[EL DEDO EN LA LLAGA] El 1° de abril de 2026, la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer un comunicado de monseñor Jordi Bertomeu Farnós, comisario apostólico a cargo del proceso de liquidación de las sociedades de vida apostólica Sodalitium Christianae Vitae y Fraternidad Mariana de la Reconciliación, y de las asociaciones de fieles Siervas del Plan de Dios y Movimiento de Vida Cristiana.
En él se señalan los objetivos que se pretende alcanzar:
- a) Asumir la representación legal de las mencionadas instituciones suprimidas o conferirla a personas de su confianza.
- b) Disponer los procedimientos para comprobar cualquier tipo de violencia y/o abuso sufrido por miembros o ex miembros de las instituciones suprimidas y atribuido con certeza al Sr. Luis Fernando Figari y/o a miembros o ex miembros de las instituciones fundadas por él.
- c) Definir y resarcir equitativamente los daños sufridos por las víctimas (conforme al canon 128 del Código de Derecho Canónico), teniendo en cuenta para esos efectos el valor consolidado de los bienes muebles y los ingresos obtenidos por la enajenación de los bienes inmuebles pertenecientes a las instituciones mencionadas.
- d) Regularizar (conforme al canon 265 del Código de Derecho Canónico) la situación jurídica de los clérigos que estuvieron incardinados en el Sodalitium Christianae Vitae.
A continuación se detallan en el escrito los pasos a dar para conseguir estos fines, entre los que destaca la apertura de un «canal de primera escucha» que funcionará del 4 al 22 de mayo de 2026 en la sede de la Nunciatura Apostólica en Lima.
Algunos aspectos de este protocolo ya han despertado recelos y críticas. La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones (que reúne a varias víctimas del Sodalicio y asociaciones vinculadas) ha expresado preocupación, mientras que la Red de Sobrevivientes Perú, dirigida por José Enrique Escardó, ha adoptado un tono más duro y confrontacional. Se trata de críticas que no necesariamente comparten todas las víctimas del Sodalicio.
Algunas de estas observaciones podrían tener fundamento. Por ejemplo, que el período para que las víctimas presenten sus casos sea muy acotado (solo del 4 al 22 de mayo) y que no se podrán presentar denuncias después de este lapso. O que la documentación a presentar sea exhaustiva, lo cual no significaría mayor esfuerzo para quienes ya han presentado sus casos ante la Misión Especial Scicluna-Bertomeu, pero podría constituir una barrera burocrática para quienes recién se atreven a contar por primera vez los abusos sufridos en alguna de las entidades de la Familia Sodálite. Asimismo, no queda suficientemente claro si la reparación se limitará a una compensación económica o incluirá también una reparación simbólica con pedido de disculpas, aunque en el mismo comunicado se incluye una petición de perdón del papa Francisco «por los ilícitos canónicos intolerables que, más allá del escándalo suscitado a nivel internacional, desfiguran la misión evangelizadora de la Iglesia y menoscaban severamente su credibilidad».
Otras críticas provienen de sectores defensores del Sodalicio. El Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, un nido de ultraconservadores críticos de varios aspectos de la enseñanza del papa Francisco, publicó una carta abierta al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, solicitando la destitución de monseñor Jordi Bertomeu por motivos carentes de solidez y objetividad. En el texto de la carta se dice expresamente:
«Debemos manifestarles que lo que sí nos ha causado mayor dolor y tristeza, razón por la cual nos manifestamos en esta carta abierta, es el manifiesto abandono de millares de familias, laicos y fieles católicos peruanos y extranjeros que pertenecieron y vivieron el evangelio en torno a la familia espiritual del Sodalicio de Vida Cristiana».
A lo cual añaden lo siguiente, exagerando dramáticamente las cifras sin vergüenza alguna:
«Centenares de miles de peruanos y extranjeros que recibieron la primera formación en la fe y en la moral católicas, que han sido abandonados sin mayor explicación y hasta ahora no se les explica que va a suceder con ellos, a dónde deben ir y cómo deben enfrentar cuestiones tan difíciles de comprender como es la manera como operan los carismas de Dios en las comunidades católicas y que es lo que deben hacer ahora frente a su comunidad disuelta, así haya tenido o no haya tenido carisma fundacional».
Resulta sintomático que en la extensa carta apenas se mencione a las víctimas.
En la misma línea, aunque con un estilo más agresivo y bilioso, el exsodálite y pseudoperiodista Alejandro Bermúdez publicó el 2 de abril en la red social X un artículo titulado «Guárdate tus amenazas Bertomeu, porque LAS VAS A PAGAR».
Respecto a las incardinaciones de sacerdotes, Bermúdez afirma, convirtiendo un chisme en un supuesto facto: «El objetivo de Bertomeu es claro: que ningún sacerdote sodálite pueda ser recibido en una diócesis». Ignora que, ante la escasez de vocaciones, la Iglesia difícilmente puede prescindir de sacerdotes formados, especialmente si son buenos. Remata su texto con la siguiente amenaza:
«Quiero que te quede claro, Bertomeu: estás en la mira ahora más que nunca, y lo seguirás estando; no por odio ni por venganza, sino por justicia. Porque un sujeto tan corrupto e inmoral como tú no solo no debería tener la responsabilidad que hoy ostenta, sino que ni siquiera debería haber accedido al sacramento del orden sacerdotal».
¿Qué más se puede decir sobre el proceso de reparaciones?
Existe una forma de razonar errada muy frecuente, denominada «falacia de la solución perfecta» (también conocida como «falacia de la perfección» o «falacia del nirvana»), muy contraproducente, pues impide que se hagan efectivas decisiones que hay que implementar. Consiste en rechazar una propuesta, solución o política simplemente porque no es perfecta, ignorando que puede representar una mejora significativa respecto a la situación previa o a las alternativas reales disponibles. Se compara la propuesta con un ideal utópico (“el nirvana”) y, al no alcanzarlo, se descarta por completo, aunque sea claramente mejor que lo que ha habido hasta entonces.
Y esta falacia es la que parecen estar cometiendo algunos de los que critican el actual proceso de reparaciones.
Ya anteriormente ha habido varios procesos similares de reparación a víctimas de abusos en la Iglesia católica. El caso del Sodalicio destaca por ser un proceso centralizado y final gestionado directamente por un comisario apostólico del Vaticano, que utiliza bienes incautados de la propia institución suprimida para indemnizar no solo abusos físicos y/o sexuales, sino también espirituales, de conciencia, de autoridad y económicos. Lo excepcional —que sienta un valioso precedente— es la supresión total de una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio.
Este modelo combina investigación canónica, liquidación institucional y reparación económica de forma centralizada. Aunque reduce algunas garantías procesales para las víctimas (no queda claro si se admitirán apelaciones), agiliza las cosas y evita esperas indefinidas. Las reparaciones se financian exclusivamente con bienes del Sodalicio incautados, sin que la Santa Sede ponga dinero propio.
No obstante sus limitaciones, este proceso resulta necesario y es mejor que lo habido hasta ahora por varios motivos:
- Independencia y autoridad externa: Los procesos anteriores fueron gestionados por el propio Sodalicio (Oficina de Escucha y Asistencia y acuerdos extrajudiciales). Las víctimas los criticaban por falta de imparcialidad. Ahora interviene directamente el Vaticano con poder de liquidación.
- Reconocimiento más amplio de abusos: Incluye explícitamente no sólo abusos físicos y/o sexuales, sino también abusos espirituales, de conciencia, de autoridad y económicos.
- Cierre institucional definitivo: Forma parte de la supresión total de la «familia espiritual sodálite», ofreciendo mayores garantías de no repetición.
- Montos potencialmente mayores: Según información oficial del Sodalicio, hasta fines de 2024 se destinaron 5.348.000 dólares a la reparación de 83 víctimas (media aproximada de unos 64.000 dólares por persona, incluyendo terapias). Con la liquidación de bienes que realiza actualmente el comisario apostólico, el fondo disponible podría ser superior.
El proceso de reparaciones abierto por monseñor Jordi Bertomeu es imperfecto. Presenta deficiencias que merecen ser señaladas con claridad y, en la medida de lo posible, corregidas o complementadas. Sin embargo, también es necesario y constituye un avance real y significativo respecto a los mecanismos internos previos gestionados por el propio Sodalicio.
Para las víctimas que aún no han sido resarcidas adecuadamente, este «canal de primera escucha» puede ser la última oportunidad concreta de obtener un resarcimiento antes de que el caso se archive definitivamente. Apoyar el proceso —sin dejar de exigir mejoras en su ejecución— parece la actitud más razonable y constructiva en este momento.
La justicia perfecta no existe en este mundo. Pero la justicia posible, aunque imperfecta, es preferible a la perpetuación de la impunidad o la espera indefinida.
