Informes

[INFORME] En el mes de la patria, un alarmante documento de Contraloría que Sudaca pudo revisar saca a la luz el preocupante presente de algunas de las huacas limeñas y ponen bajo la lupa el trabajo del Ministerio de Cultura así como el desinterés por preservar lugares históricos.

Empieza el mes de julio y, como todos los años, es por estas fechas cuando se suele hablar más del amor por la patria y las razones por las que cada peruano se siente dichoso de haber nacido en estas tierras. Acorde a una encuesta realizada por IPSOS en septiembre del año pasado, la cultura es la segunda razón por la cual los peruanos sienten más orgullo de portar esta nacionalidad siendo superada únicamente por la siempre popular gastronomía.

Sin embargo, pese a que la mayoría de las personas que habitan el suelo peruano coinciden en darle una alta valoración a nuestra historia milenaria, los responsables de resguardar aquellos elementos y lugares que forman parte de ella no parecen darle el mismo nivel de importancia y, por el contrario, los están exponiendo a un grave peligro.

Sudaca pudo acceder a documentos de la Contraloría que revelan las lamentables condiciones a las que se encuentran expuestas diversas huacas ubicadas en Lima. Las imágenes y el contenido de los informes revisados por este medio hoy encienden las alarmas sobre una situación que pone en riesgo parte del patrimonio histórico del Perú.

INEXPLICABLE ABANDONO

En la época prehispánica, las huacas tenían un nivel de protagonismo incuestionable. Estos lugares eran percibidos como sagrados, cada uno tenía una historia propia y en ellos se realizaban rituales muy importantes. Pero, lamentablemente, hoy no sólo parecen haber perdido relevancia, también podrían condenadas a un proceso de deterioro.

Recientemente, la Contraloría General de la República llevó a cabo visitas de control a diversas huacas ubicadas en la capital y encontró un alarmante panorama que quedó plasmado en diversos registros que Sudaca pudo revisar. Uno de los que genera más preocupación es el que involucra a la Huaca Palao.

Este centro arqueológico construido entre el  año 1470 y 1532 d.C. queda ubicado en el distrito de San Martín de Porres y a principios del año 2000 fue declarado patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, su presente, como se puede apreciar en las siguientes imágenes, parece haberlo convertido en un basurero.

Otra de las situaciones advertidas en estos documentos es que no existe ningún tipo de vigilancia, ya sea con personal o cámaras, que estén custodiando el lugar. Por ello, además de la acumulación de basura, también se pudo encontrar que la estructura de la huaca está seriamente dañada producto de quemas realizadas en su interior por personas que han podido invadir el lugar ante la ausencia de medidas de seguridad.

A ello se le suma que, además de no tener una estrategia de vigilancia efectiva, la Huaca Palao tampoco cuenta con un cerco que cubra toda la extensión del lugar, una situación que permite que cualquier persona que tenga la intención de invadir el terreno lo tenga a su disposición generando el daño que se ha mostrado en las imágenes.

Pero la inaceptable situación en que se encuentra la Huaca Palao no es un descubrimiento reciente. La siguiente imagen corresponde a un informe realizado en el mes de abril y, como se puede observar, los problemas relacionados a acumulación de basura, ausencia de seguridad y hasta el hallazgo de un cadáver fueron reportados y, dos meses después, no se habían solucionado ninguno de los problemas reportados.

OTRO DESCUIDO

Pero lo que ocurre con la Huaca Palao no es una excepción. Sudaca también pudo acceder a los reportes sobre el preocupante estado de la Huaca Huantille. Este otro centro histórico que se encuentra en el distrito de Magdalena del Mar también atraviesa un presente que compromete seriamente su conservación.

En la estructura de esta huaca se empiezan a presentar grandes grietas y este deterioro no es precisamente una sorpresa si se tienen en cuenta otros detalles que se reportaron durante las visitas de control. Al igual que en el caso de la Huaca Palao, aquí también se repite el escenario de un notorio desinterés.

Porque esta huaca no sólo afronta el impiadoso paso del tiempo sin un adecuado mantenimiento, también se ha convertido en un lugar rodeado de residuos sólidos que pueden ser acumulados en este centro histórico sin mayor inconveniente ante la ausencia de un cerco perimétrico que impida el acceso de personas no autorizadas.

El lamentable estado en que se encuentran estas huacas, parte de la historia peruana, invitan a preguntarse qué tan eficiente es el trabajo del Ministerio de Cultura si incluso estos centros arqueológicos ubicados en la capital están afrontando un notorio desinterés en todos los aspectos posibles.

[INFORME] La Contraloría reveló un alarmante informe sobre una serie de decisiones irresponsables por parte del Servicio de Parques de Lima, organismo de la Municipalidad de Lima, con respecto al manejo de las piscinas y los peligros sanitarios a los que expusieron a decenas de niños que participaron de sus talleres de natación.

La ciudad de Lima se ha convertido, lamentablemente, en sinónimo de caos. El ruido y las calles saturadas por personas y vehículos llevaron  a que la capital pueda ser considerada, en diversos momentos del día, un lugar agobiante para el limeño promedio que incluso padece las consecuencias en su salud.

Ante este panorama, los espacios de recreación y la práctica de deportes representan un escape necesario para el bienestar de la población. Sin embargo, lo que inicialmente podría ser visto como una sana alternativa, también puede convertirse en un serio riesgo para la población cuando de por medio existen autoridades irresponsables.

Sudaca pudo revisar documentos relacionados con los talleres de veranos que se realizaron en catorce clubes metropolitanos y parques de la ciudad de Lima a cargo de SERPAR (Servicio de Parques de Lima) y encontró graves descuidos en los diferentes cursos que ofrecieron a los limeños que recién salen a la luz.

“NO SALUDABLE”

Los talleres de natación suelen ser lo más populares en el verano limeño. La época de altas temperaturas coincide con las vacaciones y muchos padres optan por inculcar en sus hijos la práctica de este deporte. Para ello, muchos recurren a los talleres que se ofrecen en los diversos clubes a cargo del Servicio de Parques de Lima.

Sin embargo, pese a la alta demanda, no todos estos clubes se esmeran por brindar las condiciones idóneas. Esto es lo que puso al descubierto un recientemente publicado informe de la Contraloría que visitó once clubes metropolitanos y encontró un alarmante descuido que ponía en riesgo a los asistentes a estos talleres de verano.

El Club Metropolitano Huayna Cápac es uno de estos lugares de esparcimiento donde se brindaban clases de natación. Pero, al revisar la calificación sanitaria que les otorgó la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (DIRIS) se pudo encontrar que, en el momento que empezaron las clases, la piscina del club en cuestión tenía la calificación de “no saludable”.

El Servicio de Parques de Lima, quienes manejan el club y sus talleres, no sólo cobraron las inscripciones a los talleres que se llevaron a cabo en el Club Metropolitano Huayna Cápac sin importarles subsanar esta calificación desfavorable, también continuaron con el desarrollo de las clases sin intentar corregir esta situación.

Según el siguiente documento que muestra las observaciones hechas en un acta de vigilancia sanitaria, a finales del mes de febrero se llevó a cabo una nueva evaluación que también dio como resultados que la piscina no era saludable y hasta debieron establecer como medida temporal el cierre temporal.

El parque zonal Flor de Amancaes fue otro de los lugares donde se anunciaron talleres de natación para el verano 2026. Como pasó con el parque zonal Huayna Cápac, se advirtió que la inspección realizada por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (DIRIS) arrojó como resultado que a esta piscina le correspondía la calificación de “no saludable”, pero esto no evitó que habiliten al público la venta de cupos para sus talleres de natación.

Ante este panorama resulta lógico preguntarse si en algún momento existió interés por parte de SERPAR en conocer el estado de las piscinas en las que decenas de niños tomaban parte de sus talleres y, aunque la respuesta es sí, la fecha en la cual le dieron importancia a este tema resulta todavía más indignante. En los documentos que revisó Sudaca se expone que recién el 18 de febrero, más de un mes y medio después del inicio de los talleres, el Servicio de Parques de Lima tuvo en su manos un informe técnico de monitoreo de la calidad de agua de piscina.

¿QUÉ QUERÍAN OCULTAR?

Pero este informe da cuenta de situaciones todavía más alarmantes. En el caso del Club Metropolitano Cápac Yupanqui se les otorgó la calificación de “no saludable” luego que se les negara el acceso para realizar la inspección correspondiente y, pese a contar con esta calificación negativa, continuaron cobrando matrículas para sus talleres de natación.

Esta misma situación se repitió en el caso del Club Manco Cápac, donde tampoco se permitió realizar el procedimiento de vigilancia sanitaria. Por otro lado, en las piscinas de los clubes Sinchi Roca y Santa Rosa se pudo llevar a cabo la inspección que arrojó como resultado una calificación de “no saludable” y, sin embargo, esto no evitó que continúen matriculando alumnos y realizando talleres.

En este informe también se pudo conocer graves infracciones, como las que tuvieron lugar en los clubes Cahuide y Pascuala Rosado Cornejo. El uso de las piscinas de estos clubes fue suspendido por el periodo de un mes tras las inspecciones que alertaban sobre un riesgo sanitario. No obstante, esta disposición fue ignorada y continuaron con el desarrollo de los talleres de natación.

Cabe señalar que el estado de las piscinas a cargo de SERPAR fue noticia en las primeras semanas de enero. Sin embargo, lo que el Servicio de Parques de Lima intentó explicar como un “programa de mantenimiento periódico” que duró apenas unos días estuvo lejos de corregir las deficiencias de las piscinas, tal como lo revelan los documentos de Contraloría.

Como suelen señalar expertos en salud, las piscinas pueden convertirse en un foco de contagio de virus y bacterias, especialmente, durante la temporada de verano si no existe un mantenimiento idóneo. Pero para el Servicio de Parques de Lima parece que la salud de los limeños, incluyendo la de los más pequeños, no era más importante que seguir cobrando por sus talleres.

[INFORME] Las aspiraciones presidenciales de Rafael López Aliaga terminaron el 12 de abril y con ello también pareciera haber llegado a su final el interés por el polémico tren Lima – Chosica. Sin embargo, mientras los vagones acumulan polvo, su improvisado almacén está generando más de setecientos mil soles de perjuicio económico.

Durante las últimas semanas, el país ha sido testigo de una contienda electoral pocas veces vista. Entre un clima de desconfianza hacia los políticos y las más de treinta candidaturas presidenciales, la lucha por llegar a Palacio de Gobierno terminaría por empujar a los aspirantes a recurrir a métodos desesperados que, en algunos casos, han dejado serios y costosos daños.

Rafael López Aliaga, líder y candidato de Renovación Popular, fue uno de los que logró posicionarse en los primeros lugares de las encuestas. Sin embargo, el candidato conservador contaba con una oportunidad muy importante al tener bajo su control a la Municipalidad de Lima hasta el mes de octubre.

Estar al frente de la comuna limeña le permitía tener mayor exposición mediática para demostrar su capacidad de gestión. Pero esto no sería una ventaja si no existían obras para presumir o si las que se presentaban ante la población estaban bajo serios cuestionamientos, como pasó con la Vía Expresa Sur.

Con la fecha para renunciar a la alcaldía cada vez más cerca y un porcentaje en las encuestas que lo mantenía primero pero sin sacar una distancia inalcanzable para sus rivales, López Aliaga apostó por su promesa del tren Lima-Chosica como su gran golpe a la campaña presidencial. No obstante, casi un año después después, esto le ha resultado bastante caro a la ciudad.

EL DÍA DESPUÉS DE LA FIESTA

Para la quincena del mes de julio del año pasado, la gestión de Rafael López Aliaga planeó uno de sus eventos más ostentosos y el lugar elegido fue el conocido Parque de La Muralla. En la presentación de los vagones traídos desde Estados Unidos no se escatimaron gastos e incluso contaron con un show musical con reconocidos artistas e invitaron a numerosos grupos de seguidores de Renovación Popular.

El entonces alcalde de Lima no sólo se limitó a presentar con orgullo su polémico tren, también aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas a autoridades y políticos que habían manifestado sus discrepancias con el proyecto, mientras el público celebraba un discurso con el que se metía de lleno en la campaña presidencial.

Pero, como toda fiesta, esta también llegó a su final. Los músicos recogieron sus instrumentos, el escenario fue desarmado, el público volvió a sus casas y el burgomaestre junto a su gente de Renovación Popular se enfocaron en otras actividades de campaña. Fue desde ese momento que en el calendario se empezaron a tachar los días en los cuales estos gigantescos vagones permanecían en el Parque de La Muralla ocasionando un perjuicio económico a la capital.

Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría General de la República en la que se detalla la situación actual de este parque público que terminó convertido en un improvisado almacén de vagones por casi un año y está generando una afectación económica que supera los setecientos mil soles.

En estos documentos se explica que este año se llevó a cabo una visita de control para verificar que el Parque de La Muralla esté operando en las condiciones que corresponden a este tipo de espacios públicos. Sin embargo, no sólo encontraron que la explanada de dicho parque se encontraba ocupada por los vagones desde el mes de julio del año pasado, también pudieron percatarse que el coordinador del Parque de La Muralla desconocía si SERPAR (Servicio de Parques de Lima) había dado autorización para que se utilice este espacio.

Ante esta situación de desconocimiento, la Comisión de Control solicitó que la gerencia de SERPAR les envíe los documentos administrativos relacionados con contratos y autorizaciones para este inusual uso de un parque público como almacén temporal. Sin embargo, lo que pudo encontrar es que esta autorización jamás existió.

Pero esto no evitó que se utilice la explanada del Parque de La Muralla para almacenar trenes y se empiece a acumular un perjuicio económico que alcanzó el monto de S/ 446,400 como consecuencia de todos los eventos, entre conciertos y ferias, que estaban planeados para realizarse sólo en el segundo semestre del año pasado y debieron ser cancelados.

Según la información que la propia gerencia de SERPAR le comunicó a la Municipalidad de Lima y fue incluida en el informe que Contraloría emitió, el monto que dejarían de recibir, entre los eventos que debieron ser cancelados y los alquileres de estacionamientos, es mucho mayor y supera los setecientos mil soles.

PÉRDIDA DEL ESPACIO PÚBLICO

El informe revisado por Sudaca no sólo señala que la Municipalidad de Lima y SERPAR no siguieron los procedimientos que corresponderían para este tipo de casos incumpliendo  sus propios estatutos, también es categórico al indicar que “se ha desnaturalizado el uso público de la explanada de eventos”.

La comisión que visitó el Parque de La Muralla también explicó que el almacenamiento de los cuarenta y cuatro vagones se ha convertido en un impedimento para los ciclistas que hacían uso de la ciclovía que atraviesa un sector del parque. Del mismo modo relatan que estos vagones representan una limitación para otras de las zonas del parque que anteriormente eran aprovechadas por visitantes que practicaban danzas, patinaje y otras actividades al aire libre.

Es preciso señalar que SERPAR no sólo tiene a su cargo el Parque de La Muralla, este organismo también tiene bajo su responsabilidad la totalidad de los parques zonales y metropolitanos de la ciudad. Por lo que este perjuicio económico puede terminar perjudicando a varios espacios públicos.

El futuro de estos vagones hoy es una incógnita y, con la campaña presidencial terminada y Rafael López Aliaga fuera del despacho municipal, la presión política para darle una conclusión a este proyecto parece haber dejado de existir y lo único que permanece, a modo de resaca de esta campaña, es otro espacio público que no está disponible para una ciudad donde tampoco abundan.

[INFORME] Santiago Guardamino le manifestó a su familia y a la comunidad de Quipán que venía recibiendo amenazas y hasta señaló a Industrias Argüelles como los que podían estar detrás de un atentado en su contra.

En los últimos días se ha dado a conocer que, pocas horas antes de ser asesinado, Santiago Guardamino le había comunicado a la comunidad de Quipán, de la cual era presidente, que estaba próximo a firmar un importante acuerdo que les permitiría estar cerca de recuperar el terrenos que años atrás vendió su predecesor haciendo uso de estrategias fraudulentas.

Pero los detalles sobre la situación que atravesaba este líder comunal antes de recibir numerosos disparos en la vía pública siguen saliendo a la luz. En esta oportunidad han sido las palabras del propio Santiago Guardamino las que exponen el dramático panorama que lo tenía en peligro por su decisión de buscar justicia para la gente de Quipán.

FUE AMENAZADO

Acorde al contenido del acta de la última reunión en la que el presidente de la comunidad de Quipán participó, Guardamino venía recibiendo presiones para que abandone su lucha y contó lo siguente: “El día que hemos estado en el terreno de Yungay con las directivas y la comisión, han llegado al portón en una moto lineal con dos tipos buscándome y diciéndome que no me meta con el relleno sanitario (de propiedad del Aniceto Argüelles Loayza) y han hecho disparos al aire”.

Unas horas después de compartir esta preocupación con la comunidad que presidía, Guardamino fue asesinado por un sicario que lo interceptó a pocos metros de su vivienda y disparó en varias oportunidades hasta acabar con su vida. Cabe señala que Santiago también le había comunidad a su familia que temía por su vida.

LA VERSIÓN DE LA FAMILIA

”Mi cabeza está pedida, a mí en cualquier momento me van a matar”, relató un familiar de Guardamino sobre lo que este les había comentado. “El único que estorba a la empresa Argüelles soy yo. Y bueno, si me van a matar, pues moriré de pie, pero no de rodillas”, fueron otras de las declaraciones que el expresidente de la comunidad de Quipán compartió con sus seres queridos.

También se debe tener en cuenta que, en la misma reunión en la que Guardamino contó sobre las amenazas que estaba recibiendo, se dio la aprobación para seguir adelante con un acuerdo con la empresa Petramás para que los apoyen con los procesos judiciales y recuperar el terreno de diez mil hectáreas para luego recibir por su venta un monto que sí sea acorde a su extensión.

Como se recuerda, este conflicto empezó una década atrás cuando el entonces presidente de la comunidad de Quipán, Abel Mosquera, vendió a Industrias Argüelles diez mil hectáreas de forma fraudulenta. Por este caso, además, la exgerenta de la empresa fue condenada por fraguar documentos y el fundador, Aniceto Argüelles, también recibió una condena tras intentar sobornar a una magistrada que estaba a cargo del caso.

[INFORME] Se siguen conociendo detalles sobre el asesinato del presidente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino. Esta nueva información revela que, horas antes de recibir nueve disparos, Guardamino había anunciado que firmaría un acuerdo muy beneficioso para su comunidad.

El asesinato de Santiago Guardamino sigue dando que hablar. No solamente siguen sin encontrarse a los responsables de su muerte, también se ha conocido información relevante sobre lo que el propio líder comunal dio a conocer a pocas horas de recibir los disparos que terminaron con su vida en abril del 2024.

Como se recuerda, Guardamino Gonzáles perdió la vida el primer lunes de abril del año 2024 tras recibir nueve disparos mientras se encontraba en la vía pública. Por aquella época, Guardamino había asumido el cargo de presidente de la comunidad de Quipán y estaba librando una dura batalla por recuperar un terreno perteneciente a su comunidad que había sido vendido de manera fraudulenta a una conocida empresa llamada Industrias Argüelles.

A HORAS DE UN ACUERDO CLAVE

Según información que dio a conocer el diario La República, horas antes de ser asesinado, Santiago Guardamino le había anunciado a los miembros de la comunidad de Quipán que al día siguiente, el 2 de abril del 2024, se suscribiría un acuerdo para recuperar el terreno de diez mil hectáreas.

La información a la que tuvo acceso este diario revela que un acta de la junta de la comunidad de Quipán registró que, en la reunión que tuvo lugar el 1 de abril del 2024, Guardamino expuso que en las próximas horas firmaría un compromiso con la empresa Petramás para transferirle el proceso civil y estar más cerca de concretar la recuperación del terreno en cuestión.

El acuerdo que Guardamino estaba próximo a firmar iba a permitir que, si se concretaba en la justicia la recuperación de las diez mil hectáreas, la empresa Petramás adquiera ese terreno por el precio de 8,5 millones de soles, un monto muy superior y acorde a las dimensiones el predio en cuestión a diferencia de los seiscientos mil que habían recibido por la venta fraudulenta. A ello se le agregaba que Petramás iba a emitir un cheque por 2,5 millones de soles para esta comunidad a modo de adelanto mientras la justicia resolvía este caso.

LA VENTA FRAUDULENTA

Cabe señalar que esta situación data desde el año 2016, cuando el entonces presidente de la comunidad de Quipán, Abel Mosquera Ortiz, manipuló las firmas de la gente de su comunidad para venderle a Industrias Argüelles un predio de diez mil hectáreas a seiscientos mil soles pese a que el monto apropiado para un terreno de esta extensión era de aproximadamente diez millones de soles.

Este caso incluso llevó a que Aniceto Argüelles, fundador de Industrias Argüelles, sea condenado y esté cerca de ir a la cárcel por intentar sobornar a la magistrada que estaba a cargo del caso para que beneficie a los intereses de su empresa así como a su aliado Mosquera Ortiz.

[INFORME] La nueva Ley General de Contrataciones Públicas, parte del legado que dejó el gobierno de Dina Boluarte, representó un cambio considerable en lo que respecta a impedimentos para contratar con el Estado por ser menos estricta al evaluar los vínculos entre condenados y empresas.

La guerra contra la corrupción es, sin lugar a dudas, una de las que más preocupa a los peruanos. Sin embargo, en esta guerra son varias las batallas que, lamentablemente, se han perdido en el último tiempo debido a la complicidad de diversos políticos. Aunque en época de campaña sostienen un discurso de cero tolerancia con los corruptos, una vez que llegan al poder parecen adoptar una postura indulgente con quienes están involucrados en este tipo de actos.

Pero o más grave ante esta actitud injustificadamente compasiva ante personajes corruptos no se limita a quienes son cercanos a un determinado gobierno. En este intento de ser benévolos con quienes han sido partícipes de actos de corrupción terminan abriendo una puerta legal que termina beneficiando a todo tipo de sentenciados.

UNA LEY MÁS AMABLE

Un ejemplo de estos casos se puede observar con lo ocurrido con la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069). Más precisamente en el Artículo 30 referido a impedimentos para contratar, esta nueva ley marcó un cambio considerable con respecto a la antigua Ley N° 30225.

A diferencia de su predecesora, la Ley N° 32069 sostiene que entre los motivos para estar impedido para contratar con el sector público se encuentra el tener una sentencia condenatoria, pero dicho impedimento sólo involucra a quien se desempeñe como representante legal de la empresa que pretende un contrato con el Estado.

Esto significaría que una persona, incluso siendo fundadora y haber sido condenada, podría recurrir a estrategias legales para librar a su empresa del impedimento. Por ejemplo, si opta por renunciar a sus poderes, esta empresa volvería a estar habilitada a contratar con el sector público.

La situación descrita sería impensada con la antigua Ley N° 30225 que contemplaba un alcance mucho más amplio para determinar quién tenía una vinculación relevante con una empresa y, si esta persona había sido condenada, entonces la empresa con la que estaba relacionada no podría contratar con el sector público.

LAS CONSECUENCIAS

Uno de los casos en los que esta nueva ley tiene repercusión es el que involucra al empresario Aniceto Argüelles, quien fue condenado a más de cuatro años de pena suspendida tras reconocer que intentó sobornar a magistrada encargada de un caso que adquisición de terrenos fraudulenta.

Sin embargo, su empresa ha podido seguir accediendo a millonarios contratos gracias a que recurrió a estrategias como renunciar a ser representante legal de Industrias Argüelles y entregar la presidencia del directorio a su esposa. Esta estrategia sumada a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas llevan a que la empresa que fundó no tenga impedimento algunos pese a la grave sentencia que pesa sobre él.

Es preciso señalar que esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069) se promulgó en junio del año 2024 y la responsabilidad de esta insólita postura indulgente con los condenados también cae en la entonces presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Gustavo Adrianzén.

Mientras la mayoría de peruanos reclama por medidas más estrictas para combatir la corrupción, este polémico artículo treinta representa una puerta abierta para cuanto empresario con una condena en su historial pueda ver a su empresa participando en licitaciones sin problema alguno.

[INFORME] La gestión de Renzo Reggiardo en la Municipalidad de Lima no sólo se está caracterizando por evitar los concursos públicos, también aprovecha la facultad de contrataciones no competitivas para encargar obras por casi 13 millones de soles a consorcios cuyos integrantes acumulan inhabilitaciones y hasta multas que superan los cien mil soles.

Tras la renuncia de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo logró convertirse en el nuevo inquilino del despacho municipal. Aunque fue en calidad de suplente, el excongresista pudo llegar al cargo que el voto popular le negó en 2018. Sin embargo, mientras Reggiardo Barreto hace realidad su sueño, la comuna limeña sigue viviendo una pesadilla con otra gestión de Renovación Popular.

Como se recuerda, el periodo incompleto de López Aliaga como burgomaestre había dejado serios cuestionamientos por obras inconclusas y un alarmante endeudamiento, y esta nueva etapa, con Reggiardo a la cabeza, no parece estar poniendo demasiado empeño por cambiar el rumbo y dejar una mejor herencia para quien asuma el cargo en enero del 2027.

Sudaca dio a conocer durante esta semana que la Municipalidad de Lima venía recurriendo a procedimientos de selección no competitivos para adquirir drones y cámaras por cerca de cinco millones de soles. En dicho informe, llamaba la atención que la empresa elegida no contaba con experiencia en el rubro. Sin embargo, este medio pudo acceder a nueva información sobre los contratos de la municipalidad que exponen una situación todavía más grave.

MÁS CONTRATOS A DEDO

Aunque Renovación Popular trata de mostrarse como un partido que defiende el libre mercado, algunas de sus acciones en la Municipalidad de Lima los posicionan directamente como enemigos de la competencia. Esto se viene reflejando en la inexplicable necesidad de evitar los concursos públicos.

La actual gestión de Renzo Reggiardo parece no ver con buenos ojos abrir la convocatoria a distintos proveedores y conocer qué oferta es mejor para los intereses de la ciudad. Por el contrario, han encontrado una modalidad que les permite elegir a dedo a un determinado proveedor que firmará generosos contratos.

En el más reciente informe de Sudaca se dio a conocer que se había recurrido en dos oportunidades a este procedimiento de selección no competitivo para entregarle a la empresa Original Systems, pese a no contar con larga experiencia en el rubro, dos contratos por cerca de cinco millones de soles por la adquisición de drones y cámaras. Sin embargo, ellos no han sido los únicos beneficiados por esta nueva política municipal.

En diciembre del 2025, la Municipalidad de Lima, alegando “situación de emergencia”, recurrió una vez más al procedimiento de selección no competitivo para encargar la obra denominada “creación del servicio de seguridad ciudadana local en la central distrital de operaciones de seguridad ciudadana en Cercado de Lima”.

El único proveedor al que la Municipalidad de Lima invitó a presentar una oferta fue el Consorcio Ingeniería, el cual está integrado por la empresa Sogu Constructora y una persona identificada como Marco Antonio Flores Razuri. Para el 18 de diciembre del año pasado, la comuna limeña le otorgaría la buena pro por un monto de casi trece millones de soles para la ejecución de la obra.

¡QUÉ TAL HISTORIAL!

Si bien llama la atención que la Municipalidad de Lima esté optando en tantas oportunidades por este procedimiento de selección no competitivo, la parte más indignante de esta historia recién estaba por conocerse. Como se señaló previamente, Consorcio Ingeniería, quien recibió la buena pro, se encuentra integrado por la empresa Sogu Constructora y Marco Antonio Flores Razuri.

En el transcurso del año 2020, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) convoca a un procedimiento de contratación pública para la elaboración de un expediente técnico y la ejecución de una obra relacionada con la reconstrucción de un local educativo ubicado en la región de La Libertad.

Quien obtuvo la buena pro fue el Consorcio Región Libertad, el cual estaba integrado por la empresa Zigurat Constructora y Marco Antonio Flores Razuri, el mismo que integra el consorcio al cual la Municipalidad de Lima le entregó más de doce millones de soles mediante el procedimiento de selección no competitivo.

Tras recibir la buena pro, el Consorcio Región Libertad se encontró en la obligación de presentar una serie de documentación para que la contratación siga su camino. Fue en este momento cuando empezaron los problemas. Pese a que Pronied le otorgó al consorcio ganador dos oportunidades para cumplir con las exigencias, el consorcio no cumplió.

Tal como se detalla en la siguiente imagen extraída de una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, el consorcio integrado por Flores Razuri incumplió con varias de las exigencias hechas por Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Estos incumplimientos llevarían a que se produzca la pérdida automática de la buena pro.

Cuando se produce una revocatoria de la buena pro sin motivos de fuerza mayor e impulsada únicamente por el incumplimiento del postor ganador, el siguiente paso suele ser un proceso sancionador por el perjuicio ocasionado, en este caso a Pronied, debido a que deberán empezar desde cero con la convocatoria al concurso público y las obras de reconstrucción tomarán más tiempo del esperado.

Por ello, en agosto del 2021, las dos partes que integraban Consorcio Región Libertad recibieron sanciones. A Marco Flores Razuri, el Tribunal de Contrataciones del Estado le impuso una multa de más de cien mil soles por incumplir con la presentación de información exigida por Pronied tras haber recibido la buena pro.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Pero esta no sería la única sanción en el historial de Marco Antonio Flores Razuri. Sudaca pudo acceder a otro documento que data del año 2016 en el cual se detalla el caso que derivó en otra penalidad para el actual integrante del consorcio al que la Municipalidad de Lima seleccionó a dedo.

En septiembre del 2014, COPESCO, entidad estatal que se encarga de proyectos de infraestructura turística, convoca a un concurso para la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios turísticos en el circuito del centro histórico recorrido Fundo Fierro, Plaza de Armas y Recoleta, provincia de Arequipa”.

Tras la presentación de ofertas, se le otorgó la buena pro al consorcio Proyecta Arquitectos e ingenieros, el cual estaba compuesto por Flores Razuri y Gustavo Puma Cáceres. A finales de este mes se suscribiría el contrato por el considerable monto de ciento sesenta mil soles y ese también sería el origen de los problemas.

El consorcio que integraba Flores Razuri no tardó en convertirse en un dolor de cabeza para COPESCO. Tras la firma de contrato, Proyecta Arquitectos e Ingenieros se dedicó a acumular penalidades. Como se aprecia en el siguiente párrafo de la resolución a la que accedió Sudaca, el consorcio acumuló casi sesenta mil soles producto de numerosas observaciones que se le hicieron y no subsanaron.

Esta serie de incumplimientos por parte del consorcio obligó a COPESCO a resolver el contrato que firmaron en 2014 y la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a sus integrantes. En el caso de Flores Razuri, el Tribunal castigó su accionar quitándole la posibilidad de participar de procesos de selección con el Estado así como firmar contratos durante nueve meses.

A este cuestionable historial de Flores Razuri también se le suman las acciones de Sogu Constructora, quien lo acompaña en el consorcio que recibió la buena pro por parte de la comuna limeña y que, aparentemente, tampoco cuenta con antecedentes que se puedan catalogar como intachables.

La siguiente noticia fue publicada por Diario Correo en septiembre del 2024 y daba a conocer la indignación de la población iqueña luego de presenciar que la empresa Sogu Constructora, a quien se le había contratado para obras en pistas y veredas, estaba talando de forma indiscriminada árboles pese a que está prohibido.

Estos antecedentes desanimarían a más de un empleador. Pero ese no es el caso de la gestión Reggiardo y, haciendo uso de los recursos de la Municipalidad de Lima, eludió el camino del concurso público para entregarle directamente una obra y un contrato de casi trece millones de soles al consorcio de Flores Razuri y Sogu Constructora.

[INFORME] Sigue el cuestionable manejo del presupuesto en la Municipalidad de Lima. Con Reggiardo en la alcaldía, se tomó la decisión de comprar drones y cámaras sin permitir que exista una licitación pública y, además, el único postor invitado y elegido no tenía experiencia en el rubro y recién registró trabajadores un mes antes de firmar contrato.

En octubre del año pasado, la Municipalidad de Lima debió afrontar un inesperado cambio de mando. Rafael López Aliaga, quien ganó las elecciones del año 2022, abandonaba su cargo para perseguir su deseo de convertirse en presidente del Perú y, para ello, estaba obligado de renunciar a la alcaldía. Como está estipulado, quien pasó a ocupar el lugar que dejó López Aliaga fue otro integrante de las filas de Renovación Popular, el teniente alcalde Renzo Reggiardo Barreto.

Para el nuevo burgomaestre, la Municipalidad de Lima no era un terreno ajeno. Además del cargo que ejerció como mano derecha de Rafael López Aliaga, Reggiardo Barreto también intentó, sin éxito, llegar a la alcaldía en 2018 cuando fue candidato por el partido Perú Patria Segura.

Luego de un periodo marcado por serios cuestionamientos a la gestión que encabezó el líder de Renovación Popular, una de las interrogantes que existía sobre el desempeño de Reggiardo Barreto como alcalde era si administraría la Municipalidad de Lima de la misma manera en que lo hizo su jefe político o intentaría marcar su propio camino. Sin embargo, seis meses después de su llegada al despacho municipal, pareciera que la gestión ha seguido un rumbo errático.

SIN COMPETENCIA

En diciembre del año pasado, la Municipalidad de Lima concretó una de las primeras grandes adquisiciones de la gestión Reggiardo. Esta comprendía el pago del más de dos millones de soles, más precisamente S/. 2,289,187,68, por ocho drones que estarían a disposición de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Si bien corresponde señalar que el uso de estos vehículos aéreos para operativos relacionados con la seguridad pública se ha vuelto muy común en el último tiempo, en esta costosa compra existió un detalle particular. Como se puede observar en el contrato al que tuvo acceso Sudaca, la Municipalidad de Lima no realizó esta compra tras el habitual concurso público en el cual distintos proveedores pueden presentar sus ofertas y un comité elige a la mejor.

En esta oportunidad, la gestión del alcalde Reggiardo junto al gerente municipal Alejandro Jiménez optó por un sospechoso procedimiento de selección no competitivo, el cual consiste en un mecanismo excepcional para casos de emergencias, proveedores únicos o desabastecimiento.

Pese a que, por estos tiempos, existe un gran número de empresas que se dedican a la venta de drones con experiencia en ventas a municipios que optan por hacer uso de ellos, la Municipalidad de Lima tomó la decisión de no buscar una variedad de ofertas, sino que se limitó a lo que les podía ofrecer la empresa Original Systems, a quien invitaron para que presente su oferta y le pagaron los más de dos millones de soles por este contrato.

LA SUERTE LLAMA DOS VECES

Pero esta no sería la única vez que se pudo leer “procedimiento de selección no competitivo” durante la gestión Reggiardo. Sudaca pudo acceder a un nuevo contrato firmado por la Municipalidad de Lima a finales del mes de abril del presente año para la adquisición de doscientas cámaras corporales para la Gerencia de Seguridad Ciudadana en el cual se repite la historia de los drones.

Para adquirir las cámaras corporales, la Municipalidad de Lima volvió a optar por un procedimiento que impide la presentación de varios postores así como la competencia de ofertas y recurrió nuevamente a la empresa Original Systems para que sea la única oferta analizada y termine firmando un contrato por casi dos millones y medio de soles.

En este caso también corresponde señalar que las cámaras corporales no son objetos escasos ni mucho menos de un único distribuidor. En una búsqueda rápida en internet se pueden encontrar diversas empresas, como las dos que se muestran a modo de ejemplo en la siguiente imagen, que se dedican a la venta de estos dispositivos en el país.

UN ELEGIDO INEXPERIMENTADO

Si optar por este procedimiento de selección no competitivo despertaba sospechas, existen otros elementos en esta historia que encienden más alarmas. Sudaca pudo revisar el historial de Original System, el gran beneficiado de estos procedimientos, y encontró que no sólo no tenía experiencia en contratos por venta de cámaras, drones o algún otro dispositivo tecnológico, sino que su único antecedente antes de firmar un contrato con la Municipalidad de Lima fue una orden de servicio por la adquisición de alimentos y bebidas para el Ejército.

A esto se le suma la información que se puede encontrar en el sitio web de Sunat. Según lo que se muestra en la siguiente imagen, Original System, la empresa que ha facturado casi cinco millones de soles gracias a sus contratos con la Municipalidad de Lima, recién registró trabajadores en el mes de noviembre del año pasado, apenas un mes antes de firmar su primer contrato con la comuna limeña.

En las últimas horas se ha conocido que la Fiscalía iniciará investigaciones preliminares contra el exalcalde López Aliaga por el endeudamiento de más de cuatro mil millones de soles durante su paso por la Municipalidad de Lima. Sin embargo, este manejo deficiente e irresponsable de los recursos de la ciudad parece mantenerse con la llegada de Renzo Reggiardo, su teniente alcalde, al poder.

[INFORME] Una nueva polémica involucra al Congreso. En esta oportunidad, la gestión actual tomó la decisión de abrirle las puertas a un nuevo proveedor que arrastra un polémico historial tras recibir una orden de servicio por setecientos mil soles con el Ejército en circunstancias sospechosas.

En poco más de tres meses, el Palacio Legislativo tendrá nuevos inquilinos. Un periodo de cinco años que desde el primer día podría catalogarse como un divorcio irreconciliable entre la mayoría de peruanos y aquellos que en 2021 fueron elegidos para ser sus representantes en el hemiciclo está próximo a llegar a su final.

Por supuesto esta pérdida de confianza que ha terminado con un congreso al que más del 90% de peruanos desaprueba acumula varios episodios que han conducido a este presente marcado por el descontento. Parlamentarios que se ausentan por largos periodos, aquellos que usan los recursos del Congreso para venganzas políticas, blindajes y hasta los homenajes que se realizan a ellos mismos lograron exasperar a una población que, desde hace un tiempo, mira con recelo a sus políticos.

Sin embargo, que los parlamentarios estén transitando sus últimas semanas en el Congreso no los estaría persuadiendo de disfrutar de los recursos que tienen a su disposición hasta el último día e incluso parecen pasar por alto alarmantes antecedentes de los proveedores con quienes firman contratos.

UN SOSPECHOSO HISTORIAL

A finales del pasado mes de abril, el Congreso de la República dio luz verde a una orden de servicio con un proveedor llamado Raphael Humberto Barzola Mendoza. Como se puede observar en la siguiente imagen, esta orden de servicio por un valor de más de veinte mil soles se realizó por la adquisición de vestuario, accesorios y prendas diversas.

Hasta esta parte pareciera no existir nada sospechoso, incluso si se tiene en cuenta que Barzola no es uno de los típicos proveedores a los que suele recurrir el Congreso para este tipo de adquisiciones. Acorde a la información en la lista de proveedores del Estado, Barzola Mendoza sí registra cuantiosos contratos con el Ministerio de Defensa, que llegan a superar los nueve millones de soles y mucho más con el Ejército y la Marina de Guerra.

No obstante, al hurgar en estos antecedentes de Barzola como proveedor se pueden encontrar detalles que llaman la atención. Para ello es preciso remontarse al año 2020, más específicamente a los inicios de la pandemia, cuando el Ejército se encontró ante la necesidad de adquirir insumos médicos.

Fue en ese contexto cuando el Comando de Salud del Ejército (Cosale) optó por realizar procesos de contratación directa por más de cuatro millones de soles con proveedores que, extrañamente, no se dedicaban a la venta de productos sanitarios y entre estos beneficiados figuraba el nombre de Raphael Humberto Barzola Mendoza.

Una investigación periodística que data del año 2021 y fue realizaba por el portal Convoca dio a conocer que Barzola Mendoza, pocas horas después de la formalización del otorgamiento de la buena pro que le permitió recibir setecientos mil soles, realizó una modificación en su ficha RUC donde recién figuró que entre sus actividades económicas se encontraba la venta de productos de farmacéuticos.

UNA IRREGULARIDAD QUE PASARON POR ALTO

Pero eso no es todo sobre los antecedentes del nuevo proveedor del Congreso. Barzola también recibió, junto con otros de los proveedores elegidos por el Ejército, más ganancias de las que recibirían aquellos que también vendían mascarillas. Según señala el periodista Alexander Lavilla, mientras que, por ejemplo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) pagaba como máximo S/ 1.50 por cada mascarilla, Barzola y otros proveedores del Ejército recibieron S/ 3.50 por el mismo producto.

Aunque este caso se hizo público en marzo del 2021, Sudaca pudo comprobar que Barzola siguió recibiendo generosos contratos. Sólo con la Marina de Guerra acumuló más de dos decenas de contratos que suman más de doscientos dieciocho mil soles, más de un millón de soles con el Ejército y más de novecientos mil con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Pese a la denuncia periodística que exponía la venta de un producto a un precio que incluso era mayor del doble de lo que le costaba a otros contratantes y los sospechosos movimientos en el otorgamiento de la buena pro, este proveedor siguió contratando con las Fuerzas Armadas y, además, ahora también ingresó en la lista de nuevos proveedores del Congreso.