No hay, de parte de los voceros del Ejecutivo, ni una sola respuesta política o legal al fondo del asunto, suscitado por las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, de los actos de corrupción en los que estaría involucrado el presidente Castillo y su entorno político y familiar.
Ningún desmentido, ninguna contraprueba, absolutamente ninguna rectificación a lo denunciado. Todo no pasa de argucias legales para frustrar el proceso, con amparos, tutelas de derechos o contradenuncias constitucionales hacia la Fiscal Patricia Benavides.
Es, en el fondo, una forma de admitir que lo denunciado es absolutamente cierto; que, efectivamente, Pedro Castillo llegó al poder no para efectuar transformación social alguna, sino simplemente para servirse del Estado para su propio enriquecimiento y el de los suyos, sin importarle un comino el bienestar de los más humildes que confiaron en él para que emprendiese un cambio social radical.
De acuerdo a los indicios revelados, tanto por la prensa independiente como por el Ministerio Público, resulta más que evidente que la corrupción campea en Palacio. Y también resulta evidente que ello no es admisible de ser tolerado, en base a triquiñuelas legales o posturas falsas de defensa de la democracia, y que nuestro malhadado gobernante se quede, impune, hasta el 2026.
El Congreso tiene que ir por la vacancia, primero; si no puede, por el adelanto de elecciones; y, finalmente, si ambos escenarios resultan inviables, por la aprobación de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación.
No somos optimistas respecto de las habilidades políticas de la mayoría opositora y por ello invocamos que, además de una coordinación de filigrana, la oposición congresal se deje asesorar por expertos que no la lleven a cometer errores que terminen favoreciendo al gobierno.
Estamos transitando una dramática crisis política, nunca antes vista en el país, quizás tan solo luego de conocerse los vladivideos, que confirmaban la corrupción descarada de un régimen. Ello, así sea en otra medida, es lo mismo que acontece con Castillo, sobre quien pesan cargos de corrupción flagrantes que no pueden ser pasados por alto por la clase política democrática, la ciudadanía y la sociedad civil, que ojalá despierten de su letargo frente a la gravedad de los acontecimientos.
