Jennifer Ludeña, la fiscal a cargo del caso de Edwin Oviedo y “Los Wachiturros de Tumán” se pronunció sobre las críticas que recibió por parte del exfiscalJuan Carrasco Millones y expuso lo que realmente ocurrió con el caso que le encargaron.
Días después de conocerse la ratificación de Edwin Oviedo y otros implicados en el recordado caso “Los Wachiturros de Tumán”, Jennifer Ludeña Meléndez, la fiscal que estuvo encargada de sustentar la acusación contra el empresario azucarero como presunto autor de los asesinatos de Percy Farro Witte y Manuel RimarachínCascos, se pronunció para defenderse de los cuestionamientos a su trabajo.
Durante el mes pasado, el Poder Judicial decidió absolver a Edwin Oviedo alegando que la Fiscalía no corroboró las declaraciones de los testigos que señalaban al expresidentede la Federación Peruana de Fútbol como el autor intelectual de los asesinatos de dos sindicalistas que ocurrieron en 2012 y 2015.
Sin embargo, las críticas a raíz de esta absolución se centraron en el trabajo de Ludeña Meléndez pese a que la investigación del caso había estado a cargo del exministroJuan Carrasco Millones. Por esta razón, la fiscal Ludeñaoptó por declarar a los medios y explicar en qué consistió su labor así como las falencias que encontró en la investigación que recibió.
“He emitido dos o tres informes porque advertí situaciones insalvables”, indicó Jennifer Ludeña con respecto a la investigación que recibió y explicó que “las carpetas que han llegado acá, ninguna ha llegado para que hagamos investigación”. Además, la fiscal dijo que “he tenido que desvincularme de sobreseimientos del fiscal que sí conocía el caso”, en referencia a las irregularidades y deficiencias en el trabajo hecho previamente por Carrasco Millones.
Previamente, Juan Carrasco se había pronunciado culpando a Ludeña por no haber defendido adecuadamente el caso y, ante ello, la fiscal de Trujillo dijo lo siguiente: “Toda mi actividad ha sido prolija, todos mis casos han terminado con sentencia condenatoria con mis propias investigaciones. No he tenido ninguna sentencia absolutoria, salvo en este caso, lamentablemente, y es porque no estuve a cargo de la investigación”.
Ludeña rechazó lo señalado por Carrasco y se refirió a otra de las versiones que se usaron para descalificar su trabajo. “Rechazo totalmente las afirmaciones que pueda hacer el doctor. Incluso ha hecho referencia a que yo tendría problemas con fiscales de Chiclayo, lo que es totalmente falso”, aclaró.
Con respecto a los pasos a seguir en el caso de Edwin Oviedo, Jennifer Ludeña anunció que apelará la absolución. “De que vamos a apelar, vamos a apelar. Porque tenemos que analizar cada punto de la sentencia”, dijo la fiscal y detalló que esta decisión se debe a que “conociendo toda la información que se ha incorporado a juicio he terminado convencida que sí tenía que emitirse una sentencia condenatoria”.
A finales del pasado mes de agosto, la noticia sobre la absolución del empresario azucarero Edwin Oviedo de los asesinatos de dos sindicalistas que tuvieron lugar en 2012 y 2015 sigue dando que hablar por las groseras irregularidades que han rodeado este procesoy que hoy ponen en el centro de la escena al exfiscal Juan Carrasco Millones tras la decisión en favor de Edwin Oviedo, que había sido vinculado con el recordado caso “Los Wachiturros de Tumán”.
El último jueves, el Poder Judicial ha ratificado la sentencia de absolución a Edwin Oviedo, quien había sido señalado como autor mediato de dos asesinatos. Junto con el empresario azucarero fueron absueltas otras cinco personas debido a que el Ministerio Público no pudo probar lo que señalaron en la acusación.
LA ABSOLUCIÓN DE OVIEDO
Como se recuerda, la Fiscalía, con Carrasco Millones a la cabeza, acusó a Oviedo de liderar una red criminal y ser el autor intelectual de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, dos trabajadores de una empresa azucarera administrada por el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.
La tesis de la Fiscalía, por la cual pedían cincuenta y dos años de cárcel, señalaba que Oviedo había ordenado estos asesinatos como venganza debido a que Rimarachín y Farro, en su rol de sindicalistas, habían coordinado protestas de su administración de la empresa azucarera Tumán. Fue por esta acusación que Oviedo terminó por dejar la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol a finales del año 2018 y pasó tres años cumpliendo prisión preventiva y arresto domiciliario.
Sin embargo, el mes pasado, el Poder Judicial decidió absolver a Edwin Oviedo alegando que la Fiscalía no corroboró las declaraciones de los testigos que señalaban al empresario azucarero como el responsable de dichos asesinatos y en las cuales Carrasco Millones se había apoyado para fundamentar la acusación.
“Las solas declaraciones vertidas por estos testigos no pueden ni tienen la capacidad suficiente para enervar la presunción de inocencia”, ha sido lo que se señala en la resolución del juzgado y agrega que“de las pruebas actuadas se tiene que tan solo se circunscriben a dichos sin una verificación objetiva de índole periférica que pueda dar certeza a los testimonios de los antes (colaboradores eficaces) indicados”.
Tras conocerse esta decisión, Sudaca conversó con César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo, quien señaló que el trabajo de Juan Carrasco “coincide plenamente con los intereses de estos malos empresarios” y que “ellos amenazaron a Edwin Oviedo que si intentaba ingresar a Tumán iba a pagar las consecuencias y esta fue la investigación que inventó el fiscal Carrasco”.
CARRASCO, EL REINCIDENTE
Pero, además, Nakazaki apuntó contra Juan Carrasco. “Se sabe sobre el trabajo poco prolijo del fiscal Juan Carrasco Millones y las colaboraciones eficaces porque fabrica pruebas. Él hace que una persona declare como colaborador eficaz y, sin ninguna corroboración, utiliza las declaraciones”, declaró el letrado a Sudaca.
Estas declaraciones no serían una simple opinión si se tiene en cuenta el historial del exfical Carrasco Millones que Sudaca ha expuesto en más de una oportunidad y que relatan numerosos casos en los cuales se ha hecho un uso indebido de las prisiones preventivas y los colaboradores eficaces.
Uno de los más recordados fue el de Juan Miguel Valdivia Goycochea, quien debió pasar cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de una organización criminal. No obstante, casi una década después y con una investigación que terminó en 2018, Valdivia no fue acusado y lo más resaltante de dicho caso fue que Carrasco Millones habría utilizado informes con serias irregularidades para sustentar numerosas prisiones preventivas.
Miguel Ángel Nureña Sanguinetti fue otro de los que vivió un episodio de terror que involucraba a Juan Carrasco cuando, a finales del 2018, fue detenido porque, según le dijo el entonces fiscal, un colaborador eficazlo señaló como el testaferro del congresista Javier Velásquez Quesquén. Posteriormente, Nureña recuperaría su libertad, aunque la experiencia detenido lo marcaría tanto a él como a su familia debido a las irregularidades que existieron en el medio y la ausencia de un sustento razonable.
El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones en Residuos Sólidos (DEAA), ha emitido una carta dirigida al Gerente General de Innova Ambiental, el señor Marcelo Socoowski Azevedo. Esta tiene como objetivo solicitar un pronunciamiento oficial de la empresa con relación a la finalización del contrato de concesión del servicio de limpieza pública en el Cercado de Lima, declarado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
La comunicación de la DEAA está fundamentada en el Oficio Circular N° D000001-2024-MML-GSCGA (Registro MINAM N° 2024071131), mediante el cual la Municipalidad Metropolitana de Lima notificó la conclusión del contrato de concesión del servicio de limpieza pública que había sido gestionado por Innova Ambiental S.A. Este contrato fue esencial para la operación y manejo de residuos en el área del Cercado de Lima, incluyendo la gestión del Relleno Mixto Portillo Grande, una infraestructura clave en la disposición de residuos sólidos.
Para la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones en Residuos Sólidos, es crucial obtener información detallada sobre las medidas y acciones adoptadas por Innova Ambiental S.A. ante la finalización de este contrato.
La razón de esta solicitud radica en la necesidad de evaluar adecuadamente el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Relleno Mixto Portillo Grande, el cual ha sido presentado por la empresa. Este programa es vital para garantizar que las operaciones de disposición de residuos sólidos cumplan con las normativas ambientales vigentes y minimicen cualquier impacto negativo en el entorno.
La finalización del contrato de concesión ya ha tenido graves consecuencias entre la acumulación de basura y la mala administración de la MUNILIMA con respecto a este caso. Innova Ambiental S.A. está llamada a proporcionar un reporte exhaustivo que detalle los pasos a seguir para asegurar una transición adecuada y un cumplimiento continuo de las normativas ambientales.
Los requerimientos del MINAM
En la carta dirigida a Marcelo Socoowski Azevedo, la Directora de la DEAA, Karina Patricia Takahashi Santos, enfatiza la importancia de una respuesta pronta y detallada por parte de Innova Ambiental. La información solicitada es fundamental para que el MINAM pueda cumplir con sus funciones de supervisión y control ambiental, garantizando así que las operaciones de gestión de residuos sólidos continúen desarrollándose de manera efectiva y conforme a la ley.
La Municipalidad de Lima no esta acelerando este proceso y el tan anhelado concurso publico prometido por el alcalde López Aliaga se encuentra mas lejos de nuestra realidad. Los vecinos exigen respuestas inmediatas. Sobre todo, porque preocupa la confusión de información que se esta propagando en los medios. Durante todo este proceso de investigación se ha tomado en cuenta las graves denuncias de contaminación que ha venido sacudiendo la salud de los vecinos de Lomas de Carabayllo.
A pesar de esto, y, ante el cierre y cambio de zonificación del relleno sanitario “El Zapallal” se ha venido denunciando y exigiendo la apertura de este para que se pueda recoger la basura. Sin embargo, nuestros lectores han podido seguir esta historia y ver la problemática que surgió por el funcionamiento de este lugar.
Se ha presentado una demanda de amparo contra el Archivo General de la Nación (AGN), el Ministerio de Cultura y el Consorcio Transel. La acción legal tiene como objetivo detener el inminente traslado de valiosos documentos históricos desde la sede del AGN en el Palacio de Justicia a un almacén en el Callao, propiedad del consorcio.
El 12 de agosto, la noticia del contrato entre el AGN y el consorcio Transel por más de 12 millones de soles, destinado a realizar un traslado «temporal» de tres a cinco años, despertó alarma entre académicos, historiadores y ciudadanos. La documentación afectada, que incluye registros notariales, expedientes judiciales, y otros documentos de vital importancia para la ciudadanía, está programada para ser trasladada a un depósito ubicado en una zona industrial del Callao.
Es importante mencionar que este material es consultado diariamente por cientos de personas, y su resguardo es esencial para mantener los derechos de propiedad, herencia, nacionalización, entre otros.
La demanda presentada señala que el local al cual se pretende trasladar el archivo no cumple con las condiciones adecuadas para albergar documentos históricos.
Un informe de inspección del Ministerio de Cultura del 21 de mayo de 2024 ya había alertado sobre las deficiencias del espacio, y un informe posterior de la Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos físicos y legales del traslado. Entre estos riesgos, se encuentran irregularidades en la firma del contrato y la falta de saneamiento legal del local, que además está hipotecado por más de 8 millones de dólares.
La demanda de amparo no solo denuncia la falta de condiciones adecuadas para el traslado, sino que también subraya la violación de varios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entre estos derechos se encuentran:
El Derecho a la Identidad Cultural de la Nación (Artículo 2.19): La pérdida o daño irreparable de estos documentos supondría un golpe notorio para la identidad cultural del Perú.
La Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación (Artículo 21): Este artículo obliga al Estado a proteger el patrimonio documental, una obligación que, según los demandantes, se estaría incumpliendo con el traslado.
El Acceso a la Cultura y la Vida Cultural a través del Patrimonio Documental (Artículo 2.8, 2.17 y 21): Los demandantes argumentan que, de llevarse a cabo el traslado, no hay garantías de que los documentos sean accesibles al público en un futuro cercano, lo que afectaría los derechos de los ciudadanos a consultar archivos vitales para sus derechos civiles.
El petitorio de la demanda es claro: exige que se detenga inmediatamente el traslado, se anule el contrato de arrendamiento y se inicien las gestiones para la construcción de una sede definitiva para el AGN, que cumpla con todos los requisitos necesarios para la conservación del patrimonio documental del país.
Los documentos que custodia el Archivo General de la Nación no son solo papeles antiguos almacenados en cajas. Son el testimonio vivo de la historia del Perú, desde los registros notariales que establecen derechos de propiedad hasta los expedientes judiciales que documentan la evolución del sistema legal del país. Este acervo representa la memoria de la nación, un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de todos los peruanos.
El traslado de estos documentos a un depósito industrial sin las condiciones adecuadas no es una mera cuestión logística. Es un acto que podría resultar en la pérdida irreversible de información vital sobre la identidad y la historia del país. Como señalan los demandantes, ¿quién en su sano juicio confiaría sus pertenencias más valiosas a un espacio que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y conservación?
Al cierre de este informe, se espera que haya respuestas definitivas sobre el AGN. El Perú se enfrenta a un momento crítico en la preservación de su memoria histórica. La demanda de amparo presentada el 12 de agosto no solo busca detener un traslado que pone en peligro el patrimonio documental del país, sino que también llama la atención sobre la responsabilidad del Estado en la protección de su historia.
Es imperativo que el Poder Judicial, el Ministerio de Cultura y la ciudadanía en general reconozcan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia para asegurar que el patrimonio documental del Perú no solo sea preservado, sino que también sea accesible para las generaciones futuras. En un país donde la historia y la identidad están tan intrínsecamente ligadas, proteger estos documentos es proteger a la nación misma.
El 24 de junio de 1969, cientos de campesinos de la costa y de la sierra peruanas tomaron los caminos y las carreteras del país para acompañar al jefe del gobierno militar y hacerle saber que, a partir de ese día, “el patrón ya no comería más de su pobreza”.
Con esa frase absolutamente demagógica, los propietarios de tierras carentes de valor, como las pampas desérticas de Cerro Prieto, en Lambayeque, se acostaron esa noche tan pobres como lo habían hecho durante varias generaciones.
Y siguieron viviendo en condiciones precarias hasta que alguien decidió invertir en la irrigación de esas tierras eriazas, dándoles valor, capacidad hipotecaria y todo lo que se puede conseguir cuando se tiene dinero.
Conversamos con María Roca, asesora legal de Agrícola Cerro Prieto.
“En el año 2000, nosotros compramos en licitación pública internacional unas tierras eriazas en el sur de Lambayeque, cerca a la frontera con La Libertad. Firmamos un compromiso de compra-venta, estipulado en un contrato que, además, tiene las características de un contrato-ley. Pagamos por esas tierras y por derechos de agua superficiales y subterráneas. Todas esas tierras eran propiedad del Estado y estaban inscritas en Registros Públicos a nombre del Estado. Antes de esa inscripción no había nada. Absolutamente nada. Entonces invertimos, construimos todo un sistema de conducción de agua, que no es un canal del punto A al punto Z; que está compuesto por canales de derivación, por bombas de inducción, por filtrados, por mangueras, por 14 Ítems que componen el sistema de conducción de agua.
El agua viene de la represa Gallito Ciego, baja por el canal, punto denominado TP6, para recibir el agua en el TP6. Yo construí toda esa infraestructura hidráulica, que, como les dije, es un canal que lleva el agua hasta mis tierras; pero no solamente un canal, son una serie de elementos que componen un sistema de conducción hidráulica. Bombas de derivación, canales secundarios, mangueras, una serie de cosas, entonces, eso era de nosotros y nosotros empezamos a trabajar y a sembrar y a exportar.
En el año 2009, de repente, nos encontramos que se habían borrado los asientos regístrales de dominio de Agrícola Cerro Prieto y todo le pertenecía a una empresa que se llamaba Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. Nos encontramos dueños de nada, a pesar de haber comprado, como les repito, en licitación pública internacional, al Estado peruano. No se lo compré a Pedro, se lo compré al Estado peruano, al amparo de la fe registral. Todo estaba registrado a nombre del Estado en los registros públicos. Nos encontramos en 2009 que no éramos dueños de nada y habíamos invertido más o menos entre 200 y 300 millones de dólares en toda la infraestructura hidráulica, oficinas, siembra, ya le digo, exportábamos. Entonces, esta empresa, Aspillaga Anderson Hermanos, que quiero dejar clarísimo, era una empresa que fue declarada en quiebra en el año 1969, mediante el aviso judicial de quiebra que se publica en está en El Peruano, el juez del segundo juzgado civil de lima convoca a los acreedores y ordena la liquidación de la empresa esta empresa, al 2003, estamos hablando de 34 años de absoluta inmovilidad, no tenía empleados, nada, no pagaba impuestos, nada, lo que prueba que había sido liquidada.
Entonces, los hermanos Aspíllaga en 2003 inicia un juicio al Estado pidiendo que le devuelvan las tierras expropiadas en 1989 y no pagadas. El Estado no movió un dedo.¿Usted cree que el Estado dijo que Agrícola Cerro Prieto era parte, que le había vendido en licitación pública internacional 5.000 hectáreas de terreno? Mudos, en todos los idiomas de la tierra. Y Aspillaga tampoco dice que había con derechos registrales desde el 2000. Entonces, le devuelven a Aspillaga 29 000 hectáreas supuestamente expropiadas en 1989.
Y no le expropia 29 mil y pico de hectáreas porque dice que revierten al Estado, precisamente por ser eriazas. Claro, no había nada. Cuando nosotros hemos comprado, eso un arenal, un desierto absoluto. Ellos en 2003 se dan cuenta de lo que habíamos hecho. No sé cómo se borren los asientos registrales del Estado y los nuestros, a pesar de estar protegidos por el artículo 2014 del Código Civil, logran que se borren.No me pregunte cómo hicieron, porque la verdad es que no me queda, sino que hablar de corrupción. En 2011 logramos la primera sentencia del Tribunal Constitucional que me devolvía las tierras agrícolas.
El tribunal dice que a Aspillaga Anderson procedieron en mala fe, que le ocultó información, que se le presentó partidas registrales incompletas, entonces la primera sentencia que tiene Cerro Pietro en 2012 ordena que se les devolviera esa tierra.
Aspillaga hizo todo lo posible para impedir que eso quedara a nuestro favor. Regresamos, al Tribunal Constitucional cinco veces esta es la sexta. Porque ellos han hecho siempre lo posible para quedarse con todo. Por último, ya un día dijeron, no puedo recuperar mi tierra. Entonces, ¿qué hago? Le quito el agua. Que, para una agrícola, quitarle el agua es arruinarlo. Dicen que yo construí el canal en tierras de ellos. No, cuando yo construí el canal, eso no era su tierra. Eso era de Pejeza del Estado. Y a mí, en mi contrato, me permiten construir ese sistema. Toda esa infraestructura de riego que hoy día tengo, 13 reservorios construidos ahí. Con todo se quieren quedar, porque al mismo tiempo que le quitaron sus tierras de Cerro Prieto, recuperaron, acuérdense, 29.000 hectáreas que estaban dentro de esas, las tierras de Cerro Prieto, luego nos devuelven las 6 000 hectáreas. Y después las 2 000 que están en discusión, a los Aspíllaga le quedan 21 000 hectáreas de terreno ¿Usted cree que han hecho algo? No han sembrado ni un guarango, siguen siendo tan eriazas como era en el año 1969 que revirtieron al Estado.
Hoy día si usted entra al registro público, dice partida cerrada, quiere visualizarla. No tienen un solo empleado, no pagan impuestos, son un cascarón.Ellos han revivido solo para quedarse con las tierras de Agrícola Cerro Prieto. Esa es la verdad. O sea, solamente quieren el agua. Hoy día Cerro Prieto vale 500 millones de dólares. Entonces no pudieron quedarse con la tierra. Y dijeron, bueno, te quito el agua. Porque quitarte el agua es matarte.
Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, una dictada en 2014 y otra en 2021. La del 2021 ratifica la del 2014.
Cuadro comparativo de las sentencias del caso Cerro Prieto y como recogen todas el “área adyacente “
Fueron dos tribunales, dos plenos del Tribunal Constitucional conformados por distintas personas. Y le dan la razón a Cerro Prieto. Y esta vez, ¿por qué está eso ahí? Para que el tribunal respete la cosa juzgada. Aspíllaga ya tienen la indemnización, solamente que el Estado no se la paga porque ellos quieren que se la pague a valor de terreno agrícola, cuando ellos no han sembrado nada ahí. Las diferencias son 120 millones de soles entre una y otra. Y siguen insistiendo. Y uno de sus pedidos al tribunal fue ese, que le ordenara al ministerio que le pagara valor de terreno agrícola. Y el tribunal le contestó que esa no era su misión, que su misión era restitutoria y no resarcitoria. Entonces, por eso, cuando dice, no me han pagado un centavo, claro, porque el Estado dice, no, yo te pago valor de terreno, porque ahí, tú no has sembrado nada.
Y esa controversia se refiere simplemente, el tribunal, en dos oportunidades se has pronunciado ordenando que se indemnice a día por el valor de la tierra que comprende el contrato de establecimiento de servidumbre, el terreno eriazo adyacente entre el canal y la propiedad agrícola Cerro Prieto. ¿Por qué? Porque ahí en ese terreno está toda la infraestructura hidráulica de Cerro Prieto. Reservorios, mangueras, bombas de inducción, todo, todo está en ese terreno.Yo compré en licitación pública internacional, el señor Azpillaga ha dicho el otro día, licitación con trampa. ¿Qué trampa? Si creen que es con trampa, reclámale al Estado.
Ellos quieren volver a ser ricos con el trabajo de Cerro Prieto. Y otra cosa terrible, es que se está poniendo en riesgo la estabilidad jurídica del país.Entonces, no solo es eso, sino que ahora, ¿quién va a venir a invertir? Si sabe que cualquiera va al tribunal y dice, ah, no, es que esto era de mi tatarabuelo, y yo ahora tengo derecho a él, dámelo. Es decir, la estabilidad jurídica se terminó en el país. Las sentencias ya no pasan en calidad de cosas juzgadas, ya no son cosas decididas si el tribunal cambia su decisión. Y yo le digo, el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2014, llama la atención de los abogados de Aspillaga por su inconducta profesional y su desacato a las sentencias expedidas por el tribunal. El tribunal se lo dice. Pocas veces el tribunal llama la atención. Esta vez lo ha hecho”.
Sentencia donde se ordena incluir el área existente entre el canal y el lote.
La tierra es de quien la trabaja
Desde que los hombres de ahora éramos niños, y los demagogos crecían como las sombras cuando cae la noche, hemos escuchado decir a los Benavides Correa, Breña Pantoja, Hugo Blanco y Genaro Ledesma que la tierra era de quien la trabajaba, nada de compartirla, de hipotecarla, de venderla, de prendarla o de canjearla. No, de ninguna manera.
Con esa negativa, la tierra no solamente se convierte en un título sin valor alguno, sino que es un lastre para quien la ocupa: más tierra tengo, más obligaciones me agobian.
Por tales razones, la llamada revolución verde es el mayor aporte conceptual al viejo problema de la tierra.
Depósitos Químicos Mineros (DQM) manejaba el almacenamiento y el manejo del ácido sulfúrico del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) desde 2007, ayudando a cumplir con las normativas ambientales. Sin embargo, en 2010, la insolvencia de Doe Run llevó a que esta empresa se sometiera a un proceso concursal ante Indecopi. A pesar de los acuerdos adicionales firmados, Doe Run no cumplió con los acuerdos adicionales firmados ni con las fechas de pago acordadas.
Actualmente, Doe Run le debe a DQM 14,3 millones de dólares, más intereses, penalidades y gastos administrativos, totalizando a 29 millones de dólares: una deuda considerada como crédito no concursal, según la Ley General del Sistema Concursal.
Doe Run está en un procedimiento de liquidación, lo cual quiere decir que va a salir del mercado, y la única razón por la que todavía no lo hace es porque tiene cuentas por cobrar, que son fondos por recuperar y que tienen que ingresar a su caja para pagar sus deudas, tanto con proveedores que fueron estratégicos para la liquidación en marcha, como con sus acreedores.
Los que cobran de manera inmediata son los proveedores estratégicos, como el propio liquidador que está dando servicios en este momento, como aquellos que le brindaron servicios a Doe Run en su etapa de liquidación en marcha. Y dentro de esos proveedores estratégicos, está DQM, que además tiene ratificada su condición de proveedor estratégico, mediante un laudo arbitral que ya quedó firme, porque, aunque Doe Run lo quiso cuestionar a través de un recurso de anulación en el Poder Judicial, se lo rechazó y contra ese rechazo no cabe presentar ninguna impugnación más. Entonces, lo único que corresponde es que Doe Run cumpla con pagar esa deuda de inmediato.
La única cuenta por cobrar que tiene Doe Run, que son los fondos de libre disponibilidad que tiene enel llamado fideicomiso Proyecto de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). Y; esos fondos se liberarán, mejor dicho, si es que sale un decreto supremo que así lo autorice por parte del Ministerio de Energía y Minas.
Originalmente, hasta febrero de este año, el Ministerio de Energía y Minas decía que no iba a liberar los fondos de ese fideicomiso. Ahora la situación es diferente porque la Dirección General de Minería, ha elaborado un proyecto de decreto supremo justamente para liberar los fondos de ese fideicomiso porque han llegado a la conclusión que carecen de objeto, porque están garantizando un proyecto en el complejo metalúrgico de La Oroya que ya no se va a llevar a cabo.
Entonces, como ha devenido un imposible jurídico, están emitiendo el borrador del decreto supremo para que esos fondos se liberen.
MINEM responde a DQM
El MINEM ha confirmado la existencia del Expediente No. l-16242-2024 que contiene la propuesta del Decreto Supremo que modificaría el Decreto Supremo No. 046-2004-EM, a través del cual, se establecieron disposiciones para la prórroga excepcional de plazos para el cumplimiento de proyectos medioambientales específicos contemplados en Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA (incluido el PAMA de DRP).
Esta propuesta de Decreto Supremo se encuentra en proceso de evaluación en la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINEM, a cargo de la Dra. Giovanna María Díaz Revilla.
Dado que dicha oficina viene trabajando en el levantamiento de las observaciones realizadas al proyecto normativo propuesto por la DGM, su texto ha sido considerado como un documento en etapa deliberativa.
El tratamiento de este documento como uno en etapa deliberativa, es la justificación dada por el MINEM para no proporcionar copias del mismo, alegando que estaría comprendido en la causal de excepción del ejercicio de derecho de acceso a la información pública, regulado el numeral 1) del artículo 17 del TUO de la Ley No. 27806.
El ministerio es uno de los que tiene que cumplir con esa obligación de acuerdo con el laudo arbitral, debe liberar los fondos del fideicomiso, y retenerlos porque de esa manera se garantiza el pago a DQMese es uno de los aspectos que establece el laudo arbitral, con lo cual ya no habría pretexto para retener el dinero ni decir, que se está discutiendo la validez del laudo en el Poder Judicial porque eso ya terminó, el recurso que había presentado Doe Run ya se lo rechazaron y ya no cabe contra esa decisión ninguna impugnación más.
Cumplir con lo que corresponde
En este caso, el actor principal y el más crucial, se ha vuelto el Ministerio de Energía y Minas, porque es el que tiene los fondos que van a servir para pagar esa obligación, de lo contrario estaría incumpliendo un mandato arbitral si es que ordena la liberación de los fondos, pero no los retiene para garantizar el pago de la deuda a DQM.
Adrián Simóns, asesor legal de DQM, señaló que, si el Ministerio de Energía y Minas no cumple con el mandato arbitral que garantiza el pago a DQM, este incurriría en desacato a la orden emitida por el Tribunal Arbitral, orden que consta en un laudo que tiene calidad de cosa juzgada y, además, ratificada su validez por el Poder Judicial. En efecto, el numeral 9 del artículo 118 de la Constitución, establece que el Poder Ejecutivo (en cabeza de la Presidencia de la República) está en el deber de cumplir y hacer cumplir las sentencias y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Los laudos y demás resoluciones que dictan los árbitros son órdenes jurisdiccionales de obligatorio cumplimiento, tal como lo reconoce nuestra constitución y el tribunal constitucional.
Parte de las garantías a las inversiones que se hacen en nuestro país, implica también que nuestras autoridades cumplan con los mandatos jurisdiccionales, ya sean judiciales o arbitrales.
Ley que busca favorecer a Doe Run
El 3 de julio, se instaló una mesa de trabajo en el despacho del congresista Pasión Dávila titulada «Liquidación de Doe Run Perú – Pagos créditos laborales concursales y corrientes (posconcursal)», relacionada con un proyecto de ley presentado en abril para modificar la Ley General del Sistema Concursal. Doe Run, en insolvencia desde 2010, había destinado un fideicomiso de 20 millones de dólares para terceros, gestionado por el Ministerio de Energía y Minas. La modificación de la ley permitiría que estos fondos regresen a la empresa, lo que podría impedir los pagos a trabajadores y proveedores.
Lo que estaría buscando Pasión Dávila es sacarle la vuelta, digamos, a ese decreto supremo, porque por una norma especial en la ley concursal, estaría el liquidador facultado a pedirle directamente al ministerio que le entregue los fondos. Independientemente de que el decreto supremo diga lo que tenga que decir, como la otra norma estaría dentro de una ley especial en el marco de un procedimiento concursal, entonces el liquidador lo que quiere es una ley que le diga como es un fideicomiso constituido para garantizar obligaciones de una empresa que está en liquidación, un liquidador está facultado para ir a pedirle directamente los fondos a quien tenga retenido esos fondos en fideicomiso. Es una manera, de sacarle la vuelta al mecanismo oficial, regular de liberación de ese fideicomiso que sería mediante decreto supremo.
Doe Run es una empresa que se ha coludido con más de un organismo del Estado para impedir que las cosas ocupen su lugar. Con mil y una artimañas, Doe Run se ha preocupado durante largo tiempo en esquivar los requerimientos de los empleados públicos; con esas mismas artimañas, la compañía de capitales extranjeros ha organizado un esquema para burlar los controles de los organismos reguladores, llegando al extremo de poner en planilla a congresistas, funcionarios menores y empleados que ocupan cargos públicos menores. En fin, ha montado un andamiaje para no pagarle ni un sol al país.
Innova Ambiental solicito al Ministerio del Ambiente la actualización de su Registro Autoritativo para excluir varias infraestructuras de gestión de residuos. La solicitud fue dirigida al Director General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, Luis Alberto Bravo Barrientos.
Por su parte, el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, ha denegado la solicitud presentada por el Comité de Gestión Parlamento 10 para realizar una reunión sobre la evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del relleno sanitario Portillo Grande, ubicado en el distrito de Lurín.
La empresa cuenta con el Registro Autoritativo EO-RS-00073-2020, vigente desde el 1 de septiembre de 2020, que incluye varias infraestructuras para la disposición de residuos sólidos. Sin embargo, debido al término del Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza Pública del Cercado de Lima, notificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima el pasado 8 de mayo de 2024, INNOVA AMBIENTAL S.A. ha cesado sus operaciones en dichas instalaciones.
El contrato con la Municipalidad, que finalizó el 30 de mayo de 2024, abarcaba la operación de infraestructuras clave como “Portillo Grande”, “El Zapallal” y la Planta de Transferencia de “Huayna Cápac”. Tras el término del contrato, la empresa devolvió estas infraestructuras a la Municipalidad, transfiriendo también todos los derechos y obligaciones legales y ambientales.
Solicitudes y Documentación Adjunta
Marcelo SocoowskiAzev, Gerente General de Innova Ambiental, firmó la carta enviada al Ministerio del Ambiente solicitando la baja de estas infraestructuras del registro vigente. En la solicitud se adjuntan documentos de respaldo, entre ellos, una copia de la vigencia de poder del representante de la empresa y comunicaciones oficiales con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Contra viento y marea, Innova Ambiental busca oficializar la finalización de sus operaciones en las mencionadas infraestructuras y actualizar su registro ante las autoridades competentes. La empresa reafirma su compromiso con la normativa vigente y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
El silencio del Ministerio del Ambiente. El ministerio aún no ha emitido una respuesta oficial a esta solicitud, pero se espera que se pronuncie en los próximos días sobre la actualización del Registro Autoritativo EO-RS-00073-2020, conforme a los procedimientos establecidos.
Sobre la solicitud de reunión
La solicitud de reunión fue enviada por el Comité de Gestión Parlamento 10, liderado por su presidente, Rober V. Ángeles Salas. El propósito era discutir el procedimiento de aprobación del PAMA presentado por Innova Ambiental S.A., la empresa encargada del relleno sanitario Portillo Grande.
Sin embargo, el MINAM, mediante la carta N°00285-2024-MINAM/VMGA/DGGRS, informó que la petición no es procedente. Según el Director General de Gestión de Residuos Sólidos, Luis Alberto Bravo Barrientos, la solicitud de aprobación del PAMA está actualmente en proceso de evaluación y elaboración de informes. Además, el MINAM ha comunicado previamente esta situación al Comité en varias ocasiones, a través de diferentes cartas enviadas a la dirección de correo electrónico proporcionada por el Comité.
Adicionalmente, el MINAM informó que Innova Ambiental S.A. ha solicitado la actualización de su Registro Autoritativo como Empresa Operadora de Residuos Sólidos, solicitando la exclusión de ciertas infraestructuras y operaciones relacionadas con residuos sólidos. Esta exclusión ha sido realizada tras la correspondiente evaluación, y los detalles pueden ser verificados a través del enlace proporcionado por el MINAM.
Al cierre de este informe, la disconformidad de los vecinos ha llegado al punto de querer iniciar diferentes movilizaciones y plantones a las afueras de aquellas instituciones responsables de este caso y de su fin sin fecha exacta.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, fue recibida con abucheos durante su participación en el Festival de Cine de Lima, un evento que refleja no solo el rechazo de la audiencia, sino también la frustración generalizada del sector cultural peruano debido a las recientes normativas que han afectado negativamente al cine nacional. Esta situación no es un hecho aislado, sino el reflejo de un descontento profundo con la gestión estatal hacia el arte y la cultura en Perú, particularmente en un momento en que la industria cinematográfica enfrenta serias amenazas debido a nuevas legislaciones que restringen la libertad creativa y de expresión.
La noche de ese día, la titular del sector cultura mientras comenzaba su discurso en el Teatro Nacional, la audiencia la interrumpió con abucheos, gritos de «¡hipócrita!» y «¡fuera!», y hasta pancartas que exigían la defensa del cine peruano. Pese a que intentó continuar hablando y pidió respeto para terminar su intervención, los gritos no cesaron, obligándola a abandonar el estrado.
Este incidente refleja una creciente frustración entre los cineastas y ciudadanos, quienes critican las acciones recientes del gobierno en relación con la cultura y el cine. Urteaga, una aliada cercana de la presidenta Dina Boluarte, ha sido blanco de críticas por su apoyo a una ley que regula y limita el financiamiento para producciones que aborden temas sensibles como las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La normativa, impulsada por la congresista Adriana Tudela, también restringe los fondos para cineastas de regiones y cine independiente, lo que ha generado rechazo entre más de 70 asociaciones y cientos de trabajadores del sector cultural.
No es la primera vez que Urteaga enfrenta manifestaciones en su contra. En febrero, durante una visita a Puno, también fue abucheada y expulsada por ciudadanos que exigían justicia por las víctimas de las protestas antigubernamentales. A pesar de estos episodios, la ministra ha declarado que continuará con su labor y sus visitas a diferentes regiones, asegurando que las críticas no detendrán su trabajo.
El clima de rechazo hacia las autoridades no se limita a Urteaga. En los últimos días, otras figuras políticas, como la legisladora Patricia Chirinos y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, también han enfrentado situaciones similares, lo que evidencia un creciente descontento social hacia el gobierno actual.
Hace unos meses conversamos con la cineasta Patricia Wiesse quien detalló los numerosos obstáculos que encontró al crear su documental «Mujer o Soldado», un proyecto que explora temas incómodos para ciertos sectores del poder, como la violencia sexual ejercida por las fuerzas militares en el sur andino. Wiesse señala que, debido a la nueva legislación, es improbable que un documental como el suyo reciba el mismo nivel de apoyo que en el pasado. «Es el tipo de película que ellos no quieren que se haga», menciona la cineasta, subrayando que las restricciones actuales dificultan enormemente la realización de obras que aborden temas sensibles o que puedan ser interpretadas como críticas al Estado.
La nueva legislación impuesta por el Estado peruano ha generado un clima de censura y autocensura, donde los cineastas temen que sus proyectos sean vetados o que no reciban el apoyo necesario debido a su contenido. Esto ha llevado a una mayor presión sobre la comunidad cinematográfica, que ahora debe sortear un entorno cada vez más restrictivo y hostil hacia las voces críticas.
A pesar de los desafíos, el trabajo de Patricia Wiesse y su equipo en «Mujer o Soldado» no solo resalta la resiliencia de las mujeres de Manta, sino también la lucha constante de los cineastas peruanos por mantener viva la memoria histórica y por contar historias que el poder intenta silenciar. Su documental ha tenido un impacto significativo en la discusión sobre la violencia sexual en los conflictos armados en Perú, y ha servido como una herramienta educativa y de sensibilización tanto en el ámbito académico como en la esfera pública.
El futuro del cine en Perú está en peligro debido a estas nuevas normativas que podrían convertir a DAFO en un ente censor, afectando la diversidad y la libertad creativa en la producción audiovisual. Sin embargo, la cineasta también subraya la importancia de la resistencia y la creatividad en la comunidad cinematográfica para enfrentar estos desafíos y continuar produciendo contenido que refleje las realidades y las historias que necesitan ser contadas.
La abucheada participación de Leslie Urteaga en el Festival de Cine de Lima no es solo un acto de desaprobación hacia una figura política, sino una manifestación del descontento con la situación actual del cine en Perú. Es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, los cineastas como Patricia Wiesse continúan luchando por su libertad de expresión y por la preservación de la memoria histórica a través del cine.
Los trabajadores y los proveedores de la constructora china Synohidro denunciaron al consorcio y anunciaron una serie de plantones contra la cuestionada empresa. Denuncian que la empresa china los estafó, dejó impagos a miles de trabajadores y colocó al borde de la ruina a cientos de proveedores, muchos de ellos jóvenes emprendedores peruanos. Como sabemos, la empresa asiática viene operando en nuestro país a través de algunas empresas estatales, las cuales participan en diversas licitaciones de gran envergadura; por ello queremos poner de conocimiento a la opinión pública, los graves hechos de corrupción que viene propiciando dicha compañía, que aprovechándose de los nexos con los canales oficiales, fue convocada para ser parte del proceso de la construcción del Hospital San Ignacio II-Cajamarca. Tras varios meses de haber culminado dicha obra, la empresa china desapareció, dejando en ruinas a miles de trabajadores que estuvieron días y noches en la ejecución del proyecto. Las prácticas corruptas y abusivas de Shynohidro nos ponen en estado de alarma ante los graves antecedentes que viene enfrentando con otras obras realizadas en el país bajo el mismo modus operandi. Sin embargo, dicha empresa continúa operando en nuestro país, ganando licitaciones con el Estado, como la reciente construcción de la carretera Conococha-Huaraz, firmado en julio pasado por el administrador Wilfrido Ñaui y el representante de la “Odebrecht” china, Zhaogu Yang. Por tal motivo, alertamos a los trabajadores y empresarios de la comunidad peruana a no dejarse estafar por la empresa asiática, sabiendo que en su prontuario ha demostrado un patrón sistemático de incumplimiento de pagos a proveedores locales y trabajadores, quienes viven el día a día y dependen únicamente de sus salarios para sobrevivir. Este comportamiento ha llevado a muchas empresas peruanas a enfrentar serios problemas financieros, poniendo en riesgo el sustento de miles de familias. Dicho todo esto, es inconcebible que la empresa de capitales chinos pueda seguir actuando con total desfachatez, pisoteando derechos y leyes nacionales sin que nadie mueva un dedo para frenar su abusivo proceder.
La justicia y la equidad deben prevalecer, y es hora de exigirles a las compañías extranjeras (sobre todo a las que arrastran antecedentes tan negativos en otros países), a actuar con la misma integridad y el mismo respeto con el que actúan las compañías peruanas en el Perú y los consorcios chinos en la República Popular China.
Entrevista con Marco Jharold Sáenz Blas, gerente general de la empresa Electro SC S.A.C
Si bien las licitaciones en nuestro país se han devaluado mucho, ya sea por lo engorroso de la normativa de contrataciones o por otras causas, la concentración de licitaciones ganadas por ciertas empresas llama mucho la atención.
Tanto es así que a la buena pro conseguida por el Hospital María Reiche por un monto de 144 millones de soles, hay que agregar los 366 millones obtenidos por el Hospital de Cajamarca y los 66 millones de soles adjudicados al Hospital de Calca en el Cusco.
Preguntado el empresario Marco Jharold Sáenz Blas por las demoras en la ejecución de las obras, el hombre que bautizó a Synohidro como el Odebrecht chino nos aproximó a todas las cutras que rodean a los procesos peruanos:
En esto tiene mucho que ver el presunto apoyo a Synohidro del actual director de Proyectos de Inversión, Eloy Durán Cervantes, y los miembros del comité de selección nombrados por él.
¿Qué es lo que está ocurriendo con la empresa china Sinohydro?
Consorcio chino, donde la empresa principal es Sinohydro, a la cual hemos bautizado como la Odebrecht china, porque controla casi el ciento por ciento de las licitaciones con el Estado. Y como en casi todos los casos donde una empresa tiene la sartén por el mango, un día decidió no pagarles ni a los trabajadores ni a los proveedores.
¿En qué consiste, exactamente, el trabajo realizado por ustedes para ellos?
Nosotros hemos hecho el trabajo de instalación de equipos de media tensión, que son los transformadores y las celdas del Hospital de Salud San Ignacio, en la frontera de Cajamarca. Nosotros terminamos el trabajo y, sin motivo aparente, se negaron a pagarnos por la obra realizada, a pesar de haberles cursado una serie de cartas notariales. Y esa negativa tiene más de un año de existencia.
¿Cuál es el monto que les adeuda el consorcio de origen asiático?
Un cifra que asciende a los 670 mil soles.
¿Cómo llegan a trabajar con ellos?
Como a varias empresas de la región, nos invitan a participar en una licitación y la ganamos con el nombre de Consorcio Salud San Ignacio. Todo dentro de las características del proceso.
Sinohydro: la empresa china que enfrenta graves cuestionamientos en el Perú y en el Ecuador
A fines de 2022, la Fiscalía del Ecuador allanó las oficinas de la empresa de capitales chinos en el marco de un escándalo de corrupción que salpica al expresidente Lenin Moreno. Desde 2018, dicha empresa también tiene una importante presencia en nuestro país y ha tenido más de una controversia en este: en la Región Piura dejó un paupérrimo avance de obras en una carretera y en la Región Huancavelica es señalada como la responsable de los retrasos en la construcción del hospital regional.
Cuando a fines de 2018, la empresa china comenzó a hacerse de millonarios contratos en el Perú, ya se había ganado -para bien o para mal- un nombre en la región; en el Ecuador, por ejemplo, la consideraban la mayor constructora del país. Pero la firma no sólo era protagonista de las más importantes mega obras en el vecino del norte, también aparecía frecuentemente en sus páginas judiciales. El primer escándalo en el que se vio involucrada la empresa fue un caso de corrupción conocido como “Arroz verde”, una investigación periodística que descubrió que había hecho aportes irregulares al movimiento Avanza País para sus campañas entre 2012 y 2016.
Luego llegaron otros escándalos: la mañana del 7 de septiembre de 2018, los trabajadores de la empresa china fueron sorprendidos en su edificio de Quito por una orden de allanamiento conseguida por la Fiscalía de ese país. El objetivo de las autoridades fiscales era recoger información sobre la construcción de una hidroeléctrica de más de 2,000 millones de dólares, un contrato conseguido por la empresa china en un lejano 2009.
