El Congreso traspuso la línea y se encargó de engrosar la historia nacional de la infamia, al haber aprobado arbitrariamente la vacancia del presidente Vizcarra.
No había razón alguna, ni legal ni política, que justificase semejante despropósito. Los delitos de los que se le acusa a Vizcarra son graves y verosímiles, pero no han sido probados penalmente y en tanto eso no ocurriese, el primer mandatario era inocente y su proceso judicial debía seguir su curso. Fuera de la incapacidad física o psíquica, la única otra razón por la que debería procederse a una vacancia presidencial es que al mandatario se le pruebe un delito fehacientemente: si hubiese aparecido, por ejemplo, un video de Vizcarra recibiendo una coima, pues no quedaba otro camino decente que no sea sacarlo a empellones del Palacio.
Pero tal como fue planteado el proceso era claramente una jugarreta política liderada por ciertas mafias empresariales y aventureros políticos quienes, aprovechando grises constitucionales, solo han buscado obtener beneficios con la vacancia, sea a través de impunidad judicial o despliegue de poder para su posterior disfrute. Ya lo veremos en los primeros pasos del nuevo gobierno.
El país atraviesa una tormenta perfecta de crisis simultáneas. Económica, por la profunda recesión derivada de la cuarentena obligatoria de la que aún no salimos plenamente; sanitaria, por la persistencia de un virus frente al cual aún no hay vacuna ni tratamiento eficaz; social, por el incremento espantoso de la delincuencia y la conflictividad regional; y política, por el desmadre ocasionado por la corrupción; a todo ello le sumamos ahora una crisis adicional, vacando al Presidente y generando una línea de sucesión mostrenca que llevará a un ambicioso expresidente del Congreso a sentarse en la plaza de Armas dispuesto a armar un gabinete de última hora, signado por una serie de transacciones menudas, y seguramente ansioso de populismo para remontar su ilegitimidad de origen. La pronta celebración del bicentenario debería habernos planteado la exigencia de estabilizar al país, no de arrojarlo a las fauces de la zozobra. Un Congreso surgido precisamente del colapso del establishment debiera haber fungido por ello como dique tranquilizador, no como un elemento incendiario sobre las brasas aun ardientes de la crisis precedente. Nuestra clase política nos demuestra una vez más, fatigando el cansancio, que nunca está a la altura de las circunstancias.
