[INFORME] Óscar Zea y Paul Jaimes duraron menos de cuatro meses en el Ministerio de Agricultura, pero hasta ahora, aprovechando el derecho a defensa legal, le han costado al país más de 250 mil soles que, además, le ha sido pagados al personero legal del partido que ambos integran.
Acorde a la Ley del Servicio Civil, quienes son o han sido servidores civiles cuentan con el derecho de recibir asesoría y defensa legal en caso estén afrontando procesos judiciales, administrativos, constitucionales o investigaciones congresales que se vinculen con actos, omisiones o decisiones ejecutadas durante el ejercicio de sus funciones.
Si bien cuenta con respaldo legal, también es una realidad innegable que las cuestionables designaciones y acciones de presidentes, congresistas, ministros y otros funcionarios públicos en los últimos años han consumido una buena parte del erario público dado que estos no han desperdiciado la oportunidad de exigir que sea el Estado quien pague a sus abogados.
Pero, como si el poder tener un defensor pagado con fondos públicos no fuese suficiente, también se pueden encontrar casos de exfuncionarios que han salido de sus cargos en medio de serios cuestionamientos y, además, aprovechan este derecho para beneficiar con generosos pagos a abogados que, casualmente, también son sus socios políticos.
CAOS EN CUATRO MESES
En febrero del año 2022, el gobierno de Pedro Castillo anunció uno de sus tantos cambios de ministros. En esta oportunidad, Óscar Zea Choquechambi, quien también era miembro de la bancada de Perú Libre, había sido el elegido por el mandatario para estar al frente del Ministerio de Agricultura.
A las pocas semanas de su designación empezaron los cuestionamientos a su idoneidad para ocupar este cargo. El programa Panorama expuso que Zea Choquechambi había estado involucrado en una denuncia por homicidio y una investigación del periodista Bruno Amoretti reveló que, tras solicitar un adelanto de viáticos, el nuevo ministro se negaba a rendir cuentas sobre el uso de los más de veinte mil soles que recibió.
Pero entre estos datos alarmantes hubo uno que llamó la atención. Casi inmediatamente después de llegar al Ministerio de Agricultura, Óscar Zea designó como secretario general a Paul Jaimes Blanco. Este nombre quizá resulte conocido porque, efectivamente, se trata de quien en las últimas elecciones intentó llegar a la presidencia como candidato por el partido Progresemos.
Pero, como la propia Contraloría señalaría en un informe que se dio a conocer, Paul Jaimes Blanco no cumplía con los requisitos mínimos para desempeñar las funciones de secretario general de este ministerio. Sin embargo, y pese a que en un inicio el entonces ministro Zea dijo que no tenía problemas en retirarlo del cargo, terminaría blindándolo y la salida de Jaimes del Ministerio de Agricultura recién se concretó cuando Zea dejó de ser ministro.
La gestión de Zea Choquechambi terminaría poco antes de cumplir cuatro meses al frente del Ministerio de Agricultura. Pero esto también significaría el inicio de un nuevo capítulo debido a que tanto el exministro como su cuestionado secretario general terminarían involucrados en numerosas investigaciones por sus acciones durante un periodo que, si bien fue breve, también sería muy convulsionado y costoso para el sector agricultura.
UNOS EX MUY INSISTENTES
En los primeros días de junio del 2023, casi un año después del final de la gestión Zea, el Ministerio de Agricultura recibió numerosas cartas a nombre de Paul Jaimes Blanco. En una de ellas, el exsecretario general de Óscar Zea solicitaba que el Estado le pague un abogado debido a que estaba siendo investigado por la presunta comisión de delito contra la administración pública y alegaba que estos hechos habían ocurrido durante su paso por el ministerio.
Si bien, como se señaló al inicio de este informe, los servidores civiles cuentan con el derecho a solicitar defensa legal, esto aplica cuando los hechos por los que están siendo investigados están relacionados con las funciones del cargo público que venían desempeñando. Como Jaimes Blanco era investigado por haber sido designado como secretario general pese a no cumplir con los requisitos del puesto, su pedido fue declarado improcedente.
Pero, casi en simultáneo, Jaimes Blanco presentaba otra solicitud. También en junio del año 2023, Jaimes pidió que se le brinde defensa legal debido a que era investigado por la presunta comisión de delito contra la administración pública luego que un reportaje de Panorama expusiera chats en los cuales le enviaba currículos a una directora del ministerio para que contraten a las personas que él elegía.
Debido a que en esta oportunidad la investigación que lo involucraba estaba relacionada con hechos cometidos haciendo uso de su cargo de secretario general, el pedido de Paul Jaimes sí procedió y el Ministerio de Agricultura debió acceder a brindarle defensa legal para el caso en cuestión.
Sin embargo, para Jaimes Blanco esto no era suficiente y seguiría buscando que el ministerio se haga cargo de su defensa legal en todas las investigaciones en las que estaba involucrado. A finales de junio del 2023, Paul Jaimes pidió una reconsideración por el pedido que fue declarado improcedente a inicios de ese mismo mes.
Aunque el Ministerio de Agricultura le había explicado que esta solicitud no correspondía debido a que haber sido designado en un cargo no era una decisión tomada por él como secretario general, Jaimes alegaba que, como había aceptado el puesto y no renunció, entonces ello se debía interpretar como una acción suya como secretario general y, por lo tanto, correspondía habilitar el derecho a defensa legal. No obstante, el ministerio volvería a desestimar su pedido.
Las solicitudes de Jaimes continuarían durante el mes de junio. En otra de las cartas presentadas al Ministerio de Agricultura, el exsecretario general contaba que estaba siendo investigado por otro delito contra la administración pública al haber negociado directamente la compra de fertilizantes con Bolivia pese a no estar facultado para ello ni contar con opinión técnica. Nuevamente, Jaimes lograría el beneficio de defensa legal.
Luego de dos años, más precisamente en julio del 2025, Jaimes Blanco volvería a lograr que el Ministerio de Agricultura pague por su defensa legal. Esta vez, el secretario general que llevó Óscar Zea explicaba que una de sus investigaciones se encontraba en etapa intermedia y requería de este beneficio. Para ese momento, la defensa de Paul Jaimes le había costado un total de S/. 147,000 al Ministerio de Agricultura.
No obstante, el exsecretario general no era el único que se mostraba interesado en que su antiguo centro de trabajo le pague a su abogado. Óscar Zea, el responsable de llevarlo al Ministerio de Agricultura, también le estaba exigiendo a este ministerio que se haga cargo de sus gastos legales y, hasta la fecha, estos gastos relacionados con la defensa del exministro han acumulado un total de S/. 71,500.
En el caso de Óscar Zea es preciso señalar que sus solicitudes para que se usen fondos públicos para pagar su defensa por las investigaciones relacionadas con su etapa de ministro no sólo se presentaron al Ministerio de Agricultura sino que, aprovechando su cargo como parlamentario, Zea Choquechambi logró que el Congreso desembolse casi cuarenta mil soles extra para su abogado.
EL ABOGADO DEL PARTIDO
Pero Zea Choquechambi y Jaimes Blanco no sólo lograron que el Ministerio de Agricultura y el Congreso asuman los costos de su defensa legal en los casos que terminaron involucrados por sus lamentables acciones en un ministerio, también consiguieron que estos más de doscientos mil soles vayan al bolsillo de un socio político que comparten estos dos personajes.
Según pudo corroborar Sudaca, Carlos Alberto Príncipe Gonzáles fue el abogado que tanto Paul Jaimes como Óscar Zea presentaron al Ministerio de Agricultura y Congreso de la República para que reciban estos generosos honorarios que superan los S/. 257,500 por el concepto de defensa legal.
Por supuesto, que ambos opten por los servicios de este letrado está lejos de ser una coincidencia. En 2023, un año después del final de la aventura de Zea y Jaimes en el Ministerio de Agricultura, el exsecretario general decidió incursionar en política y fundó la organización política Progresemos.
Jaimes Blanco no dejaría fuera de este intento de llegar al poder a quien, pese a no contar con los antecedentes necesarios, le obsequió un puesto en un ministerio. Como se puede ver en la siguiente imagen, Óscar Zea intentó prolongar su etapa como congresista y fue candidato a diputado con el partido de su amigo.
Pero al hurgar un poco más en la historia de esta agrupación se puede encontrar que Carlos Alberto Príncipe Gonzáles también es el personero legal del partido que lidera Paul Jaimes e integra Óscar Zea. No sólo eso, en el documento de fundación al que pudo acceder Sudaca, Príncipe Gonzáles también figura como uno de los asambleístas de dicho partido.
Un dato extra en esta historia es que cuando Paul Jaimes fue puesto en el cargo de secretario general por Óscar Zea, Carlos Alberto Príncipe Gonzáles fue contratado por Jaimes para hacerse cargo de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Agricultura. Paradójicamente, las acciones del propio Paul Jaimes y Óscar Zea estarían muy lejos de la palabra integridad.
Aunque existe el derecho a recibir defensa legal, casos como el de Paul Jaimesbuscando interpretaciones forzadas para que se utilice dinero del tesoro público para pagarle al abogado de su partido u Óscar Zea que logró que le pague su ministerio y también el Congreso demuestran que, lejos de tener autocrítica por sus deficientes gestiones, algunos exfuncionarios parecen más interesados en exprimir tanto como sea posible la posibilidad de aprovecharse del dinero de los peruanos.
