Un testimonio desgrana cómo fue el apoyo de un poderoso estudio jurídico a Fuerza Popular. Julio Pérez Vargas, socio principal de ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados’ -más conocido como Payet- narró al Ministerio Público cómo colaboró en la revisión de actas electorales que sirvió para apuntalar la tesis de fraude lanzada por Keiko Fujimori tras la segunda vuelta. “Lo hice en el ejercicio de mi derecho político que reconoce la Constitución del Perú y porque consideré que existían algunos vicios en la última elección”, declaró el abogado en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, el 16 de noviembre pasado. El Equipo Especial investiga el financiamiento del partido naranja en esta última elección.
El letrado dio cuenta cómo este importante bufete se volcó entero a la causa de Fuerza Popular pese a que el propio “código de conducta” del estudio Payet prohíbe a sus asociados apoyar a los partidos políticos, incluso a “título personal”. Así lo reveló Sudaca en este informe.
Julio Pérez Vargas contó a las autoridades que su participación arrancó el 7 de junio, en horas de la mañana, un día después del balotaje. En ese momento, el conteo rápido de la encuestadora Ipsos Perú dio como ganador a Pedro Castillo sobre Fujimori por un estrecho margen. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) empezaba a dar resultados parciales. Pérez dijo que recibió una llamada de Juan Cauvi Abadia, socio principal de la firma, para coordinar la ofensiva legal. Él respondió que “me interesaba apoyar a título individual”.
“Mi socio Juan José Cauvi me llamó por teléfono a mi número celular el 7 de junio del 2021 y me comentó que habría una reunión a las 3:00 pm en el local de Fuerza Popular, cuyo propósito era apoyar en la revisión de las actas”, dijo el abogado a la fiscal adjunta Reyna More Chumacero, que trabaja bajo las órdenes de José Domingo Pérez.
16 de noviembre. Declaración de Julio Pérez Vargas, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, que habla de la coordinación de los abogados de grandes estudios y Fuerza Popular.
El socio del estudio Payet comentó que, tras hablar por teléfono con Cauvi, se comunicó con Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori. “Antes de ir al local de Fuerza Popular llamé a la doctora Giulliana Loza a su celular, a quien conozco, y le pregunté dónde sería la reunión. Me respondió que ya no sería en el local de Fuerza Popular, sino en la avenida Javier Prado, cuadra 16, cerca de la avenida Guardia Civil [el número exacto no lo recordó]. Pero recuerdo que era una casa de dos pisos”, dijo Julio Pérez Vargas.
El abogado del estudio Payet dijo que llegó puntual, a las tres de la tarde, y que encontró mucha gente. “En ese momento se conversó cómo apoyar y se me dijo que la idea era hacer una revisión de las actas. Recuerdo que propusimos establecer distintas áreas geográficas para dividirnos ordenadamente el trabajo. Yo elegí Huancavelica y Tacna”, añadió. El letrado dijo no recordar quién llevó la voz cantante en la reunión. Sólo dijo que fue un hombre.
El abogado contó además que en el encuentro estaba Daniel Córdova, uno de los voceros del fraude sin pruebas, y Giulliana Loza. Y señaló a Juan Cauvi como el hombre del bufete que coordinaba todos los detalles en busca de invalidar los votos de Castillo.
“Luego me retiré [de la reunión] y volví a llamar telefónicamente a Juan José Cauvi para comentarle que la idea era revisar las actas de las zonas mencionadas. Él se encargó de ordenar el número de actas que cada una de las personas quería revisar”, dijo.
Juan Cauvi Abadia, un coordinador de la revisión de actas del proceso electoral en el estudio Payet, según el abogado Julio Pérez.
Y luego añadió: “Me dijo que algunas personas se habían ofrecido para hacer la revisión de las actas y que, para hacerlo de manera ordenada, él distribuiría el número de mesas para no cruzarnos. La idea era entregarle las actas revisadas donde, presumiblemente, tenían firmas falsificadas para que luego hiciera una constatación en Reniec”.
La fiscal Reyna More le repreguntó a Julio Pérez Vargas qué otros abogados del estudio revisaron las actas electorales. Él mencionó a Alan García Nores, hijo del expresidente Alan García, Xaviera Brandon y Gabriel Rey. No mencionó a José Payet, socio fundador del poderoso bufete que lleva su apellido y que fue personero de Fuerza Popular en la última elección.
Tras la reunión de aquel 7 de junio, Keiko Fujimori dio una conferencia de prensa y denunció sin pruebas “un fraude en mesa”, orquestado para favorecer a Castillo. No comentó en ese momento que un ejército de abogados de grandes estudios colaboraba con ella. Incluso, Fuerza Popular negó ese día, mediante un comunicado, que “haya abierto una convocatoria de abogados”. Tuvo que reconocerlo cuando presentó la lista de aportantes a la Onpe.
7 de junio. Keiko Fujimori brinda conferencia, flanqueada por Luis Galarreta y Patricia Juárez, un día después de la segunda vuelta para hablar de “fraude en mesa”. Ese día recibió el apoyo de los abogados de los grandes estudios. Foto: Andina.
Fue una jornada frenética para Pérez, quien madrugó para revisar las actas. “[La revisión de las actas] debe haber sido entre la tarde noche del 7 de junio y la mañana del 8 de junio”, dijo el abogado en su declaración. “[Trabajé] unas 12 a 13 horas”, añadió. También mencionó que revisó “entre 80 a 100 actas” y que “se las entregó impresas a Juan José Cauvi en su domicilio, el 8 de junio”.
Pérez terminó su declaración diciendo que “no existe ningún impedimento legal” para la revisión de actas y que su participación fue voluntaria.
El trabajo de los abogados se tradujo en aportes a la campaña naranja. Según el reporte presentado por Fuerza Popular a la ONPE, Pérez aportó con “revisión de actas y cotejo de firmas, días 7 y 8 de junio del 2021” por un monto de S/1.000. Alan García Nores también figura con la misma cantidad. Juan Cauvi Abadia fue registrado con un aporte de S/5.426 por el mismo concepto, así como la “constatación de datos Reniec”.
En total, 42 abogados de 13 grandes estudios, entre ellos los del bufete ‘Payet, Rey, Cauvi, Pérez’, brindaron servicios al partido naranja para alimentar las denuncias de fraude, según el portal Ojo Público.
“No voy a declarar absolutamente nada”, dijo a Sudaca Juan Cauvi. La oficina de prensa del poderoso estudio señaló también que no emitirá declaraciones a nivel corporativo. El desfile de los abogados continuará en los próximos días en el despacho de José Domingo Pérez.
Un personaje clave asoma en la investigación que se le sigue a Mark Vito por presunto lavado de activos. Se trata del empresario Nikola Seremet Slavkovic, quien está en la mira del fiscal José Domingo Pérez por supuestamente simular contratos de corretaje con la empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces, perteneciente al esposo de Keiko Fujimori. Seremet supuestamente contrató los servicios de esta compañía en once ocasiones, entre el 2014 y el 2019, por un monto total de US$245.686 y S/17.318.
“Se advierte que Nikoa Seremet Slavkovic lo favoreció [a Mark Vito] al haber suscrito contratos de corretaje con el fin de hacer figurar a la empresa MVV Bienes Raíces como la corredora de inmuebles relacionados a su persona y con ello generarle una ganancia”, dice el fiscal José Domingo Pérez en la que abre la pesquisa contra Seremet y Vito, en julio pasado. El esposo de Keiko Fujimori ya fue investigado como parte de la maquinaria de Fuerza Popular en el caso Cócteles (por el que pidieron 22 años de cárcel para él). Ahora se le abre indagación por las sospechosas triangulaciones financieras en su compañía inmobiliaria.
Keiko Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular y esposa de Mark Vito. Foto: Andina.
El fiscal Pérez trabaja con la hipótesis de que MVV Bienes Raíces es una inmobiliaria fachada, que se valió de allegados a Mark Vito y Keiko Fujimori para darle apariencia de legalidad. En esa línea, el empresario maderero e inmobiliario Nikola Seremet se ha convertido en uno de los principales clientes de una compañía poco conocida en el mercado inmobiliario. “No conozco a esa inmobiliaria y sobre ese personaje (Mark Vito) nunca lo he visto en el mundo del corretaje”, dice la corredora Cecilia Cayo, expresidenta de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios y con veinte años de experiencia.
Nikola Seremet y Mark Vito se conocieron en el 2006, de acuerdo al expediente de la investigación. “Yo lo conocí (a Vito) cuando trabajaba en la empresa IBM de Estados Unidos”, declaró Seremet a la Fiscalía, en el 2018, como parte de la investigación del caso Cócteles. En ese momento fue citado como testigo. En el 2011, ambos constituyeron la empresa MNG Transportes. La pareja de la lideresa de Fuerza Popular abandonó esa compañía, en el 2013, vendiendo el 40% de sus acciones por US$80.000.
En el 2014 Mark Vito abrió MVV Bienes Raíces, teniendo como socio a Marc Koening, el esposo de Sachie Fujimori, la hermana de Keiko. Desde entonces afianzó lazos empresariales con Nikola Seremet, quien empezó a requerir los servicios de la compañía inmobiliaria.
El fiscal Pérez ha puesto en el punto de mira, por ejemplo, a un contrato de corretaje realizado el 15 de diciembre del 2014 entre Nikola Seremet y MVV Bienes Raíces por S/17.318. El motivo: la venta de una casa de Seremet en la Encantada de Villa, en Chorrillos. Los compradores fueron la pareja formada por Álvaro Baertl Espinoza y María Cárpena Macher.
Lo llamativo del asunto es que esa propiedad en Chorrillos fue adquirida por Seremet en junio de ese año por US$190.000, según el expediente fiscal. Y luego fue revendida, seis meses después, a US$550.000, más del doble.
Además, uno de los compradores del inmueble en la Encantada de Villa, Álvaro Baertl Espinoza, declaró ante el despacho del fiscal Pérez -en diciembre del 2020- y abrió la caja de Pandora. Baertl dijo que “las negociaciones para acceder, conocer y acordar el precio de la operación inmobiliaria la realizó de manera directa con el vendedor Nikola Seremet Slavkovic”.
“Esto es, sin la intervención y/o participación de la empresa de corretaje inmobiliario MVV Bienes Raíces ni de su gerente general Mark Vito Villanella o algún representante de esta, lo que devendría en una operación simulada”, concluyó el fiscal José Domingo Pérez.
Baertl, un empresario agroexportador, reculó después. Cambió su versión cuando declaró nuevamente ante el despacho de Pérez, el 23 de agosto último, y agudizó las sospechas. Dijo que la madre de sus hijos, María Cárpena Macher, fue “quien hizo las coordinaciones” para comprar el inmueble a Seremet y ya no él.
Según fuentes del Ministerio Público, el cambio de versión de Álvaro Baertl busca favorecer a Mark Vito porque, en un primer momento, se dijo que el esposo de Keiko Fujimori no participó en la operación inmobiliaria.
“El señor José Domingo Pérez se agarra de la deficiencia de una declaración que, posteriormente, se corrige. Fue una declaración mal dada de este señor Baertl que, en un principio, dice que él ha negociado directamente con el señor Nikola [Seremet]. Pero la verdad es que se coordinó con otros corredores, como el señor Mark Vito. Todo está documentado. Y, a pesar de eso, lo han involucrado indebidamente al señor Seremet”, dice a Sudaca, Álex Ganoza, abogado del exsocio de Mark Vito.
Mark Vito entregó una serie de correos y documentos con los que intenta acreditar que él participó como corredor en la venta de la casa de su exsocio, Nikola Seremet, en Chorrillos. Informó, además, que participaron en la operación dos agentes inmobiliarios más: María Berastain Arenas y la empresa MYL Productos, de Carla González del Riego, esposa del excongresista fujimorista Miguel Torres, un hombre de máxima confianza de Keiko Fujimori y que difícilmente lo contradirá.
Según este acuerdo, la comisión total por el servicio de corretaje sería de US$19.470, correspondiéndole a Vito el 30% (S/17.318) y a sus socios el resto.
Agosto, 2014. Documento redactado por Mark Vito que da cuenta de cómo tres agentes inmobiliarios se repartieron la comisión por la venta de la casa de Nikola Seremet, en la Encantada de Villa, en Chorrillos. Uno de los socios es MYL Productos, de Carla González del Riego Collomp, esposa del excongresista fujimorista Miguel Torres.
Pero, en el despacho del fiscal Pérez, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público, las dudas no están despejadas y siguen apuntando a la tesis de los contratos simulados con Nikola Seremet. Van a revisar la autenticidad de este convenio y los correos presentados por Vito.
UN DÍA DE SUERTE
La investigación a Seremet y a Vito apunta a otros contratos de corretaje, presuntamente fantasmas, según la tesis fiscal. En un mismo día, el 15 de diciembre del 2015, Vitó realizó tres operaciones con las propiedades de Seremet. Vendió, por ejemplo, dos terrenos industriales a Juan Higuchi Fukazawa, primo de Keiko Fujimori, ubicados en la urbanización El Pino, en San Luis. Una propiedad costó US$1’924.590, mientras que la otra tuvo el valor de US$1’225.402. El negocio fue posible gracias a la mediación de Mark Vito.
Los hermanos Juan y Eduardo Higuchi Fukazawa son caseritos de MVV Bienes Raíces. Han comprado inmuebles ofrecidos por la empresa de Mark Vito por un total de US$12’315.185, según un informe del portal “El Foco” basado en documentación fiscal. Todo queda en familia.
“A inicios del año 2015, Mark me ofreció dos lotes (…) a US$1.600 el metro cuadrado, pero al final se llegó a un acuerdo de alrededor de US$1.200 aproximadamente. Ello mediante el servicio de la inmobiliaria MVV Bienes Raíces”, dijo Juan Higuchi al despacho de José Domingo Pérez el 6 de noviembre del año pasado. Higuchi añadió: “Asimismo, preciso que no se ha pagado ninguna comisión a la inmobiliaria (MVV Bienes Raíces)”.
Vito, en cambio, recibió comisiones por la venta de estos dos terrenos. El cliente: Nikola Seremet. Los pagos fueron por US$57.737 y US$36.762.
15 de diciembre, 2015. Factura de MVV Bienes Raíces, de Mark Vito, que consigna el pago de comisión de Comercial Maderera Andina, de Nikola Seremet, por US$57.737 por la venta de un terreno de US$1’924,598.00 a Juan Higuchi, primo de Keiko Fujimori. Dos operaciones más se harían ese día.
El mismo 15 de diciembre del 2015, el día que Nikola Seremet vendió dos terrenos industriales en San Luis, se cerró otro acuerdo. CMA, una inmobiliaria de Seremet, firmó un contrato de alquiler de un inmueble por diez años con la empresa Autoclass, representada en aquel momento por Sergio Vallencoso. Este último fue un aportante de la campaña fujimorista del 2011 con S/140.630, según el expediente fiscal. Vito recibió por esa operación una comisión de US$30.368.
“El señor Mark Vito crea una empresa, MVV Bienes Raíces, que me brinda servicios como agente inmobiliario desde el año 2014”, dijo Seremet, en su declaración en el 2018. El empresario, actualmente en Italia, se ha convertido así en una pieza clave en la investigación.
“El tema está en la imaginación del fiscal Domingo Pérez al decir que todo está simulado. Pero ahí están los documentos registrales, bancarios e hipotecarios”, dice Álex Ganoza, abogado de Seremet. Giulliana Loza, abogada de Mark Vito, no respondió a las llamadas para este informe. La investigación de la trama inmobiliaria recién empieza.
Aunque el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el último jueves que el retorno a clases presenciales se daría a partir de marzo del 2022, miles de escuelas ya lo han hecho de manera semipresencial. La mayoría está ubicada en zonas rurales. En agosto pasado, el Minedu dijo que estas cumplían con todos los cuidados para proteger a los niños del coronavirus, pero una serie de informes de la Contraloría de la República -a los que Sudaca tuvo acceso- revela una situación distinta.
El órgano de control hizo inspecciones a 33 escuelas en las regiones de Ucayali, Loreto, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y San Martín y realizó un informe por cada una de ellas. Los resultados dan cuenta de la negligencia de las autoridades locales de Educación y de los profesores. Un claro ejemplo es lo que pasa en la Institución Educativa N° 82249, ubicada en la provincia cajamarquina de San Marcos.
En este colegio -de acuerdo al informe y a las fotos que los inspectores pudieron tomar- los alumnos no usaban mascarillas durante sus clases [ver fotoportada] y no respetaban el distanciamiento social obligatorio. De hecho, algunos alumnos compartían mesa, lo que no garantiza la distancia mínima de dos metros.
“De la verificación a las aulas de la IE, la comisión evidenció que los alumnos no usaban mascarilla; así como había alumnos que compartían un mismo escritorio, no manteniendo la distancia mínima establecida [de 2 metros]”, se lee en el documento de la Contraloría, que visitó la institución el 27 de octubre.
Además, en este colegio los niños no pueden desinfectarse correctamente las manos. Las “estaciones de lavado” (lavaderos) que tienen en el local no cuentan con jabón, papel toalla y se encuentran en espacios cerrados. Este último punto transgrede las disposiciones del Minedu publicadas en marzo de este año, donde se señala que estos puntos de aseo deben estar en un espacio abierto.
Al incumplimiento se suma la precariedad. Las mentadas “estaciones de lavado”, en el caso de este colegio, no son otra cosa que bidones rellenos con alcohol, dice la Contraloría. Así estamos.
La «estación de desinfección» del colegio cajamarquino es, como se puede ver, un bidón de agua relleno con alcohol dentro del salón de clases.
Estas situaciones alarmantes no son sorpresa si tenemos en cuenta que, como constataron los inspectores, esta institución educativa no cuenta con paneles informativos que sirvan de recordatorio a los niños acerca de las medidas sanitarias para evitar la Covid-19. Una falencia que está presente en el 93% de las escuelas visitadas por la entidad de control, de acuerdo al informe.
Condiciones precarias
Otra desagradable sorpresa se llevaron las autoridades cuando visitaron el colegio cusqueño ‘José Carlos Mariátegui-Mahuaypampa’, el pasado 30 de setiembre. Las ventanas de las aulas no se podían abrir porque estaban selladas. El hecho violaba las medidas de ventilación. El informe que realizaron los inspectores sobre este colegio señala que, para arreglar el problema, personal de la escuela tuvo que retirar los vidrios. Así, a la mala.
“La comisión de control evidenció que estos [salones] cuentan con ventanas que no se encuentran operativas, al estar selladas, sin que estas puedan ser abiertas para una correcta ventilación, motivo por el cual se retiraron dos piezas de vidrio para el ingreso de aire. Sumado a esto, no se mantenía el distanciamiento social de dos metros”, se lee en el documento.
Mantener la distancia mínima de separación dentro del salón de clases es un problema que la Contraloría identificó en 12 de los 33 colegios inspeccionados. En el informe correspondiente a la Institución Educativa N° 821259 de Cajamarca, por ejemplo, se observan imágenes de mesas compartidas hasta por tres alumnos.
Así deberían estar organizados los salones según los lineamientos del Minedu. En los colegios visitados por Contraloría se compartían mesas.
Las condiciones en las que acuden los niños no solo pueden ser graves por la propagación del virus, sino por otras enfermedades provocadas por la precaria logística sanitaria de los locales. La entidad de control advirtió, por ejemplo, que ninguno de los 33 colegios que visitó contaba con un punto de acopio de basura que esté fuera del alcance de los estudiantes, lo que podría generar un foco infeccioso. Tampoco tenían contenedores adecuados para los deshechos.
Una de ellas, la Institución Educativa N° 65174 en Ucayali, no solo no tenía un área de depósito de residuos adecuada -con tachos y señalización-, sino que estaba al lado de un árbol a la espalda del colegio y al aire libre. Entre botar residuos al piso y eso, no hay mucha diferencia.
Otro colegio que tiene problemas con sus desperdicios es el ‘Gilberto Pérez Grandez’ de Tarapoto, ubicado en la región San Martín. Esta casa de estudios no cuenta con un ambiente para sus residuos y utiliza botes de pintura como contenedores. En su informe, la Contraloría señala que el director del colegio les dijo que no cumplían esta exigencia porque “la eliminación de los residuos sólidos se realiza de forma diaria”.
Una excusa similar dieron en la Institución Educativa N° 601028 de Loreto. El colegio no contaba con un punto de acopio de basura restringido a los estudiantes y el que tenían no estaba bien señalizado. La respuesta de las autoridades del colegio fue que “los residuos se entierran”.
A otras escuelas, como la Institución Educativa N°38541 en Huamanga, Ayacucho, se les ocurrió colocar las bolsas de basura al lado de los lavaderos, donde todos los niños se desinfectan continuamente.
El «basurero» improvisado del colegio ayacuchano. Está ubicado al lado del centro de desinfección para el alumnado.
La Contraloría reportó todas estas faltas al Minedu para que las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) corrijan la situación inmediatamente. La entidad de control también viene preparando informes similares sobre 17 colegios más.
Sudaca se comunicó con el área de prensa del Minedu para conocer qué medidas correctivas vienen implementando en estas escuelas. Sin embargo, al cierre de edición, no recibimos respuesta. Tienen tarea pendiente de cara a marzo del 2022, para que el necesario retorno a las aulas se haga de manera segura.
El complejo de restaurantes ‘Bordemar’ se ha enfrascado en una guerra judicial contra la municipalidad de Barranco. Desde que José Rodríguez asumió la alcaldía distrital, ha buscado la manera de desalojar a los inquilinos de este terreno, ubicado frente a la playa Las Cascadas, que fue concesionado en los 90 a una compañía de Gustavo Delgado Cafferata. Se trata del hijo del desaparecido broadcaster Genaro Delgado Parker.
Bordemar no cuenta con la zonificación correspondiente, no tiene el permiso de la Autoridad del Proyecto Costa Verde y, según la comuna, el concesionario debe más de US$7,5 millones de soles por la explotación del terreno. “Para nosotros el contrato ya está anulado y estamos en la fase de requerimiento de devolución del inmueble”, dice el alcalde Rodríguez a Sudaca.
A las deudas se suma una denuncia del año pasado por falsificar documentos ante la Marina de Guerra del Perú, en su afán por ampliar el negocio. La compañía niega las acusaciones, dice que las deudas son producto de los cierres que ha padecido y se aferra al contrato de concesión que le fue otorgado en los 90, protegido desde hace siete años por medidas cautelares.
La Autoridad del Proyecto Costa Verde (APVC), que maneja un plan de desarrollo para esa franja costera y está adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, también se opone a las autorizaciones obtenidas por Bordemar. “Es importante mencionar que este caso se encuentra judicializado, por lo que la comuna limeña espera un fallo justo que permita revertir lo autorizado, por cuanto en su momento no obtuvo opinión favorable por parte de la APCV”, dice en un escueto comunicado Fátima Gomero Denegri, gerenta de esta entidad.
La funcionaria no quiso emitir más comentarios a pesar de tener un rol clave en todo este asunto.
Izquierda: Carta de la municipalidad enviada a la concesionaria exigiéndole el pago de la deuda de más de S/7 millones. Fue en julio pasado. Derecha: Los cálculos del municipio.
CONCESIÓN SIN ZONIFICACIÓN
Gustavo Delgado Cafferata era presidente del directorio de la desaparecida empresa GD Group cuando, el 6 de julio de 1994, la Municipalidad de Barranco le dio en concesión un terreno de 10.000 metros cuadrados frente a la playa Las Cascadas. El contrato tenía una vigencia de 20 años y el objetivo de desarrollar allí un centro turístico, con restaurantes e incluso un casino.
Pero la zonificación no le permitía llevar a cabo esas obras. En abril de ese año, además, se había publicado la Ley 26306, que señala expresamente que las autorizaciones que se den “deben respetar las zonificaciones y ser compatibles con el Plan Maestro de Desarrollo [de la Costa Verde]». En la norma se lee, además, que ”dichas autorizaciones deberán ser ratificadas por la Autoridad del proyecto Costa Verde (…) la encargada de ratificar toda propuesta municipal o privada”.
El espacio pasó una década sin explotarse, hasta que el 2005 la municipalidad firmó un contrato de alquiler con otra empresa de Delgado Cafferata: World Entertainment & Communications (WEC). Fue por un área que está justo al costado del primer terreno. Y ese mismo año, GD Group le cedió a WEC la concesión de 1994. Todo quedaba en casa: ambas compañías tenían detrás al mismo empresario.
Así que, en la práctica, el hijo de Genaro empezó a administrar un área total de casi 15.000 metros cuadrados. Luego de ese 2005, construyó un complejo deportivo al que denominó Sport Point, un negocio que sí estaba permitido por la zonificación.
Hasta que llegó el 2010. Ese año, el concejo municipal acordó cambiar la zonificación del área de “zona servicios” a “zona turística”, lo que permitía la operación de restaurantes en la zona. La empresa de Delgado Cafferata tuvo entonces vía libre para volver a su idea inicial cuando firmó el contrato de concesión en 1994. El negocio iba bien hasta que el hijo de Genaro se cruzó con José Rodríguez, hoy alcalde de Barranco.
UN ALCALDE CONOCIDO
El 2011, la Autoridad del Proyecto Costa Verde era encabezada por Rodríguez, quien consideraba un escándalo el cambio de zonificación de las playas de Barranco. La comuna se había saltado olímpicamente a la autoridad que él representaba, encargada de dar luz verde a estas modificaciones.
Rápidamente, Rodríguez envió una carta a la municipalidad distrital manifestando su preocupación por los nuevos locales construidos en Bordemar. En mayo, solicitó que se anule el cambio de zonificación. El consejo municipal tuvo que acatar.
Pero el 2014 WEC denunció a la municipalidad por incumplimiento de contrato. El monto que pedían era de US$20 millones, según dicen en un comunicado enviado a este medio. Ese mismo año, los restaurantes pudieron reabrir gracias a una medida cautelar que pedía cumplir el convenio firmado en 1994 hasta que se resuelva el proceso judicial. Gracias a ello, el negocio siguió viento en popa y llamó la atención de varios emprendedores gastronómicos. Uno es el excongresista y exministro de Vivienda, Carlos Bruce.
Medida cautelar de mayo de este año a favor de Bordemar. La municipalidad alega que eso no impide que fiscalicen el lugar por no tener zonificación.
El 2016, Afe Gourmet SAC, la empresa de Bruce, inauguró La Trastienda. Y dos años después, el 2018, llegó al vecindario Arnold’s, de Damian Ode. Ambas obtuvieron sus licencias de funcionamiento en la anterior gestión municipal barranquina.
Los empresarios estuvieron tranquilos hasta que José Rodríguez llegó a la municipalidad en el 2019. Desde que empezó su gestión en Barranco, él ha puesto en la mira el complejo Bordemar por lo ya explicado: no opera en una zonificación adecuada ni con autorización de Autoridad del Proyecto Costa Verde.
¿Por qué no fiscaliza de la misma manera a restaurantes vecinos como Cala o Rústica? En la comuna responden que ambas construcciones están sobre una zonificación que permite el comercio y adjuntan el mapa.
El gran escollo que tenía la gestión de Rodríguez, sin embargo, era la medida cautelar que le habían dejado como herencia. Pero el alcalde señala: “Ese recurso de amparo dice claramente que la municipalidad no pierde su capacidad de fiscalización. Es decir, que el contrato se tiene que cumplir. Pero si estos señores tienen la cocina sucia, tenemos que fiscalizar”. Y así lo hizo.
OBJETIVO: DESALOJO
En el 2020 la pandemia obligó a los locales de Bordemar a cerrar temporalmente. Y cuando vino la reactivación económica, hacia setiembre, la municipalidad puso en marcha un plan de fiscalización.
“Nosotros hemos clausurado locales sin licencia ni defensa civil [al interior de Bordemar]. Y quedaron Arnold’s y La Trastienda, que son los únicos con licencia obtenida el 2016 y 2018. Pero no tienen el permiso de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. Por tanto, esas licencias tampoco han sido bien dadas”, explica el alcalde José Rodríguez, que dice que la clausura es parte de las medidas de fiscalización que la cautelar le reconoce al municipio.
En setiembre del 2020, la comuna cerró todo el complejo “por permitir el ingreso de personas para actividades no permitidas por la zonificación vigente”. En mayo de este año, una nueva medida cautelar dictaminó que la municipalidad debía dejar explotar la concesión, respetando el contrato de 1994. Pero la municipalidad insiste en que el Poder Judicial no les recortó su capacidad fiscalizadora.
Así, de acuerdo a un acta de la subgerencia de fiscalización, en octubre pasado la comuna volvió a usar los mismos argumentos para clausurar La Trastienda y Arnold’s: no contaban con la autorización del Proyecto Costa Verde.
Carlos Bruce, dueño de La Trastienda, se defiende. Dice que la mentada autorización no está contemplada en la Ley de Licencias de Funcionamiento del 2007, que exige a los municipios adecuar sus procedimientos a esa norma para emitir los permisos.
‘Techito’ también acusa a la municipalidad de sacar una ordenanza previa a la clausura de su local en la que incluían como razón de cierre precisamente eso: no tener la autorización de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. En la municipalidad responden que lo único que hicieron fue ingresar aquello como causal de multa y que se siguen amparando en la ley de 1994.
“La ley existe y eso ya implica una obligación de parte de quienes van a sacar un permiso. Lo que nosotros no teníamos establecido en nuestro cuadro de infracciones es una sanción para quien incumpla esa medida. Simplemente le hemos puesto una multa a eso que ya tenían que cumplir”, dice Rodríguez.
Alcalde de Barranco José Rodríguez. Se ha vuelto la peor pesadilla de Bordemar.
De acuerdo a los planos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además, La Trastienda está en el área alquilada. Como señalamos al inicio de este reportaje, desde el 2005 WEC -la dueña de Bordemar- tiene un terreno alquilado al lado de la concesión de 1994. Ahí se ubica el local de Bruce.
Aquel contrato es uno de alquiler, no de concesión, y señala que la empresa no podía subarrendar el terreno a menos que se cuente “con el asentimiento expreso de la municipalidad”. En WEC le sacaron la vuelta al asunto y aseguran -en un comunicado enviado a Sudaca- que no tienen un contrato de arrendamiento con la compañía de Bruce, sino uno de “asociación”. Dicen que AFE Gourmet es socio de la concesionaria. “No son mis socios, para nada”, había dicho Bruce a Sudaca días antes de tener la versión de la empresa de Delgado Cafferata.
En la municipalidad agregan que aquel contrato de alquiler ya caducó. Carlos Bruce, sin embargo, prefiere volver a poner como escudo la cautelar: “La cautelar es vigente para World Entertainment y para todos los locales con los que ellos tengan contrato. Al darme licencia, se me incorpora a la concesión”.
LA FALSIFICACIÓN
Hay más vacíos. El terreno donde se ubica el restaurante de Bruce está registrado a nombre de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE). De acuerdo a los planos municipales, el 70% de toda esa área está inscrita a favor de dicha entidad pública. Esto, según el municipio de Barranco, porque se considera una franja de protección acuática.
“Nuestra propiedad ahora se reduce al 30% de lo que teníamos antes [el resto es del SNBE]. Significa que esos locales están ahora en un lugar que debía ser libre, donde no debería haber nada porque ahora eso es una playa”, dice Rodríguez.
Pero Bruce no le reconoce ni siquiera ese 30% a la comuna. Por eso, dice que Bordemar ha empezado a tratar los asuntos empresariales con La Marina. Parece que no empezó con el pie derecho.
Parte de la resolución de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas que sanciona a la dueña de Bordemar: «Ha quedado evidenciado que la empresa, representada por su apoderado Gustavo Delgado Cafferata, ha presentado documentación fraudulenta e información falsa».
El 26 de agosto del 2020, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) emitió una resolución sancionando a WEC porque había “presentado documentación fraudulenta e información falsa” ante la Marina. El documento señala que la empresa de Delgado Cafferata solicitó un permiso para ampliar el proyecto Bordemar hacia el área acuática y colocar ahí un embarcadero. La resolución dice que WEC entregó dos oficios supuestamente elaborados por la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) que le daban al proyecto “la compatibilidad de uso” y una “certificación definitiva” para permitir su instalación.
Parecía que el imperio Bordemar crecería hasta que, en julio de ese año, la APCV le dijo a la Marina que no reconocía como suyos los documentos que presentó la empresa. La Dicapi dispuso sancionar a la empresa con 10 UIT (S/43.000) y remitir la resolución a la Procuraduría de la institución “a fin de que interponga la acción penal correspondiente”.
En WEC rechazan las acusaciones. “Quien realiza la falsificación es un trabajador del gobierno regional de Lima, por ende mi representada tomó acciones legales y denunció ante la fiscalía de corrupción de funcionarios”, dice la abogada de la empresa, Magaly Salvador. Eso no es lo que dice la Marina de Guerra en su resolución.
Bordemar, que enfrenta ahora a su posible desaparición, ha exigido al juez que le brindó la medida cautelar que ordene a las fuerzas del orden reabrir el complejo. Pero José Rodríguez tiene un plan B para clausurarlo.
El alcalde ha apuntado a las deudas de la concesionaria para resolver el contrato de manera definitiva. Según cálculos de la comuna, desde el 2007 la empresa ha dejado de pagar en rentas más de U$943.000. Con intereses, el monto ha llegado hasta los US$7,5 millones, asegura un informe.
En agosto de este año, el concejo municipal decidió que esto era una causal para resolver el contrato inmediatamente. WEC alega que el inicio de pagos debió empezar el 2009, dos años después de obtener sus licencias, y que “la municipalidad sigue cobrando sobre el año que nos han cerrado”.
Pero no es la única arruga de la empresa dueña del complejo. Según los registros de la Sunat, la compañía debe S/211.503 al Tesoro Público y a EsSalud. La empresa de Delgado Cafferata dice que no pudieron pagar los años en los que fueron clausurados.
El último sábado, un grupo de vecinos protestó en las instalaciones del complejo de restaurantes. «Sí a la playa, no a Bordemar», fue el mensaje.
EL PROBLEMA COSTA VERDE
El problema de la Costa Verde, sin embargo, excede a Bordemar. Es el producto de una serie de autoridades locales que dieron permisos sin apegarse al Plan Maestro de la franja costera. “La Costa Verde ha sido un espacio vulnerado en las últimas décadas en sus características geográficas y paisajísticas, y también en sus características de uso. Ya en el Plan Maestro, la Costa Verde estaba destinada a usos deportivos y de recreación, y esto se ha ido desvirtuando a raíz de las malas prácticas de ciertos alcaldes”, señala Oscar Apaza, arquitecto de UDEAL, organización que agrupa a profesionales y estudiantes de temas urbanos.
Para el especialista las autoridades han hecho con la Costa Verde lo mismo que con otros espacios públicos de nuestra ciudad “Concesionarlos, privatizarlos y desnaturalizarlos en su uso, generando en muchos casos espacios que funcionan alrededor del consumo. Consumo que, dicho sea de paso, sólo es accesible para algunas personas. Porque no estamos hablando de restaurantes al paso, sino de locales para clase media y alta”, apunta.
Aldo Facho Dede, cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, profundiza en el caos. “El problema de fondo no es si tiene que haber comercio o no en la Costa Verde. La manera más natural de que este espacio sea nutrido y concurrido es que tenga actividad urbana y comercial. Eso debería responder a un análisis mayor de qué es lo que queremos que sea la Costa Verde y qué hacemos para que eso sea así”, opina.
El fondo, dice, está en la gobernanza: “Es una sumatoria de actos individuales de corto plazo o con una intención política más que colectiva. Y tiene un problema de gobernanza, porque la Autoridad del Proyecto Costa Verde no es ni autoridad ni autónoma. Quienes tienen la responsabilidad sobre los terrenos y los recursos son los distritos. Y el distrito no piensa en la metrópoli, sino que tiene una mirada distrital”. Urge el liderazgo en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que lamentablemente no existe.
“No me he podido preparar en comprensión lectora”, reconoce el profesor de Matemáticas, Física e Inglés, Juan Luis Zegarra, que enseña en el colegio ‘Julio César Tello’ de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima. El docente, que trabaja hace más de 24 años y aún no está en la planilla del Minedu, dice que está casi seguro que saldrá desaprobado en el examen de nombramiento que rindió ayer sábado. «Me faltó contestar 15 preguntas de letras», asegura.
La prueba está dividida en tres partes: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimiento pedagógico de la especialidad. Para aprobar el examen se debe responder correctamente al 60% o más de las preguntas de cada área.
Los docentes Sonia Roque, Juan Luis Zegarra, Jorge Recines y Martha Dueñas confirmaron a Sudaca que no todos sus colegas pudieron prepararse, para dar la evaluación, en academias o grupos de estudio, porque no tenian los recursos económicos. Pidieron además suspender el examen (foto: Juan C.Chamorro).
La única vez que Zegarra estuvo cerca de ser ‘nombrado’ fue hace más de 16 años, durante el gobierno de Alejandro Toledo. En ese tiempo, recuerda, no se rendía examen como ahora. “Estuve apto para que me nombren en provincia. Allí era entrevista personal y [evaluación de] experiencia. No había examen. Saqué el puntaje mínimo para que me nombren. Pero, me descuidé y no viajé”, comenta, y lamenta la oportunidad perdida.
Asegura que en el 2019, bajo el actual modelo, no le quedó tiempo para contestar todas las preguntas de comprensión lectora y cultura general. Salió desaprobado. Zegarra, de 54 años, lamenta no haber tenido dinero para pagar una clase en alguna academia o en un grupo de estudio donde preparan a los docentes para este examen. Hay academias cuya clase de preparación puede llegar a costar S/50 soles, como es el caso del ‘Grupo Auge’, conocido entre los docentes. El profesor Zegarra no tiene hijos, pero su madre y su pareja dependen de su magro sueldo de S/ 2.000.
“No tengo los recursos. Tengo a mi hijo en la escuela militar y no me alcanza para pagar ni los S/20 que cuesta tomar una clase de preparación”, dice la profesora Marta Dueñas Ayala, del centro educativo inicial ‘Paraíso’, de Lurín.
Otros de sus colegas sí lograron pagarse una academia, un negocio que cada dos años -el tiempo en que se realizan las evaluaciones a docentes- parece hacer su agosto. Y es que algunos profesores no se sienten capacitados para afrontar las secciones del examen que no son de su especialidad.
La profesora de Comunicación Sonia Roque, por ejemplo, dice no tener vergüenza al contar que viene siendo desaprobada desde hace años. No puede con las preguntas de razonamiento lógico-matemático. “Es mi debilidad, por más que me preparo e invierto en una academia o con algunos amigos, no es mi especialidad. Yo soy de Comunicación. [Razonamiento lógico-matemático] lo dejo para última hora y ya no me da tiempo para resolverlo”, señala la docente, que enseña en el colegio para jóvenes y adultos (CEBA) ‘Ollantay’, en San Juan de Miraflores,
Jorge Recines Padilla, que enseña Lengua y Literatura, también se dio tiempo para participar en un grupo de estudios gratuito en Whatsapp. Apenas pudo repasar porque trabaja, además, como vigilante privado en un condominio.
Recines, que labora en el colegio para jóvenes y adultos (CEBA) ‘Pronoepsa’, en Breña, tiene que dobletear para pagar un préstamo bancario por el que le descuentan S/1.100 de sus S/2.200 de sueldo. El profesor tiene a su cargo una hija de 22 años y a su madre, María Angélica Padilla Delgadillo, una profesora cesante con 38 años de servicio que ha llegado a ser premiada con las Palmas Magisteriales.
En su examen de ayer, cuenta, solo respondió la mitad de las preguntas en el área de lógico-matemática. “En razonamiento verbal puedo sacar 20; en lógico-matemática, 10; en conocimiento pedagógico, 15. Pero, como he desaprobado matemática, estoy jalado. El examen técnicamente está hecho para jalar”, dice.
Hay otras quejas. La profesora de primaria Amelia Sánchez, por ejemplo, dice tener nueve años como docente contratada y haber rendido ya cinco evaluaciones. Pero hasta ahora no ha podido ser ‘nombrada’. Recuerda que en las últimas evaluaciones le fue bien en la primera fase, la del examen. No obstante, en la siguiente etapa, que consiste en que un jurado evalúe el desempeño de la docente en un simulacro de clase, no consigue avanzar.
“Cuando uno pasa a la segunda fase, allí se presentan 20 profesores para competir [por una plaza]. Obviamente, se ve ‘amiguismo’ [se refiere a favoritismo], pero no tengo las pruebas [para denunciarlo]”, señala. En esta ocasión, Sánchez, que trabaja en el colegio ‘Javier Heraud’, ubicado en San Juan de Miraflores, también optó por recibir clases en una academia. Dice haber desembolsado en total S/200.
La academia más solicitada, para preparar de forma virtual a los profesores para el examen, fue el ‘Grupo Auge’. Daban cursos hasta en la madrugada.
A los gastos en academia, otros le suman factores emocionales. La profesora de Arte, Sonia Apcho, madre de tres hijos, dice que cada dos años sufre de cuadros de estrés y ansiedad porque tiene temor a no pasar la prueba. “Llega diciembre y todos los contratados vamos a sufrir de eso. Es una preocupación. Nos podemos quedar en la calle y, otra vez, a comenzar de cero, a buscar trabajo”, dice la docente del colegio ‘Alfonso Ugarte’, de San Juan de Miraflores. Y es que una nota muy baja puede hacer, incluso, que otro colega la reemplace en el colegio donde trabaja.
Debido a la pandemia, sus gastos han aumentado porque tiene que pagar ahora el Internet en casa y ha tenido que adquirir un celular de alta gama para grabar y almacenar sus videos y enviarlos a sus alumnos. Con miras al examen, ha invertido S/120 en seis clases virtuales. No pudieron ser más porque “económicamente, todos los docentes nos hemos visto afectados en la pandemia, porque no hemos podido desarrollar otro tipo de trabajos”. La docente añade: “También porque hemos sufrido la pérdida de familiares y eso ha hecho que tengamos que gastar más”.
Los profesores Sonia Apcho, Franklyn Mendoza y Amelia Sánchez aseguraron a Sudaca, por separado, que el modelo del examen debe ser cambiado (fotos: Juan C. Chamorro).
La profesora Sánchez, por su parte, dice que la filtración era un secreto a voces desde el jueves pasado. “Incluso dicen que ya están vendiéndolo en provincias. Yo soy de Cajamarca y me dicen mis paisanos que varios lo tienen”, añade. Los congresistas de Perú Libre, Hamlet Echeverríay Wilson Rusbel Quispe, fueron las primeras autoridades en solicitar al Minedu una investigación por la filtración del examen de los docentes.
El ministerio de Educación anunció el inicio de las indagaciones, pero no se pronunció sobre una posible suspensión de la prueba. ¿Cómo acabará esta historia?
Este es el examen de 50 preguntas de razonamiento lógico matemático y comprensión lectora que le fue entregado a Sudaca. Esta prueba es similar a la que se tomó ayer sábado, aseguraron a Sudaca los profesores Sonia Apcho y Jorge Recines.
(*) Fotoportada de informe periodístico: Darlen Leonardo
Un hecho anecdótico resume la falta de liderazgo en el gobierno. El presidente Pedro Castillo sólo intervino en una de las 15 sesiones de Consejo de Ministros entre agosto y septiembre, de acuerdo a las actas liberadas por el Ejecutivo. Lo hizo en la reunión del 1 de septiembre y fue para decir, con comentarios breves, que se forme una comisión multisectorial para ver el alza del balón de gas, que se lea una carta de la embajada de Rusia en la que pide registrar la vacuna Sputnik V y que se evalúe abrir la frontera con Ecuador.
Acta de la sesión del Consejo de Ministros del 1 de septiembre, donde se ve que el presidente Pedro Castillo intervino dos veces. El mandatario sólo tomó la palabra en cuatro oportunidades en quince reuniones del Gabinete, entre agosto y septiembre.
La escasa comunicación del mandatario repercute en el Gabinete presidido por Mirtha Vásquez, que se caracteriza por su poca cohesión y por las intrigas políticas. Se trata de un Consejo de Ministros que agrupa a varios bloques, donde cada uno va por su lado, sin guardar lealtad a nadie. Por eso, la premier choca con Juan Silva, ministro de Transportes que representa la cuota de poder de Castillo, y con Eduardo González, de Energía y Minas, vinculado a Perú Libre.
Este despelote se plasmó con más fuerza en el caso del ministro de Defensa, Walter Ayala, acusado de actuar como un intermediario de Castillo para presionar por ascensos a altos mandos militares. El lunes 8 de noviembre, ante las denuncias, Vásquez se reunió con el presidente para recomendar la salida de Ayala y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco (también acusado de interferir en el proceso de ascensos), de acuerdo a dos fuentes gubernamentales. La premier estuvo acompañada de ministros considerados moderados, como Aníbal Torres (Justicia), Pedro Francke (Economía), Óscar Maúrtua (Cancillería) y Avelino Guillén (Interior).
Ayala, al tomar conocimiento de este pedido, lanzó un tuit aquel lunes 8 donde habló de poner su «cargo a disposición». Pero el mensaje fue un saludo a la bandera. Al día siguiente, el martes 9, el titular de Defensa dialogó directamente con el presidente en Palacio, saltándose a la primera ministra, para aferrarse al cargo. Argumentó que se trataba de un complot político.
Ayala ya había hecho lo mismo con el expremier Guido Bellido, quien le pidió su renuncia por avalar un comunicado de la Marina contra el excanciller Héctor Béjar. A ‘Puka’ lo ignoró olímpicamente. En ambos casos consiguió el respaldo del profesor.
Ayala, abogado de profesión, penetró en el círculo de confianza de Castillo por una recomendación de Richard Rojas, exjefe de campaña de Perú Libre, asegura una fuente cercana al ministro de Defensa.
Ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, aferrado en el cargo.
El reciente desaire de Ayala a Mirtha Vásquez desnudó un Gabinete desordenado y con poca comunicación. Vásquez no viajó a Ayacucho para acompañar al presidente a dar cuenta del balance de los primeros cien días de su gobierno, en desacuerdo con la permanencia del titular de Defensa. “No me sorprendió su ausencia, en el sentido de que estaba en medio de una situación bastante compleja, con los hechos ocurridos con el ministro de Defensa”, reconoce a Sudaca Gisela Ortiz, la ministra de Cultura.
Ortiz, junto con el titular del Interior Avelino Guillén, es una de las más cercanas a Vásquez en el Gabinete.
MINISTROS EN LA MIRA
La primera ministra tiene una fluida coordinación con Francke, Maúrtua y Anahí Durand. Sin embargo, mantiene sus diferencias, por ejemplo, con el ministro de Salud, Hernando Cevallos.
Según una fuente del Ejecutivo, en una reunión previa al pedido de confianza, Cevallos le planteó a Vásquez que incluya el tema de la Constituyente en el discurso de investidura que presentó ante el Congreso. Ella se opuso. Pedro Castillo revivió la propuesta el último miércoles en Ayacucho, cuando parecía un asunto enterrado para el gobierno. “Creo importante manifestarles lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un grito popular. Lo dijimos ante el Congreso de la República y hoy está a instancia del pueblo. El pueblo organizado tendrá que asumir su propio camino”, dijo.
Cevallos es visto con recelo por el círculo cercano de la primera ministra, que considera que su objetivo final es reemplazar a Vásquez como cabeza del Consejo de Ministros. Como parte de las intrigas, dos fuentes palaciegas aseguran que Cevallos le dice a Castillo y a su entorno que él puede unificar al Gabinete y a la bancada de Perú Libre por tener llegada con todos los bloques. El ministro de Salud fue requerido para este informe pero no accedió a las llamadas.
Cevallos se volvió a reunir ayer con la primera ministra, aunque no se supo los motivos del encuentro. “Hay que dejar que el gobierno siga adelante con su trabajo. Acabamos de lograr la investidura. El Ejecutivo necesita un espacio para poder implementar sus políticas. Si a cada rato interpelan ministros, es muy complicado llevar adelante todas las políticas que el país está reclamando. Hay que avanzar”, dijo Cevallos a “TVPerú”, antes de la cita con Mirtha Vásquez en la PCM.
La jefa del Gabinete, además, tiene en la mira a los ministros de Energía y Minas y Transportes, Eduardo González Toro y Juan Silva, respectivamente. El primero cuenta con el aval del ala dura de Perú Libre y postuló al Congreso, en el 2016, por Perú Libertario, el embrión del lápiz. El segundo es un recomendado del presidente.
La primera ministra Mirtha Vásquez saluda al presidente Pedro Castillo, en la entrega de dos naves de fabricación rusa, en la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, el viernes 13 de noviembre. Foto: Presidencia del Consejo de Ministros.
Vásquez cuestionó a González Toro –a través de un oficio– por no participar en las reuniones de la comisión multisectorial para masificar el gas natural. En la PCM han tomado nota también que este ministro fue cuestionado por los nativos awajún, en Loreto, cuando fue a negociar con ellos por la toma de la estación petrolera 5. Los nativos dicen que González ha actuado con “negligencia e inoperancia” y han pedido su renuncia.
González respondió a Vásquez en los mismos términos -mediante un oficio- sobre el asunto del gas natural. Dijo que él no pudo asistir por estar atendiendo otros conflictos sociales y le pidió “tener una mejor comunicación”. La respuesta fue un claro ejemplo de confrontación.
El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo también salió en defensa del ministro con uñas y dientes. “Donde se resolvió el problema de Antamina no fue en PCM. Fue en el Ministerio de Energía y Minas (…) la premier debería agradecer más bien”, dijo ayer a la prensa.
También acusó a Mirtha Vásquez de recurrir al chantaje. “Si ella está incómoda, las puertas siempre van a estar abiertas. Se lo he dicho al presidente, nosotros no podemos estar con nadie que nos chantajee con que ‘o haces lo que yo quiero, o me voy’”, señaló.
Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, va más allá y pide la salida de Mirtha Vásquez. “Yo pienso que esta señora ya está demás en el Gabinete. Lo que debe hacer es dar un paso al costado. No es necesaria ni indispensable”, opina Nájar para Sudaca.
“La señora Vásquez parece que está mareada. Y no se gobierna con oficios mandándoles a los ministros, como veo que está haciendo. Por lo tanto, si ella se siente incómoda, las puertas de Palacio y de la PCM están abiertas para que salga. Con lo que está haciendo lo único que hace es perder la confianza porque está peor que Guido Bellido, el anterior premier, disparando a su propio Gabinete. Cuando esas cosas bien podrían internamente conversarse y solucionarse y no dar este espectáculo. Es ridículo”, añade.
La reacción de Bermejo y Nájar no es un asunto menor. Los dos son escuchados por el presidente. Ambos son convocados a Palacio de Gobierno cada vez que hay una crisis política. Castillo los considera como interlocutores válidos de Perú Libre.
Cuando Vásquez asumió el cargo de primera ministra, colocó a Gisela Ortiz en Cultura y, luego, a Avelino Guillén en Interior. Después, encontró un Gabinete variopinto, donde algunos responden al presidente, otros a Perú Libre y otros a ellos mismos. En esas aguas turbulentas navega.
“Yo no me atrevería a hablar de crisis. Yo sí encuentro que hay discrepancias. Pero eso no significa una crisis política o un afán de desestabilizar. Desde un primer momento hay mucha presión de Perú Libre para ocupar algunos puestos y, por otro lado, la propia decisión del presidente para designar ministros. La fricción viene de ese nivel. La premier llega en una etapa de crisis y de mucho cuestionamiento”, dice la ministra Ortiz.
La primera ministra estuvo ayer en una actividad del Ministerio del Interior con el presidente Castillo, en una imagen cargada de simbolismo ante las versiones de una posible renuncia. La premier, sin embargo, continuó chocando con los ministros cuestionados. Esta vez el turno fue del titular de Transportes, Juan Silva, a quien le envió un oficio para pedirle explicaciones por la salida de Patricia Cama como titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Mirtha Vásquez parece haber descubierto que tiene al enemigo en casa.
Roosevelt Cárdenas Dávila, militante de Acción Popular, denunció que fue secuestrado el día de las elecciones internas, el pasado 25 de setiembre. Cárdenas fue designado delegado electoral del distrito de La Victoria y tenía la misión de supervisar los comicios y reportar cualquier incidente.
Su testimonio quedó consignado en un informe que presentó al Comité Nacional Electoral (CNE), el ente encargado de llevar a cabo los comicios del partido y velar por que no haya irregularidades. Cárdenas contó que un grupo de desconocidos había ingresado al local de votación y le exigían que firme un acta para anular las elecciones. Como no lo hizo, según sus propias palabras, lo secuestraron y no lo dejaron salir del local. “Se llevaban la mano a la cintura como queriendo sacar armas”, dice a Sudaca. El delegado tuvo que solicitar ayuda policial y salir escoltado del lugar.
“Debo manifestar mi total incomodidad, así como haber pasado momentos de zozobra por estas personas, ya que no dejaban el desarrollo del proceso electoral”, escribió Victor Sanchez Reategui, personero legal de la lista distrital que encabezaba Jorge Rivera Inuma, en su informe. Estas personas -dijo- impidieron que él pueda entrar al local, pero no evitaron el ingreso del personero de una lista rival.
Los testimonios de Cárdenas y Sánchez son apenas un botón de muestra de una jornada accidentada -a decir de los documentos, videos y testimonios que recogió este medio-, en la cual se eligió como nuevo secretario general nacional del partido a Edmundo del Águila Morote, y a una decena de dirigentes departamentales y distritales.
Aunque Del Águila juró el 31 de octubre, aún tiene que esperar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva una serie de impugnaciones presentadas por sus rivales para ser inscrito oficialmente. Entre las quejas está que el CNE anuló varias mesas de votación que pudieron cambiar la historia.
JORNADA ACCIDENTADA
Rafael Vásquez Neyra fue uno de los candidatos a secretario general. Cuando el 25 de setiembre se acercó a votar en las internas, en un local del distrito de Huacho, su nombre no figuraba en el padrón electoral. Así lo denunció en su página de Facebook y se ratifica para este informe.
“Esto se ha repetido en casi todo el país. ¿Usted se imagina a un candidato presidencial de la República que vaya a votar y no se encuentre en el padrón electoral?”, dice un ofuscado Vásquez a Sudaca. Y continúa: “Esas elecciones serían nulas. Eso es lo que ha pasado y es el principal argumento que hemos presentado ante el JNE para pedir que se anulen. ¿Cómo es posible que haya militantes que no hayan podido votar?”.
No fue el único lugar donde hubo problemas. En la región San Martín se anularon las votaciones del distrito de Banda de Shilcayo luego de que los padrones desaparecieran.
El 19 de octubre, Segundo Montilla Vela, presidente del Comité Electoral de San Martín, envió una carta al Comité Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad de AP en los comicios. En el documento aseguraba que sí les habían enviado los padrones. Incluso adjuntó el voucher del envío, que estaba a nombre de Doris Guerrero Guerrero, presidenta del CNE.
Sin embargo, el paquete con las actas y los padrones de todo el departamento no fue recogido por Guerrero, sino por Hugo Magallanes Torres, persona que no es militante del partido. Consultado por este medio, Magallanes admite su rol y dice que solo apoyaba a Guerrero. No dio más detalles.
Sobre los documentos extraviados nadie tiene respuesta hasta ahora. Al cierre de esta edición, Guerrero tampoco respondió las llamadas ni los mensajes para saber qué ocurrió con los padrones. Así, sin importar o investigar qué pasó realmente, se declaró la nulidad de las mesas del distrito por la desaparición del material. De acuerdo al comunicado emitido por el CNE, su ausencia “impide llevar a cabo unas elecciones limpias y transparentes”.
En Comas ocurrió un hecho similar. El delegado electoral, Luis Enrique Ángeles, encargado de enviar todos los padrones al CNE, fue acusado de no hacerlo. El proceso en este distrito también se anuló.
Orlando Apian Martinez, personero de una de las listas distritales, le mandó una carta notarial exhortándolo a entregar el material y a “presentar su descargo ante la instancia correspondiente”. La carta terminaba con una advertencia: “de no cumplir con la entrega del padrón, daremos inicio a las acciones judiciales respectivas”.
Carta notarial enviada al delegado Luis Enrique Ángeles Quispe exhortándolo a entregar el padrón electoral del distrito de Comas.
Ángeles milita en el partido de la lampa recién desde hace dos años. Nos comunicamos con él, pero respondió escuetamente: “no deseo, gracias”. El suegro del delegado es Álex Valenzuela Chipana, quien fue parte de la lista N°2 del distrito encabezada por Ada Luz Marquez Espinozaque. Esta lista apoyó públicamente la candidatura a la secretaría general de Edmundo del Águila.
Consultado por este medio, Valenzuela prefiere no entrar en detalles y asegura que él y toda su familia renunciarán a Acción Popular. “Nos equivocamos al estar en el partido”, señala.
“Si los padrones no llegaron, es responsabilidad del CNE. Ellos tendrían que abrir un proceso ante la Policía para determinar el paradero de los padrones y reclamar al propio delegado para que los recupere o ponga una denuncia. Pero no hacen nada y solo anulan la elección”, reclama Ivette Mendoza, secretaria electa de Juventudes de Lima Metropolitana que no juramentó como forma de protesta “ante las irregularidades que se han cometido”.
CAOS EN ATE
“¡Bájate de tu nube y cumple con tu chamba!”, le gritabaEdde Cuellar Alegría, alcalde de Ate, al delegado electoral del distrito, Junior Prado Quispe, el encargado por el CNE de informar cualquier incidente en el proceso electoral de esa jurisdicción. Prado se oponía al ingreso de más personas al local de votación. Y es que ya habían pasado las 4 p.m., hora en la que estaba previsto el término de la jornada.
De acuerdo al informe que entregó al CNE, el problema empezó minutos antes de las 4 p.m., cuando él y los personeros se percataron de queseguían llegando más personas al local de votación. La mayoría -según el delegado- eran funcionarios del municipio donde Cuellar es alcalde. El burgomaestre apoyó la candidatura de Edmundo del Águila Morote.
“Se quería que todos los que habían estado en la cola voten, porque como varios eran funcionarios de la municipalidad, los iban a favorecer [se refiere a la lista de Del Águila]”, se queja Prado en entrevista con Sudaca.
Debido a la coyuntura, asegura Prado en su informe, se dejó ingresar a un número reducido de personas. “No podía exponer a los miembros de mesa, porque ellos dieron su punto de vista de que no podía haber aglomeración dentro del local”, apuntó. Y añadió que a las 4:20 p.m. “se dejó ingresar a 30 personas y con ellos se procedió a cerrar el local”.
Hasta el local llegaron Edde Cuellar y Edmundo del Águila Herrera, hijo del candidato Del Águila Morote. Según Del Águila hijo, él se encontraba en el lugar porque era personero de la lista de su padre. Reconoce, sin embargo, que llegó sobre la hora. “En el recorrido que hace uno como personero, me encontré que en el distrito de Ate, a las 4 p.m., a la hora que acababa la votación, habían cerrado la puerta cuando afuera habían cientos de correligionarios que no podían votar”, dice.
Pero junto a Cuellar y Del Águila, de acuerdo al informe y los videos registrados, también estaban personas que no tenían nada que ver con el partido, como Pedro Augusto Chirinos Ruiz, subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes del municipio. Este medio pudo corroborar -a través de la web del municipio y sus redes sociales- que se trataba de él.
Los visitantes lograron entrar por una puerta lateral. Cuando “ingresaron los señores Edmundo del Águila Herrera, Pedro Morales Miranda y Edde Cuellar Alegría conjuntamente con personas ajenas al proceso de escrutinio, se perdió el control del material electoral, porque no hubo un control y supervisión adecuados”, se lee en el informe de Prado.
A pesar de que este comunicó que no daba fe de que el proceso se haya realizado con total transparencia, el Comité Nacional Electoral validó todos los votos del distrito, donde salió ganador Edmundo del Águila Morote con un resultado demoledor de 575 votos.
“Se me dijo de todo, se me amenazó, se me insultó. Ya no había garantías para llevar un proceso transparente”, cuenta Junior Prado sobre lo ocurrido ese día. Sudaca se comunicó con el alcalde de Ate para preguntarle acerca de su accionar en el local de votación, pero no nos respondió.
SUSPENSO
Los personeros del principal contendor de Edmundo del Águila Morote, el investigado por corrupción Julio Chávez Chong, han denunciado un supuesto fraude en las elecciones. Según sus propios cálculos, basados en un recuento rápido de los padrones, Chávez fue el ganador de los comicios por más de mil votos. Pero el resultado se habría revertido -aseguran- debido a que el Comité Nacional Electoral decidió ampliar el plazo para presentar pruebas sobre “posibles hechos irregulares ocurridos el día de la jornada electoral”.
En esta etapa, según ellos, el Comité Nacional Electoral anuló varias mesas de votación y es ahí donde el marcador se habría dado vuelta a favor de Del Águila, quien terminó llevándose una apretada victoria con 68 votos de ventaja. “Han eliminado miles de votos. Eso nunca se ha visto en la historia del partido”, se queja el también candidato Rafael Vásquez.
Según las propias cifras del CNE, la jornada terminó con 5.944 votos nulos o viciados. Vásquez y Julio Chávez Chiong ya han presentado impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque consideran que parte de esta cifra responde a las mesas que se dejaron de lado por las irregularidades descritas en este informe. Sus personeros señalan que, hasta el día de hoy, el comité electoral no ha cumplido con publicar los motivos que lo llevaron a anular ciertas mesas, como la de San Juan de Lurigancho.
Desde la campaña de Edmundo del Águila Morote también sostienen que el proceso no fue del todo transparente. Pero apuntan la artillería contra otras listas que participaron de los comicios.
“En varias jurisdicciones se encontraron firmas falsas de personas que nunca fueron a votar. Nosotros contratamos dos peritos para que revisen esos temas”, asegura Edmundo del Águila Herrera, hijo de Del Águila Morote. Hasta el cierre de edición, sin embargo, no compartió la información que avale sus denuncias. Su padre tampoco quiso hacerlo. “Nuestro estatuto nos prohíbe llevar los problemas internos a la opinión pública sin antes haberlos resuelto internamente”, afirma.
Mientras el Jurado Nacional de Elecciones no resuelva las impugnaciones, la nueva dirigencia no podrá ser inscrita. ¿El partido que preside el Congreso de la República seguirá, por sexto año consecutivo, sin nuevos dirigentes?
En el gobierno la amistad tiene recompensa. Un ejemplo claro de ello es la exmilitante aprista y defensora de Martín Vizcarra, Olga Chagua Timoteo, quien se encarga de diseñar estrategias para combatir la delincuencia en el Ministerio del Interior. Ella ocupa el puesto de viceministra de Seguridad Pública en esa cartera desde el 17 de octubre. La mujer de 41 años llegó al cargo por recomendación del presidente Pedro Castillo, aseguran fuentes de Perú Libre y del Mininter a Sudaca.
¿Cómo? Chagua se aproximó en los últimos meses a un grupo de ronderos de Chota, liderado por Sergio Muñoz Sánchez, hombre de confianza del mandatario. En junio, ella acompañó a Muñoz en una marcha de ronderos en Lima. El motivo: apoyar a Castillo en plena segunda vuelta. En un video de una concentración de ronderos, en el club departamental Cajamarca se les puede ver a ambos. “Nos encontramos en Lima para respaldar a Pedro Castillo Terrones en la condición de rondero, en la condición de dirigente sindical y en la condición de maestro”, dijo Muñoz en esa entrevista.
Junio, 2021. El dirigente rondero de Chota y amigo de Pedro Castillo, Sergio Muñoz Sánchez, brinda una entrevista en Lima. Al fondo, observa Olga Chagua Timoteo, actual viceministra de Seguridad Pública.
Chagua incursionó en la política en el 2008, cuando se afilió al Apra, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones. La aventura en el partido de la estrella terminó para ella en el 2014, pero mientras militaba en ese agrupación ejerció el cargo de fiscal especializada en delitos ambientales. Una carrera como defensora de la legalidad que empezó en el 2012.
La viceministra abandonó el Ministerio Público en enero de este año por “motivos de índole estrictamente personal”. Lo cierto fue, según confesó en entrevistas a la prensa de Huánuco, que le picó el bicho de la política. Entró al movimiento Perú Firme, que creó el fallido candidato presidencial, Daniel Salaverry. El expresidente del Congreso fue un aliado ocasional de Pedro Castillo en la segunda vuelta.
Este movimiento hizo una alianza con Somos Perú con miras a las presidenciales. Chagua postuló sin éxito al Congreso por el partido del corazón en la región Huánuco. Se hacía llamar la “Dama de Hierro” en su campaña e hizo una defensa del expresidente Martín Vizcarra, el invitado estrella de la agrupación.
Al ser consultada por la prensa local sobre la controvertida vacunación secreta de Vizcarra, Chagua dijo: “Aprovechamiento no veo. […] no olvidemos que esa vacuna que él se puso fue de un ensayo”.
Tras el estrepitoso fracaso electoral, Chagua se acercó al grupo de ronderos chotanos, liderado por Sergio Muñoz, y –por ahí– logró aproximarse a Castillo. “Agradezco [a Castillo] la gentileza de su tiempo y atención brindada”, escribió en su cuenta de Facebook, en julio pasado, tras reunirse con el profesor, en medio de las denuncias de fraude de la oposición por los resultados de la segunda vuelta.
El jefe de Estado nombró al exfiscal anticorrupción Juan Carrasco Millones como ministro del Interior. El nombre de Chagua nunca estuvo entre sus opciones para ocupar un viceministerio en el Mininter. Fue el presidente el que impuso la designación, de acuerdo a una fuente con conocimiento del tema.
Así las cosas, Chagua fue nombrada como viceministra de Orden Interno, un cargo que se enfoca en la labor preventiva para combatir el crimen. Desde ese puesto veía temas administrativos y logísticos. Y también construyó una relación con las rondas campesinas, en sintonía con el gusto de Castillo. La viceministra participó en dos reuniones (en Andahuaylas y Bagua Grande) con Sergio Muñoz, el amigo rondero del mandatario. Muñoz ha visitado al profesor en Palacio, en cuatro ocasiones, entre el 17 de agosto y el 2 de septiembre.
Olga Chagua, viceministra, y Sergio Muñoz, rondero y amigo del jefe de Estado, en otra imagen.
“La señora Chagua no tiene ningún mérito para ocupar ese cargo. Ella sólo está preocupada en posicionar su imagen. En una marcha de apoyo a Pedro Castillo en Huánuco, la señora se presentó con un polo con su nombre: Olga Chagua. Ese gesto no ha sido bien visto”, dice Elena Ramos, integrante del Frente de Defensa de Huánuco, un conocido colectivo ciudadano de la región.
Como contó Sudaca en una nota del 8 de octubre pasado, antes de ser destituido del cargo, Carrasco pidió la renuncia de la viceministra Chagua. Las razones: tener una agenda propia, no coordinar sus actividades y priorizar viajes a Huánuco, su región natal. Pero Carrasco cayó, como parte de la recomposición en el Gabinete, y Chagua se mantuvo.
El polémico Luis Barranzuela llegó para ocupar el sillón principal del Mininter y realizó una maniobra táctica: sacó a Chagua del viceministerio de Orden Interno para recolocarla en el de Seguridad Pública, un puesto más caliente que se enfoca en los planes operativos para atacar la delincuencia. La jugada ocurrió el último 17 de octubre. La recomendada del presidente se ha vuelto intocable hasta el momento. No accedió a dar declaraciones.
MÁS PADRINAZGOS
El presidente, además, movió otras fichas en esa cartera. El profesor chotano, José Rafael Heredia, fue designado como director general de la Dirección General de Gobierno Interior, que ve un asunto estratégico: la designación de los prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores a nivel nacional, cargos apetecidos por Perú Libre. Estas autoridades, aproximadamente 1.800 en todo el país, son claves para el control político porque suelen estar en lugares alejados. Representan al gobierno en temas de seguridad en esas localidades.
El partido del lápiz, con Vladimir Cerrón a la cabeza, declinó su aspiración –mediante un duro comunicado– de copar las prefecturas, ante la feroz pugna con Castillo y sus aliados. “El partido no sujetará su conducta política al condicionamiento de espacios laborales, porque le impediría tener una amplitud crítica, ejecutar acciones políticas o aplicar un programa leal al pueblo”, señaló Perú Libre sobre el tema.
José Rafael Heredia, al igual que Castillo, tiene un pasado político marcado por su militancia en Perú Posible. Ambos coincidieron en el partido fundado por el expresidente Alejandro Toledo, actualmente prófugo de la justicia. Castillo fue militante entre el 2005 y el 2017, mientras que Rafael se matriculó en la chakana en un periodo que va desde el 2010 hasta el 2015.
Este personaje tiene también como un aliado en la sombra al polémico profesor Grover Mamani, de acuerdo a fuentes del Ministerio del Interior. Mamani desató al inicio del gobierno una crisis política al ser voceado como la cabeza de la Dirección General de Gobierno Interior. Dos viceministros de la cartera, Carlos León y Nicolás Zevallos, renunciaron ante el posible nombramiento de Mamani, por considerar que no cumplía con el perfil para el puesto y ser un profesor radical en Puno.
Grover Mamani Condori, profesor en Puno, sigue cerca a la estratégica Dirección General de Gobierno Interior. Foto: Facebook de Grover Mamani.
El 21 de octubre pasado, el profesor chotano, José Rafael Heredia, acudió a Palacio a visitar al todopoderoso asesor Auner Vásquez. El actual director general de la Dirección General de Gobierno Interior asistió en compañía de Grover Mamani. “No puedo dar declaraciones”, dice José Rafael al ser consultado para este informe. El círculo se cierra.
“Por los cuidados que necesita un hombre de 81 años, cuidas de mi alimentación y alegras mi día”, escribió en su cuenta de Twitter, el 28 de octubre, el ministro de Educación Carlos Gallardo. Era un mensaje dedicado a su hija, Ynés Gallardo Calixto. “Alimentarlo”, sin embargo, no parece ser el único motivo de las recurrentes visitas de su retoña.
De acuerdo con el registro del Ministerio de Educación (Minedu), Ynés Gallardo, de 54 años, acumula cerca de 135 horas de visitas a la sede de la cartera. En total, ha ido 17 veces desde el pasado 12 de octubre, poco después de que Carlos Gallardo asumiera las riendas del sector. La hija del ministro siempre se dirige a un piso en especial, el 12, desde donde despachan los altos funcionarios del ministerio.
Allí, según se advierte en el registro, Ynés Gallardo asiste a “reuniones de trabajo” con su padre. Durante las horas de sus visitas, por ejemplo, ha coincidido en nueve oportunidades con Alfredo Rodríguez, asesor del despacho; y en seis ocasiones con Víctor Rodríguez Rabanal, sociólogo y asesor II del ministro desde el 21 de octubre.
También ha estado 13 veces junto al excongresista del extinto Frente Amplio, Edgar Ochoa Pezo, pese a que este no está nombrado, ni es funcionario del Minedu. Hasta inicios de octubre, Ochoa se desempeñaba como asesor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Tan solo esta última semana, Ochoa fue tres días para sostener “reuniones de trabajo” con el ministro Gallardo. Ynés Gallardo, de acuerdo con el registro, también estuvo presente en el lugar. Según fuentes del ministerio, pronto Ochoa sería nombrado nuevo jefe del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), entidad que maneja un presupuesto anual de más de S/1.300 millones.
@EdgarOchoaPezo, excongresista del extinto Frente Amplio asumirá esta semana la jefatura del Pronied. Desde que entró el ministro @CA_GallardoG, hace un mes, Ochoa registró más de 10 visitas al @MineduPeru. 1/2
La semana pasada, América Noticias mostró los lazos de amistad que tendría Ynés Gallardo con la educadora Maritza Sánchez Perales y la psicóloga Carolina Lizano Espinoza. Ambas fueron nombradas en importantes cargos bajo esta gestión: la primera como directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la segunda como jefa de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica.
La hija del ministro estuvo en el piso 12 al mismo tiempo que ambas funcionarias, incluso antes de que fueran designadas en sus puestos. Con Sánchez, coincidió en siete oportunidades; mientras que con Lizano, en 11 de los 17 días que fue al ministerio.
Ynés Gallardo también estuvo en el Minedu el pasado miércoles 3 de noviembre, entre las 10:22 a.m. y las 12:24 p.m., cuando el presidente Pedro Castillo visitaba el ministerio. Todas sus visitas registradas hasta antes del 4 de noviembre responden a “reuniones de trabajo”. Luego de que RPP revelara la cantidad de veces que ha visitado a su padre, los registros cambiaron y pasaron a llamarse “otros motivos-visita personal”.
Bajo esa denominación, Ynés Gallardo volvió a visitar el Minedu el 4 de noviembre, el día en que se llevó a cabo el voto de confianza en el Parlamento. Permaneció una hora y 40 minutos.
Sudaca buscó varias veces a Gallardo Calixto, quien prefirió no responder a nuestras consultas. Sí se pronunciaron desde el Minedu, negando que ella tenga algún tipo de participación en las labores del ministerio. «Su presencia obedece a las relaciones de cariño y respeto que existen en todas las familias y son parte de su ámbito íntimo y privado», respondieron ante nuestra inquietud. No se entiende -entonces- qué significa una “reunión de trabajo” para el ministro Gallardo, ni por qué su hija coincide tanto con asesores y funcionarios posteriormente nombrados.
Fuentes de alto rango del Minedu, sin embargo, desmienten la versión oficial, aunque piden mantener la reserva de sus nombres por temor a represalias. Dos funcionarios dicen, por ejemplo, que las mamparas de las oficinas del piso 12 se empezaron a cerrar cuando asumió Gallardo y que había que pedir permisos inusuales para acceder a este piso. Antes no era así. Las mismas fuentes opinan que ello se debe a que el ministro no quiere que vean con quién despacha y, por tanto, con quiénes decide las políticas del sector.
Cuatro trabajadores del Minedu con los que conversó Sudaca señalan que el ministro busca el apoyo de su hija debido a su avanzada edad. Segundo Vásquez, secretario general de la Fenate Perú, con quien Gallardo se reunió el último viernes, también reconoce que el viejo sindicalista ya no es el mismo. “Su comportamiento y temperamento no es igual que el de alguien menor. Es lo normal de su edad”, dice.
JUGANDO CON EL CARGO
La última visita que registra Ynés Gallardo es la del 5 de noviembre. Estuvo aproximadamente siete horas, siempre en el piso 12. Ese fue el primer día de la gestión de Carlos Gallardo con el voto de confianza del Congreso. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Recibir a los dirigentes del gremio de maestros que fundó Pedro Castillo, la Fenate Perú.
Gallardo se reunió en una maratónica jornada con una treintena de dirigentes de ese sindicato. En dicha reunión, la Fenate Perú presentó su pliego de reclamos y, luego de varias horas, acordaron armar siete mesas de trabajo sobre distintos puntos. Sin embargo, al momento de discutir sobre el examen de nombramiento de los profesores del próximo 13 de noviembre, ambas partes no parecían llegar a un acuerdo. La reunión, entonces, se tornó tensa.
El ministro sostuvo que era imposible postergar el examen por lo avanzado del proceso y que una salida para ello podría ser una iniciativa legislativa para cambiar la evaluación a futuro. Pero no era una solución inmediata. La Fenate, por su parte, insistía en aplazar la prueba a cómo dé lugar.
Gallardo entonces puso su cargo a disposición del gremio, según dos fuentes confiables que estuvieron en dicha reunión. “Gallardo les dijo que eso les podía ofrecer y que, si no aceptaban, renunciaba”, señala uno de los presentes a Sudaca.
Mauro Concha, dirigente de la Fenatep por Apurímac, otro de los asistentes a dicha reunión, confirma la versión. “Gallardo dijo que si no le entendían, daría un paso al costado. Somos conscientes de que no está cometiendo un acto irregular, está dentro del marco legal [el no aplazar el examen de nombramiento]. Nosotros tampoco encontramos fundamentos legales para ir en contra de lo que propuso”, asegura el dirigente.
Así las cosas, parece que la influencia del gremio de profesores, que según Vasquez acumula ya más de 150.000 afiliados a nivel nacional, puede tranquilamente sacar a un ministro.
