Es una barbaridad jurídica, política y económica la que ha perpetrado la premier Mirtha Vásquez, anunciando el cierre de cuatro proyectos mineros en Ayacucho, con absoluto desconocimiento de los términos habituales como se desenvuelve la minería en el Perú.
Ella dice que se ha basado en los planes de cierre establecidos por las propias empresas. Lo que desconoce garrafalmente es que todos los proyectos mineros, sin excepción, tienen esos planes cierre de modo referencial, que se van actualizando conforme se descuben nuevas vetas o yacimientos mayores. Tanto así que el grupo Hochschild ha anunciado que tenía programada una inversión de más US$ 4,000 millones para extender la vida útil de la mina Inmaculada, una de las afectadas por el patinazo de la Premier.
Mirtha Vásquez va a tener que retroceder en los compromisos firmados en Cora Cora y tomarse el trago amargo de explicarle a las presuntas comunidades “beneficiadas” con los cierres, que se equivocó, que no sabía los términos técnicos con que se maneja el sector, y asumir su responsabilidad política por el desmadre social que pueda causar por su irresponsabilidad.
La torpeza de este gobierno parece que es contagiosa. Ya no es solo el Presidente el responsable de patinazos verbales que exacerban las suspicacias del sector empresarial, sino que a ello se suman otros funcionarios del Ejecutivo, produciendo un efecto terriblemente adverso para la economía nacional.
El solo cierre antitécnico de las cuatro unidades mineras señaladas generaría una pérdida de empleo y de ingresos por canon en Ayacucho inmensos. Se le salió la cadena antiminera a Mirtha Vásquez y va a tener que enmendar el desaguisado que ha armado por dejarse llevar por prejuicios ideológicos infantiles, que contaminan a toda la izquierda peruana respecto de la actividad minera.
Que este gobierno es y será de izquierda, no lo dudamos. Tenemos asumida también una mediocridad de base que no tiene visos de ser enmendada. Lo que no puede aceptarse, sin embargo, es que se viole el Estado de Derecho atentando contra la inversión privada, la cual debe gozar de las mínimas garantías de funcionamiento que la Constitución le ampara.
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