No hay manera de que el Congreso mantenga algo de dignidad si hoy no censura al ministro del Interior, Willy Huerta. Es lo que corresponde luego de las trapacerías mostradas por el referido ministro en el caso del coronel Harvey Colchado.
Felizmente, hay un importante número de bancadas que está sabiendo distinguir entre lo que fue una reunión protocolar y cortés entre el presidente Castillo y el titular del Congreso, José Williams, y lo que puede y debe ser una actitud recia de vigilancia de un régimen mediocre y obstinadamente mendaz a la hora de efectuar nombramientos en general y de ministros en particular.
La altísima desaprobación del Legislativo se debe, sobre todo, a la percepción de obsecuencia respecto del Ejecutivo (le dio confianza a todos sus gabinetes y solo censuró cuatro ministros de 70 en el primer año de gestión del gobierno central), no a un pretendido obstruccionismo denunciado por los portavoces más disparatados de Palacio.
El Congreso, más aún si va quedando claro que no va a mover un dedo para la vacancia ni para el adelanto de elecciones, pues debiera dedicar los casi cuatro años restantes, a respirarle en la nuca a un gobierno que merece esa vigilancia extrema, dada su querencia por los entuertos, la corrupción y el pésimo manejo administrativo del Estado.
Si alguna tarea digna tiene el Legislativo por delante (además de emprender algunas reformas que ya hemos puntualizado en anteriores columnas, pero sobre cuyo devenir no guardamos, la verdad, mucho optimismo), es refrenar lo más que se pueda la destrucción de la institucionalidad pública que el Atila de Chota está empeñado en perpetrar, dada su irreversible medianía y poco alcance cognitivo.
La crisis política no es causada por el conflicto de poderes, como sostienen algunos despistados analistas. Por el contrario, es ante la ausencia de un contrapeso efectivo del Parlamento que el Ejecutivo ha tenido rienda suelta para desplegar impunemente el arsenal de despropósitos que han enrarecido en grado extremo la atmósfera política del país.
El presidente Castillo es el responsable principal y casi único del naufragio que el país enfrenta y en esas circunstancias, el Legislativo no ha servido de boya que contenga tal desventura. Hoy se espera, por ello, que el Congreso esté a la altura de las circunstancias.
