Lo que correspondería, de inmediato, en verdad, en el caso de Castillo, es procesar una vacancia por incapacidad moral. Sobre ella ya no hay duda posible y solo el interés pecuniario de algunos o la ceguera ideológica de otros, puede hacer que ello no se vea con absoluta claridad. Nos gobierna, según todos los indicios mostrados, un corrupto de marca mayor y el Legislativo debería proceder a sacarlo en las siguientes horas de Palacio.
Pero como, lamentablemente, el Parlamento está infectado de “niños” y “topos”, que han vendido su voto por prebendas (porque no hay pacto político detrás, no nos vengan con tonterías), el camino a seguir tendrá que ser, salvo sorpresa inesperada, el engorroso trámite de la denuncia constitucional bien fundamentada por la valiente Fiscal de la Nación. O por angas o por mangas, el Atila chotano debe dejar el poder lo antes posible.