Informes

EL ALIADO ARGENTINO DE LÓPEZ ALIAGA

Por: 25.04.2026

[INFORME] Rafael López Aliaga amenazó con incendiar la pradera si la ONPE y el JNE no aceptaban su pedido de elecciones complementarias, y para cumplir con esta promesa está contando con la colaboración de un hombre de confianza del gobierno argentino.

Luego de haber liderado las encuestas durante varios meses antes de las elecciones, el candidato Rafael López Aliaga llegó al 12 de abril con más dudas que certezas. Esto debido a que numerosas encuestas dejaron de mostrarlo como el favorito producto de una evidente crisis en su popularidad que intentaría maquillar poniendo en duda el trabajo de las principales encuestadoras del país.

No obstante, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) empezó a contabilizar los votos provenientes del interior del Perú, dicha crisis dejó de ser un temor para convertirse en una realidad que no le otorgaba ninguna garantía de conseguir el pase a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Aprovechando los graves errores logísticos en la jornada de votación, el líder de Renovación Popular empezó una agresiva campaña que buscaba instalar en la opinión pública que se había producido un fraude con la única intención de perjudicarlo a él.

Para lograr este objetivo encontraría el respaldo de un conocedor del ambiente digital. Es en esta parte donde aparece el nombre de un politólogo argentino que hoy es su principal aliado en la difusión de sus acusaciones contra Piero Corvetto y la ONPE. A continuación, Sudaca pudo recopilar algunos datos sobre este personaje muy cercano al presidente de Argentina y que por estos días busca tomar protagonismo en las elecciones peruanas.

 “NO SOS OTRA COSA QUE UN IDIOTA O UN HIJO DE…”

Quien aparece en el siguiente video señalando, con un tono muy agresivo, que quien no cree que ocurrió un fraude es “un idiota o un hijo de puta” se llama Agustín Laje Arrigoni y hoy podría ser catalogado como la última esperanza de López Aliaga para poner la opinión pública a su favor.

Laje no es un desconocido para el candidato conservador. En los días previos al 12 de abril, el argentino le realizó una entrevista en una plataforma digital. Sin embargo, lejos de ser una entrevista tradicional, el objetivo de Agustín Laje era favorecer la candidatura de López Aliaga y no dudaba en pedir directamente que voten por él.

En los días posteriores a la votación, Laje se involucraría más en la situación del país e hizo propias las acusaciones de un supuesto fraude perpetrado por Piero Corvetto y la ONPE. Este politólogo argentino incluso realizó entrevistas a otros miembros de Renovación Popular, como el congresista Alejandro Muñante, en las que también se acusó a los observadores internacionales de ser parte de un intento de manipular la voluntad de los peruanos.

Por supuesto, el rol de Laje en dichas entrevistas implicaba no cuestionar ninguna de las afirmaciones hechas por López Aliaga u otros miembros de su partido y, por el contrario, en más de una oportunidad terminaba siendo Laje quien se exaltaba hablando del supuesto fraude más que los propios entrevistados.

🔥🗳️ #NoLesCrean! Los observadores internacionales vinieron a legitimar un fraude.#AlejandroMuñante #AgustinLaje@AgustinLaje pic.twitter.com/HIFkv2whC1

— Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) April 17, 2026

ASCENSO Y SOMBRAS

La pregunta ante la intromisión de este personaje, que no sólo escucha sin cuestionar a los representantes de Renovación Popular sino que defiende incluso con mayor vehemencia que el propio López Aliaga la teoría de un fraude electoral, sería la siguiente: ¿quién es Agustín Laje?

Laje Arrigoni empieza a tomar notoriedad en su natal Argentina una década atrás con opiniones que apuntaban, principalmente, contra el feminismo y la comunidad LGTBI, y que recurrían a noticias falsas, como la que mencionó en una entrevista con el medio católico EWTN Noticias en 2018 cuando dijo que el Tribunal Supremo de Canadá había aprobado la zoofilia para vincularlo con lo que él llama “ideología de género” o cuando intentaba relacionar la homosexualidad con la pedofilia.

Afirmaciones de esta índole, por más que eran falsas, lo llevaron a ganar gran popularidad en las comunidades más conservadoras de Latinoamérica. Laje incluso vino a Perú para participar de un foro llamado “Desenmascarando la ideología de género”, un evento que hasta contó con la difusión de la entonces congresista fujimorista Nelly Cuadros.

Hasta ese momento, Laje había logrado tener un gran éxito como conferencista invitado por los movimientos ultraconservadores de la región, pero no se había involucrado en campañas políticas. Cabe señalar que, por aquel entonces, en Argentina gobernaba Mauricio Macri y, aunque era un gobierno de derecha, no se trataba de una derecha que tenía entre sus objetivos ir en contra de los derechos de las minorías, por lo que Laje, como él mismo lo reconoce, no lo consideraba como aliado de la “batalla cultural”.

Pero esto cambiaría con la aparición de Javier Milei en el escenario político. Si bien el actual mandatario logró gran parte de su popularidad por sus críticas al gasto público, entre sus más fieles seguidores también cuenta con grupos ultraconservadores que terminarían por propiciar el acercamiento entre Agustín Laje y Javier Milei.

Con la llegada del economista a la Casa Rosada, Laje finalmente tendría una posición cercana al poder político. En numerosas oportunidades, este politólogo se ha reunido con el actual presidente argentino en la casa de gobierno y, además, acompañó al presidente Milei a diversos eventos internacionales donde no dudaba en soltar sus afirmaciones tan falsas como discriminatorias contra las minorías.

 

Sudaca pudo comunicarse con Natasha Niebieskikwiat, periodista de Clarín que pudo entrevistar al actual aliado de Renovación Popular, e indicó que la marcada influencia de Laje y sus ideas en el entorno presidencial generó “mucho daño a la política exterior y la diplomacia argentina”.

“Le causó a Milei una marcha inmensa en Plaza de Mayo y el Congreso”, señala Niebieskikwiat con respecto los discursos extremistas de Laje sobre la ONU, el aborto y la diversidad sexual, y agrega que, como control de daños, el gobierno libertario debió salir a desmentir y moderar su posición contra la agenda de políticas de género.

Pero Niebieskikwiat también mencionó un episodio que expone un cambio importante en la historia de Laje. Esto debido a que, tras su cercanía con el gobierno argentino, su fundación empezó a tener a disposición varios miles de dólares. “Nunca quedó claro cómo se financiaba, porque le entraba dinero a través de su fundación”, señala la periodista de Clarín en referencia a la Fundación Faro que tiene a Laje como director.

Según ellos mismos lo describen, el propósito de Fundación Faro es “la creación y supervisión de programas y proyectos que promuevan el liberalismo económico y los valores históricos argentinos”. Pero lo desconcertante se encuentra en la enorme cantidad de dólares que ingresan a sus arcas.

Una investigación de la periodista Rosario Marina para el medio Chequeado reveló en marzo de este 2026 que Fundación Faro invirtió más de ochocientos mil dólares en publicidad política en redes sociales durante un año. Como se puede observar en el ejemplo de la imagen, sus mensajes atacaban a la comunidad LGTBI, los inmigrantes y otras minorías.

Ratio Oficial, una de las tres marcas registrada por la Fundación Faro, incluso llegó a convertirse en la segunda página argentina que más dinero destino a redes sociales, como Facebook e Instagram, siendo superada únicamente por la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

El misterio sobre la fundación que tiene a Agustín Laje como líder se centra en el origen de los cientos de miles de dólares que tienen a su disposición. La investigación de Rosario Marina reveló que la Fundación Faro no presentó sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) ni respondió a las preguntas de dicho medio por lo que el portal Chequeado puede concluir que “no es posible conocer el origen de los fondos que financian sus iniciativas ni el destino de lo recaudado”.

Paradójicamente, una de las teorías que Rafael López Aliaga y su partido han intentado instalar en la opinión pública durante los últimos días señala que habrían venezolanos y cubanos trabajando en la ONPE. Sin embargo, resultó ser él quien tiene a un hombre de confianza de un gobierno extranjero intentando ayudarlo a cumplir su promesa de “incendiar la pradera” si los organismos electorales no acatan sus órdenes.

OTRO DESCUIDO ELECTORAL

Por: 22.04.2026

[INFORME] Sudaca accedió a varios informes de Contraloría en los que se detallan errores en el proceso de contratación de personal por parte de diversos Jurados Electorales Especiales ubicados en diversas provincias.

Luego de un turbulento periodo de cinco años marcado por constantes cambios en el Ejecutivo y un quiebre irreparable entre los parlamentarios y el ciudadano de a pie, las elecciones representaban la oportunidad de un nuevo comienzo con actores políticos respaldados por una mayoría.

Los sucesos del pasado 12 de abril terminaron por generar todo lo contrario. Los injustificables descuidos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminaron por marcar una jornada que agudizó el clima de confrontación y potenció a quienes, insatisfechos por los número obtenidos en las urnas, hoy difunden todo tipo de teorías sobre un fraude en marcha.

Pero, en este escenario caótico, la ONPE no sería el único organismo electoral que ha venido cometiendo errores. Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría que abriría una impactante caja de sorpresas sobre una larga sucesión de errores que tienen como principal responsable al Jurado Nacional de Elecciones, que por estos días tiene un papel determinante en el desenlace de este proceso.

EMPEZARON MAL

Si bien por estos días la atención ha estado puesta en los graves descuidos de la ONPE tanto en la preparación como en el proceder del día de los comicios electorales, no han sido los únicos en cometer errores. Sudaca pudo acceder a un informe de Contraloría que data del mes de marzo y en el cual se exponen situaciones que sorprenden.

Para ello es preciso explicar previamente que, como parte de la preparación para el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de la instalación de los Jurados Electorales Especiales a lo largo del territorio nacional y estos tienen, entre varias responsabilidades, el encargo de contratar fiscalizadores de local de votación que deberán “fiscalizar la legalidad de las acciones y conducta de los actores electorales” los días previos así como el mismo día de la votación.

Para postular a este tipo de trabajos se debían tener presentes ciertos requisitos así como las leyes relacionadas con el empleo público. Entre ellas se puede encontrar un artículo que especifica claramente que “ningún empleado puede recibir del Estado más de una remuneración”.

No obstante, esto no fue lo que pasaba en el Jurado Electoral Especial instalado en la provincia de Coronel Portillo. Según se señala en el informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, ochenta y dos postulantes al cargo de fiscalizador de local de votación se encontraban trabajando en simultaneo en otras instituciones del Estado.

Pero esa no fue la única sorpresa. Contraloría también encontró que el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo venía calificando como aptos a numerosos postulantes al puesto de fiscalizadores pese a que no cumplían con los requisitos relacionados sus estudios universitarios.

DESCUIDOS A NIVEL NACIONAL

Sudaca indagó en otros documentos relacionados con este proceso electoral y encontró que este tipo de situaciones fueron más comunes de lo esperado. Por ejemplo, en Maynas, el Jurado Electoral Especial designado a esta provincia pasó por alto que fueron treinta y uno los postulantes al cargo de fiscalizador que no cumplían con acreditar requisitos como el no estar afiliado a una organización política y estudios superiores, y los declaró aptos.

Esta historia se repitió en el Jurado Electoral Especial de Ica. En esta oportunidad, la Contraloría tomó conocimiento que habían declarado como aptos a veintidós postulantes que, una vez más, no cumplían con los requisitos señalados en los términos de referencia para acceder al puesto de fiscalizador de local de votación.

Esta misma irregularidad se pudo encontrar en Huancayo. El Jurado Electoral Especial pasó por alto los vínculos laborales simultáneos y contrató personal para los cargos de especialista en tecnologías de la información y fiscalizador de tecnología aplicada a personas que ya percibían un ingreso por parte del Estado.

Sudaca también pudo encontrar otros informes de Contraloría que dan cuenta de un evidente descuido por parte de los Jurados Electorales Especiales de Tacna, Huánuco, Trujillo, Tambopata, Huamanga y Abancay. En los documentos revisados se puede encontrar que los JEE declararon como aptos a postulantes que no cumplían con las exigencias establecidas e incluso, como se observa en la siguiente imagen que corresponde al caso de Tambopata, registraban sanción vigente.

Teniendo en cuenta los antecedentes del 2021, no se podía descartar que más de un político inconforme los resultados intente denunciar que ocurrió un fraude en su contra. Sin embargo, lejos de ser esta una motivación para que los organismos electorales actúen con la mayor rigurosidad posible con el propósito de cerrarle los caminos a esta narrativa, pareciera haber generado lo contrario y el capítulo de los errores sigue sumando nuevos párrafos.

CAOS ANUNCIADO

Por: 16.04.2026

[INFORME] Sudaca pudo revisar numerosos documentos de Contraloría que exponen las diversas falencias de la ONPE en la preparación de la jornada electoral. Falta de personal, ausencia de material para capacitaciones y hasta injustificados cambios en contratos destacan en estos informes.

Tras cinco años de permanente crisis, las elecciones del pasado domingo se asomaban como la esperanza de alcanzar cierta estabilidad con nuevos integrantes del Ejecutivo y Legislativo que representen un proyecto de país que cuente con un mayor grado de respaldo por parte de la población.

Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una nueva etapa entre los peruanos y sus políticos terminó en un escándalo insólito que ha convertido el proceso electoral en una extensión de la crisis política que atraviesa el país. Las injustificables demoras con la entrega del material para instalar las mesas de votación generaron un razonable clima de zozobra en distintos puntos de la capital donde, incluso pasado el mediodía, se reportaban largas colas de espera y, en casos todavía más graves, se le anunciaba a los votantes que sus respectivas mesas nunca serían instaladas.

En un contexto en el cual un sector de la población desconfía de sus autoridades, no era impensado prever que una situación como esta derivaría en la formulación de todo tipo de especulaciones. En este informe, Sudaca pudo revisar las numerosas advertencias hechas por la Contraloría durante las semanas y meses previos al domingo 12 de abril.

DESDE INICIO DE AÑO

Si bien es justo señalar que en todo proceso electoral pueden ocurrir imprevistos, la tolerancia hacia estos cambia cuando se tiene en cuenta que las deficiencias en la preparación para estas elecciones venían registrando advertencias desde hace varios meses incluso para labores que requerían un menor despliegue que el del domingo.

Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se advertía de una situación adversa relacionada con la capacitación del personal que trabajaría en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Según se había programado, el personal de la ODPE de Puno debía llevar a cabo la capacitación de su personal la tercera semana de febrero.

Sin embargo, tal como se puede observar en la siguiente imagen, cuando llegó el día de la capacitación, la persona encargada no contaba con el material necesario. Pese a que se había estipulado una cantidad determinada de elementos, el 16 de febrero apenas contaban con treinta de los más de ochocientos lapiceros requeridos y ninguna de las credenciales que solicitaron.

 

Por supuesto, esta actividad sí estaba contemplada en la asignación de presupuesto para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Puno. Según se señala en el propio documento de Contraloría, se dispusieron cerca de cuatrocientos mil soles para la adquisición de materiales que no llegaron.

Pero este no fue un episodio aislado. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de San Román, también del departamento de Puno, recibió un presupuesto de casi doscientos ochenta mil soles para la capacitación de su personal y también reportó falta de materiales básicos como plumones, cintas de embalaje y cartulinas.

Otro informe de Contraloría sobre la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Puno pone al descubierto que tampoco contaban con computadoras para sus labores y que, ante el trabajo que tenían pendiente, el personal de esta ODPE tenía que utilizar sus propias computadoras.

Sudaca pudo encontrar por lo menos treinta y siete documentos de Contraloría, que corresponden a los meses de febrero y marzo, en los cuales se reportan problemas a nivel nacional relacionados con la capacitación del personal que estuvo a cargo de la preparación para el proceso electoral. Entre los problemas más recurrentes se encontraba la ausencia de materiales para dichas capacitaciones y la falta de personal que no habían contratado pese a que el cronograma establecía que para esas fechas debían estar disponibles.

CAMBIOS SIN JUSTIFICACIÓN

En otra situación insólita, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Ica realizó una extraña modificación en los términos de referencia para la contratación del servicio de transporte que tendría bajo su responsabilidad entregar el material necesario para instalar las mesas de votación.

Pese a que Gerencia de Organización Electoral y Coordinación había estipulado que los vehículos debían tener un máximo de diez años de antigüedad, esta ODPE decidió de forma unilateral extender a quince años de antigüedad el requisito para la contratación de transporte para el material electoral.

Pero la oficina de Ica no sería la única en realizar este tipo de cambios. En la provincia de Mariscal Nieto, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales también tomó la decisión de dejar de lado lo establecido por la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación y amplió el requisito de antigüedad de vehículos que contratarían para la jornada electoral.

Estas irregularidades no sólo habrían ocurrido con los vehículos. En otro de los informes revisado por este medio se pudo encontrar que hasta habían contratado a personal que no cumplía con los requisitos establecidos como obligatorios para trabajar en una de las oficinas en Ayacucho.

Si bien no existen argumentos que respalden la narrativa del fraude que algunos políticos intentan instalar en la opinión pública, lo que sí está respaldado por evidencia contundente es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no se preparó de la manera más adecuada de cara a las elecciones pese a que, como se observa en los informes que de Contraloría, existieron numerosas señales de alarma sobre sus deficiencias.

UNA CANDIDATURA MUY AGRESIVA

Por: 9.04.2026

[INFORME] Lizzi Sueldo, candidata a diputada por Renovación Popular, hace campaña por redes tratando de mostrar humildad y simpatía. Sin embargo, esa no fue la versión que conocieron los trabajadores municipales del distrito donde su esposo es alcalde. Sudaca pudo hacer un repaso de este escandaloso caso y algunas extrañas omisiones sobre sus estudios.

Quien aparece en el siguiente video de Tiktok subiéndose a un mototaxi para demostrar que no es una candidata pituca sino del pueblo es Lizzi del Rocío Sueldo Matos y se encuentra en campaña para convertirse en diputada por Lima de la mano de Rafael López Aliaga y Renovación Popular.

@lizzi_sueldoNo es lo que dicen… es lo que ves 🇵🇪 Somos calle, somos pueblo 💪 Estas elecciones, marca las 5R y en diputados el 5. ✍️ #LizziSueldo #RenovacionPopular #Peru #SomosPueblo #5R #fyp #parati #ViralPeru #TikTokPeru #reelsperu♬ sonido original – Lizzi Sueldo


Sin embargo, detrás de quien hoy graba numerosos videos mostrando su cara más amable existe una persona que, valiéndose del hecho de ser la esposa del alcalde de La Molina, maltrató y hasta fue el motivo de despido de trabajadores municipales a los que pretendía darles órdenes de la forma más prepotente posible.

Sudaca conoció de primera mano el violento paso de esta candidata de Renovación Popular por la Municipalidad de La Molina. Videos y testimonios exclusivos de este medio revelan la verdadera personalidad de Sueldo, quien sólo por tener un esposo alcalde se sentía incuestionable en este distrito.

¿QUIÉN ESTÁ SOBRE MÍ?

En enero del 2023, Diego Uceda (Renovación Popular) asumió el cargo de alcalde del distrito limeño de La Molina. No obstante, un año después, quien daba órdenes a sus trabajadores era su esposa. Quien en el siguiente video le reclama a funcionarios municipales por las invitaciones para una actividad del distrito y pregunta desafiante quién está sobre ella para botarlo es la misma que hoy recorre Lima buscando votos y haciendo gala de una humildad que por aquella época no era su característica principal.


Cuando estos videos salieron a la luz, lejos de mostrar arrepentimiento, Lizzi Sueldo, con el aval de su esposo, emprendió lo que se podría catalogar como una venganza. “Han empezado a sacar a las personas que ellos creen que pudieron grabar a la esposa del alcalde”, le comentó el entonces trabajador Humberto Quesquén Pérez a Sudaca.

“Le grita a los gerentes. Ella decide quién entra y sale. Por ella se han ido desde el año pasado hasta ahora más de cuarenta funcionarios”, reveló Quesquén sobre la manera en que se venía manejando la municipalidad desde la llegada de este matrimonio al poder. Humberto terminaría siendo otro de los trabajadores a quien la gestión de Uceda veía como sospechosos de grabar los maltratos de Lizzi y, antes que pudiera brindar su declaración a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos, le dijeron que se tenía que ir.

MÁS QUE UN MAL DÍA

Sin embargo, ese no fue el único registro de la agresiva forma que tenía Lizzi Sueldo de dirigirse a los trabajadores de la municipalidad gestionada por su esposo. El siguiente audio vuelve a poner en evidencia la manera en que Sueldo no sólo se dirigía a funcionarios municipales, sino que también demuestran que ella tenía un injustificado poder para exigir y decidir.


La Municipalidad de La Molina difundió la versión que Lizzi Sueldo era parte del Comité de Apoyo Social. Pero fue en uno de los audios de la propia esposa de alcalde en donde reconoce que su poder iba más allá del mencionado comité y realizaba exigencias a todos los gerentes de la Municipalidad de La Molina. “Estoy haciendo lo mismo contigo que hago con todos los gerentes” se escucha decir a Sueldo en medio de su enojo con una gerenta por las críticas que venía recibiendo la gestión de Diego Uceda.


Sudaca pudo conversar con fuentes confiables quienes detallaron que la razón detrás de los maltratos de Sueldo a los funcionarios municipales era el desconocimiento de la esposa del burgomaestre sobre el funcionamiento de las distintas áreas de la municipalidad y los procedimientos establecidos, como se puede evidenciar en los audios presentados.
No obstante, lejos de intentar aprender la manera en que se conduce la municipalidad, Lizzi Sueldo prefería atacar verbalmente a los trabajadores. En el siguiente audio incluso se le puede escuchar decirle a una funcionaria con tono amenazante “espero que no hayas mandado ninguna”.


PERO AÚN HAY MÁS…

Pero en la historia de Lizzi Sueldo hay más por contar. Según la información que presentó al inscribir su candidatura para diputada, Sueldo contaría con estudios de posgrado entre los que figuran dos maestrías en la reconocida Universidad San Martín de Porres así como otros estudios en otras instituciones.

Por ello ha llamado la atención encontrar que, según información consultada a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Lizzi Del Rocío Sueldo Matos tan sólo tiene registrado su título de bachiller en derecho y el de abogada mas no los estudios que presume en su información como candidata.

Entre los actuales integrantes del Legislativo se han registrado diversos episodios de parlamentarios que no supieron mantener la compostura y han amenazado desde periodistas hasta a fiscalizadores. Con el historial que arrastra Sueldo, no quedan dudas que este tipo de casos se podrían repetir en el nuevo periodo que iniciará en julio.

LOS ESPARTANOS DE BELMONT

Por: 8.04.2026

[INFORME] Desde un periodista que se quería disfrazar de profesional de la salud para acceder a una vacante pública hasta un funcionario castillista que vivió medio año en la sede del Colegio Mayor Presidente del Perú integran la lista del partido de Ricardo Belmont para el Congreso.

“Esta es mi última batalla”, fueron las palabras que Ricardo Belmont Cassinelli pronunció durante una de las jornadas de debate y que terminó por impactar en varios de los espectadores. La ausencia de otros momentos memorables en los debates llevó a que este discurso del candidato del Partido Cívico Obras se convirtiera en los días posteriores en uno de los más vistos en redes sociales de gran alcance.

Pero la inesperada viralización de la palabras de Belmont no se quedaría en el mundo virtual y, sumado a la existencia de un importante porcentaje de indecisos, su impacto en las preferencias que registraron diversas encuestas cambió el escenario de las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo.

Sin embargo, detrás del discurso de un Belmont Cassinelli que ha tratado de mostrarse como un hombre que en el ocaso de su vida anhela ver un país recuperado existe un partido que no parece tener las herramientas para cumplir con esa promesa. Sudaca pudo revisar el historial de quienes acompañan a este inesperado contendiente a la presidencia y encontró algunos perfiles que despiertan serias dudas sobre sus respectivas trayectorias.

PERIODISTA MULTIFACÉTICO

Contrario a los discursos virales de Ricardo Belmont, la lista de candidatos a diputados del Partido Cívico Obras parece darle lugar a las malas costumbres que se han instalado en la política peruana durante las últimas décadas y que han generado el crítico presente de cual el propio candidato presidencial se queja.

Un ejemplo de ello se puede encontrar en uno de sus candidatos a diputado llamado Pablo Moisés García Varas. Quien es comunicador de profesión postula para entrar a la cámara de diputados como representante de la región La Libertad e integrar la bancada de Belmont Cassinelli.

Pero su historial arrastra decisiones que rozan lo irracional y generan dudas sobre sus intenciones con el dinero público. En el año 2023, García Varas intentó que el Hospital Regional Docente de Trujillo de luz verde a su nombramiento como especialista en salud pública. Un pedido que llama la atención dado que, como él mismo consignó en su hoja de vida, sus estudios se limitan a una licenciatura en comunicación y una maestría en marketing.

Como podía suponerse, García Varas fue declarado como no apto debido a que no contaba con un título que le permita ser considerado un profesional de la salud. Inexplicablemente, el actual candidato al Congreso apeló en una desconcertante maniobra que tenía como objetivo ubicarlo en una de las vacantes que recibirían compensaciones y entregas económicas que debían ser  destinadas al personal de la salud al servicio del Estado. En un desenlace más que predecible, el recurso de apelación presentado por Pablo García Varas fue declarado como infundado por el Tribunal de Servicio Civil.

VACACIONES CON TODOS LOS GASTOS PAGADOS…POR EL ESTADO

Otro de estos personajes pintorescos que acompañan a Belmont y podrían llegar al Legislativo es Arturo César Eusebio Padilla, quien postula con el número uno por la región Lima. Si bien este es uno de los pocos candidatos con experiencia en el sector público, se podría decir que esa experiencia no fue la mejor.

Con la llegada de Rosendo Serna al Ministerio de Educación durante el gobierno de Pedro Castillo, Arturo Eusebio, quien casualmente era militante de Perú Libre, fue designado como presidente del directorio del Centro Vacacional Huampaní (sede del Colegio Mayor Presidente del Perú).

Esta designación pareció haber entusiasmado tanto al ahora candidato del Partido Cívico Obras que decidió quedarse a vivir en su lugar de trabajo. Según el siguiente documento de Contraloría que fue advertido por el portal Convoca en agosto del 2023, el presidente del directorio y varios de los miembros integrantes permanecieron en el Centro Vacacional Huampaní haciendo uso de alimentos y los bungalows.

Arturo César Eusebio Padilla, como presidente del directorio, decidió permanecer cerca de doscientos días como huésped. Esta situación, como concluyó la Contraloría, generó un perjuicio a la entidad por más de sesenta mil soles. No obstante, cuando se da a conocer este informe en julio del año 2023, el gobierno de Pedro Castillo había llegado a su final y sus funcionarios, entre ellos Arturo Eusebio, ya no se encontraban ocupando estos cargos por lo que pudo librarse de una sanción o despido por esta irregularidad.

LA OTRA CARA DEL “FRAUDE”

Durante los últimos cinco años, la palabra fraude se ha relacionado con el fujimorismo debido a las acusaciones que se hicieron contra los organismos electorales tras las elecciones presidenciales del 2021. Sin embargo, pareciera que esta vez otro partido podría tomar la posta para continuar con los relatos conspirativos sobre un supuesto fraude.

Quien aparece en el siguiente video anunciando que “en las próximas elecciones es probable que se presente un fraude electoral” por un supuesto vínculo de Keiko Fujimori con un integrante del Jurado Nacional de Elecciones es Jhon Torres Roselló, un analista político que ahora es candidato a senador del partido de Ricardo Belmont por la región Puno.

Tras pasar desapercibido la mayor parte de la contienda electoral, Ricardo Belmont llegó a los días previos a las votación como uno de los protagonistas. Sin embargo, detrás del relato patriótico que logró viralizar en redes sociales en una campaña que él mismo catalogó como su última batalla, los hechos demuestran que su partido no va por un camino muy distinto del que transitan las agrupaciones más cuestionada del Perú.

PRUEBAS IGNORADAS

Por: 31.03.2026

[INFORME] El fiscal a cargo intentó archivar el caso de Santiago Guardamino. Sin embargo, la enorme cantidad de pruebas que fueron dejadas de lado impulsan a su familia a continuar la búsqueda de justicia a casi dos años de su asesinato.

La familia de Santiago Guardamino, expresidente de la comunidad de Quipán, sufrió un duro e inesperado revés tras conocer que la justicia, más precisamente el fiscal Renato Lavy Cora, tomó la decisión de abandonar la revisión de evidencias del asesinato del líder comunal y archivar el caso alegando falta de pruebas.

LO QUE DEJARON DE LADO

Sin embargo, los detalles que se pudieron conocer detrás del cruel asesinato de Guardamino exponen que existía una importante cantidad de material que se dejó de lado. Por ejemplo, ha trascendido que la Fiscalía tenía en su poder teléfonos celulares y audios que daban cuenta de las amenazas que estaba recibiendo el entonces presidente de la Comunidad de Quipán antes del atentado que terminó con su vida.

Increíblemente, como argumento el fiscal Lavy Cora, estos dispositivos móviles cuyo contenido podrían haber sido de gran utilidad para dar con el paradero tanto de los autores materiales como intelectuales del asesinato de Guardamino nunca fueron revisados. Según se comentó, no contaban con la tecnología ni peritos necesarios.

Alicia Guardamino, hermana del líder comunal, declaró al diario La República que fueron cinco los celulares que se entregaron a la policía para su revisión. No obstante, el mayor PNP Julio Farfán Chiun, quien es parte del Departamento de Análisis y Coordinación de la Dirección de Ciberdelincuencia habría informado que el análisis de estos equipos no ocurrió por falta de recursos.

APELACIÓN PENDIENTE

Sin embargo, la familia Guardamino ha decidido no bajar los brazos en su búsqueda de justicia y más porque sienten que no se actuó de la manera que el caso exigía. “La policía sí contaba con los recursos. El caso estuvo más de un año y cuatro meses en la Dirincri y durante esa fecha la policía no investigó nada”, sostuvo Alicia Guardamino en declaraciones a La República y agregó que incluso “el suboficial Christian Ramos Espino ni siquiera terminó con las declaraciones de los testigos.

Por su parte, Juan Sarmiento Verástegui, quien es el abogado defensor de la familia Guardamino, indicó que “el fiscal superior todavía no nos ha notificado con respecto a la apelación. Es él quien debe resolver el tema. Sin embargo, no hay un plazo específico para la respuesta”.

Según pudo conocer Sudaca, actualmente el caso está en manos de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humano y contra el Terrorismo y estará en manos de ellos evitar que el caso de Santiago Guardamino sea archivado y la lucha por justicia de su familia quede sin respuesta.

Como se recuerda, Santiago Guardamino era presidente de la comunidad de Quipán cuando fue asesinado en abril del 2024 tras tener una participación activa en el destape de la venta ilícita de un terreno de diez mil hectáreas a la empresa Industrias Argüelles haciendo uso de firmas falsas para pagar un precio muy inferior al que correspondía.

SIGUE LA INJUSTICIA

Por: 30.03.2026

[INFORME] Contra todo pronóstico, la justicia decidió darle la espalda a la familia de Santiago Guardamino, el líder comunal que expuso los engaños usados para consumar la venta de un terreno de la comunidad de Quipán a una acaudalada empresa.

A pocos días de cumplirse dos años de su violento asesinato, la familia de Santiago Guardamino no sólo sigue padeciendo la ausencia de un esposo, un hijo y un padre en el día a día sino que ahora también debe afrontar un escenario inesperado luego de un indignante revés por parte de la justicia.

MORIR LUCHANDO

En abril del año 2024, Guardamino perdería la vida una noche cerca de su vivienda en medio de circunstancias muy sospechosas. Santiago no sólo había asumido la presidencia de la comunidad de Quipán, también se había puesto al hombro la lucha por justicia luego de una fraudulenta venta de diez mil hectáreas que le pertenecían a su comunidad e involucraba a una empresa muy poderosa.

Su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, había sido parte de una jugada sucia en perjuicio de la comunidad de Quipán en la cual haciendo uso de firmas falsas vendió un terreno de diez mil hectáreas por seiscientos mil soles, pese a que el precio correcto alcanzaba los cinco millones, a la empresa fundada por Aniceto Argüelles y que tenía a Karen Pasco Flores en la gerencia general.

La lucha de Santiago Guardamino lo llevó a interponer una denuncia penal contra los involucrados que terminaría con el 4to Juzgado de Lima Norte condenando a Mosquera a cinco años de prisión efectiva, que posteriormente se reducirían a cuatro de prisión suspendida, mientras que Argüelles incluso llegó a verse involucrado y condenado por un caso de soborno a una magistrada en su desesperado intento por eludir las consecuencias de este caso.

UN GOLPE DE LA JUSTICIA

Sin embargo, pese a que los nueve disparos que recibió Guardamino esa noche de abril ocurrieron en un contexto en el cual se había convertido en un problema para quienes estaban detrás de la venta fraudulenta, la justicia la ha dado la espalda a la familia de Santiago y su lucha por obtener justicia.

Recientemente, el fiscal Renato Lavy Cora tomó al inesperada decisión de desestimar los testimonios de la familia de Santiago Guardamino y archivar el caso bajo la excusa de falta de pruebas. Una decisión que ha desatado una comprensible indignación en la familia del expresidente de la comunidad de Quipán.

“Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar”, manifestó Maribel Guardamino, viuda de Santiago, en declaraciones al diario La República y agregó que “la más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”. Cabe señalar que, días antes de su asesinato, se registraron amenazas muy serias.

Según se ha podido conocer, pocas semanas antes del fatal desenlace, dos sujetos en moto aparecieron en Quipán buscando al entonces presidente de la comunidad y, tras no ubicarlo, abandonaron el lugar vociferando amenazas contra Guardamino que fueron seguidas de varios disparos al aire.

 

DETRÁS DE LOS OUTSIDERS

Por: 28.03.2026

[INFORME] Un excandidato al Congreso que presume estar armado, un aportante que se benefició con órdenes de servicio y un exalcalde que intentó aumentarse el sueldo figuran entre los aportantes y contratados por las campañas de los candidatos outsiders.

Tras varios años de una crisis política que parece haberse convertido en una pesadilla sin final, para muchos de los peruanos se ha vuelto necesario encontrar nombres que se conviertan en los nuevos referentes de la política peruana y estas elecciones podrían ser mucho más favorables para los famosos outsiders que para los representantes de los partidos tradicionales.

Sin embargo, como ha ocurrido en varias oportunidades durante los últimos años, detrás del discurso del político disruptivo se puede esconder una agrupación que, aunque con caras nuevas, termine por caer en las mismas prácticas de la clase política a la que intenta reemplazar.

Para las elecciones del próximo mes, algunos de los candidatos que sostienen un discurso crítico con el establishment e intentan convertirse en la voz del pueblo son Carlos Álvarez (País Para Todos), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y José Luna (Podemos). Sudaca ha revisado la recientemente publicada lista de aportantes  y gastos detrás de estas candidaturas y hay más de una sorpresa.

NO ES PARA REÍR

En los últimos años, Carlos Álvarez decidió dejar de lado su faceta cómica para incursionar en la política poniendo especial atención en los temas que generan mayor indignación y de la mano de País Para Todos, uno de los partidos nuevos, el recordado integrante del programa “El Especial del Humor” intentará llegar a la presidencia.

Sin embargo, Álvarez parece no haberse tomado el tiempo de investigar a las personas que actualmente se involucran en su campaña. Según los reportes revisado por Sudaca, País Para Todos le pagó más de cien mil soles por el concepto de servicios operativos administrativos a una persona llamada Abdias Joel Chinchay Príncipe, un nombre que en la ciudad de Huaraz no dejó los mejores antecedentes.

En noviembre del año 2019, Noticiero Libre, un medio digital de Huaraz, publicaba la impactante imagen de un candidato al Congreso de la agrupación política de Juan Sotomayor que se mostraba en sus redes sociales presumiendo la posesión de un arma. El nombre de este candidato era Abdias Joel Chinchay Principe, el mismo que hoy recibe pagos del partido de Álvarez.

La reciente cercanía de Chinchay con el partido de Carlos Álvarez no sería precisamente producto de la casualidad. Hugo Gonzales Henostroza, director del medio Noticiero Libre, puso al descubierto en 2019 que Chinchay era uno de los hombres del confianza de Vladimir Meza Villarreal, el exalcalde de la municipalidad provincial de Huaraz.

¿Cómo se conecta esto con la candidatura de Álvarez? Meza Villarreal es el fundador del partido que tiene al cómico como candidato presidencial y que casualmente decidió contar con los servicios de Chinchay. Cabe señalar que este exalcalde está seriamente comprometido en temas judiciales debido a una acusación de colusión agravada por el caso Consorcio Huaraz y por el cual podría pasar diez años en prisión.

En una entrevista reciente, Carlos Álvarez intentó marcar distancia con Meza y señaló, con respecto a una sentencia por violencia familiar, que el fundador de su partido “debe enfrentar a la justicia”. Sin embargo, con la presencia de personajes como Chinchay en su campaña ponen en evidencia que Álvarez detrás de su candidatura a más infiltrados cuestionables de los que cree.

En la lista de aportantes de País Para Todos también se puede encontrar algunos nombres que sorprenden por su vinculación previa con otras agrupaciones políticas muy cuestionadas en los últimos años. Por ejemplo, Kaimer Merced Dolmos Vengoa entregó dos mil soles para la campaña de Álvarez.

Dolmo Vengoa fue candidato al Congreso de Perú Libre como representante de los peruanos en el extranjero, pero no logró obtener un lugar en el hemiciclo. Sin embargo, su influencia fue tal que, a los pocos meses de la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, Dolmos Vengoa fue acceder a un cargo de confianza como director general de la dirección general de promoción y sostenibilidad minera del Ministerio de Energía y Minas. Hoy, el excandidato de Perú Libre vuelve a la política haciéndose un lugar en País Para Todos.

LOS PERSONAJES DE PODEMOS

José Luna y Podemos han tenido una presencia influyente tanto en el Congreso como en la política nacional. No obstante, su discurso pretende negar esta cercanía con el poder e intentar ser la cara de la renovación política. Sudaca investigó los nombres de sus aportantes y encontró que no sólo están lejos de ser una renovación política sino que parecen haber buscado vincularse con los personajes con los peores antecedentes.

Fermín García Fuentes es uno de estos aportantes a la campaña del partido Podemos, con el cual también intenta ser diputado por Cusco, y entregó una suma de casi cinco mil soles. Pero García Fuentes no es precisamente un nombre alejado del ambiente de la política y mucho menos a sus mañas.

A inicios del año 2011, una noticia causó indignación en Cusco. El alcalde del distrito cusqueño de Santiago y sus regidores habían intentado duplicarse el sueldo. Quien estaba a cargo de esta alcaldía era Fermín García Fuentes y su justificación para este aumento arbitrario fue alegar que «iba a trabajar más» en ese periodo.

En las elecciones que se llevarán a cabo en unas semanas, García Fuentes, el alcalde que parecía más preocupado por subirse el sueldo y sólo dio marcha atrás cuando la indignación colectiva lo forzó a hacerlo, podría convertirse en el representante de Cusco en el Congreso con Podemos, el que García llama “el partido del pueblo”.

EL CASCO NECESITA LINTERNA

Alfonso López Chau y Ahora Nación han logrado convertirse en una de las alternativas más sólidas en la contienda electoral. El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es uno de los pocos políticos que a lo largo de la campaña no ha padecido reducciones considerables en las encuestas y mira de cerca a los líderes.

Pero en su campaña tampoco han faltado algunos malos elementos. Uno de los aportantes a Ahora Nación ha sido Edgar Hermógenes Gonzales Mogollón. Como se puede observar en la siguiente imagen, Gonzales aportó la considerable cifra de treinta mil soles a la campaña de López Chau y el partido del casco.

Sin embargo, pareciera que a ese casco le faltó una linterna para ver bien a las personas que permiten que se involucren en su campaña. Esto debido a que, en lo que respecta a aportes a campañas políticas, Gonzáles Mogollón parece haber tenido motivaciones personales detrás de estas colaboraciones.

En el año 2024 una noticia impactó en Arequipa cuando se conoció que el Gobierno Regional de Arequipa, casualmente, había emitido dos órdenes de servicio a nombre de una persona que también fue aportante de la campaña que le permitió a Rohel Sánchez Sánchez convertirse en gobernador.

El nombre de este aportante era Edgar Hermógenes Gonzales Mogollón y por sus mil soles en apoyo a Sánchez Sánchez terminó siendo beneficiado por dos órdenes de servicio que suman un total de dieciocho mil soles. Si se tiene en cuenta que su aporte a Ahora Nación alcanza los treinta mil soles, resulta razonable preguntarse si luego intentará cobrárselos de alguna manera.

Aunque el hartazgo de la población ante el accionar de una clase política es innegable, estas nuevas alternativas políticas no parecen haber puesto suficiente esmero en cerrar las puertas a los malos elementos que lo único que pueden garantizar es profundizar la crisis política que se padece en el Perú desde hace varios años.

 

 

DETRÁS DE LOS LÍDERES

Por: 27.03.2026

[INFORME] Entre los más generosos aportantes a las campañas de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori aparecen desde un exministro del régimen de Alberto Fujimori hasta un empresario minero con varias decenas de procesos judiciales.

Aunque Keiko Fujimori perdió gran parte del respaldo que supo tener en sus primeras participaciones como candidata presidencial y Rafael López Aliaga ha visto disminuir su porcentaje, lo que muestran los más recientes sondeos es que los líderes de Fuerza Popular y Renovación Popular se mantienen, a pocas semanas de las elecciones, como los líderes de las encuestas.

No obstante, tanto para Fujimori como para López Aliaga, el contexto de desconfianza con respecto a la clase política lleva a que la misión de convencer al electorado sea mucho más compleja que en elecciones pasadas y, por supuesto, la elaboración y despliegue de una campaña tendrá un costo importante.

Sudaca ha podido revisar la rendición de cuentas que han presentado Fuerza Popular y Renovación Popular. En estas listas se han podido conocer los nombres de aquellos que hoy sostienen a los principales aspirantes a la presidencia entre los cuales figura más de un personaje con un historial cuestionable.

LOS ALIADOS DE PORKY

Cuando se empezó a hablar de elecciones presidenciales, Rafael López Aliaga logró posicionarse como una de las figuras protagonistas. Sin embargo, los cuestionamientos a su gestión en la Municipalidad de Lima y el accionar de su bancada en el Congreso terminaron por pasarle factura y hoy, aunque no sale de los dos primeros lugares, su distancia con el resto de adversarios se redujo considerablemente.

Ante este escenario, la campaña de Renovación Popular se ha visto obligada a potenciar sus actividades y para llevar a cabo esta tarea ha encontrado un valioso e inesperado respaldo por parte de un exministro del régimen fujimorista. La persona en cuestión es Jorge Yamil Mufarech Nemy. El empresario que también fue congresista del partido del expresidente Alejandro Toledo realizó un aporte con telas y mandiles publicitarios que superó los cincuenta mil soles.

Cabe señalar que Mufarech Nemy también es recordado por episodios polémicos como cuando denunció, sin éxito, al diario El Comercio por difamación y exigió una reparación de cincuenta millones de soles. También llegó a demandar al politólogo José Alejandro Godoy por haber publicado en su blog un recuento de las acusaciones contra el exministro por escándalos financieros. Si bien en un primer momento logró una sentencia contra Godoy que le ordenaba pagarle a Mufarech más de trescientos mil soles, finalmente la justicia anuló la sentencia alegando que la demanda era infundada e incoherente.

Pero, si se habla de denuncias, en esta lista de aportantes figura un nombre mucho más llamativo y se trata de Fernando Pablo Martorell Sobero, quien tiene registrados cincuenta y cuatro procesos judiciales que reportó el medio Ojo Público en el año 2022. Con más de ocho mil soles consignados como hospedaje en Tacna, este político tacneño es uno de los generosos aportantes de López Aliaga y Renovación Popular.

Martorell no es ajeno a la política. Además de haber sido candidato al Gobierno Regional de Tacna, cuenta con un hermano, Guillermo Martorell, que ha sido congresista representando al partido fujimorista, aunque a Fernando hoy se le conoce más por su rol como empresario que, en 2024, recibió una concesión minera de novecientas hectáreas en el departamento de Moquegua.

TODAVÍA LE TIENEN FE

Este 2026 marcará el cuarto intento de Keiko Fujimori como candidata presidencial y, sin dudas, deberá enfrentar un escenario adverso con un importante sector de la población que cuestiona su rol y el de Fuerza Popular en la política nacional. Sin embargo, en el fujimorismo, quizá impulsados por la ausencia de otros candidatos que le saquen una diferencia importante en las encuestas, todavía creen que el sueño de llevar a la hija de Alberto Fujimori a Palacio es posible.

Uno de los más generosos ha sido Luis Williams Dyer Fernández con un aporte en material para campaña valorizado en casi cien mil soles. Luis proviene de una familia de acaudalados empresarios como su padre Luis Dyer Ampudia y su tío Samuel Dyer Ampudia, este último vinculado con la conocida empresa agroindustrial Camposol.

Paradójicamente, aunque hoy el apellido Dyer aparece en una lista de aportantes a Fuerza Popular, Samuel Dyer Ampudia fue ilegítimamente privado de su libertad durante los primeros años del gobierno fujimorista, aunque el hoy fallecido exdictador negó su responsabilidad en estos hechos.

Otro nombre que resalta en esta lista es el de Jorge Edisson Llerena Portugal. Si bien en comparación de los montos provenientes de sectores empresariales puede parecer poco, el aporte de seis mil soles para gorros de campaña llama la atención por tratarse de una persona que trabaja como auxiliar de un despacho del Congreso.

Aunque al escrudiñar en la historia de Llerena Portugal se podría concluir que decir que trabaja en el Congreso quizá no sea la mejor forma de describir sus actividades. En diciembre del año pasado, el dominical “Cuarto Poder” presentó un reportaje sobre trabajadores fantasma en el Congreso.

En dicho informe se mostraba que Jorge Llerena pasaba largas horas que eran parte de su horario laboral en la sede del partido fujimorista. La cereza del pastel en este caso fue que Auristela Obando, la congresista que supuestamente tenía a Llerena trabajando en su despacho, dijo no conocerlo.

José Chlimper Ackerman, exsecretario general de Fuerza Popular, también aparece en esta lista de aportantes. Aunque, en enero del año pasado, el economista de setenta años había dicho que no tenía intención de participar en política, la información que pudo revisar Sudaca muestra que contribuyó con un aporte valorizado en más de cincuenta mil soles en banderas y banners.

A pocas semanas de unas elecciones que tiene a un considerable sector de la población mirando con desconfianza a los candidatos, conocer a los que sostienen las campañas políticas pueden dar un indicio de los intereses que tendrán los candidatos si llegan a convertirse en los nuevos inquilinos de Palacio de Gobierno.

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