Para quienes me siguen desde hace años no es ningún secreto que soy enemigo del sistema coactivo pensionario, tanto en su modalidad estatal como privada (ONP o AFP), porque le arrancha recursos a las clases medias que aportan y se los entregan a cuatro corporaciones privadas que lucran infinitamente con tales recursos, o se los dan al Estado que los gasta -para variar- ineficientemente.
Ello no es óbice, sin embargo, para no constatar que el proyecto que impulsa la congresista Carmen Omonte, que hace que de los actuales fondos privados, una parte se destine a un fondo estatal que los administrará para beneficio de quienes tienen menores pensiones, es un acto expropiatorio e inconstitucional.
Los llamados a decidir sobre sus fondos son los propios afiliados. Es más, de alguna manera ya lo hacen cuando, gracias a una ley reciente, pueden disponer de la casi totalidad de su fondo de retiro al cumplir la edad de jubilación, abandonando el esquema pensionario, porque consideran que tienen otras urgencias de mayor relevancia que tener una pensión permanente futura asegurada.
Para quienes tienen excedente de dinero, no es mala inversión una AFP. Otorga niveles de rentabilidad altos (aunque podrían serlo aún más si hubiera plena competencia en el sector y eso pasa porque se decrete la no obligatoriedad del aporte) y se manejan con profesionalismo. A ellos no puede venir el Estado a decirles ahora, luego de veinte o treinta años de aporte, que una parte del mismo ya no le será devuelta como pensiónsino que tendrá “fines sociales”.
Cabe indicar, por cierto, que este tipo de proyectos de ley es la consecuencia natural de que se generen nichos mercantilistas, no competitivos. Generan malestar ciudadano y la natural reacción de la clase política por tratar de satisfacer esa demanda (a eso se dedican los políticos acá y en cualquier país del mundo) los lleva a plantear iniciativas legales que, como en este caso, terminan siendo peores que el problema a resolver.
Insistimos: solo cuando sea absolutamente libre para un trabajador decidir destinar una parte de su sueldo a financiar una pensión de jubilación o no hacerlo y ese mejoramiento de sus ingresos destinarlo a su propia “cartera de inversiones” (salud, educación, vivienda, etc.), se habrá logrado asentar un principio de justicia y libertad en el sistema pensionario. Esa es la reforma madre que debemos alentar.
