El presidente y los miembros de su gabinete ministerial han duplicado innecesariamente su gasto de comida. En los primeros días de diciembre, el despacho presidencial contrató los servicios de la empresa Edenred Perú para proveer de alimentos a las sesiones del Consejo de Ministros. El contrato es por S/125.644 y dura un año. El problema es que Palacio ya tiene asignado un presupuesto de más de S/2 millones para alimentos y bebidas. Este gasto redundante lo instauró el gobierno de Martín Vizcarra y ha ido creciendo desde entonces.
El acuerdo implica la entrega de dos tarjetas electrónicas para que la Oficina de Abastecimiento de Palacio pueda comprar alimentos en supermercados, grifos, minimarkets y restaurantes afiliados a Edenred cuando sesione el Gabinete. Entre estos establecimientos están Amaz, Rafael, La Mar, San Antonio, Starbucks, Chilis, Pizza Hut, Norkys, Tambo, Plaza Vea, Tottus, Metro, entre otros. Según las bases del contrato, firmado el 2 de diciembre, la finalidad es “el abastecimiento de manera oportuna de una variedad de productos que permita la atención de las diferentes reuniones y sesiones propias de la agenda del Consejo de Ministros”. Pueden comprar «verduras, frutas, carnes, pescados y mariscos, embutidos, lácteos, panadería, especerías, infusiones bebidas no alcohólicas, entre otros productos alimenticios», según el acuerdo.
2 de diciembre, 2021. Contrato firmado entre el Despacho Presidencial y la empresa Edenred Perú para proveer alimentos a los Consejos de Ministros. El monto del acuerdo es de S/.125,664.
Una tarjeta electrónica de Edenred, de matriz francesa, sirve como un vale de comida. En las bases del contrato, Palacio exige a la compañía que sus tarjetas tengan validez en “al menos” cien establecimientos comerciales en Lima, que atiendan de lunes a domingo, incluso feriados. La compañía está especializada en tarjetas de servicios prepago y tickets para la despensa de servicios de alimentos y gasolina.
El monto máximo de recarga mensual entre las dos tarjetas de Edenred que adquirió Palacio es de S/.10.000, sin intereses. Si hay cuatro sesiones de Consejo al mes, en promedio, Palacio podría gastar hasta S/2.500 en cada una de ellas para que el presidente y sus 19 ministros piquen lo que se les antoje mientras sesionan. Las autoridades pueden decidir no consumir nada, pero ni las bases ni el contrato contemplan devoluciones.
Imagen de la sesión del Consejo de Ministros del 12 de enero pasado. Fuente: Presidencia.
Todo ello no toma en cuenta el presupuesto para los alimentos que ya tienen a disposición en la cocina de Palacio. “Por un tema de austeridad no necesitan esto. No lo veo como un gasto necesario, más aún en época de pandemia. Lo ideal sería que sesionen de manera virtual. En mis tiempos nos servíamos cafés, jugos o la comida que preparaban en Palacio si la sesión del Consejo de Ministros era muy larga”, dice a Sudaca la exprimera ministra Ana Jara.
Este tipo de contratos empezó en el gobierno de Martín Vizcarra. El primero se firmó el 27 de agosto del 2020, también con la compañía Edenred Perú. Aquel era por S/96 mil; el de ahora es por más de S/125 mil. Además de servir piqueos a sus ministros, el gobierno de Vizcarra también adquirió una tarjeta electrónica de Edenred para que el expresidente y su familia compren lo que quieran. Ese contrato fue por un año (se firmó en el 2019) y por S/83.870.
DOS VECES LO MISMO
El gobierno de Pedro Castillo sigue duplicando innecesariamente el gasto. Por poner solo un ejemplo: las bases del contrato con Edenred dicen que la tarjeta para amenizar las sesiones del Gabinete sirve para comprar -entre otros- embutidos. Pero resulta que, en octubre del 2021, el despacho presidencial ya compró 2.822 kilos de embutidos para un año, por S/61.244, a la compañía Inversiones Jeanbe. La finalidad, de acuerdo a las bases del contrato con Jeanbe, es dar una atención “oportuna y saludable al personal del Despacho Presidencial y que permita una mejor y eficiente atención a las autoridades”. Palaciotiene aproximadamente 200 trabajadores.
La adquisición incluye 240 kilos de chorizo ahumado, 240 kilos de hot dog de pavita, 240 kilos de hot dog de ternera, 480 kilos de jamón inglés, 240 kilos de jamonada de pavo, 240 kilos de jamonada de pollo, 240 kilos de mortadela, 122 kilos de pastel de jamón de cerdo, 360 kilos de salchicha huachana y 180 kilos de tocino ahumado.
Octubre, 2021. Contrato por un año firmado entre Palacio e Inversiones Jeanbe para la compra de 2,822 kilos de embutidos. Costó S/.61,244.
Como se menciona líneas arriba, Palacio ya tiene previsto gastar en alimentos y bebidas S/2’087.542 en el 2022, aparte de lo que consuman en las sesiones del Gabinete con Edenred, de acuerdo al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF). En el 2021 el gasto por este concepto fue de S/1’342.438,00, según las cifras del MEF.
“Las sesiones de los consejos de ministros de ahora no duran tanto como en mis tiempos. Son reuniones más ejecutivas. Por eso tampoco se justifica este catering. Nunca he visto algo tan ostentoso”, dice Ana Jara.
Sudaca buscó la versión de Edenred Perú, a través de su gerente Gissela Campos Mujica, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. También le enviamos un mensaje a la dirección de comunicaciones de Presidencia con igual resultado.
Los primeros días de la tercera ola han estado marcados por la búsqueda masiva de pruebas Covid-19. A pesar de que el Ministerio de Salud implementó 222 puntos de detección gratuita en Lima y Callao, la demanda fue más alta y el resultado ha sido el caos. En las colas se juntaron personas con síntomas, los que necesitaban un resultado para justificar su inasistencia al trabajo y quienes no tenían los S/ 250 que, en promedio, están cobrando los laboratorios y las clínicas privadas.
De los dos tipos de pruebas a disposición, las moleculares son las más confiables porque detectan el material genético del virus. Sin embargo, requieren de un laboratorio para obtener el resultado, lo que hoy puede tardar varios días. Las pruebas antigénicas, en cambio, dan resultados en menos de 30 minutos. No requieren ningún laboratorio, pero su precisión es menor porque no detectan el material genético, sino las proteínas generadas en la parte externa del virus.
LA CAPACIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
Por la alta demanda, los resultados de las pruebas moleculares que el INS procesa -que antes tomaban máximo 48 horas- empezaron a demorar más de cinco días con el arranque de la tercera ola. Según Óscar Escalante, director ejecutivo de Enfermedades Transmisibles, hasta la última semana de diciembre el instituto recibía unas 3.500 a 4.000 muestras diarias. Sin embargo, la variante ómicron superó cualquier cálculo previo.
“La primera semana de enero hemos tenido picos de 15.000 y eso ha provocado estos retrasos en los primeros días”, indicó a Canal N, respecto a las muestras que reciben únicamente los laboratorios del INS. A nivel nacional -si se le agregan los laboratorios de regiones, de EsSalud y las FFAA- la capacidad de procesamiento total alcanza las 20.000.
“Los laboratorios públicos, es decir, los laboratorios de las regiones más el INS, pueden llegar a procesar 20.000 pruebas moleculares; mientras que los laboratorios privados han reportado tener una capacidad para procesar hasta 50.000”, detalla el INS a Sudaca.
Precisamente, el jueves 13 de enero se inauguró en Lima Este un nuevo laboratorio del INS para procesar estas pruebas. Es el número 123 de los autorizados a la fecha. De ellos, 63 laboratorios son públicos y 60 privados.
El INS también comunicó para este informe que se está coordinando la habilitación de ambientes adicionales y el incremento de recurso humano para que la capacidad de procesamiento de muestras crezca. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que se aplican diversas estrategias […], como principalmente pruebas antigénicas para los sintomáticos y las moleculares para asintomáticos con factor de riesgo”, indicaron.
Esto último tiene que ver con un anuncio del Minsa del 10 de enero. Para hacer más eficiente el diagnóstico, se ha dispuesto priorizar la toma de pruebas moleculares para personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años, mientras que las pruebas antigénicas se aplicarán al resto de personas con síntomas de Covid-19, quienes también deberán pasar por consulta médica. De esta manera se busca afrontar la alta demanda, mientras se amplía la capacidad de procesamiento.
🔴MINSA: personas contagiadas por COVID-19 sin síntomas recibirán atención de telesalud.
Según los últimos reportes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a diciembre más de 100 establecimientos ofrecían el servicio de toma de muestras para pruebas moleculares en Lima. Estas luego son enviadas a los laboratorios para su procesamiento. Los precios van desde S/90 hasta S/467. El promedio se sitúa en S/250, pero varía conforme se incrementa la demanda. Este sistema también ha colapsado y los resultados están demorando más de 48 horas.
Por ejemplo, Luis Dasso, un joven abogado, estuvo recorriendo varios laboratorios de Miraflores el día lunes y muchos ya tenían las citas copadas. Pero en uno de estos, Expertta Salud, lo recibieron y le prometieron darle los resultados entre 12 y 24 horas. Pagó S/210. “Pasaron 48 horas y no me atendían el teléfono, ni el WhatsApp, ni correos. El miércoles tuve que ir hasta el mismo local, ya con algunos síntomas, para que me den mis resultados y ahí recién me los entregaron”, comentó.
El caso de su novia, Carla Vega, fue más complicado. Desde el miércoles que se enteraron de los resultados, ella solicitó un descarte a domicilio con Rímac, un seguro privado que tiene a través de su empleador. Al día siguiente le pidieron que haga el pago por el servicio (un deducible de S/ 50) y, por más que insistió, nunca fueron a tomarle la muestra. Con la aparición de los primeros síntomas, volvió a llamar para pedir un médico a domicilio. Lo único que obtuvo es que distintas personas la llamaran para repreguntarle los síntomas una y otra vez, sin asegurarle fecha y hora para su atención.
“La última vez que el médico se comunicó conmigo quedaron en venir sábado en la mañana, pero no vino nadie. Llamé al médico, al seguro y me cortaban la llamada. Por redes también me quejé, dejé mis datos y nada”, asegura. Al cierre de esta nota, un cuarto médico le había ofrecido cumplir con la consulta a domicilio, a tres días de reportado el caso.
Sobre los altos costos de las pruebas, Guillermo Alva, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), dice que en los costos se incluye los insumos que se utilizan, el personal capacitado que se moviliza para realizar la toma de muestra, la implementación de laboratorios de análisis, y el soporte administrativo y logístico necesario para la compra de los insumos.
“Se necesita contar con más proveedores [de insumos]. Esto pasa también por los permisos de importación que tienen las droguerías. Para los mismos hospitales públicos, para que puedan conseguir sus insumos, también sería importante. No es lo mismo tener una sola marca que veinte”, comenta.
Actualmente, solo las droguerías que se encuentran en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos de Digemid tienen permiso para comercializar insumos para pruebas Covid-19, y únicamente pueden venderlos a los establecimientos y laboratorios autorizados.
Alva dice que la causa de los altos precios es la demanda global. “Los proveedores de los insumos también tienen que salir a comprar al exterior, importar y se tiene que considerar el incremento de los fletes. Son factores externos que los laboratorios no manejan”, agrega. En su último reporte de inflación de diciembre, el Banco Central de Reserva (BCR) da cuenta de un aumento persistente en el precio del transporte de productos entre países.
“El costo de transporte de productos plásticos, textiles, químicos y papeles se ha más que duplicado en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior [2020]”, anotan. En el caso de productos químicos, el incremento ha sido de 116,5% en el tercer trimestre.
Mientras, hay pacientes que han preferido buscar los autotest para hacerse ellos mismos las pruebas antigénicas, mediante el método del hisopado. El Minsa autorizó desde noviembre la importación de estas pruebas para su venta al público. Según pudimos comprobar, en los catálogos virtuales de las principales cadenas de farmacias el producto “SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal” de Roche aparece en situación de agotado hace varios días. El producto comprende un kit de cinco pruebas a un precio de S/215.
¿Y LOS BIÓLOGOS?
En la toma de la muestra, la cadena de custodia, el procesamiento y la interpretación de los resultados, los biólogos tienen un importante papel. Tanto en el sector público como en el privado.
Según Gardenia Jiménez, decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú, en el sector público son más de 4.000 biólogos que están trabajando en laboratorios al diagnóstico de Covid-19. En el sector privado, se cuentan entre 2.500 y 3.000.
Si bien la contratación de estos profesionales debería ser mayor ante la tercera ola, Jiménez advierte que el año pasado, con la Ley 31125 que declaró en emergencia el sistema nacional de salud y plantea su reforma al 2024, se establecieron beneficios que no alcanzan a los biólogos.
La ley dispone que el Ejecutivo brinde un seguro de vida a los profesionales de la salud de diferentes regímenes laborales (incluyendo al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS) y prohíbe la contratación de técnicos o auxiliares bajo locación de servicios. Sin embargo, se exceptúa a algunas especialidades que sí podrían contratarse bajo servicio de terceros, sin incluir a los biólogos.
“Esperemos que esto se supere y se trabaje desde ese enfoque si queremos lograr resultados favorables en nuestra población que es lo más importante. Ya se ha presentado el Proyecto de Ley 921-2021, en la Comisión de Salud del Congreso, para corregir este error. No solo pedimos por los biólogos, sino por los químico-farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales que han sido excluidos de esta norma”, precisa.
Para el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el déficit de profesionales de salud es a todo nivel y por ello habían planteado que puedan trabajar en dos instituciones a la vez. “El ministro de Salud ha hablado con el Parlamento, pero solamente para Covid-19 y el problema no es solo Covid”, asegura.
A todo ello se agrega que las contrataciones CAS-Covid -que son las contrataciones temporales que se habilitaron para atender la emergencia sanitaria- se renuevan por dos o tres meses. Eso desincentiva el trabajo en el sector público, que es donde se atiende la mayoría de la población.
Desde hace doce años, Esteban Uceda Guerra-García no paga la pensión alimenticia de su hijo. Oficialmente adeuda S/48.500, según calculó un perito judicial solo hasta el 2019. “Él nunca se ha hecho cargo de su hijo. Ni siquiera le hizo una llamada telefónica”, se queja Diana Arias Stella Diez, que terminó demandando a Uceda. Hace 25 años que tuvo un hijo con este político. Durante gran parte de su vida, el joven no ha recibido el dinero que le corresponde de parte de su padre.
Las deudas de Uceda podrían crecer. En las últimas elecciones generales, tentó suerte al Congreso. Lo hizo de la mano de Hernando de Soto, en las filas de Avanza País. Y aunque afirma a Sudaca que es un “respetuoso de la ley”, no cumplió con presentar los informes de gastos e ingresos de su campaña. Por ello, la ONPE podría sancionarlo con hasta S/138.000.
Antes de continuar, una precisión: Esteban Uceda no usa su nombre de pila. Prefiere hacerse llamar Diego y promocionarse como tal. “Todo el mundo me conoce como Diego porque en mi certificado de bautismo me pusieron Esteban Diego”, explica.
Desde que el hijo que tuvo con Diana Arias Stella nació, en 1997, “Diego” se desentendió. El político no había pagado ni un solo centavo entre mayo de ese año y abril de 2010, lapso en el que le tocaba abonar S/450 mensuales. Así lo señala una resolución judicial de setiembre de aquel 2010. En total, debía S/53.587 por los cerca de 13 años que no pagó.
Resolución del juzgado de paz que en 2010 declara deudor alimentario moroso a Diego Uceda.
En efecto, desde mayo del 2010 hasta el mismo mes del 2019, el juzgado calculó que Uceda había dejado de pagar S/48.500. Esto a pesar de que sus ingresos de hace tres años fueron de S/186.000, según su hoja de vida. Incluso, ese mismo año, el 2019, hizo “un fiestón de rompe y raja” por su onomástico número 60, donde asistieron alrededor de 500 invitados, como el expremier Ántero Flores Aráoz, la excongresista Martha Chávez y hasta la conductora de televisión Magaly Medina. Prioridades, le dicen.
A inicios de diciembre del 2021, hace poco más de un mes, el mismo juzgado de paz ordenó que Uceda pague su deuda; de lo contrario, sería declarado deudor alimentario moroso. Lo curioso es que, hasta la fecha, el flamante precandidato a la alcaldía de La Molina no figura como tal en la web del Poder Judicial. “Yo volví a solicitar desde diciembre del año pasado que lo pongan en el registro de deudores alimentarios [porque no ha pagado], pero todavía no lo han puesto. Justo estoy reclamando porque se están demorando mucho”, dice Arias Stella.
A la izquierda, la resolución de diciembre de 2021 que ordena a Uceda pagar su deuda por alimentos. A la derecha, la solicitud de Arias Stella donde detalla el periodo y monto de la deuda.
Uceda también recalca que “desde hace 21 años tengo un hogar bien constituido con mis hijos universitarios, con los que tengo una buena relación”. Por supuesto, entre esos hijos no cuenta al que tuvo con Arias Stella. Asegura que, si tiene que pagar la deuda, lo hará porque “es un hombre de bien”.
Contradictoriamente, luego dice que apelará la resolución y hasta que se hará una prueba de paternidad. Pero durante todo el proceso judicial que le dio la razón a Arias eso nunca fue puesto en duda. “Una persona no necesita que un juez le diga que pague por su hijo. Congresistas o alcaldes así no necesitamos […] espero que pague o lo pongan de una vez en la lista de deudores”, dice Diana Arias Stella.
DESVENTURAS POLÍTICAS
Diego Uceda no solo ha dado qué hablar por su vida familiar, sino también por su perfil camaleónico en la política. Al mismo estilo de César Combina, el hombre de las mil camisetas, Uceda ha pasado de un bando a otro “de acuerdo a sus intereses personales”, como menciona una excongresista fujimorista que lo conoció.
Uceda inició su vida política en Acción Popular, donde permaneció 18 años. Sin embargo, en 1992 se fue del partido porque “pertenecía a una corriente que quería reconocer los logros del gobierno de Alberto Fujimori”, como él mismo contó hace años en una entrevista para La República. Incluso, apoyó el autogolpe de Fujimori.
Su carrera política no terminó ahí. Como era de esperar, no tardó en unirse a las filas del fujimorismo. Fue uno de los fundadores del movimiento “Vamos Vecino”, posteriormente llamado “Sí Cumple”, donde fue vocero y subsecretario general. Este movimiento conformó la alianza que lanzó a Alberto Fujimori a la re-reelección. En el 2006, Uceda renunció, según él, “de manera voluntaria por discrepancias con dirigentes como Jaime Yoshiyama”. Sin embargo, en ese entonces Carlos Raffo declaró que Uceda había sido “expectorado del partido por dudoso proceder”.
Luego de salir del fujimorismo, se unió a Solidaridad Nacional. Esto a pesar de que el 2002 fue candidato para la alcaldía de Lima y le tocó competir contra Luis Castañeda Lossio.
Años después, en el 2015, Uceda renunció al partido. Su más reciente aventura política fue junto al economista Hernando de Soto. Mientras este aspiraba a ser el nuevo presidente del Perú, Uceda candidateó con el número 12 para ser congresista. No logró alcanzar un escaño, pero sí llamó la atención de la ONPE.
El 5 de enero de este año, el organismo electoral le abrió un proceso sancionador por no cumplir con presentar los informes de los gastos e ingresos de su campaña. Según la ley de financiamiento de partidos políticos, los candidatos deben entregar dos informes. El primero se presenta hasta 30 días antes de las elecciones; el segundo, hasta 15 días luego del proceso electoral. Uceda no presentó ninguno.
Diego Uceda volvió a cambiar de camiseta política y ahora acompaña, paradójicamente, al partido profamilia de Rafael López Aliaga. La foto corresponde a una entrevista que brindó durante el lanzamiento de su candidatura con Renovación Nacional.
Según Heber Campos Bernal, abogado experto en derecho electoral, presentar estos informes es importante por “un tema de transparencia”. “Los candidatos deben tener la capacidad de decirle a sus electores y al país quiénes han sido sus aportantes […] La idea es que, a través de estas supervisiones, se garantice que los candidatos financien su campaña de forma leal, de acuerdo a lo que el marco jurídico establece”, explica.
Uceda dice que no presentó los informes porque no hizo campaña política. “Yo no hice campaña y me negué a ser congresista. A mí el señor Hernando de Soto me ofreció ser candidato al Parlamento Andino con el N° 1, pero luego los personajes nefastos, por los cuales Hernando se fue de Avanza País, no me inscribieron al partido y desconocieron que debía ser candidato al Parlamento Andino. Por eso yo dije que no iba a hacer campaña. Y no lo hice. Usted no va a ver ningún cartel mío”, sostiene Uceda, que finalmente fue colocado en la lista del partido al Congreso.
“Parece poco creíble que no se haga campaña porque, cuando uno postula a un cargo, para ganar necesita difundir sus propuestas, necesita hacer campaña para convencer a sus posibles electores. Pero en el supuesto de que no se haya gastado nada, igual tiene que haber una declaración donde se señale eso”, dice Heber Campos.
A puertas de las elecciones municipales, Uceda ha regresado a Solidaridad Nacional, ahora convertido en Renovación Popular y dirigido por Rafael López Aliaga. ¿Qué dirá el excandidato presidencial que suele hablar de la importancia de la familia?
La carrera política de César Combina ha estado marcada por un verbo: abandonar. Forzadamente, a veces, como cuando lo ‘desfederaron’ en la PUCP; o por voluntad propia, como la vez que dejó el proyecto de APP con el que se pensaba que llegaría a ser gobernador regional. “No hay un caso como el de César Combina, por el que se haga tanto trabajo para que después termine en otro lugar”, dice José Miguel Álvarez, quien fue parte de esa última aventura en Junín.
Su paso por la política se caracteriza por el cambio de camisetas a granel: primero fue el PPC, luego el fujimorismo y más tarde un movimiento regional que llevaba su apellido. El 2020 llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) y ahora ha vuelto a recalar en tienda naranja. A todo eso habría que agregarle la fundación de un partido de derecha en su época estudiantil y, según documentos y testigos, su incursión en un movimiento universitario llamado Falange Reformista.
Para este perfil Sudaca entrevistó a excompañeros y rivales políticos de Combina, quienes en los últimos 19 años han sido testigos de ese sistemático tránsito entre agrupaciones, de las que casi siempre sale peleado. El hoy precandidato de Fuerza Popular para Lima Metropolitana también responde.
LA VERDAD DE LA RENUNCIA
Combina ha dicho recientemente que la primera vez que dejó el fujimorismo lo hizo por su rechazo a Joaquín Ramírez. “Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él [Ramírez] a la interna y, por lo tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular, pese a la invitación de esta agrupación”, declaró sobre su salida de Fuerza Popular de hace 7 años. Había llegado como invitado. En esa época, Ramírez, embarrado por investigaciones fiscales y periodísticas, era secretario general del partido.
Los archivos y los testimonios apuntan, sin embargo, en otra dirección: Combina era mal visto por varios dirigentes fujimoristas de Junín. “Lo conocían apenas en la selva de esa región, donde tiene una casa, pero no en la capital, Huancayo”, cuenta César Merea, exalcalde fujimorista de la provincia de Satipo. “Él no vivía en Junín, venía esporádicamente”, aclara José Miguel Álvarez, actual consejero regional.
Cuando César Combina llegó allí, en el 2014, faltaba poco para las elecciones municipales. Él era la ficha para ganar el cargo de gobernador, pero quedó cuarto. “Nosotros teníamos un candidato regional y, de la noche a la mañana, el comité ejecutivo decidió que el señor Combina sea quien vaya a la gobernación. Hasta cierto punto lo veíamos con desconfianza y una actitud que yo no compartí”, dice Merea.
Luego de los comicios, quedó como coordinador regional del partido. Pero no pasó mucho tiempo para que su relación con los militantes se rompiera definitivamente. El 19 de junio del 2015, el diario ‘Primicia’ sacó una nota titulada “César Combina llamó ‘regordeta y retardada’ a Keiko Fujimori”. La nota decía: “Indignación se vive en un sector del fujimorismo en Junín tras conocerse que el excandidato a la presidencia regional calificó de regordeta y retardada a Keiko Fujimori, además de otros calificativos y cuestionamientos que aparecieron publicados en su blog de internet ‘La Combi de Combina’”.
Nota del diario Primicia del 2015, que da cuenta de las acusaciones contra César Combina de parte de un sector del fujimorismo.
“Se puede leer por ejemplo: ‘¿por qué no a la regordeta? Pues porque no está preparada y la gente que la acompaña es de la peor calaña. Imaginen a una retardada de presidente, que lo único que sabe decir es besho abasho, con un séquito de chupasangres’”, reseña el informe periodístico.
La nota cita también a Augusto Lara Pérez, entonces secretario del comité provincial de FP en Huancayo, quien detalló que los calificativos fueron publicados seis años antes, en el 2009. Dijo que la verdadera intención de Combina era “infiltrarse en el fujimorismo para promover la división y el caos partidario”.
El blog había nacido en medio de una crispada situación al interior de la Universidad Católica (PUCP), donde César Combina hizo sus pininos políticos. Y un excompañero de aulas, cuya identidad mantendremos en reserva, comenta acerca del antifujimorismo de Combina como estudiante. “Cuando inició su carrera política, tenía una postura bastante crítica al fujimorismo, lo que era natural en la universidad. Además, en esa época militaba en el PPC, que por aquellos años confrontaba al fujimorismo”, cuenta.
César Combina niega haberse referido a su lideresa en esos términos y dice que nunca se identificó como “antifujimorista”. La nota periodística ocasionó, de todos modos, que los secretarios provinciales exijan la inmediata destitución de Combina como coordinador regional.
Esa semana de junio del 2015, Correo informó de una carta firmada por el secretario provincial de Chanchamayo, Marino Aroni Calderón. “Respaldan la solicitud 5.289 firmas recolectadas en Chanchamayo. Según el documento Combina viene ‘fomentando el divisionismo y la anarquía conformando coordinaciones provinciales y distritales paralelas a las ya existentes’”, se lee en la nota del diario.
César Combina dice que detrás de aquellos esfuerzos por castigarlo estaba Joaquín Ramírez. “Las pugnas empiezan con un sector de la región Junín vinculado a Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, que funcionaba en Huancayo. Pensaban que yo iba a ser precandidato al Congreso. Pero yo había decidido no lanzarme para permitir que los dirigentes participen en ese proceso”, se defiende Combina.
“Aroni, que era gerente municipal de Chanchamayo, presentó firmas. Pero los firmantes no eran representantes de Fuerza Popular, era un padrón de beneficiarios de la municipalidad [donde Aroni trabajaba]”, añade.
En agosto, la cúpula fujimorista le bajó el dedo y lo removió de su cargo de coordinador. Sin protagonismo y enfrascado en peleas internas, un mes después Combina anunció que no seguiría el partido. Dijo que Joaquín Ramírez había “empoderado a personajes nefastos en cargos dirigenciales en Junín”.
-¿No sabía que ya, desde el 2014, la Procuraduría tenía en la mira a Joaquín Ramírez?- le preguntamos.
-Yo acepté [ser invitado a FP] porque en la provincia de Chanchamayo, mi provincia, tres alcaldes eran de Fuerza Popular. Fueron ellos los que me invitaron. Durante toda la campaña [del 2014 al gobierno regional] no tuve contacto con Joaquín Ramírez. Sí lo tuvo el candidato de Pasco, por ejemplo.
-Pero usted no necesitaba mayor contacto para saber que Joaquín Ramírez era de la cúpula de Fujimori.
-Sí, pero no tenía mayor información sobre él. Fue recién el 2015, cuando fui coordinador, que empecé a tener reuniones orgánicas y tuvimos roces con él sobre su visión.
Combina le echa la culpa a Joaquín Ramírez de los pedidos para que lo destituyan. (Foto: Congreso de la República)
LA COMBI Y LA FALANGE
La carrera política de César Combina empezó el 2006 en la PUCP, cuando asumió la presidencia del Centro Federado de la Facultad de Letras. Iba a Antropología, estaba becado y era militante del Partido Popular Cristiano (PPC), que aquel año lanzaba como candidata presidencial a Lourdes Flores.
Quienes lo recuerdan, señalan que se ausentó de las labores del cargo por su compromiso con el partido. Entonces, fue removido por su propia mesa directiva.
En el 2007, fundó -junto a un grupo de amigos, algunos de las filas del PPC-, Unión Estudiantil (UNES), un movimiento de derecha que aún existe en la universidad. Aquel año llegó a ser Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA), cargo que le permite al alumnado tener voz en la máxima instancia de gobierno de la casa de estudios.
De la REA, sus opositores recuerdan a un Combina también ausente. “Ahí tu única obligación es ir a la asamblea. Yo me maté yendo un año ahí, pero él desapareció por completo. A mitad del mandato, se va de intercambio a otro país y entonces, es el segundo cargo sobre el que podría decirse que sale ‘vacado’. Primero ocurrió en Letras”, cuenta Ricardo Sifuentes, que también fue miembro de la REA. Los excompañeros de Combina en UNES, en cambio, dicen que la presión de otros grupos les impedía participar de las comisiones activamente.
De UNES, sin embargo, Combina también se alejó tras discrepancias internas. Cuando en 2009 quiso lanzarse a la presidencia de la Federación de Estudiantes (Fepuc), sus compañeros de partido se manifestaron en contra. “No era el momento y queríamos concentrarnos en otras cosas. Además, ya había diferencias sobre su forma de hacer campaña. Él tenía un estilo mucho más populista, que apelaba a la imagen de las personas más que a las protestas”, recuerda uno de ellos sobre su salida.
Combina se lanzó con una lista de “independientes”, pero perdió. Luego se dedicó a lanzar ácidas críticas a la gestión ganadora. En medio del boom de los blogs, el entonces militante del PPC tenía el que ya hemos mencionado: La Combi de Combina. “El sacó su blog y nos insultaba. Dos, tres veces a la semana. Inventaba mil situaciones estúpidas y así fue durante un año”, dice Sifuentes, quien le ganó las elecciones a la Fepuc.
Sus ataques llegaron demasiado lejos y eso le costó la expulsión del gremio estudiantil. Combina realizó falsas acusaciones sobre el proceso electoral que venía preparando la universidad a fines del 2009 y fue ‘desfederado’. “La Fepuc quiere más delegados allegados para copar la Asamblea y bloquear denuncias, acusaciones y censuras. Todo un verdadero mecanismo de defensa, al fiel estilo fujimontesinista”, escribió en su blog. Hoy no tiene problemas en posar junto a Keiko.
Combina nunca se retractó, como él mismo confirma a Sudaca. “Mi proceso de ‘desfederación’ [que le impidió asumir más cargos de gremio estudiantil] se da justamente por posiciones que tuve contra el copamiento que desarrolló el ala que luego se convirtió en Fuerza Social, de Susana Villarán”, asegura.
En medio del proceso disciplinario, su nombre apareció en una lista para la Fepuc llamada Falange Reformista Universitaria, un término que hace referencia al partido fascista español que mantuvo en el poder Francisco Franco (RAE dixit). De acuerdo al portal La Mula, en el Facebook de esta agrupación se incluían mensajes como “¡Brazo en Alto Falangistas! ¡Por una PUCP sin rojos!», «¡Camaradas, a quemar la San Marcos, el mejor comunista es el que está boca abajo!”, entre otras.
Combina niega su afiliación a Falange Reformista y dice que “fue una creación difamatoria”. “Prueba de ello es que no tenemos un certificado de inscripción. Esta es una situación que yo aguanté muchos años, una situación bastante cruel que revive cada vez que me lanzo [a algún cargo]”, agrega.
Pero Sudaca habló con dos miembros de aquella lista, quienes recuerdan el rótulo de Falange Reformista. De hecho, el arquitecto Andrés Rieckhof, amigo universitario de Combina, envió ese año una carta a la Fepuc indicando que lo habían colocado sin su autorización.
“En ese momento César era mi amigo. Era muy payasín, muy risueño, todo lo tomaba a broma, pero [la inclusión en Falange] no era así. Yo le dije que no pertenecería y que no podía estar en algo que probablemente podía explotar a la larga”, explica Rieckhof a Sudaca.
Otro examigo de Combina que integró la lista admite el nombre, pero lo matiza: “La postulación era un bluf, no era seria, nunca tuvo intención de postular realmente”. Falange Reformista no llegó a participar de los comicios.
Entre dimes y diretes, Combina terminó la universidad en el 2010. Ese año, se postuló como regidor por Lima en la lista de Lourdes Flores. Compañeros de esa época dicen que el partido no le abrió más espacios de representación, por lo que empezó a saltar de bando en bando.
Izquierda: En la lista de Falange Reformista Universitaria aparece el nombre de César Combina como «Presidente». Derecha: el pedido de uno de los integrantes de esa lista para que lo retiren de ahí, porque no dio su autorización. Esta persona corroboró la veracidad del documento.
DESLEALTADES EN JUNÍN
Luego de su paso por la universidad y de dejar su militancia en el PPC, César Combina se concentró en Junín, donde tiene familia. Encontró en el fujimorismo, al que había criticado en sus años universitarios, una vitrina importante. Y, como hemos visto, salió de ahí en medio de acusaciones de ida y vuelta el 2015. Dos años después, fundó un movimiento personalista. El nombre: ‘Combina Junín’.
Para las elecciones regionales del 2018, movimientos incipientes como el suyo debían buscar aliados. “Ese año se acerca el joven César Combina, cuyo movimiento estaba en proceso de formación. Como era joven, podía ser un buen político, una buena promesa. Así que él fue parte de Caminamos Juntos [el partido por el que postuló el 2018]”, cuenta Dimas Aliaga, quien ese año postuló a la provincia de Huancayo con el mismo partido.
Aliaga no tiene el mejor recuerdo de Combina, que encabezó la lista al gobierno regional. “Le diré que se portó extremadamente mal. Muy mal a pesar de que lo invitamos. Por ejemplo, él puso de candidatos a consejeros y al vicegobernador a su antojo, lo que no representaba el consenso del partido”, apunta.
Combina replica: “Deberían ser un poco más agradecidos con nuestro movimiento, que nos sumamos, que lo reflotamos. Yo pagué todos los gastos de ese reflote y me da pena recibir este tipo de maltratos a cambio”
Combina logró el segundo lugar, por debajo de Perú Libre. Consiguieron, además, meter a tres consejeros que siguen hasta hoy. Uno de ellos es José Miguel Álvarez, quien tampoco tiene un grato recuerdo del hoy nuevamente fujimorista.
José Miguel Álvarez (izquierda) y Dimas Aliaga. Ambos tienen pésimos recuerdos de Combina en las alianzas que hicieron con él.
“Había buenas referencias, todo indicaba que el próximo gobernador sería él”, cuenta Álvarez, que el año 2020 pasó a inscribirse en APP, ya con miras a las elecciones del 2022. Combina también se pasó al bando de los Acuña, como invitado. “El objetivo de la alianza con APP era tener la oportunidad de postular y no depender de movimientos regionales, porque siempre había problemas ahí. La intención era que Combina aguardase a postular a la región”, cuenta Álvarez.
Pero Combina se mandó por la libre. “Cuando salió [vacado] Vizcarra, le dijimos que no postulara, porque eso iba a ser un gran error e iba a poner en peligro su candidatura regional”, asegura Álvarez. Combina no escuchó. “Vimos que no tenía intención de retornar, que quería quedarse en Lima. Parece que Junín solo era una pantalla, un trampolín. La gente que lo acompañó siente que los ha utilizado como vitrina”, agrega Álvarez.
Combina niega que haya habido un acuerdo con ellos. “Si bien ellos pensaban que yo sería candidato una tercera vez, no era algo que yo había confirmado. Y él [Álvarez] tiene aspiración a gobernador regional. Así que acá no hay ninguna traición”, apunta.
-¿Cómo explica usted su salto de partido a partido, este cambio compulsivo de camisetas políticas? – le preguntamos.
-Se me puede acusar de tener cambios de camiseta, pero lo que existe es una misma línea. Yo nunca seré de izquierda. Me parece que el camino está en el centro y para mí hay puntos innegociables: si en el camino uno tiene que dejar una tienda política para mantener los principios mínimos de no ceder ante las mafias y de luchar contra la izquierda, ese ha tenido que ser mi devenir.
La trama judicial que involucra a José Luna Gálvez tiene un nuevo capítulo. El fiscal contra el crimen organizado del Callao, Roger Saldaña, le sigue los pasos a la abogada Karin Díaz López, una mujer que en el 2017 trabajó en la ONPE. Aquel año, según la hipótesis fiscal, la red de Luna Gálvez desplegó toda su maquinaria al interior del organismo electoral para lograr la inscripción como partido de Podemos Perú. El Ministerio Público investiga al actual congresista por presuntamente haber corrompido funcionarios para lograrlo.
Karin Díaz, de 35 años, fue asesora de Luna en el Parlamento entre febrero del 2015 y julio del 2016, años en los que el artífice de Telesup estaba en las filas de Solidaridad Nacional. Hoy, ya en los predios de Podemos Perú, los militantes la han bautizado como la “ahijada” del congresista. Esto porque Karin Díaz es hija de Kiraida López, actual dirigente del tribunal electoral del partido y muy cercana a Luna, como se puede apreciar en redes sociales. No tiene aún la condición de investigada, pero los esfuerzos de la Fiscalía apuntan a darle un papel protagónico en la trama.
Kiraida López Lavy, madre de Karin Díaz y dirigente de Podemos Perú, con José Luna Gálvez. Fuente: Facebook de Kiraida López.
Según el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, el organismo electoral fue copado por gente afín a Luna en los años que se investigan. Junto a Karin Díaz, catorce funcionarios fueron colocados en puestos claves por recomendación de los operadores del congresista, dijo Castillo.
Incluso fue contratado personal de Telesup, la universidad con licencia denegada del clan Luna. Dos profesores de esa empresa trabajaron simultáneamente en la ONPE en el 2017 y seis trabajadores de la casa de estudios fueron traspasados al ente electoral en aquella época, según la investigación fiscal.
LOS REGISTROS
El rol clave de Karin Díaz se refleja en las 67 comunicaciones -entre llamadas y mensajes de texto- que mantuvo con José Cavassa. Este hombre es considerado por el Poder Judicial como el principal operador político de Luna Gálvez y es una pieza importante en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por haber presuntamente influido en la elección de autoridades del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Los contactos entre Díaz y Cavassa se dieron del 2016 al 2018, de acuerdo a un reporte judicial al que Sudaca tuvo acceso.
Reporte de las 67 comunicaciones entre José Cavassa Roncalla, operador político de Luna Gálvez, y Karin Díaz López, exasesora del líder de Podemos.
En ese mismo periodo de tiempo, Karin Díaz se comunicó 135 veces con Luna Gálvez, según otro documento judicial. Fuentes cercanas al fiscal dicen que Saldaña sospecha que Díaz fue intermediaria entre Cavassa y Luna. Aunque entre estos dos sí había comunicación, la hipótesis fiscal es que ella servía de enlace para algunas coordinaciones.
Por ejemplo, de acuerdo a los reportes de comunicaciones, fueron siete las veces que Karin Díaz se comunicó con Cavassa y el líder de Podemos Perú en un mismo día, solo en el segundo semestre del 2016. Luego de que Luna dejase el Parlamento, la ‘ahijada’ fue contratada en Telesup entre agosto del 2016 y febrero del 2017, como apoyo administrativo.
Ya en el verano del 2017, Luna Gálvez y Telesup apostaron todas sus fichas a que Adolfo Castillo Meza, un físico sin experiencia en temas electorales, ganase el concurso como jefe de la ONPE. El objetivo: inscribir a Podemos Perú como partido político. Así lo confesó el propio Castillo Meza a las autoridades. A finales del 2020, admitió que fue colocado en el cargo por la red de Luna en un concurso amañado, con la complicidad de algunos consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. “El más fuerte de los operadores políticos de Luna Gálvez es José Luis Cavassa Roncalla”, declaró a la Fiscalía. Cavassa actuó como un lobista en la sombra en el organismo electoral.
En aquellos días frenéticos por el nombramiento de la cabeza de la ONPE, entre el 9 de enero y el 6 de abril del 2017, Cavassa y Karin Díaz se comunicaron 39 veces. Los detalles de las conversaciones se desconocen, pero todo apunta a las presuntas movidas para inscribir a toda costa a Podemos Perú. “No sé por qué me está llamando, señor. No sé de qué está hablando”, dice Díaz al ser consultada por Sudaca. Cavassa está con arresto domiciliario y, por lo tanto, tiene restricciones para dar declaraciones.
El 19 de abril del 2017 Karin Díaz fue contratada en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, dos días después de la fundación de Podemos Perú, según la investigación fiscal. Ya eran tiempos de Castillo Meza. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Díaz llegó, principalmente, para monitorear el proceso de inscripción de ese partido. “La presencia de su exasesora congresal fue una exhibición de poderío de Luna Gálvez en la ONPE de Adolfo Castillo Meza. Ella llegó para apuntalar la inscripción”, dice a Sudaca una fuente cercana a la investigación.
Documento judicial que da cuenta que Karin Díaz López trabajó en la ONPE y Telesup, la universidad de Luna Gálvez, casi al mismo tiempo.
Así, toda la ONPE fue copada por gente afín a Luna Gálvez, según declaró el propio Castillo Meza. En la oficina donde fue colocada Karin Díaz hubo más nombramientos. “A la persona de Ulbert Medina lo nombró en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a sugerencia de Fernando Obregón [a quien identificó como operador de Luna Gálvez] con la finalidad de supervisar el rendimiento de gastos de campaña, específicamente de Podemos Perú”, dijo Castillo.
“A la persona de Ricardo Pajuelo se le designó como secretario general. Este puesto era muy importante por cuanto es el tercer nivel de filtro en la presentación de planillones de inscripción del partido Podemos Perú. Este personal se colocó en la ONPE para controlar los procesos electorales”, añadió Castillo.
La investigación fiscal descubrió también que, en el 2017, dos funcionarios de la ONPE trabajaban al mismo tiempo en Telesup como profesores. Se trata de Edwin Benavente Orellana (gestor de proyectos en el organismo electoral) y Erick Calderón Zuñiga (asesoría jurídica). “No he tenido vínculos con el señor Luna. Yo llegué a Telesup por temas circunstanciales, como profesor externo”, dice Benavente. “El tema ya fue aclarado. Estoy prohibido de dar cualquier declaración”, dice, por su parte, Calderón. Ninguno de ellos ha tenido comunicación con Cavassa.
ÚLTIMAS LLAMADAS
Logrado el nombramiento de Castillo Meza en la ONPE, quedaba pendiente la parte más importante: terminar de inscribir al partido político. El 16 agosto del 2017, en pleno proceso de inscripción, Cavassa llamó a Karin Díaz, ya funcionaria de la ONPE.
En septiembre de aquel año, Podemos presentó un primer lote de firmas: 136.879 planillones repartidos en 28 cajas. Estos tenían datos incompletos y no fueron presentados con declaraciones juradas correctas, de acuerdo a una observación de la misma ONPE.
El 24 de noviembre, en pleno ajetreo para que Podemos tenga luz verde, Cavassa volvió a llamar a Karin Díaz. Hablaron un minuto. En diciembre, el partido que ha apadrinado a Daniel Urresti como candidato la alcaldía de Lima presentó un segundo lote de 13.846 planillones. Los dos lotes sumaban un millón de firmas. El organismo electoral validó 733,719 rúbricas.
Daniel Urresti Elera, precandidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú. Fuente: Facebook de Daniel Urresti.
“La verdad no recuerdo ese nombre [Karin Díaz]. Lo que usted debe saber que el juez ha prohibido a mi patrocinado dar declaraciones”, dice a Sudaca Mateo Castañeda, abogado del legislador Luna Gálvez, actualmente con comparecencia restringida.
Díaz culminó sus labores en la ONPE en diciembre del 2017. El 1 de enero del 2018, llamó a Cavassa, según el reporte de la Diviac, por seis minutos. Nueve días después, el 10 de enero, el último día de plazo para poder participar en los comicios, el partido de Luna logró su inscripción.
“Es demasiado frustrante, es horrible que te pasen a una máquina para que te atienda, que te cuelguen. Fui hasta las oficinas de Latam de Surquillo y me dijeron que por ahí no era y que tenía que escribir por el libro de reclamaciones, que por ahí me iban a contestar y que, según ley, tenían 30 días para devolverme las millas o ver cómo solucionaba mi tema”, agrega.
Izquierda: las constantes llamadas de Andrea Vera solo para presentar su queja. Derecha: la absurda respuesta del robot de Latam: «no te entendí».
“Mucha gente termina tirando la toalla”, dice Jaime Delgado, experto en temas de defensa del consumidor. “El consumidor está en desventaja frente a la actuación de un reclamo. La empresa ya tiene el dinero, porque cobró por adelantado, pero no brindó el servicio. Entonces hace difícil la atención del reclamo. Y solo si algún consumidor es más acucioso, insistente, le gana. ¿Pero el resto qué? Estamos jugando un poco a ver ‘quién se atreve a demandarme’”, agrega.
Joel Rooz y Alessandra Bonet sí están dispuestos a acudir al Indecopi. Ambos planificaron su viaje desde agosto. Habían comprado, vía la agencia Costa Mar, un pasaje Lima-Piura-Lima aprovechando sus vacaciones de diciembre. Pasarían Navidad y Año Nuevo en Máncora intentando ponerle fin a un año de trabajo intenso. Joel trabaja en el sector retail y Alessandra como psicóloga en un colegio.
“Pensamos que estas vacaciones nos iban a ayudar bastante, pero terminaron siendo una basura total”, reconoce Joel. Y pasa a explicar: “El vuelo de regreso, que debió darse el lunes 3 de diciembre, fue cancelado el mismo día, 20 minutos antes del embarque. Nos comunicaron en el aeropuerto que había problemas y que lamentablemente debíamos dirigirnos todos al counter principal y pedir más información. Es allí en dónde nos comunican que el retraso sería de dos a tres días. No dieron más explicaciones”.
Joel cuenta que los clientes se acercaron al counter para reclamar por el retraso, pero un grupo de policías entró para dispersarlos. Su pareja, mientras tanto, puso una queja de manera virtual. Latam le respondió que no había manera de reembolsar los costos en los cuales tuvo que incurrir la pareja para alargar, obligados, su estancia en el norte por tres días. Fueron cerca de S/900 adicionales.
“Dos veces negaron pagar cualquier tipo de indemnización. Nos respondieron la solicitud alegando que no calificaba para una compensación económica. Solo nos queda el Indecopi”, cuenta Rooz.
Pero este también puede ser un largo y tortuoso camino. “No es fácil reclamar en Indecopi y la gente no se va a tomar su tiempo de preparar una denuncia, ir a las audiencias de conciliación, contestar los reclamos de la empresa, apelar a la segunda instancia. Un proceso que puede durar seis meses o un año”, explica Jaime Delgado.
Latam. Puesto 5 de empresas más sancionadas por el Indecopi. No es para menos.
Latam Airlines figura en el puesto cinco de las empresas más sancionadas por el Indecopi. Entre el 2018 y el 2021, ha recibido 631 sanciones por falta de idoneidad en los servicios prestados, falta de atención a los reclamos, haber brindado mala información a los usuarios, incumplimiento de reembolsos, cláusulas abusivas y hasta el incumplimiento de medidas correctivas. Lo más probable es que esa cifra se eleve debido a las fiestas que arruinó este fin de año. Testimonios similares a los anteriores han aparecido en redes sociales entre mediados de diciembre e inicios de enero. El 23 de diciembre, por ejemplo, a vísperas de la Noche Buena, Alec Gramont compartió su caso en Facebook.
“Este fue el caso para un vuelo que iba a tomar el 25 de diciembre de 2021 pero Latam cambió los horarios y ya no me servían. Había sacado el vuelo con las pocas millas que me quedaban, así que intenté efectuar la devolución online. Absolutamente imposible. No solo la navegación del sitio web es pésima, sino que los sistemas de Latam son tan incompetentes que no se puede obtener ni el código de reserva ni el número de ticket en ningún lado”, contó. Eran dos pasajes que canjeó con millas y dos que compró con su tarjeta de crédito.
El padecimiento continuó, pero esta vez vía telefónica. “Parece increíble pero hay que llamar a Latam para que te manden la información y, por supuesto, eso tomó tres llamadas y más de una hora de espera. Cuando finalmente me enviaron la información, seguí el proceso de devolución para que al final me contestara el sistema que no se podía gestionar la devolución online y que había que llamar al contact center”, denunció en la página de Facebook de Latam.
Como en los casos anteriores, la llamada se tornó desgastante. “Estoy en esa llamada ahora pasada la hora y dos minutos sin que me atiendan. Acabo de colgar ya harto de esperar”, agregó. Latam le pidió al cliente que les escriba por interno para atender sus reclamos.
La solución le llegó solo de manera parcial: le devolvieron las millas (luego del escándalo que armó en redes), pero no el dinero de los pasajes que compró con su tarjeta. Como compensación por estos, le dieron dos ‘travel voucher’, un sistema implementado por la aerolínea que se puede “canjear por servicios de Latam o por dinero”, según dice su sitio web. El procedimiento, sin embargo, promete ser engorroso.
La misma página advierte que, para esto, se debe acceder a una plataforma llamada Latam Wallet, a través de la cual puedes “recibir tus devoluciones de forma automática”, pero aclaran: “próximamente”. También señala que se puede “solicitar el dinero asociado a la devolución”, pero lo condicionan: “si aplican las condiciones y regulaciones”. “Esto lo hacen para no tener que devolver el importe al cliente”, dice Gramont, que nos envió un pantallazo de la respuesta de la aerolínea.
La respuesta de Latam a Alec Gramont. Le dicen que le devolverán el dinero a través de un ‘travel vocuher’. Pero la opción del reembolso, según la web de Latam, aún no está vigente en el Perú.
Por algo similar pasó el exministro Pedro Cateriano, que había comprado un pasaje para participar de un evento en el extranjero. Este se canceló y tuvo que llamar en reiteradas ocasiones, durante dos días, a la aerolínea para no perder su dinero y buscar solución. Lo tuvieron más de una hora al teléfono. “El maltrato de Latam a sus clientes es algo inexplicable”, escribió el pasado 5 de enero en Twitter y adjuntó un pantallazo de la llamada. Al cierre de esta nota, no había encontrado una solución a pesar de que fue hasta una de las agencias.
Las pérdidas de equipaje también agriaron las vacaciones de los clientes de Latam. Así lo contó Antonio Lulli el 22 de diciembre en sus redes sociales: “Latam, han perdido mi equipaje, con toda mi ropa y además regalos navideños. Después de dos días de llamadas nadie me puede atender o explicar dónde está”. Lulli recuperó su equipaje tres días después, pero perdió dinero.
“Lo más frustrante es que nadie en Latam me podía decir dónde estaba. Obviamente tuve que comprar ropa y todo para los días que no tuve maleta”, cuenta Lulli. El cliente prefirió ahorrarse las molestias de pedir un reembolso. “Nunca hice la solicitud porque ni quiero imaginar el trámite que sería eso”, apunta. No le falta razón.
Sandra Castro-Matheu también escribió al Facebook de la aerolínea que la maleta de su mamá no aparecía durante tres días. Una usuaria llamada Ana Lybien comentó en la publicación que también estaba pasando por lo mismo. Y otro, Carlos Ávila, se quejó de que lo habían dejado en espera durante 20 minutos en una llamada que hizo a la aerolínea para tratar de resolver un problema. A los tres, Latam les escribió en Facebook que se comuniquen a sus canales internos. Ya sabemos a lo que serán sometidos.
Sudaca solicitó una entrevista con Latam, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Han de seguir ocupados con las quejas de sus clientes.
5 de enero. Pedro Cateriano muestra el registro de una llamada a Latam. Lo tuvieron casi una hora y media al teléfono y no le solucionaron nada.
Luego de publicarse este informe, la agencia de relaciones públicas que trabaja para Latam envió un escueto comunicado donde dicen que, debido a la variante Omicron, han tenido que cancelar algunos vuelos. «Desafortunadamente, el alza en el número de contagios ha repercutido también en el personal del grupo LATAM, como ha ocurrido en otros sectores y actores de la industria aérea», apunta el escrito. Y añade: «La contingencia ha generado un número no habitual de llamados, por lo que recomendamos privilegiar la autoatención en nuestros canales digitales (web, whatsapp y redes sociales)».
Indecopi también envió información luego de esta publicación. Dicen, por ejemplo, que el 2021 el sector transporte aéreo registro un total de 8.670 reportes y consultas, según datos del Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI). De estos, el 42% pertenecen al proveedor Latam Airlines Perú, que registró un total de 3.611, con un promedio mensual de 301. Octubre y noviembre fueron los meses en los que alcanzaron mayor cantidad con 415 y 418 reportes, respectivamente.
«Respecto de diciembre del 2021, se observa que Latam Airlines Perú registró un total de 410 reportes y consultas, siendo la falta de atención de reclamos o solicitudes la conducta más reportada con el 33,9% de los registros, seguido del no reembolso de dinero con 26,1% y problemas en sitio web con el 9,8%, particularmente cuando el consumidor o consumidora ha intentado realizar algún trámite previo al aborde del avión, lo cual termina impidiendo el mismo», apunta.
“De todas maneras es un atropello contra la libertad de expresión”. Así calificó el congresista de APP, Luis Picón Quedo, la decisión del juez Jesús Vega de condenar a dos años de prisión suspendida y una reparación de S/400.000 al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House. La sentencia es por la publicación del libro ‘Plata como cancha’.
Para el parlamentario, que respondió brevemente las consultas de Sudaca, que César Acuña haya pedido S/100 millones como compensación económica es “un amedrentamiento” contra el periodista por investigarlo.
Dentro de la bancada, Picón es -al parecer- una rara avis. Consultada por este medio, la también congresista Gladys Echaíz dijo que no se puede tomar como un amedrentamiento lo hecho por su jefe. “Se puede pedir el cielo si usted quiere, pero ya eso está en manos de los que administran la justicia. Eso no le puede amedrentar a nadie, es solo un pedido”, afirma. Los demás congresistas no atendieron nuestras llamadas.
Lo que sí hicieron fue emitir un escueto comunicado que bien podría haber sido elaborado por el área de relaciones públicas del Estudio Ghersi. Manifiestan, por ejemplo, su “respeto absoluto por la libertad de expresión y de prensa, pero también observancia plena a los derechos fundamentales de todas las personas”. Vacío y predecible.
Quienes tampoco dudaron en brindarle su apoyo a César Acuña fueron sus hermanos. “Como se trata de mi hermano, por supuesto tengo que defender que el juez le haya dado la razón”, dice Virgilio Acuña. Y agrega: “Si en este momento tenemos un periodista con sentencias, es por una decisión que él ha tomado. Y para tomar una decisión uno tiene que estar bien enterado del tema”.
Virgilio Acuña, sin embargo, es citado en el libro con frases poco amigables hacia su hermano César. “Lo que César hizo en la familia fue instaurar la cultura del más vivo”, dijo, por ejemplo. Ahora intenta explicar a Sudaca que, cuando dijo esa frase, se refería a que el líder de Alianza para el Progreso “es el que más conoce de oportunidades y es el que más nos enseña a ser despiertos y vivos”. Sí, cómo no.
Su hermana, la congresista María Acuña, también sale en su defensa. “No creo que esa sentencia sea un atropello contra la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero hay que saberla expresar”, dice. Para ella, además, esto no va a perjudicar a Alianza para el Progreso en las próximas elecciones.
Quien no quiso atendernos fue Augusto Álvarez Rodrich, el flamante presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). Mientras en sus columnas calificaba como “acoso” y “un atropello brutal” el allanamiento a la casa del periodista Pedro Salinas, a la hora de escribir sobre su amigo César Acuña se le bajaron las revoluciones.
En su columna del 9 de enero, escribió que, aunque él participa “activamente en la defensa de la libertad de expresión desde hace una década”, la querella planteada por Acuña es solo “un error”. Álvarez Ródrich conoce al líder de Alianza para el Progreso desde 2008, cuando el mismo Acuña lo llamó para dictar clases en la Universidad César Vallejo. Desde el 2020 integra el directorio de esta universidad.
Conocida la sentencia calificó de “nefasto” el fallo judicial y en una entrevista de RPP señaló que espera que la situación se pueda revertir. ¿Pero sobre César Acuña? Parecía que, para Álvarez Rodrich, la demanda la había puesto un fantasma. Ni una palabra sobre él. En su programa de hoy en LR+, le dedicó menos de un minuto y medio al tema.
Otra persona que también evitó dar declaraciones a Sudaca es la expremier y defensora del pueblo Beatriz Merino. Ella, al igual que Álvarez Rodrich, ha tenido una relación cercana con el fundador de la Vallejo, pues es la presidenta ejecutiva de esta casa de estudios. Y aunque en el pasado condenó enérgicamente la llamada “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad estatal en los medios, hoy permanece muda.
También enviamos mensajes a Álvaro Vargas Llosa, miembro de la Fundación Internacional para la Libertad, a la que también pertenece César Acuña; y a Luis Iberico, periodista que el año pasado acompañó al líder de APP en su plancha presidencial como segundo vicepresidente. Lo curioso es que el 2016, Iberico rechazó enérgicamente una condena por difamación contra el periodista Rafo León. ¿Y ahora?
Acosta y Pimentel ya informaron que apelarán la sentencia del juez Vega. Mientras tanto, Acuña sigue sin dar la cara al público a pesar de haber salido victorioso. Tampoco se ha reunido con sus congresistas.
#PlataComoCancha ha vuelto a ingresar a imprenta. No le hemos cambiado una coma.
A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.
“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).
El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.
Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.
“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron», dice.
Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.
Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.
La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.
El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.
“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.
Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.
Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.
Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.
Buenas tardes, el instituto y desde el Minsa estamos trabajando para superar este problema y continuar prestando un servicio adecuado a la población
En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales
BUROCRACIA MÉDICA
En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas.Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.
En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.
Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.
La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.
Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.
Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.
“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.
Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.
Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.
“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.
Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.
Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.
A pocos días de Navidad, el pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Economía (MEF) adelantó su regalo a los empresarios acuícolas y forestales para que empiecen contentos el 2022. Como parte de las facultades legislativas otorgadas al gobierno, el Ejecutivo aprobó restituir una serie de beneficios tributarios para esos sectores. Los cambios permitirán que las empresas tengan, sobre todo, tasas reducidas del Impuesto a la Renta (IR) durante una década, tal y comoocurre ya en el régimen agrario.
Los decretos legislativos que otorgan estas facilidades llegan luego de que Pedro Castillo se reuniera varias veces con empresarios que, justamente, invierten en esos sectores. El 20 de setiembre, en Washington, por ejemplo, el presidente asistió a una serie de reuniones con empresarios nacionales y extranjeros acompañado de -entre otros- David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Samuel Dyer, director del Grupo Dyer Coriat (D&C), una firma con fuertes inversiones en los sectores acuícola y maderero.
Samuel Dyer, además, se reunió cinco veces con Castillo en su despacho (el de Palacio, no el de Breña), entre agosto y noviembre del año pasado, de acuerdo a información de Transparencia. Y una vez con el ministro de Agricultura. Así, mientras el gobierno planeaba elevar los impuestos a las empresas mineras, para los hombres de negocio “amigos” cocinaban otros planes.
Sudaca también consultó a especialistas en materia tributaria, quienes coinciden: dichas medidas por sí solas no tienen mucho sentido, pues no generarían el efecto positivo que pretende el Ejecutivo, ni han sido sustentadas como se debe.
Sin debate
El último 17 de diciembre, el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo para promulgar leyes en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Con esa luz verde, el MEF decidió darle beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal. En ambos casos -dicen los decretos legislativos- se replican los incentivos aplicados a los sectores agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.
“Lo más importante [de la medida] es la tasa especial del Impuesto a la Renta y la depreciación acelerada. Todo eso tenía el régimen agrario. Lo sustancioso es copy paste”, asegura Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP.
Por ejemplo, para las mypes del sector acuícola con ingresos menores a 1.700 UIT (un poco más de S/7,8 millones) se aplicará una reducción del IR del 29,5% –su valor general– al 15%. Para las empresas grandes, se aplicará el mismo porcentaje, aunque este irá subiendo en los próximos años hasta alcanzar su valor regular el 2028.
Para el sector forestal, la rebaja del IR será hasta el 2030 e igualmente las empresas con ingresos menores a 1.700 UIT tendrán una tasa del 15%. En el caso de las grandes, la reducción comenzará también en ese valor este 2022, pero subirá hasta alcanzar el régimen general en el 2028. Ambos también accederán a una tasa de depreciación acelerada del 20%. Un beneficio que les permite deducir el costo de sus activos –por ejemplo, inmuebles o maquinaria– más rápido, para tener menos utilidad contable y pagar menos impuestos.
Klever Espinoza, abogado tributarista, señala que no existe una justificación clara de por qué se aplican estos incentivos a dichos sectores y no a otros, ya que el MEF no ha publicado la exposición de sus motivos.
Para Espinoza, esa ausencia genera suspicacias. “Es una medida excepcional que debe tener mejores razones que otro tipo de medidas, porque finalmente hace que un determinado grupo de empresas pague menos impuestos. Eso es cuestionable, por ello debe estar bien justificado”, explica.
Parte de la presentación del ministro Francke para sustentar los cambios tributarios en los sectores acuícola y forestal.
“Cuando se emitió la citada Ley [la del nuevo régimen agrario] no se consideró la dación de dichos beneficios para los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre. Por ello, resultaba necesaria la dación de tales beneficios para los indicados sectores, a efectos que sirvan como mecanismos complementarios para la promoción y desarrollo de la oferta de productos acuícolas y forestales del país”, confirma el MEF en comunicación enviada a este medio.
Agregan que el Perú tiene un alto potencial acuícola por ser el principal productor de harina y aceite de pescado, productos que sirven de alimento para la acuicultura (el cultivo de peces). Sobre el sector forestal, destacan que Perú cuenta con más de 68.577.351 hectáreas de bosques, cuya superficie forestal representa más de la mitad del territorio nacional. Aunque no precisan si toda esa extensión sería explotable.
Las cifras no han acompañado a ambos sectores en el último año. Hasta el tercer trimestre del 2021, el sector forestal representaba el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al MEF. En el primer trimestre de aquel año, según el INEI, representaba el 1,04% del PBI. Por otro lado, la pesca y acuicultura –se miden juntos– tuvieron una caída de 37,9% respecto al 2020, por la pandemia, según cifras del INEI. El objetivo, remarca el MEF a Sudaca, es aumentar estos niveles de participación.
Sin embargo, los especialistas identifican varios problemas. “Tenemos la mala costumbre en el Perú de creer que reducir tributos es la única forma de mejorar la calidad de la inversión privada. Eso no es cierto en muchos casos. Muchos inversionistas están más preocupados de venir a un país con un Poder Judicial corrupto, con agentes reguladores que no funcionan bien o no tener la mano de obra necesaria. Eso, muchísimas veces, es un freno más relevante», asegura el tributarista Fernando Loayza.
Otro inconveniente es que no se han determinado limitantes para acceder al incentivo. “Esa es más o menos la crítica que se hacía al régimen agroexportador. Les das plata, pero no hay un pacto con el sector: te doy el beneficio tributario, pero quiero que hagas inversión sostenible, por ejemplo. Ese análisis costo-beneficio, que debería involucrar aspectos económicos, sociales y ambientales, no se ha hecho público. No está en el decreto legislativo, que es de media página”, añade Loayza.
El tributarista resalta también la inconsistencia de los gremios empresariales. “Ahorita tú no ves a la Confiep o a la SNI reclamando porque se hace mediante decreto legislativo, como reclamaban cuando se proponía una reforma al régimen minero. Esa inconsistencia me parece importante resaltarla”, remarca, recordando que el Ejecutivo pretendía realizar cambios tributarios en minería bajo el mismo mecanismo, pero esa intención fue frenada por el Congreso en el pedido de facultades.
Las dudas podrían haberse absuelto si estos decretos hubiesen sido aprobados luego de un debate en el Legislativo, como cualquier otra ley. “Es una preocupación la forma acelerada [en la que se ha hecho]. La tributación es un fenómeno que afecta la propiedad de todos. Como tal, debe estar justificada ¿Dónde? En los debates, en la exposición de motivos que debe ser rica. No tener eso nos da una mala señal”, condena Klever Espinoza.
Para Espinoza, el otro riesgo es que, como ya ha ocurrido antes, los empresarios se malacostumbren a invertir con los beneficios como condicionantes. “Realizan sus esquemas de negocio en función a los incentivos. Luego ocurre que vencido el tiempo ellos regresan y hacen los lobbys para que sigan extendiendo los beneficios tributarios. Entonces, una medida que por su propia naturaleza debió ser temporal, se vuelve permanente”, explica.
Empresarios en Palacio
Más allá de las formas, los decretos ya están vigentes. Y los empresarios acuícolas y forestales tienen motivos para sonreír. Se trata, según dijo el MEF a Sudaca, de 1.300 contribuyentes en el sector forestal que podrían acogerse a estos beneficios tributarios. El colchón en acuicultura es mucho menor: 91 contribuyentes hasta el 2019.
Este ‘logro’ para ambos sectores llega después de que el año pasado Castillo se acercara a empresarios vinculados a la SNI durante su viaje por México y Estados Unidos, entre el 17 y 22 de septiembre del año pasado.
El 20 de septiembre, en Washington, el presidente asistió a una cumbre acompañado de representantes de este gremio. Castillo estuvo junto a su entonces brazo derecho, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio; Pedro Francke, ministro de Economía; Óscar Maúrtua, de Relaciones Exteriores; y Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
A la cita asistieron Ricardo Márquez, presidente de la SNI y opositor de la vacancia presidencial, y Carlos Durand, cabeza de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras). También estuvieron presentes Felipe James, titular del Comité Textil y Confecciones de la SNI; y los ya mencionados David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, y Samuel Dyer Ampudia, quien no representa a dicho gremio pero es asiduo visitante de Palacio de Gobierno.
La foto de la reunión con empresarios nacionales en Washington. En rojo: Pedro Castillo y Samuel Dyer. Foto: SNI.
Para septiembre, este último ya se había reunido con el presidente en tres oportunidades. Las últimas dos fueron en un mismo día: el 27 de noviembre, después de la gira presidencial por Norteamérica.
Dyer Ampudia, quien el último 5 de octubre también visitó al ministro de Agricultura, Víctor Maita, es ampliamente conocido por sus diversos negocios en los sectores acuícola y forestal.
Como director del Grupo Dyer Coriat (D&C) ha realizado diversas inversiones desde los noventa en estas áreas. De hecho, se considera cabeza de “uno de los grupos familiares más exitosos y emergentes del Perú, que ha diversificado inversiones en agroindustria, acuicultura, reforestación en la selva amazónica, bienes raíces”. Así lo dice su biografía en el sitio web de Camposol, una de sus compañías que pertenece a este pulpo empresarial. Camposol, dicho sea de paso, tiene como filial a Marinazul, una de las principales productoras de langostinos en el Perú.
El Grupo D&C también tiene como uno de sus brazos a la Reforestadora Inca (Refinca), dedicada al negocio forestal: producción y procesamiento de madera en la Amazonía peruana. Samuel Dyer es, también, líder del Grupo Pro Amazonía, asociación empresarial que persigue un objetivo similar al de Refinca.
Sudaca se contactó con el exitoso empresario, pero no quiso dar declaraciones para este informe respecto a sus reuniones con el presidente. En todo caso, estamos seguros de que fueron provechosas.
