[ENTRE BRUJAS] En un país donde durante décadas el asesinato de mujeres fue reducido a “crímenes pasionales” o “arranques de celos”, nombrar jurídicamente el feminicidio significó mucho más que incorporar una nueva figura al Código Penal: significó reconocer que la violencia contra las mujeres no pertenece al ámbito de lo privado, sino que constituye una grave violación de derechos humanos y una responsabilidad ineludible del Estado.
En el Perú, el feminicidio apareció por primera vez como tipo penal en 2011 y fue fortalecido en 2013, marcando un punto de inflexión en nuestra arquitectura jurídica. Por primera vez, las mujeres comenzaron a ser reconocidas en el ámbito penal como sujetas de derechos de manera individual, y no únicamente en relación con la familia, la maternidad o la vida conyugal. Este cambio no fue meramente técnico. Fue político, simbólico e institucional.
La tipificación del feminicidio permitió comprender que estos crímenes no responden a hechos aislados ni a impulsos individuales descontextualizados, sino a relaciones históricas de poder sostenidas por la desigualdad de género, la discriminación y la normalización social de distintas formas de violencia contra las mujeres. También permitió que las investigaciones incorporaran elementos antes invisibilizados: violencia previa, control coercitivo, persecución, violencia sexual, amenazas, acoso, hostigamiento o contextos de subordinación. En otras palabras, permitió investigar no solo el hecho, sino también las estructuras que lo hacen posible.
El feminicidio no describe únicamente una muerte; nombra la expresión más extrema de un continuum de violencia que limita la autonomía, erosiona la ciudadanía de las mujeres y, en su forma más brutal, les arrebata la vida.
Las cifras actuales confirman la urgencia de fortalecer —y no debilitar— esta respuesta estatal. Solo en 2025 se registraron 134 feminicidios en el país, y en lo que va de 2026 ya se contabilizan 29 mujeres asesinadas.
Por ello resulta profundamente preocupante que, en este contexto, desde el Congreso se impulsen iniciativas orientadas a eliminar esta tipificación. No se trata de un simple debate técnico ni de una modificación simbólica. Estas propuestas se inscriben en una secuencia más amplia de discursos y decisiones públicas que, en los últimos años, han relativizado la violencia de género, cuestionado avances normativos y debilitado instituciones creadas para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.
Suprimir el feminicidio del ordenamiento penal implicaría desmontar una categoría jurídica construida precisamente para investigar la violencia letal contra las mujeres con enfoque de género y debida diligencia reforzada.
Sus efectos serían concretos: debilitamiento de criterios especializados de investigación, mayores dificultades para acreditar contextos de violencia previa, pérdida de estándares acumulados por fiscalías y juzgados especializados, y una lectura nuevamente neutra de crímenes que, en realidad, responden a patrones estructurales de discriminación. En términos prácticos, ello podría traducirse en mayores espacios de impunidad y nuevas barreras para el acceso a la justicia.
La pregunta no debería ser por qué el feminicidio sigue existiendo pese a su tipificación. La pregunta correcta es qué más está dejando de hacer el Estado para impedir que la violencia contra las mujeres siga escalando hasta su forma más cruel e irreversible. En una democracia que se pretende igualitaria, proteger la vida de las mujeres no es una concesión ideológica ni una agenda sectorial: es una obligación jurídica, ética y civilizatoria. Porque el feminicidio no es el origen del problema. Es su consecuencia final. Y renunciar a nombrarlo sería, también, renunciar a transformarlo.
