[OPINIÓN] El Perú no enfrenta una crisis política coyuntural. Vive, desde hace varios años, una crisis estructural de ingobernabilidad democrática. No se trata únicamente de la inestabilidad en los cargos o de la sucesión permanente de autoridades; se trata de una degradación profunda de la política como espacio de responsabilidad pública. La clase política actual ha demostrado, en reiteradas oportunidades, que prioriza la repartija del poder antes que la conducción del país, mientras la ciudadanía enfrenta violencia, inseguridad y abandono de la salud, la educación y las políticas de igualdad.
Esta crisis no es neutra. Tiene efectos diferenciados y particularmente graves para las mujeres y las poblaciones más vulnerables. En un contexto donde los feminicidios no cesan, donde la violencia sexual sigue marcando la vida de niñas y adolescentes, y donde la desigualdad limita el acceso efectivo a derechos, resulta inadmisible que estos temas hayan sido desplazados del centro del debate político. Más aún, es éticamente intolerable que se normalice la posibilidad de que personas con denuncias graves por violencia o con discursos que justifican matrimonios infantiles aspiren a ocupar los más altos cargos del Estado.
Tomar atención a estas dimensiones, no es accesorio. La forma en que un candidato o candidata se posiciona frente a la igualdad de género y los derechos humanos revela su concepción del poder. Quien minimiza la violencia contra las mujeres, quien tolera la idea de obligar a una niña a parir, quien relativiza el sufrimiento de los más vulnerables, no está expresando una opinión aislada: está evidenciando una falta de ética y una actitud complaciente con el abuso.
La experiencia reciente debería servirnos de advertencia. Cuando se relativizan antecedentes de denuncias de violencia, cuando se trivializan afirmaciones sexistas o actitudes patriarcales bajo la excusa de la “eficiencia” o la “mano dura”, se habilita un estilo de liderazgo basado en la virilidad tóxica, el abuso simbólico y la instrumentalización del poder. Esa lógica no es anecdótica; forma parte de un perfil que luego se traduce en prácticas caóticas, corrupción y aprovechamiento del cargo.
La ciudadanía está cansada. No solo de la corrupción y la irresponsabilidad de quienes acceden al poder, sino también de la sensación de no tener alternativas éticamente defendibles. Sin embargo, el agotamiento no puede llevarnos a la indiferencia. Las negociaciones políticas están sobre la mesa y, aunque las opciones inmediatas para asumir la presidencia del Congreso no despierten esperanza, la mirada debe situarse en el futuro próximo. En abril, en las urnas, se jugará nuevamente la posibilidad de redefinir el rumbo democrático.
La pregunta es ineludible: ¿quién ofrece un plan de gobierno serio, con propuestas viables y centradas en los problemas reales del país? ¿Quién demuestra una actitud inclusiva y una preocupación genuina por el dolor de los más vulnerables? La sensibilidad frente al sufrimiento ajeno no es un gesto sentimental; es un indicador de compromiso democrático. Sin una defensa auténtica de los derechos humanos de todas las personas, no puede haber buen gobierno.
En tiempos de crisis continua, detenerse a reflexionar es un acto político. Elegir no es solo optar por un nombre, sino por una concepción de país. Si la democracia ha de sobrevivir a su propia erosión, necesita autoridades con integridad, con perspectiva de igualdad y con una ética pública que coloque la dignidad humana en el centro. Sin ello, cualquier promesa de orden o estabilidad será apenas una fachada más de la misma crisis que decimos querer superar.
