Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública en el despacho del Interior, atiende la llamada de Sudaca el miércoles 18 por la mañana. Hace una semana el país se preparaba para la primera gran marcha nacional en contra del gobierno de Merino. Hoy, la llamada “Generación del Bicentenario” llora la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado, víctimas de la represión de las fuerzas del orden. Valdés critica los procedimientos, señala a los responsables, pero pide no culpar a toda la institución.
Seré directo. La Policía Nacional del Perú (PNP), dentro de sus recursos, ¿tenía otras alternativas aparte de gases lacrimógenos y perdigones?
La normativa para el control del orden público ha evolucionado desde el 2003. Antes se usaban perdigones de metal, ahora solo se puede emplear armamento no letal, de goma flexible. Duele, inhabilita, pero no penetra ni causa daños mayores. Pudo haberse empleado el agua bajo presión. Eso es otro elemento disuasivo. Tal vez los vehículos ya se le malograron a la PNP. ¿Cómo demonios llegó una canica a la espalda de un periodista? Eso quisiera saber. Tienen que ver los cuerpos de los heridos y recabar información de los centros hospitalarios. Por la gravedad de los hechos, me parece que debe ser el Ministerio Público quien lleve la investigación policial.
Entonces, ¿cómo tuvo que actuar la PNP para mantener el orden público en las marchas sin recurrir a la represión?
La PNP no reprime porque sí. Es consecuencia de una situación que se desborda. Si la marcha se torna violenta, si la policía ve que se está afectando la propiedad o si son agredidos pueden responder. Eso es así en todas las policías del mundo, no es un tema de Perú. Todas tienen un protocolo de actuación y un conjunto de manuales. Además hay normas que exigen que se respeten los Derechos Humanos. Aquí se produjeron circunstancias donde no se respetó el uso gradual de la fuerza. Tampoco se consideraron otros planes.
¿Cómo cuáles?
Se pudo haber conducido a la multitud a través de un pasadizo estrecho por la Avenida Abancay. Habilitar un circuito para que puedan manifestarse y regresar nuevamente a la Plaza San Martín. Había otras soluciones. La Policía consideró de repente que con su personal era suficiente. No lo sé. Eso sí, son marchas que se han producido en una situación absolutamente inusual: un Estado de Emergencia. Espero que este gobierno restablezca los derechos suspendidos por dicha medida, como la detención con orden judicial, el arresto con fundamento y libre tránsito.
Parece que usted está convencido de que el Estado de Emergencia fue fundamental para las decisiones que tomó el alto mando policial.
Creo que fue una razón esgrimida por los jefes policiales y los dos Ministros del Interior que tienen que ver con esto: César Gentile y Gastón Rodríguez. Ellos quisieron aplicar a rajatabla la normatividad que existe para el control del orden público en un Estado de Emergencia. Y eso fue un error.
Otro error estaría en las respuestas dadas. ¿Por qué el ex Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y el alto mando de la PNP escogieron mentir antes que admitir errores en la planificación para las marchas contra el gobierno de Merino?
Yo comparto tu punto de vista. Lo dije también cuando hubo 13 fallecidos en Thomas Restobar. Ahora son 2. Ahí también hubo un problema de orden público. No fue una marcha, pero sí una concentración que en ese momento era una infracción a las normas de distanciamiento social. En ambos casos el subcomandante Jorge Lam no asumió la responsabilidad. Simplemente eligieron tergiversar la realidad, no sé si con la intención de que la gente se olvide, como ha pasado con Thomas Restobar. Nadie se pregunta ahora cuál es la condición de las víctimas ni los resultados de las investigaciones. La memoria es corta. Creo que ellos apostaron a que en una semana nadie se acordaría.
Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, Jorge Lam. Ellos son los que han sido señalados como responsables por lo ocurrido durante estos días. ¿Considera usted que son los únicos?
Para mí hay diferentes responsables. Los primeros son los operativos. Aquellos que entregaron cartuchos con munición prohibida para el control de multitudes y quienes dieron la orden de disparar. Esa es la responsabilidad directa de los jefes policiales que estuvieron a cargo en ese momento. Aparte de Lam está la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS), que la dirige el general Alexis Bahamonde. Está pasando desapercibido al igual que el general Jorge Cayas, jefe de la Región Lima. También están los políticos Flores-Araóz, Merino y Rodríguez, aunque ellos no pueden asumir responsabilidad directa. A menos que se determine que tuvieron algún tipo de injerencia en las órdenes policiales.
En una entrevista para Canal N usted dijo que “no se puede culpar a toda la PNP por lo que ha ocurrido”. Sin embargo, ¿cómo espera que la ciudadanía no lo haga si los efectivos señalados no se identificaron al momento de las intervenciones y mucho menos para lanzar bombas lacrimógenas y perdigones?
En la PNP hay 140 mil efectivos. Las Unidades de Usos Especiales (USE) y la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) son los que han participado en esto. En ellos está la responsabilidad de manejar el orden público. Después hay un amplio espectro de policías que están dedicados a enfrentar la delincuencia cotidiana, investigación criminal y luchar contra el crimen organizado. Lo que ha pasado el 14 de noviembre ha manchado a toda la institución. Por eso me parece importante que cuanto antes se determine a los responsables, con un debido proceso, claro está. La responsabilidad penal es individual, no institucional.
El martes 17 apareció Luis Fernando Araujo, reportado como desaparecido hace tres días. Él denunció que el Grupo Terna lo mantuvo encerrado todo ese tiempo. Además, señaló que lo golpearon. ¿Qué opina sobre la presencia de este comando especializado en las marchas?
Fue un uso incorrecto de ese grupo especializado para el control de disturbios. Pero no solamente eso. Un policía encubierto no puede detener a nadie si no está identificado por completo. Eso no está permitido. Ellos van a argumentar que estaban en flagrancia. No hay delito si la gente está simplemente marchando y se produce una suerte de gresca porque viene la policía a arrebatarles las banderas. Habría una falta de parte de la PNP porque el manual establece que no pueden entrar en contacto con los manifestantes y menos arrancarles sus banderolas. Lo que eso genera es una reacción instintiva de defensa y, por lo tanto, una respuesta agresiva.
El certificado de necropsia de Jack Pintado, uno de los fallecidos, dice que recibió 10 perdigones, lo que provocó su muerte. No fue uno, fueron 10 impactos de proyectiles, ¿cree que esto refleja, aparte de un mal accionar de los policías, también algo de malicia detrás?
Hay un error. Este chico puede haber sido alcanzado por un solo disparo de cartucho, pero que tenía 15 balines. No es que le hayan disparado 10 veces. Eso sí, tiene que haber sido cerca. Si tiene un balín en la cabeza y otro del abdomen hablamos de un radio de recorrido de aproximadamente un metro. Hay que mirar bien de qué tamaño eran los proyectiles. Los que se usan son de goma. Hay otros para caza mayor que no usa la policía, tampoco armas hechizas (caseras) que usan aire comprimido para lanzar el balín. Al igual que los de plomo. Eso es lo que tiene que investigarse.
A finales de septiembre se ordenó la primera prisión preventiva para un general PNP en actividad por una presunta compra irregular de mascarillas. Es una medida inédita en la justicia peruana. ¿Usted cree que los hechos acontecidos durante los días de protesta deberían sentar un precedente de igual nivel para quienes resulten responsables en la institución?
Ese es el caso del Jefe de la Aviación Policial, Andrés Vildoso. Se le acusa por organización criminal, no solo corrupción. Eso es ya un delito sumamente grave. La posibilidad de fuga y entorpecimiento de las investigaciones son las que justifican su prisión preventiva. Todo depende de la gravedad del delito que se impute. Sería homicidio culposo o doloso, pero en fin, es algo que tendrá que evaluarlo un juez en su momento.
En marzo, con Merino como presidente del Congreso, se promulgó la Ley de Protección Policial que evita que policías tengan responsabilidad penal si causan lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo influirá esto en los casos de los efectivos que sean acusados por los excesos en las marchas?
No serviría. La norma tiene el supuesto del uso reglamentario del arma. Aquí lo que se ha visto son armas prohibidas para el control del orden público, como perdigones de metal y canicas. No podemos hablar de un uso reglamentario.
Con todas las denuncias existentes, hay gente que empieza a pedir una reforma total de la Policía Nacional, ¿considera esto necesario o se puede arreglar todo cambiando los puestos de mando?
Donde se amerita un profundo cambio es en la formación del recurso humano y, por otro lado, desarticular los sistemas de corrupción, que son muchísimos. Sin ir muy lejos, el general Rodríguez Limo tenía una carpeta abierta por los Intocables Ediles. Hay gente que paga cuando recién van a estudiar para ser oficiales. Ese tipo de negocios están institucionalizados en la PNP en todos los niveles. La Policía bien formada y capacitada es la que no va a incurrir en esos usos. Por otra parte, sin corrupción, no van a adquirir material prohibido.
Durante mucho tiempo se promovió la frase “a la Policía se le respeta”, ¿cómo la PNP podrá recuperar la confianza de los ciudadanos después de la represión y las intervenciones desmedidas?
A la Policía se le respeta sobre la base de la verdad, honestidad y transparencia. Eso se tiene que recuperar. Por eso hay que modificar la calidad del recurso humano para brindar un mejor servicio y atención. Desarticular los sistemas de corrupción también para tener una policía que sea respetable.
