[INFORME] La gestión de Renzo Reggiardo en la Municipalidad de Lima no sólo se está caracterizando por evitar los concursos públicos, también aprovecha la facultad de contrataciones no competitivas para encargar obras por casi 13 millones de soles a consorcios cuyos integrantes acumulan inhabilitaciones y hasta multas que superan los cien mil soles.
Tras la renuncia de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo logró convertirse en el nuevo inquilino del despacho municipal. Aunque fue en calidad de suplente, el excongresista pudo llegar al cargo que el voto popular le negó en 2018. Sin embargo, mientras Reggiardo Barreto hace realidad su sueño, la comuna limeña sigue viviendo una pesadilla con otra gestión de Renovación Popular.
Como se recuerda, el periodo incompleto de López Aliaga como burgomaestre había dejado serios cuestionamientos por obras inconclusas y un alarmante endeudamiento, y esta nueva etapa, con Reggiardo a la cabeza, no parece estar poniendo demasiado empeño por cambiar el rumbo y dejar una mejor herencia para quien asuma el cargo en enero del 2027.
Sudaca dio a conocer durante esta semana que la Municipalidad de Lima venía recurriendo a procedimientos de selección no competitivos para adquirir drones y cámaras por cerca de cinco millones de soles. En dicho informe, llamaba la atención que la empresa elegida no contaba con experiencia en el rubro. Sin embargo, este medio pudo acceder a nueva información sobre los contratos de la municipalidad que exponen una situación todavía más grave.
MÁS CONTRATOS A DEDO
Aunque Renovación Popular trata de mostrarse como un partido que defiende el libre mercado, algunas de sus acciones en la Municipalidad de Lima los posicionan directamente como enemigos de la competencia. Esto se viene reflejando en la inexplicable necesidad de evitar los concursos públicos.
La actual gestión de Renzo Reggiardo parece no ver con buenos ojos abrir la convocatoria a distintos proveedores y conocer qué oferta es mejor para los intereses de la ciudad. Por el contrario, han encontrado una modalidad que les permite elegir a dedo a un determinado proveedor que firmará generosos contratos.
En el más reciente informe de Sudaca se dio a conocer que se había recurrido en dos oportunidades a este procedimiento de selección no competitivo para entregarle a la empresa Original Systems, pese a no contar con larga experiencia en el rubro, dos contratos por cerca de cinco millones de soles por la adquisición de drones y cámaras. Sin embargo, ellos no han sido los únicos beneficiados por esta nueva política municipal.
En diciembre del 2025, la Municipalidad de Lima, alegando “situación de emergencia”, recurrió una vez más al procedimiento de selección no competitivo para encargar la obra denominada “creación del servicio de seguridad ciudadana local en la central distrital de operaciones de seguridad ciudadana en Cercado de Lima”.
El único proveedor al que la Municipalidad de Lima invitó a presentar una oferta fue el Consorcio Ingeniería, el cual está integrado por la empresa Sogu Constructora y una persona identificada como Marco Antonio Flores Razuri. Para el 18 de diciembre del año pasado, la comuna limeña le otorgaría la buena pro por un monto de casi trece millones de soles para la ejecución de la obra.
¡QUÉ TAL HISTORIAL!
Si bien llama la atención que la Municipalidad de Lima esté optando en tantas oportunidades por este procedimiento de selección no competitivo, la parte más indignante de esta historia recién estaba por conocerse. Como se señaló previamente, Consorcio Ingeniería, quien recibió la buena pro, se encuentra integrado por la empresa Sogu Constructora y Marco Antonio Flores Razuri.
En el transcurso del año 2020, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) convoca a un procedimiento de contratación pública para la elaboración de un expediente técnico y la ejecución de una obra relacionada con la reconstrucción de un local educativo ubicado en la región de La Libertad.
Quien obtuvo la buena pro fue el Consorcio Región Libertad, el cual estaba integrado por la empresa Zigurat Constructora y Marco Antonio Flores Razuri, el mismo que integra el consorcio al cual la Municipalidad de Lima le entregó más de doce millones de soles mediante el procedimiento de selección no competitivo.
Tras recibir la buena pro, el Consorcio Región Libertad se encontró en la obligación de presentar una serie de documentación para que la contratación siga su camino. Fue en este momento cuando empezaron los problemas. Pese a que Pronied le otorgó al consorcio ganador dos oportunidades para cumplir con las exigencias, el consorcio no cumplió.
Tal como se detalla en la siguiente imagen extraída de una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, el consorcio integrado por Flores Razuri incumplió con varias de las exigencias hechas por Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Estos incumplimientos llevarían a que se produzca la pérdida automática de la buena pro.
Cuando se produce una revocatoria de la buena pro sin motivos de fuerza mayor e impulsada únicamente por el incumplimiento del postor ganador, el siguiente paso suele ser un proceso sancionador por el perjuicio ocasionado, en este caso a Pronied, debido a que deberán empezar desde cero con la convocatoria al concurso público y las obras de reconstrucción tomarán más tiempo del esperado.
Por ello, en agosto del 2021, las dos partes que integraban Consorcio Región Libertad recibieron sanciones. A Marco Flores Razuri, el Tribunal de Contrataciones del Estado le impuso una multa de más de cien mil soles por incumplir con la presentación de información exigida por Pronied tras haber recibido la buena pro.
NO ES LA PRIMERA VEZ
Pero esta no sería la única sanción en el historial de Marco Antonio Flores Razuri. Sudaca pudo acceder a otro documento que data del año 2016 en el cual se detalla el caso que derivó en otra penalidad para el actual integrante del consorcio al que la Municipalidad de Lima seleccionó a dedo.
En septiembre del 2014, COPESCO, entidad estatal que se encarga de proyectos de infraestructura turística, convoca a un concurso para la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios turísticos en el circuito del centro histórico recorrido Fundo Fierro, Plaza de Armas y Recoleta, provincia de Arequipa”.
Tras la presentación de ofertas, se le otorgó la buena pro al consorcio Proyecta Arquitectos e ingenieros, el cual estaba compuesto por Flores Razuri y Gustavo Puma Cáceres. A finales de este mes se suscribiría el contrato por el considerable monto de ciento sesenta mil soles y ese también sería el origen de los problemas.
El consorcio que integraba Flores Razuri no tardó en convertirse en un dolor de cabeza para COPESCO. Tras la firma de contrato, Proyecta Arquitectos e Ingenieros se dedicó a acumular penalidades. Como se aprecia en el siguiente párrafo de la resolución a la que accedió Sudaca, el consorcio acumuló casi sesenta mil soles producto de numerosas observaciones que se le hicieron y no subsanaron.
Esta serie de incumplimientos por parte del consorcio obligó a COPESCO a resolver el contrato que firmaron en 2014 y la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a sus integrantes. En el caso de Flores Razuri, el Tribunal castigó su accionar quitándole la posibilidad de participar de procesos de selección con el Estado así como firmar contratos durante nueve meses.
A este cuestionable historial de Flores Razuri también se le suman las acciones de Sogu Constructora, quien lo acompaña en el consorcio que recibió la buena pro por parte de la comuna limeña y que, aparentemente, tampoco cuenta con antecedentes que se puedan catalogar como intachables.
La siguiente noticia fue publicada por Diario Correo en septiembre del 2024 y daba a conocer la indignación de la población iqueña luego de presenciar que la empresa Sogu Constructora, a quien se le había contratado para obras en pistas y veredas, estaba talando de forma indiscriminada árboles pese a que está prohibido.
Estos antecedentes desanimarían a más de un empleador. Pero ese no es el caso de la gestión Reggiardo y, haciendo uso de los recursos de la Municipalidad de Lima, eludió el camino del concurso público para entregarle directamente una obra y un contrato de casi trece millones de soles al consorcio de Flores Razuri y Sogu Constructora.
