Para muchos, el problema del Perú está en el modelo y, por ende, hay que cambiarlo. La opinión es respetable y cada uno puede opinar lo que crea conveniente, pero siempre basándose en evidencia empírica. De acuerdo con las constituciones de 1979 y 1993, en el Perú existe una economía social de mercado. Sin embargo, una cosa es lo que está escrito y otra la realidad.
En todo el mundo, con contadas excepciones, las economías operan con una mezcla de mercado y Estado, y una economía social de mercado necesita de ambos. El tema, en teoría, funciona así: el sector privado, a través del mercado, genera riqueza, crea empleo y paga impuestos. El Estado, con los impuestos recaudados, financia el gasto público, que tiene como objetivo la redistribución de los beneficios del crecimiento económico. Perú tiene mercado y Estado. La cuestión de fondo es saber si ambos hacen lo que deberían hacer.
El mercado debe operar en un entorno institucional determinado, basado en la igualdad de condiciones para cualquier ciudadano. Pienso que esto no pasa en el Perú. Un porcentaje de ciudadanos con contactos en el Estado puede encontrar un empleo o conseguir algún beneficio para la empresa que maneja. En el Perú, las conexiones determinan, en una alta proporción, quiénes logran sus objetivos y quiénes no. Y eso es contrario al mercado.
El problema es que lo anterior no se llama libre mercado, sino mercantilismo. Y eso nos indigna a todos. Los privilegios para algunos se logran a costa de otros. Llamemos las cosas por su nombre y no nos engañemos. El mercado funciona dentro de una infraestructura institucional, en la que el Estado lo regula.
El Estado, por su parte, debe invertir en educación, salud y vivienda, entre otros, a fin de igualar las condiciones entre los que tienen y los que no tienen. ¿Lo hace? Me parece que no. La ineficiencia en el gasto y la corrupción lo impiden. Tampoco penaliza la concertación de precios, que aparece cuando las empresas se ponen de acuerdo para cobrar más caro o cuando alguien con conexiones con las personas que deciden lograr un objetivo que, bajo reglas iguales, no se habría logrado. También cuando aparece la corrupción, como en el caso de Odebrecht.
Y ahí aparece el rol del Estado regulador, que, en mi opinión, casi no funciona en el Perú. Mediante ese rol, el Estado debe evitar los abusos de la posición de dominio de algunas empresas. No todas son las grandes, como muchos señalan. Revisen bien la evidencia. Con un mercado que funciona gracias a las conexiones y con un Estado que no cumple su tarea, ¿de qué modelo hablamos?
No nos dejemos llevar por comentarios interesados. La solución es tener un modelo en el que el Estado y el mercado funcionen. Sin una visión multidisciplinaria, que incluya aspectos políticos, institucionales, históricos, entre otros, no entenderemos cómo lograrlo. El mercado crea riqueza y el Estado redistribuye y evita el abuso de la posición de dominio de empresas en el mercado. Ambos deben cumplir con su función.
