivale a 792 programas para toda la etapa escolar.

El año pasado la encargada de adaptar el contenido educativo al formato de TV fue Phoenix Producciones. Lo hizo sólo para el nivel secundario. El contrato directo ascendió a S/5,6 millones y contemplaba la ejecución de programas 48 horas antes del día de la emisión y por 195 días calendarios. Desde que se cursaron las invitaciones hasta que se dio la “buena pro”, esa vez, pasaron aproximadamente dos semanas. Los tiempos fueron ajustados para llevar a cabo la realización del trabajo, a decir del dueño de esta productora.

“Fueron tiempos demasiado ajustados, muy apretados. Gracias a Dios la gente que estaba en el tema por parte del Minedu nos apoyó bastante y sacamos el producto adelante. Nos dieron el resultado un martes y lo teníamos que juntar todo para la misma semana”, admite Marco Plaza, dueño de Phoenix Producciones.

El proyecto se sacó adelante con la colaboración del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), pero, para el 2021, se ha añadido la necesidad de producciones más grandes debido a la incorporación de nuevos contenidos. “Para la realización [de los programas] el 2021 se dará el mismo apoyo que el año pasado. Realizamos, no producimos contenido. Las fechas y contenido lo ponen el Ministerio de Educación”, dice Eduardo Guzmán, presidente ejecutivo del IRTP. Guzmán evitó responder si ya estaban avanzando en la mentada “realización”.

Sudaca consultó al Minedu, de manera explícita, sobre el proceso para la producción audiovisual y de radio de “Aprendo en Casa” 2021, quién hará los programas y cuántos participaron de las cotizaciones. No obtuvimos respuesta. La cartera que dirige Cuenca únicamente repitió lo que ha publicado en sus redes sociales: que, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, los docentes “brindarán acogida a los estudiantes y recogerán información sobre su situación emocional y sobre sus aprendizajes”. Al cierre de esta nota, el Minedu agregó que la productora será seleccionada recién la próxima semana, con el año escolar ya en marcha.

“La estrategia de ‘Aprendo en Casa’ no será postergada ni reprogramada ya que la fecha establecida para el inicio es el 19 de abril, porque responde a un proceso de evaluación aplicado a los alumnos tras el período de recuperación que culminó en febrero. Asimismo, por los tiempos que demanda la producción renovada que incorpora segmentos orientados a la familia”, aseguró la oficina de prensa de la entidad por WhatsApp, repitiendo la misma versión de sus redes sociales.

No es lo único que iría mal en esta improvisada vuelta al colegio. Sudaca conversó con una fuente que trabaja el contenido educativo de “Aprendo en Casa”, que luego será adaptado a distintas plataformas, y que denuncia retrasos y presiones a los trabajadores para acelerar el proceso. “Esta nueva modalidad de ‘Aprendo en Casa’ generó bastante retraso. Se metía látigo a todo el mundo y las variantes implican hacer todo un reajuste. Han intentado hacer experiencias integradas, pero, han querido sacarlo en fechas irreales”, explica otra fuente del Minedu.

Lo peor de todo es que no se tiene certeza si es que los contenidos se están cerrando de manera adecuada. Sudaca consultó por este y otros puntos −tanto por el canal de comunicaciones, así como al número de WhatsApp− a la viceministra de Gestión Pedagógica, Killa Miranda, quien tiene a su cargo las direcciones que deben resolver este problema. Las fuentes la señalan como la responsable de los retrasos. La funcionaria optó por la política de la avestruz.

«Lamentablemente, en el Perú hay un deseo de ser cabeza de ratón», dijo el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, hace una semana a Canal N. La conductora le había preguntado por la reciente salida de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que ha cortado palitos con su gremio. Él eligió aludir a la forma inversa de un refrán español: «más vale ser cabeza de ratón que cola de león». La frase significa que es preferible ser líder de algo chico que la última rueda de algo más grande. Así se tiran los guiños en el gran empresariado.

 

Lo de Capeco es, sin embargo, el último de una serie de desencuentros al interior de la confederación de intereses corporativos más importante del país. Un reacomodo de poderes que puede rastrearse hasta una fecha muy especial en el calendario empresarial del país: la Conferencia Anual de Ejecutivos (Cade) del 2019.

 

Sudaca ha conversado con siete fuentes que participan en la vida institucional de la Confiep y ha identificado ese día, hace poco más de un año, como punto de referencia para las últimas movidas que se han producido en el gremio sanisidrino. La partida de una de sus asociaciones fundadoras y la entrega de posta al jefe en el Perú de la multinacional KPMG no tienen como única explicación la proximidad de unas elecciones generales. El poder, en la alta sociedad, siempre está en movimiento.

 

‘Pequeña empresaria’

Si la Confiep es la iglesia matriz del gran empresariado nacional, la Cade viene a ser algo así como su Meca. Cada noviembre, con la excepción de estos años de pandemia, los principales apóstoles del sector privado −junto a conocidos lobbistas y demás personajes que pululan alrededor− salen de Lima en peregrinación hacia algún hotel de lujo. El motivo, según ellos, es hablar sobre los problemas más urgentes del Perú. Periodistas y políticos acompañan la comparsa.

 

Es el 28 de noviembre del 2019 y, en la explanada de la Cade, en Paracas, María Isabel León espera su turno para salir a escena. La presidenta de la Confiep sabe que el discurso que ha preparado −cuyas páginas ya mostró a su Comité Ejecutivo− está destinado a la basura. Ha sido invitada a una conferencia que se llama “Combatiendo la corrupción del sector empresarial”, y salir a decir las mismas tres tonterías vacías que se repiten sobre el tema parece no tener sentido ese día. La presión es fuerte.

 

La semana anterior, los peruanos se han enterado que Dionisio Romero Paoletti, cabeza de uno de los grupos empresariales más grandes del país, entregó maletines con dinero a la campaña de Keiko Fujimori el año 2011. Después de los escándalos Lava Jato y Club de la Construcción, el rechazo popular contra los empresarios allí reunidos ha llegado a un punto álgido. Para tensar aún más el ambiente, el presidente Martín Vizcarra, abanderado del discurso de la lucha anticorrupción, ha arribado de improviso a la carpa.

 

En aquella Cade del 2019, María Isabel León decidió no leer sus apuntes y se dedicó, en cambio, a lanzar titulares. Dijo que “sería vergonzoso” hablar de ética y anticorrupción con todo lo que pasaba, y que estaba dispuesta a seguir representando a los presentes solo si había un cambio. “No estoy dispuesta, de ninguna manera, a comerme más sapos”, reclamó. Y recordó que “cuando uno recibe a los amigos en la casa, si se sabe que alguno tiene por ahí alguna presunción de que ha cometido un delito, no lo lleva a su casa”. 

 

Con la idea ya clara, dejó una frase que despertó un aplauso cuasi enardecido en la carpa: “Tengo 3 millones 650 razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado”. La cifra hacía referencia al dinero que Romero −entonces presidente del directorio de Credicorp− había entregado a la campaña del fujimorismo. En resumen: la ‘limpieza del empresariado’ terminó enfocada en el heredero de una de las tres fortunas más grandes y diversificadas del país. Al mes, Romero Paoletti dejó el Comité de Gobierno Corporativo de su firma; y a los cuatro, el directorio. “Para enfrentar la pandemia”, se reseñó como razón en un comunicado corporativo tras esta última salida.

 

Pero el día que León esperaba su turno para enfilar las balas contra el último Romero mandamás, no solo cargaba con la presión de lo que estaba por decir. También arrastraba un estigma que repitieron cinco de las fuentes: había sido elegida como una de las últimas opciones para el puesto. Además, y aunque ella se ha defendido varias veces alegando que su participación en la campaña fue puntual, en el 2016 había coordinado parte del plan de gobierno del hoy investigado fujimorismo.

 

El gremio, sin embargo, nunca había tenido una presidenta mujer. Tres fuentes masculinas indicaron que eso ayudó a que finalmente se alcanzara consenso en torno a su figura. Aunque existe la opción de presentar distintas candidaturas, a ‘la poderosa Confiep’ no le gusta que se publicite ninguna discrepancia entre sus miembros. Por eso, tiene la costumbre de elegir a su máximo representante, cada dos años, bajo estricto acuerdo previo. Pero ese consenso no dura para siempre.

 

 

Las declaraciones de León en la Cade generaron un fuerte malestar en algunos sectores de la Confiep. El reclamo general, relatan las fuentes, fue que una presidenta no podía dar esas declaraciones sin antes haberlas consultado con su comité. Lo cierto es que, de haberlo hecho, no se las habrían aprobado. León, empresaria de la educación, ha resaltado en entrevista con Semana Económica su condición de “pequeña empresaria”. Ciertamente, su instituto de aviadores, Avia, es modesto si se le compara con los negocios de las dos familias más ricas del país. La balanza no parecía tener mucho peso de su lado.

 

En los juegos de poder, además, todo ataque acarrea una contraofensiva. A los pocos días de aquel discurso, Arturo Woodman, miembro del Consejo Consultivo de expresidentes de la Confiep, dijo al conservador diario Expreso que era León la que había cometido un error y que, por eso, debía “dar un paso al costado”. Exdirector en varias empresas de los Romero y constructor piurano, Woodman también salió en defensa de sus paisanos en Panamericana Televisión. El ala financiera de los negocios de la familia tardaría, igual, en absorber el golpe reputacional.

 

Tres fuentes consultadas por Sudaca explican que Woodman, desde entonces, se mantuvo ‘distante’ de la vida institucional de la Confiep. Algo que resulta ajeno a un gremio en el que la influencia de los expresidentes, si bien no tienen derecho a voto, es muy fuerte. Una de las fuentes describió al grupo que conforman como un “consejo de ancianos”, en el sentido que nuestros antepasados le habrían dado al término. Ese órgano consultivo de ‘la tribu’, según cuatro entrevistados, pasó a mirar con resquemor a la entonces presidenta.

 

Tensa pandemia 

Pocos meses después de aquel discurso, al Perú le sobrevino la pandemia. Con los negocios cerrados por la primera cuarentena y las empresas ahogándose, se empezó a discutir si los bancos debían ofrecer la posibilidad de reprogramar créditos sin aumentarle los intereses a sus clientes. Ponerse la camiseta, digamos, en una situación bastante difícil. Días de silencio oficial por parte de las entidades financieras (aunque con uno que otro pronunciamiento de sus gestores de intereses), fueron rotos por León en TV Perú a finales de marzo. Declaró que la reprogramación debía hacerse sin intereses. 

 

La sensatez aterrizó pronto en los dos bancos más importantes del país: el BBVA Perú y el Banco de Crédito (BCP) −este último, de los Romero− anunciaron el mismo día que reprogramarían sin cobros adicionales. Fuentes cercanas al sector aseguran que uno de los dos tomó la decisión y que el otro no quiso enfrentar las consecuencias reputacionales de no hacerlo. Aunque León es una firme convencida del credo del libre mercado, con esa declaración volvía a poner la mira en sus principales jugadores.

 

Poco después, en junio, la Asociación de Bancos (Asbanc) le jaló la alfombra a la presidenta. Luego de que Vizcarra amenazara, sin decirlo, con intervenir las clínicas privadas, la Confiep emitió un comunicado de enérgico rechazo. Para darle potencia, la organización comandada por León decidió poner debajo del texto los logos de todos sus agremiados.

 

 

Fuentes con conocimiento directo de la situación han relatado a Sudaca que, por esos días, Asbanc tenía pendiente una agenda regulatoria con el gobierno. Salir con la pierna tan arriba no era conveniente si, además, aparecía su distintivo gremial. Entonces, la noche del 25 de junio, en su Twitter oficial apareció un mensaje: “Asbanc no fue consultado sobre el contenido de la carta […] y hubiésemos preferido que no sea enviada”, aseguraron.

 

La publicación sorprendió a todos los analistas y empresarios del círculo, acostumbrados a que este tipo de choques se resuelvan con hermetismo. Algunas fuentes dijeron que la relación entre el representante de los banqueros, Martín Naranjo, y León se reconstruyó con el tiempo. Otras indicaron que ese ‘reconstruir’, en realidad, significó ‘tolerar y cooperar’ para calmar las aguas y que la cosa no escale. Woodman sí mantuvo para siempre su sana distancia.

 

Chau, Capeco

Durante la presidencia de León se han ido dos gremios de la Confiep: la poco conocida Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Aspor), tras un choque de intereses con la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), y la emblemática Capeco. Esta última no es poca cosa. Junto a otras seis asociaciones sectoriales de empresarios, la cámara de la construcción es una de las que, en 1984, fundó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), como una respuesta a la demoledora crisis en la que estaba ingresando el país.

 

Otros fundadores, como la Asociación de Exportadores (Adex) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) también se han retirado de la Confiep en las últimas décadas por la percepción de que algunos gremios tienen más peso en las decisiones sobre qué líneas defender. “Confiep habla por los intereses de los grandes grupos y empresas. Los pequeños eran comparsa […] Adex y la SNI representan a grandes, medianas y chicas. Y cuando necesitamos solucionar algún problema, hablamos directamente con el gobierno”, explicó una fuente del gremio exportador ajena a las siete consultadas.

 

Otra fuente ha descrito la actitud de Capeco como “una pataleta”. Lo cierto es que todos aseguran que el gremio constructor ya venía meditando su salida, por lo menos, desde hacía año y medio. Después de los escándalos Lava Jato y Club de la Construcción, la cámara había quedado vulnerable entre sus pares. Una primera ‘limpieza empresarial’ renovó la cúpula para dejarla en manos de los desarrolladores inmobiliarios, en desmedro de las grandes constructoras. Los principales representantes ante Confiep pasaron a ser de ese rubro: el desarrollador Humberto Martínez, de Marcan, y el arquitecto Enrique Espinosa, de Espinosa Arquitectos. Sin embargo, no fue suficiente.

 

Diversas fuentes de Capeco han asegurado que el descontento con su iglesia matriz se debía al peso que tienen los banqueros y los mineros en las decisiones de la organización. No solo a través de sus directivos oficiales, sino de sus operadores políticos. “Una prueba clara es que, con el escándalo de las constructoras, se le hizo a Capeco renovar a su directiva, con razón. Pero cuando el escándalo involucra a un banco, como en el caso de Romero, se le tiran encima a quien dice algo”, explicaron.

 

Con la llegada del verano, a la Confiep se le empezaron a aproximar dos elecciones: la nacional, con sus consecuencias naturales sobre el crecimiento de la inversión, y la suya propia. Como León había asumido tarde su mandato, la fecha de cambio de posta en el gremio empresarial más poderoso del país iba a tener apenas unos días de distancia de la votación presidencial. Algo que, en idioma de empresario, suena bastante mal.

 

 

Arturo Woodman, también expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue uno de los que se tomó más a pecho el ataque de León contra los Romero. 

Para elegir a un presidente, como ya se ha explicado, se necesita consenso previo. La lista siempre debe ser única y mostrar un frente cohesionado. ¿Si eso les ha funcionado durante años, por qué hacerlo de otra manera? Este año Capeco jugó sus fichas a que sí cambiarían. La mayoría de fuentes ha confirmado a Sudaca que el gremio constructor evaluó presentar su propia candidatura, sin encontrar candidato en la interna. Nunca realizó una propuesta formal. Sin embargo, sí dejó claro que la elección debía ser eso: escoger, no ratificar.

 

“¡Imagínate a Capeco, después de los escándalos, presidiendo Confiep!”, dice una fuente. En paralelo, el ‘consejo de ancianos’, agrupado en un chat, deliberaba sobre quién podría ser el candidato único e ideal. Las conversaciones, para ello, se suelen dar en distintos niveles. De pronto, surgió un nombre que ya había sonado entre las opciones que fueron discutidas antes de la elección de León: Óscar Caipo. No pudo ser aquella vez por temas estatutarios.

 

Caipo ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a comandar la división peruana de la multinacional KMPG, una red de firmas que se dedican a la auditoría y a la asesoría legal, financiera y tributaria de las principales corporaciones alrededor del mundo. De hecho, KPMG es conocida como una de las consultoras ‘big four’, junto a PwC, Deloitte y Ernst & Young. Además de ser el socio administrador de esa firma en el país, Caipo preside Empresarios por la Integridad, una asociación cuyo nombre no da lugar a mayores explicaciones.

 

El consenso en torno a su figura se alcanzó rápidamente entre los expresidentes de la Confiep. Ellos son los que se encargan de producir al candidato que luego obtendrá la venia de los actuales representantes de los gremios afiliados. Así lo manda la tradición. ¿Quién le haría el ofrecimiento? Se decidió que el enviado sea Martín Pérez, uno de los pocos ‘ancianos’ que, a sus 55 años, comparte promoción con Caipo. Podría llegar a él con mayor facilidad.

 

Pérez también es de la misma generación que el joven Dionisio Romero Paoletti, de quien es amigo. Además, es director suplente en el BCP  “Pérez fue el encargado de hacer el nexo para que se entregue ese dinero a la campaña [de Fuerza Popular, entonces Fuerza 2011], no te pases”, reclamó una de las fuentes. En declaraciones ante el equipo especial Lava Jato, Romero Paoletti dijo que fue Pérez quien lo ayudó a tomar contacto con la organización que lidera Keiko Fujimori, según informó El Comercio.

 

Caipo aceptó y la mayoría de gremios se subió al barco. No Capeco. Fuentes de esta institución contaron que el nombre no era el problema, sino la forma poco democrática de elección. Tras descartar la opción de tentar ellos mismos la presidencia, movieron una ficha −de manera informal− para que María Isabel León se quedara de largo hasta después de la primera vuelta. Del otro lado, sin embargo, la discusión era diametralmente opuesta: los gremios planeaban adelantar su salida. Estos últimos ganaron la pugna.

 

De la nueva normalidad

Los tres nombres fuertes del nuevo Comité Ejecutivo de la Confiep: Óscar Caipo, Cayetana Aljovín y Ana María Choquehuanca. 

 

No solo era “raro” tener un cambio de mando un día antes de la primera vuelta, sino que la Confiep −aunque sus representantes no lo acepten abiertamente− tiene un rol político que cumplir. Si bien no es que exista el mentado ‘candidato de la Confiep’, sí hay opciones ‘antimercado’ contra las que hay que estar preparados para hablar. Hacerlo con una gestión desgastada no es una buena idea.

 

Inicialmente León dio la impresión de no querer adelantar su entrega de cargo. Sin embargo, luego ella misma pidió que se convoque a las elecciones para que sean el último martes por la noche. No tenía ya, para entonces, gerenta: Patricia Teullet, quien la había acompañado en ese puesto, la había dejado en noviembre para formar parte del breve y sangriento Gabinete Merino. Poco a poco, León fue despidiéndose y dejando los chats de la Confiep. Decidió dejar el cargo el mismo día de la elección.

 

Días antes de ello, Capeco, sin poder conseguir el respaldo que buscaba, oficializó su salida. Caipo −quien declinó de responder para esta nota− asume un gremio en el que la balanza del poder ha sido recalibrada. Su vicepresidenta es Cayetana Aljovín, que viene del tradicional gremio de grandes pesqueras, y las pequeñas empresas han sido relegadas a la segunda vicepresidencia, con la figura de Ana María Choquehuanca. ¿Cómo canalizarán su discurso en las elecciones que se avecinan?

 

De la ‘pequeña empresaria de la educación’, férrea defensora del modelo y de pasado fujimorista, la Confiep pasa ahora al jefe local de una consultora con millonarios clientes. Algo así como decir que, tras una tensa aventura en la derecha más popular y confrontacional, el gremio de gremios ha regresado a la derecha más corporativa y discreta. Todos, por supuesto, aseguran que las rencillas ya han sido superadas. Entre empresarios, no fingir una sonrisa sí cuesta dinero.

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“¿Cómo hacer feliz al esposo?” es el título de uno de los cursos dictados por la pastora Milagros Jáuregui de Aguayo (58), la número 2 por Lima de Renovación Nacional. La clase está grabada en audio, cuesta entre US$10 y US$16 y se marquetea con la siguiente reseña: “En esta serie de enseñanzas, Milagros Aguayo se anima y exhorta a las mujeres a estar atentas a su rol de compañeras de pacto”. Como este hay otros títulos que se ofertan en la iglesia “La Casa del Padre”, una asociación que fundó la candidata, junto a su esposo, el año 2006 y que, a pesar de ser una organización sin fines de lucro, es la matriz de todo un conglomerado de negocios aparentemente exitosos. Cuestión de fe, dirían algunos.

 

Conferencias, libros y cursos evangelizadores son parte de la oferta que ha permitido engrosar las arcas de la asociación. Y los diezmos, claro.

En su declaración de ingresos, Milagros Jáuregui -o Milagros Aguayo, como prefiere darse a conocer- dice haber ganado S/123.196  en el 2019. La holgada vida de la candidata le ha permitido comprar, el 2018 y  junto a su esposo, Guillermo Aguayo, una casa –su actual residencia– en la exclusiva urbanización Club Campestre Las Lagunas. El inmueble está valorizado en S/1.701.400. Cerca, en Santiago de Surco, Guillermo Aguayo posee otra vivienda similar, en la acomodada urbanización Las Gardenias, por la que pagó un valor de S/2.700.000. Desde el 2006, y como consta en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones, liderar “La Casa del Padre” ha sido la única ocupación laboral de la pastora.

La iglesia está ubicada en La Molina y es el epicentro económico de la familia Aguayo para todos sus “emprendimientos”. No tiene propiedades a su nombre, pero sí registra una deuda pendiente con EsSalud por S/12.998. “La Casa del Padre” funciona como cualquier otra empresa familiar. Según Registros Públicos, una de las hijas de la candidata es la encargada de manejar las cuentas e ingresos. Y su esposo Guillermo Aguayo y ella han sido presidente y vicepresidenta desde el inicio. Con el paso de los años, la familia ha logrado diversificar sus productos y enriquecerse ofreciendo libros, discos, asesorías familiares y entradas a conferencias grabadas. Todo gracias a la confianza de sus fieles.

“Yo soy una mujer que trabaja, tengo un hogar donde albergo adolescentes embarazadas en abandono, he escrito muchísimos libros, comentarios bíblicos, devocionales. Estoy con mis hijos en un proyecto de una cafetería de autor. Soy una mujer empresaria y pastora”, se presentó la candidata durante un evento llamado “Respiro y Liberación”, realizado en Panamá el año 2019.

Sin estudios universitarios, ni técnicos, la candidata ha echado mano de su fe. Hasta hace unos años los Aguayo tenían una imprenta llamada “Publicaciones y Producciones Way of Life” que dejó títulos como “Mujer única: discernimiento y sabiduría para maximizar tu vida” y “Hombría 101”, pero el negocio fue dado de baja en el año 2012.

Las que sí están activas son dos asociaciones más, registradas a nombre del marido de la candidata: la primera es “Salvemos a la Familia”, una iniciativa religiosa que busca “rescatar y mantener en vigencia a la familia, la única entidad que ha sido el pilar principal para el mantenimiento de sociedades sanas”. ¿Cómo lo hace? A través de masivas conferencias en las que participan expositores extranjeros. El otro proyecto de la marca “Aguayo” es el Centro para el Desarrollo de la Familia, una institución educativa que ofrece una diversidad de productos, entre ellos, justamente, «Cómo hacer feliz al esposo». Pero hay otros títulos más que también le rehúyen al feminismo: “Hombre de Verdad” y “Esposo irresistible”, por ejemplo. Cualquiera puede adquirirse por el módico precio de S/60.

Los diplomados, por su parte, son un poco más caros: entre S/ 65 y S/160 mensuales. Los Aguayo también han incursionado en en la gastronomía: el año 2015, la candidata fundó junto a sus hijas “Botón Lila”, una cafetería situada en pleno corazón de La Molina. Y una de las hijas de Aguayo ha impreso su vena artística con un disco de música que lleva su nombre, “Paz”, y que también se promociona en el sitio web de “La Casa del Padre”. “Paz Aguayo tiene la firme convicción de que esta es una herramienta para seguir extendiendo el Reino”, dice la presentación.

No hace falta navegar mucho tiempo por el sitio web de la iglesia para toparse con las cuentas bancarias a las cuales los fieles pueden transferir los “diezmos”. “Si tú buscas el sistema de los diezmos en la Biblia no lo encuentras. No hay un principio que diga que ofrezcas un porcentaje de tu sueldo. Es una cosa maquiavélica que han exacerbado las iglesias neopentecostales (como “La Casa del Padre”, “Agua Viva”, “Camino de Vida” y otras)”, dice Óscar Amat, sociólogo y protestante luterano que conoció al matrimonio Aguayo antes del 2006, en los años que compartía culto junto a ellos en otra iglesia: “Camino de Vida”.

En aquella época -recuerda Amat- Guillermo Aguayo, el esposo de la candidata, era asistente del pastor principal en aquella iglesia, Robert Barriger. Según Amat, fue en esos años que el matrimonio descubrió su especialidad dentro de la iglesia evangélica: la protección de la familia. “Guillermo se encargó de los hombres y Milagros de las mujeres. Guillermo trataba que los hombres fueran líderes eclesiales, profesionales y familiares. Milagros desarrollaba un curso más tradicional. Su objetivo era recuperar la dimensión de la mujer sujeta al hombre”, explica.

Fue entonces que los Aguayo se sintieron listos para abrirse su propio camino en el mundo evangélico. Su fijación con la familia no se quedaría en el discurso, también incluirían a sus hijos en esa misión. “Eso está legitimado por la doctrina religiosa de Barriger: la iglesia familiar. Así diversifican la capacidad de ingreso. Los hijos heredan las Iglesias con el objetivo de perpetuar el negocio de la fe”, afirma Amat.

Todas estas creencias constituyen lo que Aguayo llama la defensa del “diseño del cielo”, es decir, la responsabilidad que tienen los evangélicos de moldear el mundo. Una misión que borra la separación entre el Estado y la Iglesia. Los motores de su labor pastoral son la oposición al aborto y el rechazo al enfoque de género. Ahora forman parte de su propuesta política.

Si la semana pasada la candidata a vicepresidenta de López Aliaga, Neldy Mendoza, hizo noticia por sus ideas sobre los métodos anticonceptivos y el rol de la mujer en la sociedad, la pastora de la Casa del Padre no se queda atrás. “Tengo que ser responsable como esposa y respetar a Guillermo (Aguayo) como el rey, profeta y sacerdote de mi hogar. Tengo que aprender a caminar en sujeción a su liderazgo. Ninguna mujer debe socavar la autoridad que Dios le entregó al varón. No importa cuán modernas seamos”, dijo durante una conferencia en Panamá en julio del 2019.

 

Milagros Aguayo
Aguayo junto a Rafael López Aliaga en la presentación oficial de su candidatura en noviembre del año pasado.

Parte de su repertorio también es, por ejemplo, una comparación que hizo entre el Holocausto y los abortos. “Nos escandalizamos del Holocausto, ¿por qué no nos escandalizamos de la matanza de los niños en el vientre de las madres? Eso es lo que más me apasiona de entrar a la política y caminar al lado del ingeniero Rafael porque él tiene bien clara la idea de la vida y cómo debemos defenderla”, explicó en esa oportunidad.

Para oponerse a la llamada ideología de género, Aguayo suele presentar un vídeo en sus conferencias que inicia con una advertencia inverosímil: “La espeluznante evidencia de que los niños son el objetivo, según un artículo publicado en Gay Community News”. A continuación, una tétrica voz en off expone un manifiesto de las supuestas intenciones de la comunidad gay con los niños, acompañada de imágenes en blanco y negro. “Sodomizaremos a sus hijos, emblema de su pobre masculinidad”, “los reformaremos a nuestra imagen, vendrán a implorarnos y adorarnos”, “somos capaces de disparar armas de fuego y levantar las barricadas de la revolución final; tiemblen heterosexuales cuando nos presentemos sin nuestras máscaras”, son algunas de las frases que se logran escuchar.

 

 

Esta es la primera incursión de Milagros Aguayo en política. En un informe previo de Sudaca, especialistas de la comunidad evangélica explicaron que la pastora se unió a López Aliaga luego de su separación del movimiento “Con Mis Hijos No Te Metas”, donde compartía la vocería con Beatriz Mejía.

La misma publicación apunta que el matrimonio Aguayo tiene una alta legitimidad dentro de su comunidad gracias al éxito económico que han tenido, algo que los acerca al modelo de “empresario exitoso” que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, resalta. “La mitad de nuestras listas son pastores o líderes evangélicos. Los números uno en nuestro país”, dijo orgulloso el candidato presidencial en la presentación de sus candidatos para las elecciones generales de abril.

 

Sudaca intentó concretar una entrevista con la candidata, pero no respondió al cierre de esta edición.

Fotoportada por: Leyla López

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Elecciones 2021, Milagros Aguayo, Rafael Lopez Aliaga, Renovación popular

“Yo creo que fue una mala decisión. Fue una apuesta que se hizo por la industria nacional”, sostuvo el pasado viernes 5 de marzo el presidente Francisco Sagasti en entrevista con el programa “Sálvese quién pueda”, que se transmite en redes sociales. Se refería al convenio firmado en octubre con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la entrega de 47 plantas de oxígeno y cuyos plazos fueron incumplidos por la casa de estudios. La UNI debía hacer una primera entrega de 18 plantas hasta el 24 de enero, según la Contraloría General de la República. El día de las declaraciones de Sagasti, la cuenta estaba estancada en cinco. Ahora está claro que todos perdimos esa “apuesta”.

Horas antes de la entrevista al presidente, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que daría un ultimátum de cinco días para la entrega de las 13 plantas restantes y que, de no cumplir con este, se rescindiría el convenio. Fuentes de Sudaca en el Minsa apuntan que dicho ultimatum ya ha sido enviado por escrito a la UNI y que esperan una respuesta.

¿Cómo llegamos al caos de un convenio ad portas de rescindirse? Este artículo reconstruye una parte clave de la historia, previa al 30 de octubre, el día en que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, firmaron lo que meses después se convertiría en una pesadilla y que se bautizó con el nombre de “Oxigena 47”.

Malas decisiones

Cuando el pasado 21 de octubre, el Minsa solicitó a diferentes empresas cotizaciones por 47 plantas de oxígeno —que serían destinadas a 46 hospitales—, dio menos de dos días para la presentación de solicitudes (ver correo y anexo con la lista de plantas y hospitales). El italiano Marco Cocco, representante legal de Chopin Management Limited, una compañía con sede en Reino Unido que lleva la representación comercial de más de 50 firmas a nivel global, fue uno de los que envió la documentación en tiempo récord. “Se iban a montar las 47 plantas [de la marca danesa Oxymat] en sesenta días, incluso en dos días menos. Las íbamos a entregar funcionando”, asegura Cocco. Y añade: “Todo llegaba por avión”. Era la vía más rápida de entregar las plantas de manera progresiva y semanal.

El empresario italiano sostiene que la cotización que presentó en soles equivalía (sin incluir el IGV) a los 26.586.269 dólares (cerca de cien millones de soles) por los que el Convenio con la UNI fue firmado.

Meses antes, entre junio y octubre, Cocco ya había contestado diferentes solicitudes de cotizaciones de plantas de oxígeno requeridas por el Minsa. Una experiencia por la que también pasó Itay Ingber, empresario de origen israelí. Ingber es gerente de operaciones de la empresa peruana Macrourbe Desarrolla y representante legal de la firma EL-AV Compressors, de Israel, dedicada a la venta de equipos médicos.

El pasado 27 de julio, por ejemplo, el Minsa le solicitó una cotización vía correo electrónico con el título: “Muy urgente- adquisiciones de 17 generadores de oxígeno de 365 LPM mínimo de capacidad” (sic). La compra iba a beneficiar a la misma cantidad de hospitales (ver correo y anexo con especificaciones técnicas). Cuando menos en cinco de estos, de Lima y otras regiones, la urgencia de oxígeno se diluyó a ojos del Minsa y fueron incluidos recién en octubre pasado en la lista de las 47 plantas del convenio con la UNI. Algunos de estos hospitales esperan las plantas hasta hoy.

A través de las solicitudes de cotizaciones realizadas por el Minsa, Marco Cocco e Itay Ingber vieron cómo iba creciendo la cantidad de plantas requeridas por el gobierno hasta llegar a las 47. “Han esperado hasta finales de octubre para firmar un convenio por plantas por las que he recibido solicitudes de cotizaciones desde junio”, apunta Ingber. La UNI terminó siendo la elegida.

Sudaca solicitó una entrevista al Minsa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

“Si tú ya sabías que existían empresas privadas que podían cubrir [la necesidad] en el grado de urgencia que lo estabas pidiendo, ¿para qué suscribes un convenio donde entregas toda la necesidad [a un solo proveedor]?”, sostiene Cecilia Ruiz, abogada especializada en contratos públicos y asuntos regulatorios.

Para la abogada, la decisión fue una forma de “sacarle la vuelta a la norma”, es decir, al principio de pluralidad de postores de la Ley de Contrataciones del Estado que prevé que, si existe oferta en el mercado actual, se debería convocar a un elenco más amplio de proveedores. «Y eso no se cumple acá, porque se ve que toda la demanda se la pasó al Convenio [con la UNI]”, apunta.

Según Ruiz, habría sido más eficiente realizar contrataciones directas con distintas empresas privadas y, en paralelo, suscribir un convenio con una universidad nacional como la UNI. No sólo para cubrir la necesidad pública sino para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado.

«Yo no voy a hacer un convenio con una sola institución para que me haga 47 plantas de oxígeno, cuando puedo hacer 5 o 6 convenios o contratos con entidades particulares que me puedan garantizar, por una [carta] fianza o un mecanismo de solución de controversias, que voy a recuperar el dinero si me estafan, como en este caso”, agrega en el mismo sentido el abogado Cristian Castillo, también experto en contrataciones del Estado.

En la práctica, se constituyó una especie de monopolio paralelo al de Praxair-Linde, la mayor proveedora de oxígeno medicinal en Perú. Un monopolio de la UNI.

«Ella me dijo que era ingeniera”

“Primeramente, en octubre no teníamos pandemia. (…) Este proyecto [Oxigena 47] se inicia para mejorar el sistema de salud, no pensando en la segunda ola, porque en ese momento no había segunda ola”. Las increíbles declaraciones son del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Javier Franco, y fueron realizadas durante una sesión del Consejo Universitario el pasado jueves, un día antes del anuncio del ministro Ugarte sobre la rescisión del convenio.

“Oxigena 47” estuvo, por supuesto, en agenda, y a Franco le tocó defenderse luego de ser cuestionado por no haber previsto posibles demoras en un proyecto tan urgente. Su facultad es la responsable legal del convenio con el Minsa.

Franco fue el responsable de designar como directora ejecutiva del proyecto a Elizabeth Chahuares, una supuesta ingeniera que no está colegiada ni registrada entre los egresados de la UNI. «Ella me dijo que era ingeniera”, se defendió el decano. “Lamentablemente ya no está en nuestro proyecto», se lamentó. En efecto, desde el lunes último, el ingeniero Walter Yañez asumió el cargo de manera interina, como confirmó él mismo a Sudaca.

Para la firma de “Oxigena 47”, Elizabeth Chahuares ya era un personaje con antecedentes negativos en la UNI. El primero: un proyecto para fabricar un ventilador mecánico que no logró la aprobación de Digemid y cuyo liderazgo habría arrebatado al profesor de la UNI Manuel Luque. El segundo: un inconcluso convenio con Ejercito del Perú para producir desde cero plantas de oxígeno.

Al centro: Elizabeth Chahuares y Elmar Franco luego de la firma del Convenio de la UNI con el Ejército peruano para la fabricación de plantas de oxígeno. Foto: UNI.

¿Cumplirán?

«En enero no tenían las plantas listas y se pidió una ampliación. Se la consignó hasta febrero. Cuando se ha visitado, solo algunas [plantas] estaban listas y pidieron un nuevo acuerdo, [dijeron] que no iban a poder cumplir con las 47, sino solo con 18 [plantas]. En las últimas semanas han entregado cinco y debían completar las 13 restantes hasta ayer [jueves], pero no han entregado ninguna más», explicó el pasado 5 de marzo, en conferencia de prensa, el ministro óscar Ugarte.

El presidente Francisco Sagasti se mostró, sin embargo, entusiasta en una entrevista que dio por la noche de ese mismo día. “En este momento la UNI tiene suficientes componentes para producir 18 plantas. Entonces ya tienen todo eso comprado. Se van a producir esas 18 plantas, y de ahí en adelante se rescinde el contrato”, comentó.

Al día siguiente, la cuenta de plantas entregadas subió a seis, con la instalación de una en Chota, Cajamarca. La UNI respondió al ministro de Salud con otra conferencia de prensa, donde presentaron siete plantas móviles más: tres culminadas y cuatro en “trabajos finales”. Estas plantas, según la universidad, se entregarán esta semana. Pero faltan otras cinco para llegar a la meta de las 18. ¿De dónde las sacarán? Todo indica que los cinco días de ultimátum serán insuficientes y la rescisión será inminente. Quizá por ello Ugarte se apresuró en anunciar la cancelación del convenio ante el Congreso.

La apuesta del gobierno le pasó factura a los pacientes de 34 hospitales que no tienen ni siquiera una fecha de entrega de las plantas de oxígeno, aquí el detalle de cuáles son:

Diseño: Leyla López.

El Hospital María Auxiliadora (HMA), en San Juan de Miraflores, y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES) figuran entre ellos. Ambos rechazaron la donación de una planta de oxígeno de parte de la cementera privada Unacem en diciembre último. El HEVES incluso argumentó estar a la espera de Oxigena 47. Desde febrero, sus pacientes de Covid-19 llevan balones de oxígeno por su cuenta.

* Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: La República, Andina, Universidad Nacional de Ingeniería.

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Se conocieron a través de Facebook. En enero de 2020, el peruano Iván Asencios (33) y la joven venezolana Vanessa Gil (27) intercambiaron mensajes por el chat, se hicieron amigos y se enamoraron. Cuatro meses después, empezaron a convivir. Tenían planes de casarse. En diciembre pasado, ella comenzó a sentir mareos: pensó, quizá, que estaba embarazada. Pero cuando le hicieron los exámenes médicos, le informaron que tenía leucemia aguda. Vanessa está internada desde el pasado 17 de febrero en el Hospital Neoplásicas. Allí se contagió de Covid y su vida corre peligro.

Aquel 17 de febrero, Vanessa llegó a emergencias luego de sentir fuertes mareos. Iván, que trabaja como obrero de construcción, la llevó en un taxi desde la casa donde alquila una habitación, en San Martín de Porres, hasta el centro de salud oncológico de Surquillo. La joven no tiene carnet de extranjería, uno de los requisitos para acceder a la modalidad gratuita del SIS ni a la tarifa base de 15 soles mensuales que también contempla el seguro. Así que decidieron asumir el costo real del tratamiento.

“Es muy complicado. Sabemos que la mayoría de venezolanos no está en condiciones de pagar un servicio médico”, comenta a Sudaca Carlos Scull, a cargo de la embajada -aún no reconocida por el gobierno de Maduro- de Venezuela en nuestro país. Vanessa es parte de los 576.412 venezolanos que viven en Perú y que no tienen carnet de extranjería, según cifras oficiales de Migraciones. Carlos Scull añade que este vacío debería ser tomado en cuenta por las autoridades.

Cuando Iván Asencios aceptó pagar el tratamiento, los médicos le advirtieron que era mucho dinero y le preguntaron varias veces si estaba seguro. Iván respondió que Vanessa era su pareja, que iba a casarse con ella y que iba a prestarse dinero para costear el tratamiento. Les rogó que la atendieran. Les suplicó que no la dejaran morir. Entonces, los médicos ordenaron su ingreso, pero le exigieron que presente los resultados de una prueba de médula de la mujer, que compruebe el diagnóstico. Iván tenía ese documento entre sus papeles, porque días antes había tenido que pagar S/2.400 a una clínica privada para que a Vanessa le realicen el mentado examen.

El peruano Iván Ascencios y la joven venezolana Vanessa Gil se conocieron en Facebook, intercambiaron mensajes de chat, se hicieron amigos y se enamoraron. A ella le descubrieron que tiene leucemia aguda. No tiene seguro SIS, está internada en el Hospital Neoplásicas, tiene Covid y lucha por su vida. Él es obrero de construcción y tiene que gastar S/200 diarios en medicinas. Es una dramática historia de amor.

El vía crucis de la pareja venezolana-peruana recién había empezado. Cuando Vanessa estuvo internada en Emergencias, los médicos detectaron que un niño que estaba en una cama contigua a la suya tenía Covid. Entonces hicieron pruebas de descarte a todos los pacientes y ella dio positivo. La trasladaron al cuarto piso del hospital, a un centro de aislamiento, donde todavía se recupera del virus y donde ya ha sido sometida a seis quimioterapias para superar la leucemia. No sabe hasta cuándo permanecerá allí.

Desde que su pareja está internada, Iván tiene que gastar 200 soles diarios en medicinas. La estadía de Vanessa, en Emergencias, le costó S/3.000. Para conseguir ese dinero, ha realizado polladas, se ha prestado de amigos, ha gastado sus ahorros y CTS, y ha pedido un adelanto a su jefe de la construcción donde trabaja.

En enero pasado, Vanessa -que nació en  Caracas y estudió Arquitectura- fue despedida de un centro de terapia para niños con enfermedades psicomotrices, donde trabajaba como recepcionista. La dueña pensaba que estaba embarazada debido a los mareos que tenía. Pero al enterarse de que estaba internada en el Neoplásicas, le pidió perdón y ayudó a la pareja con algunos gastos del hospital. Pero el aporte es insuficiente. En Perú, Vanessa no tiene familiares.

La solución para seguir solventando el tratamiento de Vanessa es que Migraciones le otorgue el carnet de extranjería para personas vulnerables. De esa forma, podría obtener su seguro ‘SIS gratuito’, por la humilde condición en la que vive, y estarían cubiertos todos los costos de su tratamiento, al que se ha sumado el Covid. También podría acceder a la modalidad denominada “SIS pago”, que le permitiría acceder al seguro desde 15 soles mensuales. El pasado 18 de febrero, Iván inició el trámite para lograrlo.

Iván Asencios ha iniciado una campaña para solventar los gastos económicos diarios del internamiento, en el Neoplásicas, de Vanessa. Élla no tiene seguro porque no posee carnet de extranjería ni PTP. El joven peruano ha gastado sus ahorros, su CTS, realiza polladas y se ha prestado dinero de sus amigos. ¿Le ayudamos?

Casi todas las mañanas, el hombre de 33 años toma un bus para dirigirse al Hospital Neoplásicas y preguntar por el estado de salud de Vanessa. Durante el trayecto, a veces se le da por buscar una canción en su celular: ‘Te adoraré’, del compatriota de Vanessa, Ricardo Montaner. Y entonces llega a un estribillo (“te adoraré/te doy mi vida entera”) que le hace recordar la promesa que le hizo una vez a la joven: casarse y traer a Perú a la hija de ella -Valeska, de 10 años- que aún vive en Caracas. Asegura que la querrá como a una segunda hija.

Cifras de espanto

Scull señala que 500 mil venezolanos están a la espera del inicio del trámite del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que fue aprobado en octubre del año pasado a través del decreto supremo N°010-2020. Es la fase previa para obtener carnet de extranjería y, además, les permitiría a los venezolanos contar con un RUC e ingresar al sistema bancario por un año (**).

Deivis Ramírez, por ejemplo, busca tener el nuevo carnet. Hace un año, su pareja quedó embarazada y estuvo a punto de pagar por la atención médica en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, pero una asistenta social le permitió atenderse gratuitamente por su precaria condición económica. Él es vendedor ambulante. “En el parto de mi esposa, sólo pagué S/700 por las medicinas. Mi hija tiene su DNI y le han dado SIS gratuito”, señala Deivis. Su hija peruana se llama Isabela.

Deivis Ramírez es papá de Isabela. Ella es peruana, tiene un año y tres meses de edad y nació en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. El joven ni su pareja están inscritos en el SIS porque no poseen carnet de extranjería ni PTP, al igual que Vanessa Gil. El nosocomio le apoyó en el nacimiento de su hija para que solo paguen los medicamentos (foto: Juan Carlos Chamorro).

El hombre de 27 años se dedica a la venta de mascarillas K-95 en la avenida La Marina, en Pueblo Libre. En su natal ciudad de Táchira trabajaba como pintor y, cuando llegó a Lima, hace cuatro años, empezó vendiendo gaseosas en las calles de San Miguel.

Es el único miembro de su hogar que trabaja. Su pareja se dedica a cuidar a la bebé de ambos, Andrea. Antes de la pandemia, Deivis podía ganar entre S/60 y S/70 al día vendiendo gaseosas. Ahora sólo obtiene S/40. El migrante anhela que las vacunas contra el Covid-19 también sean aplicadas a sus compatriotas. Según los reportes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el pasado viernes, la cifra de venezolanos muertos desde que empezó la pandemia es de 286. No se especifica si fue a consecuencia del virus porque no se realizan las necropsias.

Los números que deja la migración venezolana no son alentadores. La directora de la ONG, Veneactiva, Nancy Arellano, dice que de los 826 mil venezolanos que viven en Perú, solo 50 mil venezolanos poseen un trabajo formal. Según cifras oficiales de Migraciones, de enero de este año, existen 32,500 trabajadores independientes, 21,001 comerciantes, 14,652 vendedores, 13,469 administradores de empresas y 76,617 empleados [ver infografía].

Lima, con 450 mil venezolanos, es la ciudad que alberga la mayor cantidad de migrantes que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. De los 826 mil venezolanos que viven en nuestro país, solo 50 mil trabajan en el sector formal (Infografía: Leyla López).

Una encuesta regional del centro de investigación Equilibrium CenDE, realizada en octubre del año pasado a 687 venezolanos que viven en Perú, determinó que el 43% de los migrantes vio reducido sus ingresos por la pandemia a más de la mitad; y, un 17%, casi a la mitad. Es el caso de Will, que nos pide no revelar su identidad.

El joven de 28 años es natural de Caracas y es chef especializado en comida japonesa. En Lima fue cocinero en varios restaurantes, pero recibía un sueldo mínimo, que no le ayudaba a cubrir los gastos del colegio de su hermana de 17 años, que vive con él. Will también tuvo Covid, pero fue asintomático.

Hace dos años, la crisis lo llevó a ser repartidor de la empresa Rappi. Cuenta que sus ingresos han caído casi en un 40% desde que empezó la pandemia. Según cifras de la Embajada de Venezuela del 2019, había 5 mil venezolanos trabajando en la empresa distribuidora por el aplicativo Rappi. Hoy esa cifra podría haberse disparado.

Will reclama que los montos que la empresa paga por el reparto de comida es muy bajo. Actualmente, sus ingresos diarios oscilan entre 20 y 40 soles diarios, trabajando más de 12 horas. Aunque -confiesa- a veces es menos.

El migrante se queja de que la empresa no considera, como parte de su pago, la distancia que recorre desde el punto donde se encuentra esperando el pedido hasta el local donde recoge la comida para llevársela a los clientes del aplicativo. Sudaca envió un cuestionario a Rappi, vía Messenger, pero no respondieron.

Will responde que su sueño es tener un local de venta de makis con entrega a domicilio. “¿Quieres seguir viviendo en Perú?”, le preguntamos. El migrante dice que el trato que recibe de las autoridades peruanas “es mejor que en Panamá”, donde pasó una temporada. “El tema migratorio [allá] es difícil. La persecución era atroz. Muy fuerte. Literalmente: entraban al restaurante a buscar extranjeros [sin papeles], para sacarlos y deportarlos. Tuve que irme”, cuenta, mientras coge su celular para ver si tiene un nuevo pedido.

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(**) Según Migraciones, de los 826.412 venezolanos que viven en el país, 439.362 recibieron la entrega del Permiso Temporal de Trabajo (PTP). Además, hay 250 mil que poseen carnet de extranjería. El PTP tenía vigencia de un año y permitía a los migrantes poder trabajar y, después, obtener el carnet de extranjería, que les da el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), solo bajo la opción de «SIS-pago». Cuando venció el PTP, que tenía duración de un año, de esos 439.362 venezolanos, muchos optaron por sacar su carnet de extranjería (entonces, si se hace cálculos separados, la cifra de venezolanos en el Perú pareciera que se incrementa, pero lo que pasa es que, en realidad, en el número de quienes tienen PTP se suma, en muchos casos, a los que les entregaron dicho documento y a los que, a su vez, han obtenido el carnet de extranjería; entonces, en el papel, aparecen migrantes que tienen los dos documentos; la cantidad de quienes tienen PTP «entregados» no discrimina a los que ya tienen carnet de extranjería); aparte, otro grupo, hizo su trámite y aún no recibe ese documento (carnet de extranjería). Además, hay 500 mil venezolanos que están tramitando sus refugios y no poseen PTP ni carnet de extranjería. ¿Qué harán? Ellos tendrán que sacar el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que es un documento que reemplaza al antiguo PTP (cuya entrega se suspendió en eñ 2018). En octubre del año pasado, el gobierno promulgó la resolución suprema N°010-2020 que autoriza  la entrega del CPP, pero aún no se inicia el trámite de inscripción. ¿Por qué? Porque no habría aún la decisión política de hacerlo.

(*) Fotocomposición e Infografía: Leyla López

(*) Fecha de publicación: 7 de marzo de 2021

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El 25 de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, nombró al nuevo jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública (DGIESP), el órgano de su cartera que tiene a cargo el plan de vacunación contra el Covid-19. Nada menos. El elegido es el epidemiólogo Luis Alberto Huamaní Palomino (61) y su llegada se da una semana después de que la anterior cabeza de aquella dirección, Aldo Lucchetti, renunciara por ser parte de la lista VIP del caso “Vacunagate”.

Luis Alberto Huamaní, con más de 20 años de experiencia en el sector público, figura, sin embargo, en otra lista: la de 16 funcionarios del Gobierno Regional de Áncash investigados por el presunto direccionamiento de una millonaria obra en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, el principal de Chimbote. La construcción −dos ambientes destinados a UCI que se levantaron a mediados del año pasado− acabó siendo un mamarracho y hoy está deshabitada. Para algunos colegas de Huamaní, la obra es un reflejo de su paso por la región. Él, por su puesto, rechaza todos los cargos.

Sospecha fiscal

Huamaní Palomino fue jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash desde mediados del 2019. Las primeras críticas en su contra, según algunos medios locales, aludían a su condición de forastero: Huamaní no es ancashino, sino arequipeño. Con la llegada de la pandemia, sin embargo, a sus colegas no les fue difícil encontrar mejores argumentos. “Su gestión fue desastrosa. La mayor cantidad de muertes se ha dado por su negligencia. Nunca implementó un plan efectivo contra el Covid”, dice el doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Áncash.

Esa afirmación tiene un sustento bastante gráfico: los dos ambientes de drywall al interior del terreno del hospital, cuya construcción tuvo el aval de la Diresa. La infraestructura debía albergar, supuestamente, casos graves de Covid-19, pero apenas pudo atender a los pacientes con síntomas moderados y lo hizo apenas por unas semanas. Hoy la obra luce totalmente abandonada. “Son dos ambientes que no tenían ventilación. No se pueden usar ni para hospitalización. ¡Es un cajón! ¡Si pones personal ahí, se va a contagiar de inmediato!”, se queja el doctor Leandro Pérez.

Como a casi todas las malas obras, a esta también le habría antecedido la corrupción.

El doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”. Atrás: el mamarracho sobrevalorado mandado a construir por el Gobierno Regional de Áncash.

Desde mayo del 2020, el fiscal anticorrupción Robert Rojas venía investigando el direccionamiento de este proyecto y la adquisición de equipos médicos. El monto que desembolsó la gestión regional −en ambos, estructura y equipos− fue de S/10.061.072,61, aproximadamente S/2.000.000 más de lo que el expediente técnico calculó inicialmente. El desembolso se hizo a pesar de que el contratista, la empresa Quimera SAC, no tenía experiencia en ese giro de negocio, según la Fiscalía y la Contraloría.

El problema no sólo fue la inutilidad de la obra, sino que además se realizó bajo un tipo de inversión estatal (Inversión de Optimización-IOARR) que no permite la creación de nueva infraestructura, sino únicamente la remodelación de los pabellones existentes. “Siempre se le dijo al doctor Huamaní Palomino que existía otra infraestructura abandonada que se pudo haber refaccionado. Y ahí se pudo haber hecho todo el local para el Covid”, explica el doctor Luis Johanson Arias, decano del Colegio Médico de Áncash.

En diciembre pasado, Robert Rojas lideró un operativo que terminó con la detención del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, y logró que se le dicte nueve meses de prisión preventiva. La fiscalía anticorrupción puso en la mira a 15 funcionarios más, entre ellos, Luis Alberto Huamaní, entonces mandamás de la Diresa de Áncash.

Parte de la ampliación de investigación de la fiscalía anticorrupción contra el doctor Huamaní Palomino. Se le imputa el delito de colusión agravada.

El pasado 4 de diciembre, el fiscal amplió por ocho meses más la investigación preparatoria contra Huamaní por el delito de colusión agravada. Le imputa haber firmado un informe técnico y un “plan de reforzamiento de equipos de salud” entre el 24 y el 26 de marzo del 2020, que permitieron la construcción de marras.

Consultado por Sudaca, el funcionario rechaza estar involucrado en el direccionamiento de la obra y apunta que los documentos que firmó nada tuvieron que ver “con el proceso de elaboración y aprobación de la inversión, ni con el contrato con la empresa, ni con la supervisión y recepción [de la obra]”.

Pero en el Ministerio Público y en el cuerpo médico del Hospital Regional piensan distinto. “Su participación fue clave. Todo contó con su anuencia y dio inicio no sólo a la construcción hecha al interior del Hospital Regional, sino en otros dos hospitales”, dice el fiscal Robert Rojas. “Él [Huamaní] fue el responsable de toda esta obra, esto no podría haber pasado sin la autorización del director regional de salud. ¡Es un desastre!”, añade el indignado doctor Leandro Pérez.

El nombramiento del médico Luis Alberto Huamaní fue oficializado con una resolución del ministro Óscar Ugarte el pasado 25 de febrero. ¿No había más opciones?

Como fuese, el epidemiólogo se anima a defender la inútil construcción. “Las camas de esos ambientes, tenga la seguridad, se usaron. Otra cosa es que, cuando hubo mayor cantidad de hospitalizados, el Minsa construyó dos hospitales temporales y los pacientes pasaron ahí. Yo confío en la investigación fiscal”, apunta.

Huamaní dice, además, haberse ido de Áncash a fines de diciembre, luego de haber conseguido “logros relevantes” en su gestión y señala no conocer ninguna crítica en su contra. Más bien, afirma que la región nunca llegó a un colapso sanitario bajo su liderazgo. Pero es mentira. A mediados de junio, en el pico de contagios, los hospitales ya no recibían un paciente más: no había camas ni médicos especialistas. Y la tasa de mortalidad era la segunda más alta a nivel nacional: 6,7%, según cifras del propio gobierno regional. De hecho, cuando se empezó a levantar la cuarentena en varias regiones, a finales de ese mes, Áncash fue una de las siete que no pudo hacerlo por sus pésimos indicadores.

En el Colegio Médico de la región también tienen un recuerdo muy distinto al del flamante directivo del Minsa. “El balance de su gestión fue negativo. El plan de contingencia nunca se ejecutó al 100% y tuvo muchos errores en marchas y contramarchas, porque trabajaba con un grupo de personas que tomaban las decisiones sin consultar a los entes técnicos. Yo, como nota, le pongo 10 u 11. No le pongo más”, comenta el doctor Luis Johanson. Huamaní es ahora el responsable de la estrategia de inmunización a nivel nacional. En esas manos estamos.

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Minsa

“En este momento tenemos sólo de Sinopharm y tenemos el registro de Pfizer”, aseguró el domingo pasado el presidente Francisco Sagasti en una entrevista para Cuarto Poder. Se refería al ‘registro sanitario condicional’ que ambas vacunas necesitan para ingresar al país. Su afirmación, sin embargo, es falsa. Sudaca pudo confirmar que hasta el martes de esta semana no se había tramitado dicho requisito para la vacuna china. Y el porqué es importante.

 

El ‘registro sanitario condicional’ es un mecanismo creado para que las vacunas contra la Covid-19 puedan ingresar al país pese a no haber terminado su fase III de ensayos en humanos. Sin él, ninguna podría llegar −por lo menos− en los próximos seis meses. No obstante, el producto de Sinopharm ni siquiera cumplió con los requisitos básicos exigidos por este nuevo procedimiento expedito. Por eso se le otorgó apenas una ‘autorización excepcional de importación’ para un millón de dosis hasta el 30 de abril. Un registro sanitario condicional, como el que sí obtuvo la droguería Pfizer, le permitiría traer un número ilimitado de vacunas durante todo un año. La oficina de prensa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) aseguró a Sudaca que ni siquiera existe una solicitud formal para tramitar el registro, la que debe ser presentada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). En esta última institución se limitaron a decir que ya se “está tramitando la solicitud” y que están “en plenas coordinaciones”. Digemid tampoco quiso ahondar en mayores detalles.

 

El porqué de todo esto es lo más importante, y está refundido entre las más de 2.000 páginas de anexos del inocuo informe que elaboró la comisión presidida por Fernando Carbone sobre el VacunaGate. ¿Dónde? En la entrevista hecha a Sofía Salas Pumacayo, quien hasta el último 22 de febrero fue la directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Digemid. Salas tuvo que renunciar por ser parte del escándalo, como reveló este medio: recibió dos inyecciones de la vacuna china y luego autorizó su ingreso al país mediante una resolución directorial. Sofia Salas, químico farmacéutica de profesión, detalló a la comisión cómo en febrero pasado el primer millón de dosis de Sinopharm aterrizó en Perú sin que se hayan presentado todos los documentos necesarios para asegurar su calidad. Salas explicó que a las vacunas les hacían falta varios papeles básicos para poder acceder al registro sanitario condicional que aprobó el propio gobierno. Aún así, decidieron traerlas.

Un fragmento del registro de entrevista a Sofía Salas Pumacayo, directora de línea en la Digemid. Ella asegura que la vacuna china no tenía la documentación completa.

“No tenía los resultados preliminares del estudio técnico de fase III. La información que mandaron era de los ensayos clínicos en otros países”, contó la exfuncionaria. Esto, según fuentes especializadas en procesos de investigación clínica consultadas por Sudaca, implica que no se pueda garantizar la eficacia señalada para un producto.

Pero no fue lo único. La químico farmacéutica se explayó en más omisiones. Dijo, por ejemplo, que faltaba comprobar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para lo cual “tiene que ir Digemid a China”. Las BPM son el conjunto de procesos que aseguran la fabricación de una vacuna sea “uniforme y controlada”, según información del propio Ministerio de Salud (Minsa). Además de asegurar “la calidad del producto”, evitan, por ejemplo, casos de contaminación cruzada cuando se produce en serie. ¿Está capacitado el personal? ¿Son salubres las instalaciones de producción? La Digemid no tenía respuestas certeras para estas preguntas.

La resolución que firma Salas simplemente menciona que la autoridad de medicinas de China ya emitió un certificado alegando que las BPM sí se cumplen. Sin embargo, para que ello sea válido, China tendría que estar entre los países de alta vigilancia sanitaria reconocidos por el Perú. No es el caso: hasta el 2019 allí solo había países europeos junto a Estados Unidos y Canadá, cuyas instituciones el Perú considera lo suficientemente confiables de homologar.

Refundida entre los anexos no publicados del informe Carbone, la declaración de Salas aporta información clave sobre la llegada del primer millón de vacunas chinas.

Según Salas, tampoco se presentó un correcto “plan de gestión de riesgos”. Este debe contener todas las actividades de farmacovigilancia posteriores al arribo de las dosis, como verificar su eficacia, minimizar riesgos, prevenir situaciones adversas. La exfuncionaria de la Digemid dijo que el plan fue presentado, pero que recibió muchas observaciones.

“Hubo una reunión en el despacho el 26 de enero de 2021 y se les presentó los documentos [no precisa a quiénes] demostrando que faltaba documentación, pero ya estaba la compra y las vacunas iban a llegar”, explicó Salas a la comisión Carbone. Ese mismo día, firmó la resolución que autorizaba al Cenares a importar el primer millón. El 7 de febrero, una aeronave con las primeras 300.000 dosis llegó al Perú.

Para que el Cenares pueda tramitar el registro sanitario condicional, que aún está pendiente, se deberán haber solucionado los vacíos documentarios descritos por Salas. Mientras ello no ocurra, ni una sola dosis más −y el gobierno ha anunciado que planea traer 37 millones más− puede aterrizar en el Perú. A diferencia de Pfizer, que obtuvo el permiso mediante su sucursal en el país, el Cenares se encargará de los trámites de la vacuna de Sinopharm.

“Esta información pone en duda la calidad de la vacuna que llegó al país. Cuando uno pide un registro a la Digemid, te demandan requisitos. De estos depende que funcione como dice funcionar”, explica a este medio una fuente que ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud y que pidió mantener su identidad en reserva. Sudaca ha intentado comunicarse con Sofía Salas a través de distintos medios, pero no tuvo éxito.

 

Pequeñas revelaciones

En 66 páginas, el informe Carbone no dijo casi nada que no hubiera sido advertido previamente por la prensa. Sin embargo, en sus anexos sí hay más información interesante. Por ejemplo, la comisión identifica a la estadounidense Kelika Konda, una de las personas que se vacunó sin ser parte del ensayo clínico, como miembro del Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB, por sus siglas en inglés) del propio estudio. La comisión Carbone sí identificó a Kelika Konda como parte del supuestamente imparcial DSMB del ensayo clínico de Sinopharm.

Los miembros de un DSMB no deberían tener lazos personales o profesionales con la investigación que van a supervisar. La naturaleza de ese comité es, per se, independiente. Entre sus funciones tiene −por ejemplo− la de analizar cualquier evento adverso que se produzca, sea la muerte de un voluntario o una reacción alérgica, para determinar si el estudio debe continuar. También analiza su progreso, monitorear que se cumpla su protocolo y certifica la integridad de los datos declarados.

Que Konda se haya vacunado por fuera del ensayo clínico, según una de las fuentes antes citadas, implica una falta ética y un serio conflicto de intereses. Además, asegura, podría someter a serios cuestionamiento todo el estudio de Sinopharm en el Perú.

Los anexos del informe Carbone, además, contienen la carta mediante la cual Luis Quesada, el embajador del Perú en China, le solicita formalmente a una subsidiaria de Sinopharm −la CNBG− 2.000 dosis adicionales para que “1.000 personas del equipo peruano” de investigación sean inmunizadas. Si bien el gobierno ya había hecho público el pedido diplomático, hasta hoy no se había revelado el la solicitud oficial. Hoy sabemos que la inmunización fue mucho más allá del círculo laboralmente vinculado al ensayo.

La carta oficial mediante la cual el embajador Luis Quesada pide 2.000 vacunas ‘para el equipo de investigación’. Por su parte, el Dr. Aldo Lucchetti, exdirector general de intervenciones estratégicas en salud pública del Minsa, revela en su entrevista que la exministra Pilar Mazzetti le pidió a su oficina “hacer una resolución que justifique la vacunación del presidente [Sagasti] cuando llegaran las vacunas, porque no querían tener ningún problema”. Esto, debido a que “se había dicho que primero se vacunaba a la primera línea”. Si bien esto no implica ninguna responsabilidad penal o funcional, sí ayuda a entender cómo se resolvió la polémica sobre la inclusión de Sagasti en los primeros días de vacunación. Lucchetti confirmó a Sudaca que el documento fue elaborado por su dirección y que se sustentó en el principio de que, ante una situación de catástrofe, siempre debe inmunizarse a las autoridades que rigen la nación. Efectivamente, el 9 de febrero, pocos días antes de que estallara el VacunaGate, el Minsa emitió una resolución ministerial incluyendo al presidente en la fase I de la vacunación. “Con el visado del Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública”, dice el documento. Sagasti fue uno de los primeros en recibir la inyección, pocos días después.

En las próximas semanas, este medio continuará revisando las miles de páginas de los anexos del informe Carbone para traer más novedades.

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