Para quienes me siguen desde hace años no es ningún secreto que soy enemigo del sistema coactivo pensionario, tanto en su modalidad estatal como privada (ONP o AFP), porque le arrancha recursos a las clases medias que aportan y se los entregan a cuatro corporaciones privadas que lucran infinitamente con tales recursos, o se los dan al Estado que los gasta -para variar- ineficientemente.

Ello no es óbice, sin embargo, para no constatar que el proyecto que impulsa la congresista Carmen Omonte, que hace que de los actuales fondos privados, una parte se destine a un fondo estatal que los administrará para beneficio de quienes tienen menores pensiones, es un acto expropiatorio e inconstitucional.

Los llamados a decidir sobre sus fondos son los propios afiliados. Es más, de alguna manera ya lo hacen cuando, gracias a una ley reciente, pueden disponer de la casi totalidad de su fondo de retiro al cumplir la edad de jubilación, abandonando el esquema pensionario, porque consideran que tienen otras urgencias de mayor relevancia que tener una pensión permanente futura asegurada.

Para quienes tienen excedente de dinero, no es mala inversión una AFP. Otorga niveles de rentabilidad altos (aunque podrían serlo aún más si hubiera plena competencia en el sector y eso pasa porque se decrete la no obligatoriedad del aporte) y se manejan con profesionalismo. A ellos no puede venir el Estado a decirles ahora, luego de veinte o treinta años de aporte, que una parte del mismo ya no le será devuelta como pensiónsino que tendrá “fines sociales”.

Cabe indicar, por cierto, que este tipo de proyectos de ley es la consecuencia natural de que se generen nichos mercantilistas, no competitivos. Generan malestar ciudadano y la natural reacción de la clase política por tratar de satisfacer esa demanda (a eso se dedican los políticos acá y en cualquier país del mundo) los lleva a plantear iniciativas legales que, como en este caso, terminan siendo peores que el problema a resolver.

Insistimos: solo cuando sea absolutamente libre para un trabajador decidir destinar una parte de su sueldo a financiar una pensión de jubilación o no hacerlo y ese mejoramiento de sus ingresos destinarlo a su propia “cartera de inversiones” (salud, educación, vivienda, etc.), se habrá logrado asentar un principio de justicia y libertad en el sistema pensionario. Esa es la reforma madre que debemos alentar.

Es un fallo histórico que el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima haya ordenado al Ministerio de Salud y a EsSalud que se respete a plenitud la decisión personalísima de la ciudadana Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida mediante el proceso técnico de la eutanasia.

Triunfa así el derecho a la vida digna. Y lo más importante, es una victoria gigantesca en la múltiple lucha por las libertades civiles que en el Perú venimos librando con retraso. Hay mucho que agradecerle a Ana Estrada en esta batalla por momentos solitaria, pero siempre muy acompañada por personas y colectivos que buscaban hacer prevalecer un derecho humano básico, como es el de disponer sobre la propia vida cuando las circunstancias clínicas o médicas no garantizan una vida dentro de los cánones que la propia persona considera que no ameritan seguir con ella.

Hay muchas batallas por librar en el país en materia de derechos civiles. La lucha feminista por los derechos de la mujer sigue su camino, aún incompleto, lleno de prejuicios machistas anacrónicos y primitivos. Los derechos sexuales y reproductivos han mejorado apenas unos centímetros en los últimos años, pero estamos a años luz de los parámetros de una sociedad moderna y liberal. La lucha porque niños y adolescentes sean respetados en sus fueros psicológicos y físicos supone una terrible lucha cultural en un país acostumbrado a utilizarlos de mano de obra o, lo que es peor, de desfogue violento de propias frustraciones.

Junto con todo ello, queda mucho por hacer en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas andinos y selváticos, a quienes se solivianta en sus derechos de propiedad, su respeto al hábitat o su libre voluntad de ejercer una mínima soberanía cívica sobre su quehacer cotidiano.

Deberá incorporarse también a la agenda de los derechos humanos, la lucha por las prerrogativas mínimas de los inmigrantes, víctimas hoy de la marginación legal, por ende laboral o de acceso a servicios básicos, y que en estos días sufren de una ola de xenofobia cruel y criminal.

Todas estas batallas, bueno es recordarlo, están en grave riesgo si en las elecciones venideras prosperan opciones conservadoras radicales, que no recalan tan solo en la derecha sino también la izquierda. Si queremos ser una sociedad inclusiva, moderna, liberal, debemos ponerle coto a las opciones cavernarias que pretenden hacerse del poder para imponer su agenda pasadista y reaccionaria.

Por más desverguenza del expresidente Vizcarra o graves errores cometidos por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro que haya habido respecto de la bendita reunión sostenida para presuntamente coordinar apoyo logístico, en esencia el caso Cuellos Blancos sigue plenamente en pie, con abundante data probatoria e indicios más que suficientes para sancionar penalmente a muchos magistrados, políticos y empresarios.

Lo mismo sucede con el caso Lava Jato y Club de la Construcción. Por más eventuales errores procesales que se puedan haber cometido (prisiones preventivas exageradas, demoras en las acusaciones, etc.), no cabe duda de que estamos, en conjunto, frente a un conglomerado de corrupción nunca antes visto en la historia del país. Equipara, por la cantidad de personas involucradas y dinero sucio en juego, al propio proceso seguido contra la mafia fujimontesinista en la década del 2000.

En esa línea, resulta francamente risible ver al inefable exfiscal de la Nación Pedro Chávarry pasearse orondo, queriendo transmitir que con la información dada a conocer él resulta moralmente exculpado. Por más ayuda que reciba de sus “hermanitos” mediáticos, su caso es uno ejemplarmente sancionado por la Junta Nacional de Justicia.

Más allá de PPK, de Vizcarra, de Merino o de Sagasti, hay un proceso fiscal y judicial en marcha desde hace años que desde diferentes ángulos supone, casi inéditamente en nuestra historia republicana, una limpieza moral de corruptos por doquier. Que se cometan errores o más que desprolijidades en el camino, no puede abonar en favor de quienes quieren tumbarse todo el proceso, regresar el statu quo precedente y volver a fojas cero la ola putrefacta que se ha descubierto.

Más bien, hay que saludar que a pesar de la inmensa crisis que vive el país, que incluye aspectos económicos, sanitarios, políticos, sociales y morales, por lo menos haya un grupo de fiscales y jueces que está haciendo correctamente su labor en favor de asentar el principio de que el delito paga y que la impunidad nunca más debe reinar.

Entre las pocas cosas que hay que celebrar en estas cercanías del bicentenario está justamente la labor de extirpación corrupta que se ha logrado y que aún falta concluir en el Perú. Que no nos confunda la alharaca del lado oscuro.

El próximo Congreso va a ser determinante. Ningún partido alcanzará mayoría y necesitará de hacer pactos para lograr una relativa gobernabilidad que rompa con esta vorágine política extrapolada del convulso siglo XIX a la actualidad por obra y gracia original de un Presidente como Kuczynski, absolutamente frívolo respecto de sus responsabilidades, y un Congreso fujimorista guiado por el odio y el afán de obstrucción, que fueron incapaces de firmar un acuerdo de gobernabilidad centroderechista que hubiera cambiado el país para bien.

En estos momentos, más que la Presidencia parece más importante el voto por el Congreso. Necesitamos un mejor Legislativo que ayude al país a remontar la pavorosa crisis social, económica, sanitaria, política y moral que hoy lo asola. Un Congreso responsable, no populista, reformista, dinámico, fiscalizador. A continuación una lista personalísima de candidatos por Lima que, a mi parecer, ojalá estén presentes en el Congreso. Es una lista, por supuesto, arbitraria y se basa en el conocimiento directo e indirecto de los mencionados (pido disculpas anticipadas porque hay listas de partidos como las de Acción Popular o el Frente Amplio en las que, ignorancia mía, no conozco a nadie, y por eso no aparecen en el listado).

Victoria Nacional: Jorge Nieto, Patricia Arévalo, Jorge Chávez, Joaquín Rey, Jean Ferrari, Gonzalo Alegría; Fuerza Popular: Hernando Guerra García, Patricia Juárez, Ernesto Bustamante, Fernando Rospigliosi,  Amador Merino Reyna; Juntos por el Perú: Arturo Ayala, Sergio Tejada, Sigrid Bazán, Marité Bustamante, Carlos Glave, Roberto Rodríguez Rabanal, Lucía Alvites; Podemos Perú: Carlos Anderson.

Avanza País: José Williams, Adriana Tudela, María Teresa Dulanto, Diego Uceda, Alejandro Cavero; Partido Morado: Susel Paredes, Rodolfo Pérez, Flor Pablo, Edward Málaga, Carlos Magno Salcedo, Ursula Moscoso, Patricia Gamarra; Alianza para el Progreso: Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Daniel Abugattás, Germán Leguía; Renovación Popular: Jorge Montoya; Perú Patria Segura: Elizabeth Zea; Partido Nacionalista: Wilfredo Pedraza, Alberto Otárola; PPC: Pablo Secada.

A partir del 2021 se va a necesitar firmar pactos de gobierno, que incluyan participación de diversas agrupaciones en determinados sectores del gobierno. Similares al pacto AP-PPC del 80 al 85, donde las carteras de Industria y Justicia eran del partido socialcristiano, o al de Perú Posible con el FIM donde la cartera de Justicia era para la agrupación de Fernando Olivera. Para ello se va a requerir de congresistas capaces de consensuar o de disentir, pero con solvencia profesional y tolerancia democrática

Preocupan las ideas económicas de Yonhy Lescano. Más aún si, como parece, va a pasar a la segunda vuelta y probablemente pueda ser nuestro próximo Presidente.

Ha dicho que va a crear cinco millones de empleos en base a pura inversión pública. Como bien ha señalado el economista Iván Alonso, ello supondría gastar 75 mil millones de soles al año, es decir la mitad del Presupuesto de la República. Un claro despropósito cognitivo.

Ha señalado que las empresas mineras no pueden ser propietarias del recurso una vez extraído del subsuelo.  Craso error. Más bien, se debe entregar a los privados (lo que incluye a las comunidades nativas), la propiedad del suelo y del subsuelo. De eso se trata, de ir en sentido contrario a lo que sugieren las pautas estatistas. Así, además, se haría justicia a los pobres, que recibirían un justo precio por las riquezas que anidan bajo sus propiedades.

Ha insistido en que el BCR regule las tasas de interés bancarias. En principio, no es verdad que sean las más altas de la región. Pero, además, si se interviene coactivamente el mercado, se va a generar informalidad o lo que es peor escasez de créditos. La solución es abrir más el mercado y que haya más competencia, no de fijar precios.

Ha reiterado que el agua no se puede privatizar porque es un derecho humano. Justamente si consideramos que lo es y queremos garantizarlo, se necesita que no sea el Estado ineficiente y administrativamente corrupto el que maneje tan esencial servicio. Debe ser el sector privado, con las correctas regulaciones, como corresponde a un servicio que por su propia naturaleza tiene que ser monopólico (no puede haber dos o más redes de agua y desagua en una ciudad).

Ha sugerido la creación de una línea aérea de bandera. Es un despropósito mayor. Es crear un forado fiscal inevitable y un antro de corrupción, como ocurre en todas las empresas estatales del sector en el mundo. Y proponer ello, cuando la aviación comercial transita por la peor crisis de su historia es casi delusivo.

Lescano es claramente un populista del centro izquierda. Yo no dudo de sus buenas intenciones y comparto su mirada crítica de los grupos de poder mercantilistas en el país, pero haría bien en entender que la mejor forma de enfrentarlos es con libre mercado competitivo, no con más Estado, de cuya nefasta experiencia empresarial tenemos sobrados ejemplos.

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Elecciones 2021, Yonhy Lescano

En el Perú ocurren 70 millones de actos médicos (atenciones, cirugías, consultas, etc.) al año, de los cuales 50 millones son públicos, es decir que transitan por alguna entidad estatal. Eso supone casi 140 mil actos médicos diarios.

Considerando una natural repitencia, es factible estimar que cerca de 20 millones de ciudadanos peruanos acude todos los años, en diversas instancias, a atenderse a alguna entidad del sistema público de salud.

Más allá de la actual situación crítica de la pandemia, ya antes de ello era moralmente inadmisible el sistema de atención, el maltrato individual y la indigna cobertura que recibían estos conciudadanos por parte del Estado.

Estoy convencido de que gran parte del malestar e irritación con el sistema existente en el país proviene del pésimo sistema de salud pública nacional. El acto médico supone un grado de indefensión del paciente y en esas circunstancias recibir el inhumano tratamiento que se prodiga del ente estatal es una cachetada a la integración simbólica con el sistema.

Por eso no deja de sorprender la miserable indolencia con la que todos los gobiernos últimos, sin excepción, han tratado al sector Salud. Es la Cenicienta presupuestal y se ha permitido que sea capturado por mafias sindicales y médicas que medran del miserable presupuesto que los gobiernos le asignan.

Más escandaloso aún es que no se escuche de parte de los principales candidatos una propuesta cabal sobre cómo reformar el sector, una reforma que se requiere a gritos. Con suerte algo se ha hecho en materia educativa, también, con remiendos, en materia electoral y judicial, pero en un sector que es vital no solo por sus consecuencias vitales sino esencial a la existencia de un Estado inclusivo y democrático, casi no hay líneas ni propuestas.

La salud pública, gratuita y universal, es una condición mínima necesaria para que el proyecto de construir una república en el Perú cuaje. El día que a un pobre lo atiendan con la misma diligencia que a un asegurado privado en una clínica particular, este país tendrá algo de viabilidad social y ciudadana.

Es una exigencia que la prensa y la ciudadanía le debe plantear a los candidatos. Superada la pandemia no podemos seguir coexistiendo con esa maquinaria de exclusión ciudadana que es el sistema de salud pública en el Perú.

La Fiscalía está siendo demasiado acomedida en el tratamiento e investigación que ha iniciado respecto del caso vacunagate. Acá el delito mayor no es haberse coludido para recibir indebidamente una vacuna, a expensas de la angustia de millones de peruanos que con más derecho que los beneficiarios esperan recibirla lo antes posible.

La hipótesis de trabajo con la que la Fiscalía debe trabajar es de que estamos frente a un colosal soborno, del cual fue parte mínima este lote de vacunas de “cortesía”. Hay demasiado indicios de que se dejó caer negociaciones con otros laboratorios para favorecer a Sinopharm, empresa estatal china que como tal debe estar acostumbrada a todo tipo de trasiegos (así funcionan las empresas chinas en el mundo).

En esa medida, debe incluirse en todos los rigores fiscales a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete (no se entiende por qué la Procuradoría las ha excluido del pedido de detención preliminar) y, por supuesto, al expresidente Martín Vizcarra, principal sostenedor del contrato con la empresa china.

De paso, haría bien el gobierno peruano en solicitar diplomáticamente a la embajada china su lista de beneficiarios. Puede usarse como instrumento de negociación y el gobierno chino, como su propia comunidad en el Perú lo ha señalado, haría bien en despercurdirse de las sospechas que en estos momentos recaen sobre ellos.

El gobierno, por su parte, a ver si de una vez por todas aprende a comunicar las cosas con claridad. Primero menciona una segunda lista, luego de que no hay tal; después anuncia el ingreso de privados a la comercialización de vacunas, luego se desdice. En ese trance, no sólo se percibe un régimen confundido sino uno cuyo carácter dubitativo parecería deberse a algún grado de involucramiento con la salvajada ética y penal de la que el país ha sido testigo.

Que no nos ocurra una vez más en nuestra historia que el latrocinio sale bien librado. Ya es una vergüenza lo ocurrido. Lo sería doblemente que se tienda un manto de impunidad sobre los miserables que han mancillado a la patria.

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Elecciones 2021

Luego de superar la pandemia, cuando se haya completado un mínimo plan de vacunación que la aminore, recién se podrá ver una luz al final del túnel de la recesión económica que las rígidas cuarentenas han producido (sigo pensando que han sido excesivas: no hay ningún vector que correlacione cuarentenas más estrictas con disminución de los contagios y muertes).

Cuando ese momento llegue, lo que el Perú va a necesitar no es de bonos, asistencia estatal o créditos subsidiados. Lo que se va a requerir a gritos es un shock de inversiones privadas, solo posible si desde el gobierno se destraban los nudos mercantilistas que afectan la libre competencia, se desregula el mercado laboral, se achica el Estado a lo mínimo indispensable y se sacan adelante megaproyectos diversos (entre ellos los mineros).

Un gobierno pichicatero de la inversión fue el de Alan García y a pesar de no ser uno promercado, disparó la inversión privada y eso generó la mayor reducción de pobreza de nuestra historia. Y si bien es cierto que contribuyó a ello el alto precio de los minerales, ese fenómeno está volviendo a ocurrir y debemos aprovecharlo.

Solo con un shock capitalista será posible construir un Estado capaz de brindar salud pública decente, educación pública competitiva, grados de seguridad ciudadana mínimos y un sistema de justicia confiable. Porque para ello se necesita recursos sinfín. Lo que el Perú necesita es un Estado chico con un presupuesto grande para poder incrementar las inversiones públicas donde es urgente y necesario.

La crisis pandémica no conduce al fin del “modelo neoliberal”, como gusta de llamarlo nuestra izquierda. Lo que hemos vivido estos últimos treinta años es un capitalismo mercantilista que aún a pesar de no haber sido liberal ha generado niveles de reducción de la pobreza y de la desigualdad inéditos en nuestra historia. Si hubiésemos tenido una economía liberal competitiva, ese crecimiento hubiera sido superlativamente mayor.

La única manera de que el Perú recupere su peso histórico en la región (como el que tuvo en la época prehispánica o en la colonia) es volviéndose una pequeña potencia capitalista, con altos grados de libertad económica y un Estado capaz de asegurar una mínima equidad social entre sus ciudadanos, haciendo a todos partícipes del desarrollo.

Si Hernando de Soto no se libera del empaquetado marketero que alguien le debe haber impuesto, va a quedar no solo congelado en la baja intención de voto que actualmente muestra sino que va a ser prontamente superado por alguien como Rafael López Aliaga, quien viene en alza, con un estilo desenfadado.

De Soto tiene los suficientes pergaminos académicos y políticos como para ser la estrella intelectual en el firmamento electoral que hoy nos toca en suerte. Es, además, y por ello se le reconoce mundialmente, una mente innovadora, capaz de ver una solución en medio de la oscuridad.

Cuando presentó a sus primeros colaboradores insinuaba una candidatura disruptiva de derecha, desde una perspectiva liberal y social potente. Pero algo ha pasado en el camino que su estrella se ha ido apagando.

Como comentábamos en nuestra columna de ayer, el asco ciudadano por el escándalo vacunagate va a tener secuelas electorales. La gente va a ir a votar de muy malhumor, por más que el gobierno acelere la llegada de las vacunas o el Congreso no siga cometiendo trastadas populistas o desastres políticos (como querer bajarse la Mesa Directiva).

En tales circunstancias, las posturas de centro o moderadas saldrán sobrando. La ciudadanía va a buscar posturas fuertes, claras, definidas, rupturistas, capaces de convocar la sensación de que se va a cambiar el statu quo.

Por ello, hace mal De Soto mediatizándose, tanto en su mensaje ideológico como en su estrategia de campaña. El autor de El misterio del capital y coautor de El otro sendero, es liberal, de derecha liberal. Se ve como una impostura que trate de morigerar sus planteamientos en el vano afán de conquistar un centro cada vez más diluido.

Estas elecciones se van a polarizar y se van a mover mucho respecto de la actual lista de intenciones electorales. Solo un 18% ha definido ya su voto, según Datum. Los indecisos, tan irritados como toda la ciudadanía por el espectáculo oprobioso que estamos viviendo con las vacunas VIP, buscará a quien mejor exprese su malestar. Y eso pasa por alguien que le prometa cambiar las cosas, no quien sea percibido como más de lo mismo. De Soto está a tiempo de despercudirse.

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