Informes

“De cierta forma hay algunas situaciones internas en las que podemos discrepar. Como cualquier tipo de bancada a la larga se puede llegar a fraccionar. Pero, por el momento, nos mantenemos firmes y vamos a continuar con el respaldo de nuestro compañero Pedro [Castillo]”, dice Quiroz.

En la tienda del lápiz son conscientes de que el proyecto de ley para que una Asamblea Constituyente redacte una nueva Constitución va a fracasar en el Congreso. Pero esperan que la negativa de la oposición a elaborar una nueva Carta Magna encienda la pradera en las regiones y se inicien las protestas. Ese -dice una fuente de Perú Libre cercana a Cerrón- sería el famoso “plan B” del que habló el secretario general del partido en una entrevista en Canal N. 

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anibal torres, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Cantorín se defiende nuevamente y menciona que no existió sobrevaluación en la construcción de la iglesia. Dice tener un peritaje de parte que lo prueba. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción de la región ya ha emitido el requerimiento de acusación al Poder Judicial por el delito de colusión desleal, de acuerdo al despacho encargado.

Este es el historial del hombre de confianza de Hernán Condori, quien llegó al cargo luego de un paso como coordinador de obras en el Gobierno Regional de Junín. Ahí estuvo desde abril de 2021, mes de las elecciones presidenciales y congresales. El 31 de marzo, en una resolución ministerial, Hernan Condori lo oficializó en el PRONIS. Fue uno de sus últimos deseos antes de ser censurado ese mismo día.

Ahora Cantorín debe dirigir, conducir y supervisar la gestión de los proyectos del programa. Dentro de sus funciones, se encuentra la de celebrar convenios y contratos de infraestructura. A la fecha, sin embargo, no figura en el SEACE ninguna contratación llevada a cabo en el PRONIS en todo el mes de su gestión. Las actividades de la entidad que han sido difundidas oficialmente consisten mayormente en inspecciones a obras o asistencia técnica al proyecto. 

 

 

 

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Hernán Condori, Minsa, Perú Libre

DOCUMENTOS FRAGUADOS

El presunto favorecimiento a Lagunas del Perú se gestó desde el Comité Evaluador de Procesos de Inversión de la municipalidad, el máximo órgano promotor de la inversión privada del distrito. En el 2011, el comité aprobó la estructura de compraventa del terreno, así como la contratación de una fiduciaria para que administre el inmueble hasta que se cumplan las cláusulas del contrato. Pero la Fiscalía descubrió fácilmente que dichos acuerdos eran, en buena medida, fantasmales.

“Dos de los miembros de esa comisión han manifestado que no se realizaron tales sesiones que se glosan en las actas […] Se tiene la declaración de la acusada Cecilia Sánchez Vásquez, quien como miembro del comité suscribió todos los documentos emitidos por el mencionado proyecto, pero [dice] que para ello no se reunió a fin de discutirlo y decidirlo”, se lee en la acusación presentada por el fiscal Richard Cirilo Ruiz.

Sánchez Vásquez −a la sazón, sentenciada por corrupción− contó a la Fiscalía que se emitían informes y documentos como si los hubiesen hecho los miembros del comité, pero que ellos sólo firmaban. “Las documentaciones las trabajaban los asesores externos de Javier Musiris Díaz”, apunta la acusación fiscal.

De la misma manera, Alejandro Morales Espinoza, presentado como el supuesto representante de Lagunas del Perú que en los papeles participaba de las sesiones del comité, desmintió haber estado en dos reuniones del 2011. Menos aún, dijo, las había certificado con su firma.

El abogado de Musiris no recuerda que algún trabajador de la empresa haya declarado en ese sentido. Sudaca accedió al testimonio de Morales ante la Fiscalía y corrobora que este dijo lo que señala la acusación. El hombre, además, precisó  ser un extrabajador de las empresas de Musiris, pero aseguró nunca haber estado vinculado a Lagunas del Perú. Es decir, habrían usado su nombre “No recuerdo haber firmado esa acta, menos haberlo hecho en San Bartolo”, se lee en su declaración.

La fiscalía anticorrupción también recogió el testimonio de dos regidores, quienes señalaron que no habían recibido la información para votar por la aprobación del proyecto de Musiris en el Concejo Municipal. Se trata de Juan Guevara Carazas y Madeleyne Carranza Capristrán. Ambos votaron en abstención. Esta última ratifica a Sudaca lo dicho a la Fiscalía.

Carranza asegura, además, que luego de dar su voto en abstención un regidor −del que pidió no dar su nombre, pero hemos verificado su paso por el consejo municipal− la llamó a pedirle que rectifique su votación. “Sólo aprobaron el proyecto tres regidores, más el alcalde: cuatro. Así que la empresa quería que rectifiquemos. Es como si hubiesen pasado con 11, y ellos querían pasar con 20. Así que el regidor me dijo que, si lo hacía [rectificarse], podía pedir hasta un carro y que la empresa podía ubicar a mi esposo, entonces desempleado, en un puesto de trabajo, pero en otra compañía. Le dije que conmigo no cuente”, recuerda la exregidora.

Nota 003
Exregidora Madeleyne Carranza Capristán votó en abstención por la propuesta del proyecto inmobiliario. Un regidor la llamó para decirle que, si se rectificaba a favor de la empresa, podía pedir hasta un carro y a su esposo podían darle trabajo, cuenta. Ella dijo que no.

 

EL COLABORADOR

A pesar de los acuerdos fantasma, el contrato se firmó en el 2011. Como parte de este, el terreno de 96 hectáreas pasó a ser administrado por Fiduciaria Perú SA. Lagunas del Perú, por su parte, tenía que transferir una primera cuota a la municipalidad, pero no lo hizo porque el terreno no estaba saneado. La comuna mantenía una controversia con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) por la posesión del predio desde el 2014. Además, asegura el abogado de Musiris mostrando una vista aérea de la zona, hay al menos tres empresas ocupando el predio de manera ilegal.

Mientras aquellos líos se resolvían, Lagunas del Perú cambió de gerente general: ya no sería Musiris −quien sigue siendo el accionista mayoritario, según Sunarp−, sino el socio minoritario José Vidal Hermoza. El 2016, este le pidió a la comuna que prorrogue el primer pago por un año. El entonces gerente municipal, Luis Tuesta, se negó, “indicando que la empresa debía cumplir con sus obligaciones”.

Barthelmess, sin embargo, le enmendó la plana y “le reclamó su proceder sin haberle hecho la consulta”, dice la acusación fiscal. Entonces, la solicitud de la inmobiliaria recién fue aceptada. Pero los investigadores descubrieron que para esto también se fraguaron documentos, una constante de la gestión del exalcalde de San Bartolo.

En el acuerdo del Concejo que permitía la ampliación, por ejemplo, la firma del secretario general, Daniel Farfán Soto, no fue reconocida por este. “En tal sentido, resulta por demás evidente que la formulación del acuerdo de Concejo que aprobaba su pedido [el de la empresa de Musiris] se hizo a consecuencia de los acuerdos ya establecidos entre los acusados. No cabe otra inferencia”, concluye el Ministerio Público.

¿Por qué tanto interés en aprobar dicha prórroga? Sudaca accedió a un acta de la declaración de un colaborador eficaz del caso. El arrepentido delincuente afirma allí que corrió plata entre los funcionarios. “El año pasado [2016] se amplió el plazo de pago para lo cual se entregó una suma de dinero al alcalde y otra suma de dinero a cada regidor por el tiempo de un año, que duraba esta ampliación. A cada regidor se le estaba pagando la suma de S/5.000 mensuales”, se lee en la declaración de este testigo. Los investigadores del caso señalan que el pago lo habría hecho la empresa detrás del proyecto Acqua.

Nota 002
La declaración del colaborador eficaz habla de coimas de hasta 5.000 soles mensuales. El abogado de la compañía lo niega tajantemente.

Jorge Márquez, abogado de Musiris, niega que la empresa haya coimeado a alguien. Dice que hacer las prórrogas “para cumplir con las condiciones del contrato” era obligación de la municipalidad. Apunta, además, que, desde que empezó la investigación no se ha señalado a Musiris por el pago de coimas, que la Fiscalía descartó en su momento haber encontrado más pruebas sobre aquello y que “el delito por el que se acusó es colusión simple y no cohecho”.

“Cuando cae el alcalde Barthelmess, cae con él un grupo de funcionarios. Algunos, buscando beneficios premiales para reducir su condena, empiezan a tirar lodo con ventilador a todos los proyectos en los que Barthelmess estaba involucrado”, agrega el abogado.

El proyecto siguió sobreviviendo con prórrogas desde aquel 2016. A mediados del 2019, la controversia entre la Municipalidad de San Bartolo y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales culminó favoreciendo a la primera. Los posesionarios ilegales, sin embargo, siguen ocupando el terreno.

 

EL LEGADO DE BARTHELMESS

El 2020, la actual gestión municipal de San Bartolo negó una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú y recalcó que el proyecto no era compatible con lo establecido por la ley que declara de necesidad pública el desarrollo del Proyecto de Saneamiento y Aguas Residuales del cono sur (ley 27040). Es decir, podían construir ahí un campo santo, clubes deportivos o campestres, viveros y hasta un zoológico. No entraba en la categoría, sin embargo, nada parecido a un centro comercial.

La Procuraduría de esta gestión municipal, además, había pedido al Poder Judicial que declare nulo el contrato firmado con Lagunas del Perú para lograr que los terrenos vuelvan a manos de la comuna. Los regidores y el alcalde estaban pendientes de qué se iba a resolver en esa instancia. Parecían querer enmendar lo hecho por Barthelmess. Un año después, sin embargo, cedieron.

En un Concejo Municipal de setiembre del 2021, la mayoría de regidores −todos, menos una− votaron por acatar una nueva prórroga pedida por Lagunas del Perú. El acta del acuerdo lleva la firma del alcalde Rufino Enciso y el secretario general Alexander Abarca. Los funcionarios argumentaron que el Poder Judicial aún no había admitido la demanda de la municipalidad. Nos comunicamos con Abarca para pedirle una explicación, pero se negó a responder.

Un funcionario que pidió el anonimato intenta defender a la gestión actual así: “Tratamos de luchar, de recuperar ese terreno, pero no se pudo, porque nuestra área legal es completamente pequeña en comparación con el manejo que tiene esta empresa. Nuestra posición siempre fue pelearla, pero nos dimos cuenta de que batallábamos contra un gigante”, dice.

Nota 001
Izquierda: el actual alcalde Rufino Enciso. Derecha: el secretario general Alexander Abarca. No quisieron responder nuestras preguntas. Por algo será.

Recién en enero de este año, el Poder Judicial admitió la demanda para anular el contrato. Pero es demasiado tarde. Al permiso que el proyecto ha obtenido del alcalde y sus regidores, se le suma que la municipalidad de Lima ya aprobó el “Planeamiento integral” pedido por Lagunas del Perú. Esto significa que las 96 hectáreas de terreno eriazo que le cedió San Bartolo ya son urbanizables. La ordenanza fue firmada por Jorge Muñoz en febrero pasado. El próximo paso es obtener un cambio de zonificación.

No obstante, según una carta de Lagunas del Perú enviada a la comuna a mediados del año pasado, la compañía ha anunciado que cambiará “el objeto” del contrato. “Ahora que el sistema económico está muy golpeado. después de la pandemia, esto nos exige algunas modificaciones. Si antes se quería construir determinada cantidad de departamentos, ahora será un poco menos, por ejemplo”, explica el abogado de Lagunas.

Además, la trama de presunta corrupción que presentamos en este informe fue declarada prescrita a fines de marzo. Así lo venía pidiendo la defensa de Musiris cuando este fue acusado, alegando que el supuesto hecho delictivo ocurrió desde el acuerdo municipal del 2011. Por lo tanto, según su interpretación, el hecho habría prescrito antes del momento en que el fiscal acusó, el 2018.

Pero la posición fiscal siempre fue que los hechos de corrupción fueron sucesivos. Es decir, que ocurrieron mientras se seguían renovando las prórrogas al proyecto, al menos hasta el 2017. Dos instancias judiciales le dieron la razón a esta interpretación. Pero entonces, el abogado de Musiris presentó un habeas corpus a la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, cuyos magistrados aceptaron la interpretación del acusado.

Así que, mientras los funcionarios de confianza de Jorge Luis Barthelmess pasan o han pasado un tiempo en prisión y el exalcalde se mantiene prófugo de la justicia (por otros hechos de clara y conocida corrupción), este caso no será sometido a juicio.

Nota 005
Arriba: el exitoso empresario Javier Díaz Musiris. Abajo: la decisión judicial que prescribió la acusación en su contra.

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Javier Musiris

INTELIGENCIA AD HOC

La Digimin peruana ha estado recientemente en el ojo de la tormenta por escándalos políticos que la muestran como sumisa a la voluntad de Palacio de Gobierno. Esta institución se encarga de realizar videovigilancia a investigados por corrupción, y algunos sectores la responsabilizan de que el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, estén hoy prófugos de la justicia. La Digimin también fue cuestionada por la fuga del exjuez supremo César Hinostroza, a quien le hacían seguimiento, en octubre del 2018.

Lo cierto es que el manoseo de la Dirección General de Inteligencia del Mininter ha sido evidente en los últimos dos meses, tiempo en el que ha tenido cuatro cabezas. Actualmente es dirigida por Jorge Cassanova Cubas, coronel de la Policía.

Sudaca consultó al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sobre lo anunciado por los hackers rusos, pero nos dijo que no tenía conocimiento de la amenaza informática porque se encontraba en el VRAEM. “Voy a despachar con el jefe de la Digimin y pedir la información”, dijo Chávarry.

El puñado de títulos de documentos que Conti ya exhibe en su blog −supuestamente, parte de lo robado a la Digimin− indican temas vinculados al proyecto especial para el control y la reducción del cultivo de la hoja de coca en el Alto Huallaga (Corah) y a una huelga regional indefinida programada en Arequipa para el próximo 2 de mayo. Según prensa local, los trabajadores de salud de esa región alistan un paro para ese día.

Hacker Cuadro
Página del grupo cibercriminal ruso Conti con enlaces a supuestos documentos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. El material no se puede descargar

Empleados de una empresa de antivirus confirmaron a Sudaca que este es el método clásico de coacción que utiliza el grupo de hackers. “El tema de la seguridad de información y la seguridad informática en el país considero que no se está tomando en cuenta. Recuerden que ha habido candidatos que han sido chuponeados en plena campaña, como lo que pasó con Lourdes Flores años atrás”, agrega el también especialista, John Sánchez Chirinos. 

 

EL CASO COSTA RICA

La amenaza que han lanzado los pandilleros digitales no es para tomarla a la ligera. El último 17 de abril, la cuenta de Twitter BetterCyber publicó otro mensaje de Conti en el que exigían US$10 millones al gobierno de Costa Rica a cambio de no divulgar la información que habían extraído del Ministerio de Hacienda de ese país. 

Costa Rica 10 millones
«Pedimos solo 10 millones de dólares por mantener los datos de sus contribuyentes», advirtieron los hackers rusos al gobierno de Costa Rica.

El mensaje decía que habían robado un terabyte de data del Ministerio de Hacienda costarricense y que publicarían los documentos el 23 de abril. «Pedimos solo US$10 millones por mantener los datos de sus contribuyentes», comunicaron los rusos. En su reciente advertencia a la Digimin del Perú, Conti amenaza con consecuencias como las que “ocurrieron en Costa Rica hace no mucho”. 

Los ataques luego se extendieron a otras instituciones de Costa Rica: el Ministerio de Trabajo, y el de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la Caja Costarricense del Seguro Social, Radiográfica Costarricense y el Instituto Meteorológico Nacional. Colapsaron las webs de esas entidades. “Seguiremos atacando a los ministerios de Costa Rica hasta que su gobierno nos pague”, advirtieron los hackers.

El asunto no fue una broma. El gobierno centroamericano reconoció los ataques oficialmente. El presidente Carlos Alvarado dio un mensaje a la Nación el 21 de abril pasado, y dijo que se trató de “un ciberataque de carácter criminal al Estado y a todo el país”.

“El Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos”, añadió el mandatario Alvarado. Ante la reacción del gobierno, los hackers rebajaron en un 35% sus pretensiones (desde los US$10 millones iniciales) y apuntaron a las compañías. “Vamos a atacar a las empresas más grandes y ellas tendrán que pagarnos”, señaló el grupo de cibercriminales el lunes pasado. El asunto luego pasó a tratarse en privado. 

En años previos, los ciberpiratas rusos ya han dado golpes en otras partes del mundo. Por ejemplo, han atacado los sistemas de salud de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. La ciber-extorsión parece ahora tocar las puertas del Perú. 

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Informática, MININTER, Rusia

También está el caso de la oficial Marisabel Rondon Huarocc, quien en la sede diplomática presentó como su conviviente a Junior Pepe Gómez Cabanillas. Fue el 16 de noviembre del 2019. Junior Gómez dijo ser ingeniero de sistemas y que obtuvo su título en la universidad San Ignacio de Loyola. La embajada les dio la visa. El 30 de diciembre de aquel año, él solo se mandó mudar a Estados Unidos. Vive allí como indocumentado.

El 2 de diciembre del 2019 la técnica Mary Carrión Lilaconza llegó acompañada de Jaime García Correa. Ambos declararon ser convivientes. García dijo ser profesor de educación física y entrenador en la academia Cantolao. Les dieron la visa a la velocidad del rayo: el 19 de diciembre. Pero la falsa convivencia quedó al descubierto cuando Jaime García Correa viajó solo pocos días después y nunca más regresó, conforme a la investigación.

Hay cinco oficiales más cuyos casos muestran el mismo modus operandi. Todas ellas hoy son investigadas por el delito de tráfico de migrantes agravado.

Pantallazo
2020. Parte de la resolución donde la Fiscalía especializada en el delito de trata de persona, equipo 2, abre investigación por un caso de tráfico de migrantes. Ahí detallan el rol de once subalternas de la Marina en la trama.

Sudaca consultó a la Marina sobre esta investigación. Una fuente −que pidió anonimato− respondió que el alto mando de la institución castrense no está comprometido en el caso y que las subalternas actuaron, en todo caso, por su cuenta. “Somos respetuosos de las investigaciones y esperaremos su conclusión para tomar acciones”, subrayó la fuente.

En la entidad naval confirman que al menos cinco de las investigadas realizan labores de inteligencia, pero no pueden ser identificadas como tales por cuestiones de seguridad. El caso, como hicieron hace unos años los ‘clientes’ de la red de trata, ha despegado. Ahora falta el aterrizaje.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Marina de Guerra del Perú, USA

Walter Ríos y sus nexos con el narcotráfico

Walter Ríos no tenía problemas en sentarse a almorzar con abogados de procesados por narcotráfico. En abril del 2017, meses antes del inicio de las escuchas del caso “Rich Port” y “Cuellos Blancos”, sació su apetito en el restaurante Laredo, en Los Olivos, donde fue almorzar con los abogados Henry Tito Mere, Jéssica Espinoza y Yahaira Acuña Cárdenas. Los tres son conocidos por defender a diversos narcotraficantes peruanos y extranjeros, por ejemplo, formaban parte de la defensa de Renzo Espinoza Brissolesi, cabecilla de la banda de narcotraficantes “Los Reyes del Puerto Shejo”, que gobernaba a sangre y fuego en el Callao, como “Barrio King”.

Sobre esta reunión, el diario “La República” en su edición del 08 de junio del 2019, destacó: “el viernes 28 de abril del 2017 la Policía emitió un reporte donde dio cuenta de una reunión de Walter Ríos con tres abogados vinculados a procesados por narcotráfico y crimen organizado. La reunión se realizó ese día a las 12:50 horas, en el restaurant Laredo, en la cuadra 5 de la avenida Tomás Valle, Los Olivos.El primero en llegar fue el abogado Henry Luis Tito Mere. Este personaje es tío de Moisés Mere Ruiz, ya detenido, brazo legal de la organización dirigida por Gerson Gálvez ‘Caracol’ y quien presuntamente se encargaba de realizar los pagos a policías, fiscales y jueces. Luego aparecen dos mujeres identificadas como ‘Jessica’ y ‘Pamela’, quienes preguntan por el cumpleaños y las llevan al segundo piso del restaurant, donde se encontraba Tito Mere”. La información oficial quedó plasmada en la nota de agente N° 2 del 28 de abril del 2017 en relación al “Caso Law Queen” y en la videovigilancia policial.

Video vigilancia

 

Almuerzo

En el 2018 Ríos fue también vinculado al narcotráfico por un colaborador eficaz. El delator dijo que Ríos y el exjuezsupremo, César Hinostroza, favorecían a “Los Reyes del Puerto Shejo”.

“(..) había otro juez que se llamaba Walter Ríos, también igual daba libertad no más. Él, si no me equivoco, estaba en la primera sala, a él también la organización le pagaba”, dijo el colaborador ante las autoridades. El vínculo de Ríos con el narcotráfico no ha sido investigado, ni siquiera tocado, por los fiscales del caso Cuellos Blancos encargados de su colaboración.

Las escuchas telefónicas permitieron descubrir a la exfiscal Sánchez que la organización, liderada por “Caracol”, tenía un brazo legal que coordinaba con jueces y fiscales para beneficiar a los integrantes de la banda criminal. Sánchez abrió la caja de Pandora, pero el círculo aún no se cierra.

La inacción de la Fiscalía Suprema para investigar la relación de Walter Ríos con el narcotráfico

El 31 de diciembre del 2021 Walter Ríos Montalvo recibió una sentencia condenatoria de 12 años de pena privativa de libertad a raíz del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el Ministerio Público en el que delató 45 casos de corrupción. Sin embargo, ninguno de los casos que forman su acuerdo de delación premiada relata un solo proceso de narcotráfico, grande o pequeño, en el que habría intervenido, directa o indirectamente, a cambio de dinero, favores sexuales o cualquier otro beneficio.

Se trata de un acuerdo de colaboración eficaz “chauchilla”: Ríos describe casos de corrupción minúsculos, pero se cuida de verse involucrado en pagos de sumas millonarias para evitar el delito lavado de activos y, sobre todo, no acepta haber participado y recibido una sola coima en un caso de narcotráfico en los 06 años que fue Juez Superior penal de la Corte del Callao, pese a que este delito es el problema endémico del puerto chalaco y el origen histórico de los casos fiscales de “Rich Port” y “Cuellos Blancos”.

La primera explicación es pensar que Walter Ríos nunca se involucró y menos quiso saber algo del narcotráfico. Era un corrupto “gourmet”, solo se dejaba corromper en determinados casos, pero nunca en tráfico de drogas. Sin embargo, la contundencia y la claridad de los audios que se publican muestran de modo irrefutable que ello no solo es falso, sino que Ríos le ha mentido al Ministerio Público que confió en él, le ha mentido al sistema de justicia y le ha mentido al país. Ha recibido beneficios, sin contar la verdad y ocultando los hechos graves de narcotráfico en los que ha participado y ha sido protagonista principal, junto a la abogada “Pamela” y su chofer Jhon Misha. Los audios de “caracol” solo son una prueba de ello.

Sin embargo, pese a que era probable, desde un inicio, que el inefable Walter Ríos le haya mentido a la justicia peruana, resulta indignante el papel desempeñado por los Fiscales Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán quiénes pese a estar a cargo de la colaboración eficaz de este personaje nunca hicieron una auditoría a los audios de la vergüenza, nunca escucharon todas las conversaciones siniestras, nunca pidieron un informe detallado a la Policía para saber si efectivamente habían cubierto todas las conversaciones de Ríos y prevenir que cualquier destape se encuentre contenido en su acuerdo de delación premiada. Está demás decir que no existe investigación abierta sobre este tema. Simplemente, estos fiscales nunca quisieron saber realmente la verdad.

Lo grave no es que todos los audios de la vergüenza no hayan sido escuchados luego de 04 años de conocidos, sino que se han pasado por alto, y todo parece indicar que no se ha querido escuchar, los audios más graves de Walter Ríos en los que de manera expresa habla, coordina y condiciona un hábeas corpus del mas grande capo del narcotráfico y del crimen organizado del Callao, el de Gerson Gálvez Caracol que buscó a esta red corrupta que capturó el sistema de justicia para lograr justamente traer abajo su caso que se levantaba en audios interceptados.

El hecho revelado no debe verse en forma aislada, sino como una impunidad selectiva y como una justicia delivery en la que personajes poderosos, como el empresario Samir Abudayeh y “Caracol”, relacionados con Walter Ríos nunca son investigados por la Fiscalía del caso Cuellos Blancos.

 

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Cuellos Blancos, Walter Ríos

EL EFECTO INDESEADO

La pregunta del millón es si los cambios propuestos por el Midagri atacan los verdaderos problemas del mercado lácteo. “Este reglamento responde a una tensión natural entre los grandes compradores y los gremios ganaderos. Aún así, no había un problema en la cadena productiva, menos en el valor nutricional o precios. Sí a nivel del negocio ganadero, pero eso no se corrige cambiando normativas sobre composición de productos”, considera Carlos Zuñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir. 

Lo mismo sostiene Hania Pérez de Cuellar. “La solución al problema no es cambiar reglamentos. A mi criterio es empoderar al sector ganadero. Que tengan centros de acopio, cooperativas, un buen nivel tecnológico con refrigeración para controlar la calidad de la leche. Ello permitiría que los ganaderos puedan acopiar más y mejor. Así pueden negociar mayores precios con Gloria o con quien sea”, propone la expresidenta de Indecopi. 

Otra crítica a los cambios planteados por el Midagri gira en torno a la entidad por la cual se regirá la nueva definición para la “leche evaporada”, es decir, la FDA estadounidense. “Si comparamos al ganado peruano con el americano, el primero está a libre albedrío tratando de comer el forraje [alimento de ganado] que está a su disposición, de haberlo. Eso condiciona la nutrición del ganado y que su leche fresca no sea estándar. En Estados Unidos tienen una alimentación adecuada con revisiones microbiológicas y sanitarias que cumplen las expectativas”, enfatiza Antonio Castillo, decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú.

Según Nivia Vargas, de Agalep, en el país teníamos 900.000 vacas en producción hasta el 2020. Ella misma considera que las limitaciones tecnológicas son el principal problema de la leche fresca nacional, más allá de su competencia con la leche en polvo. “Las bacterias se producen porque nosotros no tenemos cadena de frío. La leche espera tres horas mientras llega el camión de acopio porque se ordeña de 3 a 4 a.m. Durante el transporte proliferan las bacterias. En otros países, como Colombia, la industria da tanques de frío. Eso es trabajar de la mano”, asegura. 

Así las cosas, ahora la industria tendrá que adaptarse a la nueva definición de “leche evaporada”. Según Lozada, Gloria y compañía podrán seguir vendiendo el producto mezclado con leche en polvo, pero bajo otro etiquetado: como leche ‘recombinada’ o ‘reconstituida’. “No prohíbe la importación de leche en polvo”, explica.

Y luego, complementa: “A esto hay que sumarle la recordación del consumidor peruano que está acostumbrado a comprar latas que digan “leche evaporada” en vez de recombinada. Ahora siempre que compre leche evaporada sabrá que es producto peruano y que apoyará la economía rural nacional”. 

Evolución de la importación de la leche

Pero también es posible que empresas como Gloria empiecen a importar leche evaporada, evitando correr el riesgo operativo de adaptarse a la nueva definición peruana. “Es una posibilidad. Ya ocurre en ciertos supermercados como Tottus. Importan marcas blancas y les ponen etiquetado propio. Suelen ser más baratas que las nacionales. Si una industria empieza a importar más en vez de fabricar acá, genera desempleo”, sostiene Pérez de Cuellar.

Lo único claro es que esta no será la última novedad que el Midagri traerá para la leche nacional. “Hay varios temas menores que se quedaron en el tintero para no complejizar el decreto supremo. Están siendo evaluados, podrían generar una propuesta de modificación más adelante”, revela Lozada. Óscar Zea, ministro ganadero y congresista del lápiz, tiene una agenda clara para este tema. Habrá que esperar sus próximas sorpresas.

 

**Fotoportada y gráficos por Darlen Leonardo

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“Lo que ha pasado debilita la confianza de la población en la vacunación. Esto no es un problema de seguridad de vacunas, sino en la decisión de cómo aplicar las dosis. Me preocupa que esto sea aprovechado por los antivacunas para irse en contra de la campaña de vacunación. La vacunación era una de las pocas islas de excelencias dentro del Minsa. Desde que entró Condori, ha venido cuesta abajo” opina al respecto Percy Mayta Tristán.

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SIN OBRAS

Pero eso no fue lo único que detectó la Contraloría. Como dijimos, el club aún tenía pendientes. Para el año en que acabó la concesión, el 2014, el Terrazas aún no había cumplido con entregar cuatro obras a las que se había comprometido en el contrato original y en la primera adenda: el remodelamiento del estacionamiento público frente a la playa Makaha, un centro de servicios comunitarios que incluya el tópico de primeros auxilios y el depósito de tablas de surf, una ciclovía en el malecón Cisneros, y un puente que conecte la playa y el mentado centro de servicios comunitarios.

Todas estas obras incumplidas se incluyeron como nuevas en la cuestionada Adenda N°2. Y aunque algunas se hicieron con posterioridad, no estuvieron exentas de observaciones por parte de la Contraloría. La comisión auditora, por ejemplo, realizó una visita a la ciclovía y verificó que presentaba fisuras y desniveles. Lo más grave es que fue la municipalidad la que se encargó de reparar esas deficiencias y no el club, según el informe de control de fines del 2018.

Por lo tanto, la Contraloría consideraba que la ampliación del contrato sólo era beneficiosa para los socios del club y venía “ocasionando una afectación a su finalidad pública”. El ejemplo más claro es el inexistente centro comunitario que el Terrazas se había comprometido a construir para uso de los bañistas.

En el contrato y en la Adenda N°1 se señaló que dicho centro debía construirse “al interior del terreno que la sede de la playa viene ocupando”. Pero la Adenda N°2 le permitía hacerlo fuera de este terreno. “Al acordar en la Adenda 2 que dicha obra se construya en la zona adyacente a la playa y no en el terreno concesionado significó en la práctica que el club tenga una extensión mayor del terreno concesionado”, se lee en el informe de Control que es la base de la investigación fiscal.

El club nunca pudo construir el centro comunitario, pues esto hubiese enfrentado las normas urbanísticas que rigen sobre la Costa Verde. Es algo que ambas partes no tomaron en cuenta (o no quisieron hacerlo). “Como se puede advertir, se acordó la construcción de obras sin antes considerar si técnica y legalmente estas eran posibles de ser ejecutadas”, concluyó la Contraloría.

Sudaca pidió una entrevista con el área legal del Terrazas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Club Terrazas
La sede de la playa Makaha del club, favorecida por un empeñoso Jorge Muñoz.

El informe también es claro en advertir que no había justificación para ampliar la concesión por tantos años. “No existe ningún sustento técnico-legal que justifique el plazo de renovación de 25 años más y si este corresponde a la inversión que haría el club en contraprestación”. Y añadió algo peor: “Tampoco se incluyó ninguna cláusula que precise las garantías que debía dar el club a favor de la municipalidad en caso de incumplimiento”.

El órgano de control responsabilizó a Muñoz por dirigir los acuerdos que llevaron a favorecer al club Terrazas con la ampliación de la concesión. Por lo tanto, concluyó que este “incumplió sus atribuciones como alcalde establecidas en el Manual de Organización y Funciones”. Lo mismo les achacaron a siete regidores, entonces de Somos Perú, y al gerente de asesoría jurídica, Greem Leiva Abanto, quien tuvo la suerte de ser jalado por Muñoz para su gestión en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Leiva fue, hasta el 2020, subgerente de fiscalización de la Empresa Municipal de Mercados S.A.

Pero el problema no es administrativo, sino penal. La fiscal Rosario Quico investiga de manera preliminar a los personajes mencionados en el informe de control. Lo hace por los presuntos delitos de colusión y, alternativamente, por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. También está comprendido en la indagación el mencionado Eduardo Ángeles de Rivero (expresidente del club).

El despacho de Quico abrió la carpeta fiscal a inicios del 2020, pero la pandemia impidió el avance. Actualmente, explican fuentes con conocimiento del tema, a la fiscal sólo le falta culminar algunas diligencias para decidir si hace suya la denuncia de la Contraloría y arrancar así una segunda fase de investigación antes de acusar.

La mala gestión de Jorge Muñoz, además, ha llevado a la comuna miraflorina a enfrentar un arbitraje contra el club. “La gestión actual de Molina, para dejar sin efecto esta concesión de ampliación, ha entablado un proceso arbitral. Y eso está en trámite”, dice el procurador Hernández.

Sudaca se comunicó con el área de prensa y relaciones públicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no aceptaron darnos una entrevista con el alcalde. Muñoz vuelve a hacer de la técnica del avestruz su política más efectiva.

Jorge Munoz y compania
El 2016, dos años después de la sospechosa Adenda N°2, Muñoz participaba de un evento junto a autoridades del club Terrazas.

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Club Terrazas de Miraflores, Jorge Muñoz
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