Informes

[INFORME] Las elecciones municipales están cada vez más cerca en el horizonte y con ello empiezan a conocerse algunos alarmantes datos sobre las personas a quienes líderes políticos como César Acuña, Rafael López Aliaga y José Luna han recibido en sus respectivos partidos y les están facilitando una plataforma para que se conviertan en regidores.

Sudaca revisó algunas de las listas que se han presentado para distritos como El Agustino, Breña o Independencia y encontró desde un autoproclamado vidente de la farándula hasta sentenciados por homicidio y hurto agravado integrando las listas de regidores de diversas agrupaciones políticas.

¿EL PASADO NO IMPORTA?

Luego de haber obtenido un resultado decepcionante en las elecciones presidenciales del pasado mes de abril, el partido del cuestionado José Luna, Podemos, buscará que las elecciones municipales que tendrán lugar en el mes octubre sean el inicio de la recuperación de su movimiento político.

Sin embargo, el esfuerzo de Podemos por presentar personajes que inspiren confianza en el electorado está siendo deficiente. Un ejemplo de ello se puede encontrar en la lista presentada para el distrito de Cieneguilla, donde uno de los regidores elegidos por el partido estuvo involucrado en un grave delito.

Sudaca puso revisar el historial de Fernando Christian Álvarez Antola, quien figura en el quinto lugar de la lista de aspirantes a regidores que presentó podemos, y encontró que en 2019 fue sentenciado a una condena suspendida de tres años y medio por el delito de homicidio culposo agravado.

UNA MÁS DE ACUÑA

Una de las estrategias de campaña que más dio que hablar durante las recientes elecciones presidenciales fue la elegida por César Acuña que intentó acercarlo a diversos streamers e influencers con la intención de mostrar al político y empresario norteño como un personaje divertido.

Pero donde está ocurriendo algo que no tiene nada de divertido es en su partido. Quien aparece en la siguiente imagen es Jorge Luis Huaca Ynga y en el año 2005 fue condenado por hurto agravado. No obstante, Alianza Para el Progreso ha considerado que Huaca Ynga es una persona idónea para ocupar el cargo de regidor del distrito El Agustino.

El caso de Huaca está lejos de ser una excepción y prueba de ello es lo que se encontró en la lista de candidatos a regidores de APP para el distrito de Carabayllo. En la lista que acompañan al aspirante a la alcaldía, Juan Espinoza Ortiz, aparece Oscar Ulises Paucar De La Cruz, un personaje que arrastra dos sentencias: una por usurpación agravada en el año 2012 y otra por lesiones que data del 2014.

EL NUEVO PPC

El Partido Popular Cristiano (PPC), la histórica agrupación fundada por Luis Bedoya Reyes, sigue tratando de encontrar un camino que ayude a volver a los lugares de protagonismo en la política peruana y pareciera que en esta búsqueda incluso están dispuestos a recurrir a habilidades sobrenaturales.

Quien aparece en el siguiente video hablando sobre posibles infidelidades de parejas de la farándula peruana es Roberto Granda Ramírez y que el nombre de quien se presenta como un vidente internacional aparezca en un informe periodístico sobre las elecciones municipales no es producto de un error.

@willax.espectaculos Roberto granda pronostica el futuro de Christian Domínguez y Karla Tarazona #Entrometidos #RobertoGranda #ChristianDomínguez #KarlaTarazona ♬ sonido original  – Willax Espectáculos

Para sorpresa de muchos, el PPC ha considerado que la manera de recuperar el lugar de actor principal que alguna vez supo tener en la capital es incluyendo entre sus candidatos a regidores por el distrito de Breña a una persona que asegura tener la capacidad de predecir el futuro y realizar rituales para atraer a la pareja deseada.

IGUAL QUE SU LÍDER

Entre los tantos cuestionamientos que ha recibido Rafael López Aliaga durante los últimos años, uno de ellos se vincula con un episodio que data del año 2019 cuando fue intervenido mientras manejaba y dio positivo a la prueba de alcoholemia. Sin embargo, no es el único integrante de Renovación Popular involucrado en ese tipo de casos.

Julio Alberto Rosado Utrilla es uno de los candidatos a regidores que acompañan a Benigno “Benito” Calderón en su intento de llegar a la alcaldía del distrito de Independencia. Pero también es otro de los personajes que arrastra una sentencia en su historial. Sudaca pudo conocer que, en el año 2013, Rosado Utrilla fue condenado por conducir en estado de ebriedad.

Pero este no es el único candidato a regidor en la lista que presentó Renovación Popular para el distrito de Independencia. Moisés Huaylinos Gonzáles también figura entre los elegidos por el partido celeste para intentar ocupar el cargo de regidor pese a que registra una sentencia por hurto agravado.

Por estos días, los discursos políticos hablan de la necesidad de “mano dura” para frenar la ola de delincuencia que sigue aterrando a los peruanos. Pero, paradójicamente, son los propios líderes de partidos políticos y aspirantes a alcaldías quienes no tienen inconvenientes llenar sus municipios con sentenciados por actos delictivos o personajes con nula experiencia en gestión municipal.

[INFORME] La disputa por el distrito de Ate dará que hablar, pero por lo motivos menos deseados. Entre los principales aspirantes al cargo de alcalde figuran personajes condenados, denunciados y hasta aventureros políticos cuyo único mérito es tener seguidores en redes sociales.

Luego de un primer semestre del 2026 marcado por la contienda presidencial, la segunda parte del año se prepara para numerosas disputas en el marco de las elecciones regionales y municipales de la cual saldrán los nuevos gobernadores y alcaldes para los próximos cuatro años.

Pero, tal como pasó en la elección de presidente y congresistas, las listas de aspirantes de alcaldías y los puestos de regidores también incluyen a más de un personaje que arrastra antecedentes cuestionables o con una trayectoria que despierta sospechas y críticas sobre sus méritos para ingresar en política.

En esta oportunidad, Sudaca revisó cuidadosamente las listas que diversos partidos presentaron para el distrito de Ate y encontró desde candidatos con graves denuncias, familias que parecen querer aferrarse al poder de un despacho municipal y hasta creadores de contenido que buscan iniciar una aventura política.

ABUSO DE AUTORIDAD

Tras una serie de disputas e irregularidades internas que llevaron a que se vean impedidos de participar de las elecciones presidenciales del presente año, Acción Popular pretende recuperar terreno en la política peruana con sus representantes en las elecciones municipales y regionales.

En el distrito de Ate, el representante que este partido ha elegido para tentar la alcaldía es Walter Jesús Rivera Guerra. A sus cincuenta y siete años, quien fue congresista de Acción Popular entre 2020 y 2021, buscará que la agrupación fundada por Fernando Belaúnde Terry vuelva a conectarse con el votante limeño.

Sin embargo, en su historial arrastra una denuncia que despierta serias dudas sobre la manera en que Rivera Guerra actúa cuando tiene poder. En el año 2016, mientras se desempeñaba como profesor, el actual candidato a la alcaldía de Ate fue denunciado tras obligar a escolares de doce años del centro educativo donde trabajaba a que se desvistan.

En la denuncia que fue publicada por Canal N años atrás se puede leer que el integrante de Acción Popular incluso exigió que los menores se queden en ropa interior. Paradójicamente, quien llegó a cometer este acto de innecesaria humillación con la excusa de exigir que los estudiantes sean aseados fue designado, posteriormente, como secretario nacional de disciplina del partido de la lampa.

CANDIDATO CON SENTENCIA

Durante los últimos años, el distrito de Ate se convirtió en uno de los más mencionados en redes sociales y eso no es producto de la casualidad. Su actual alcalde, Franco Vidal, ha optado por una estrategia que, sin lugar a dudas, le ha dado resultados: convertirse en streamer y vincularse con cuanto personaje logra popularidad entre los jóvenes usuarios de redes sociales.

Su popularidad incluso ha llegado a tal punto que este joven burgomaestre ve con optimismo la posibilidad de mantener al apellido Vidal en el despacho municipal por los próximos cuatro años. Aunque en esta oportunidad, su candidatura sería para el cargo de regidor y el protagonismo se lo cedería a su padre.

Si bien ser padre del actual alcalde de Ate no representa un impedimento para que Manuel Gaudencio Vidal Camargo postule, su historial sí arrastra un llamativo detalle: una sentencia por proxenetismo. Como se puede observar en la siguiente imagen, el candidato de Avanza País fue condenado a tres años de pena privativa de la libertad por este delito.

OTRO STREAMER

Pero en la lista de candidatos a la alcaldía de Ate hay más de un creador de contenido. Quien aparece en el siguiente video titulado “Mel Falcao le regala plata por comer un ajo” es otro de los streamers que este 2026 intentará que su popularidad en redes lo impulse hasta un despacho municipal.

Su verdadero nombre es Mel Ian Vilcahuamán Medrano, pero bajo el apodo de Mel Falcao logró convertirse en un streamer seguido por adolescentes. Aunque apenas tiene veintiséis años y carece de experiencia política, Progresemos, el partido del excandidato presidencial Paul Jaimes, ha decidido que no necesita mayor preparación y está listo para conducir los destinos de un distrito.

UN CONOCIDO DE DINA

Pero los candidatos a la alcaldía no son los únicos que están involucrados en polémicas. En las listas de regidores también existen algunos casos estrechamente vinculados con ciertas figuras muy cuestionadas. Por ejemplo, Podemos, la agrupación de José Luna, tiene en sus filas a un empresario involucrado con el escándalo de Qali Warma.

Quien aparece en la siguiente imagen es Williams Beltrán Cenzano y su nombre fue noticia en el año 2024 cuando la Fiscalía de la Nación investigó a Dina Boluarte por presunta corrupción durante su etapa como ministra en la que habría favorecido a Corporación Belcén, empresa del actual candidato a regidor de Ate, con un monto de más de cuatro millones de soles.

Tal como ocurrió en las elecciones de presidente y congresistas en el pasado mes de abril, las elecciones municipales y regionales están demostrando que los partidos políticos no están haciendo ningún esfuerzo por presentar una oferta política que recupere la confianza del electorado y, por el contrario, pareciera que su objetivo es deteriorar, todavía más, la política peruana.

[INFORME] Durante su paso por la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga no sólo contrató a un abogado que era apoderado de su empresa para que se encargue de su defensa legal. El líder de Renovación Popular le consiguió varias órdenes de servicio por las que ha recibido más de ciento sesenta y cinco mil soles desde 2023.

Una decisión por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acaba de sorprender al exburgomaestre Rafael López Aliaga al abrirle la puerta para participar en las elecciones municipales de este año y, con ello, tener más chances de mantener a la Municipalidad de Lima bajo el control de Renovación Popular. Esto pese a que en las próximas semanas le correspondía asumir el cargo de senador.

Aunque miles de peruanos le dieron sus votos, el empresario y líder del partido celeste se rehusó a cumplir con este deber alegando que esta postura sería una forma de protestar contra un supuesto fraude en la primera vuelta. Sin embargo, podrían existir otras motivaciones que López Aliaga intentaría ocultar detrás de lo que pretende mostrar como un cuestionamiento a las autoridades electorales.

Si bien el cargo de senador trae consigo numerosos privilegios, estar en el sillón municipal habilita una capacidad de gasto considerable que le permitiría a Rafael López Aliaga utilizar el presupuesto de Lima para contratar a varios de sus conocidos, como ha ocurrido en varias oportunidades durante los años que fue alcalde de Lima. Esta vez, Sudaca pudo encontrar otro caso de un personaje del entorno del exalcalde que pasó a recibir un generoso salario en la Municipalidad de Lima.

LLEGÓ Y NUNCA MÁS SE FUE

En 2023, mientras transcurría el primer año de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, el fundador del partido Renovación Popular se encontró en el centro de una investigación preliminar dispuesta por el Primer Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima.

La reacción inmediata del entonces burgomaestre fue solicitar que la Municipalidad de Lima se haga cargo de su defensa legal y para ello se llevó a cabo un proceso de contratación directa que culminó con la buena pro en favor del abogado Nazim Javier Alarcón Prieto, quien recibiría  un pago de cuarenta y ocho mil soles a pedido de quien por aquel entonces estaba en la alcaldía.

Pero la fortuna le volvería a sonreír al letrado elegido por López Aliaga. A pocos meses de firmar los documentos que le permitirían ganar cuarenta y ocho mil soles, los apellidos Alarcón Prieto volverían a sonar en los pasillos de la Municipalidad de Lima. Sorprendentemente, entre los muchos abogados disponibles en la capital, el municipio decidió que la mejor opción para encargarle un servicio de revisión de antecedentes, análisis y evaluación de expedientes de denuncias era Nazim Alarcón, el conocido del alcalde.

Los contratos para el abogado del alcalde López Aliaga, que rondaban cifras cercanas a los treinta mil soles, continuarían en los meses siguientes e incluso unas de sus órdenes de servicio se emitió a pocos días de la renuncia del fundador de Renovación Popular a la alcaldía de Lima.

Con la llegada de Renzo Reggiardo a la alcaldía la situación del abogado Alarcón no iba a cambiar. El exteniente alcalde de Rafael López Aliaga no se animaría a quitarle este generoso salario a un conocido del líder de su partido y las órdenes de servicio a nombre de Nazim Alarcón continuaron, como se puede ver en la siguiente imagen que corresponde al mes de enero del presente año cuando el municipio estaba bajo las órdenes de Reggiardo Barreto.

Sudaca pudo revisar la información disponible en el portal de Transparencia Económica y encontró que Nazim Javier Alarcón Prieto, un abogado que tenía nula experiencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima ni en ningún otro municipio, facturó una suma que supera los ciento sesenta y cinco mil soles durante los cuatro años de gestión de Renovación Popular gracias a su cercanía con Rafael López Aliaga.

NO HAY CASUALIDADES

Pero la llegada del abogado Nazim Alarcón y sus elevados honorarios a la Municipalidad Metropolitana de Lima estuvo lejos de ser una casualidad y tampoco fue una excepción motivada por la investigación preliminar que involucraba al alcalde, como alguno de sus defensores podría argumentar.

Sudaca tuvo acceso a un documento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que data del año 2015 en el cual se detallan modificaciones en la estructura de poderes de una empresa llamada Acres Sociedad Titulizadora S.A. que fue fundada en 2011 por Rafael López Aliaga Cazorla y, lo más resaltante para este caso, tiene entre sus apoderados al abogado Nazim Javier Alarcón Prieto.

Cabe señalar que la empresa Acres no ha estado exenta de escándalos. Una investigación periodística del medio El Foco reveló en el año 2024 que una asociación del Sodalicio, la organización religiosa acusada de numerosos y aberrantes abusos físicos, sexuales y psicológicos a menores de edad, transfirió más de treinta inmuebles a la empresa que tenía al líder de Renovación Popular como fundador y accionista.

Casos como el de este abogado y sus generosos contratos invitan a preguntarse si detrás de la intransigente postura de Rafael López Aliaga con respecto a su lugar en el senado y la posibilidad de postular en las elecciones municipales una de las razones para volver es el deseo de seguir dándole buenos empleos a sus conocidos que, por supuesto, serán pagados con dinero de los limeños.

[INFORME] El gobierno de José María Balcázar está a poco de llegar a su final. Sin embargo, su despacho tomó la insólita decisión de gastar casi cuarenta mil soles en un taller para trabajadores que serían reemplazados cuando asuma su sucesora el 28 de julio.

Luego de tres presidentes que debieron abandonar Palacio de Gobierno en medio de escándalos por diversos motivos, lo que se esperaba de José María Balcázar en el despacho más importante del país era que tenga la capacidad de brindarle al Perú un periodo de cierta estabilidad hasta que el nuevo mandatario asuma el cargo en el mes de julio.

Pese a que sus predecesores de los últimos cuatro años habían servido como ejemplo de lo que no debe hacer, la gestión de Balcázar parece no haber puesto mucha atención a la historia reciente de los ocupantes del sillón presidencial y su mandato estuvo marcado por cuestionables decisiones, como la elección de ministros de dudosa capacidad profesional y moral.

Pero, como si los desaciertos para designar ministros no fuese suficiente, el gobierno del abogado de ochenta y tres años también ha caído en las mismas tentaciones que otras instituciones del Estado: el despilfarro del presupuesto disponible. Sudaca pudo revisar los recientes gastos de la oficina presidencial y encontró información que expone a un gobierno dispuesto a gastar el dinero de los peruanos sin una justificación razonable.

LA MOTIVACIÓN FINAL

En los últimos años se ha podido observar una marcada tendencia en el mundo empresarial que busca fortalecer el trabajo en equipo mediante talleres dictados por especialistas. Por supuesto, el sector público también podría verse beneficiado con este tipo de estrategias que apuntan a lograr mayor eficacia por parte del trabajador.

No obstante, resulta inevitable preguntarse cuál es el propósito de apostar por un taller laboral para una gestión que está a pocas semanas de llegar a su final y que, incluso, está próximo a iniciar el proceso de transferencia con el personal designado por el gobierno entrante. Inexplicablemente, el Ejecutivo ha emitido una orden de servicio en el mes de junio a nombre de la empresa Greco Tours S.A.C. que se dedica a brindar este tipo de talleres.

Además, al revisar los registros de los talleres que ofrece esta empresa se puede encontrar que lo que el despacho presidencial ha catalogado como “taller de fortalecimiento del clima laboral y trabajo en equipo” no es precisamente una capacitación relacionada con el trabajo que realiza la presidencia, sino que consistiría en dinámicas lúdicas que más parecen orientadas en brindar un momento de distracción para los trabajadores.

Por un taller como el que pudo observar en la imagen anterior, el personal que trabaja en el despacho presidencial invirtió algo más que sus horas de trabajo. Según la información que pudo revisar Sudaca, la oficina de José María Balcázar pagó la suma de treinta y ocho mil soles a la empresa Greco Tours.

POLÍTICA DE ESTADO

Pero el despacho presidencial no es el único que está disponiendo de su presupuesto y el tiempo de sus trabajadores para un taller pese a que están a pocas semanas de abandonar sus puestos. Sudaca pudo rastrear los contratos de esta empresa con el sector público y encontró varias sorpresas.

Durante el mes de mayo, el Ministerio del Ambiente también recurrió a los servicios de Greco Tours. Pese a que la llegada del nuevo gobierno llevará a que, como suele pasar con cada traspaso de mando, se realice una renovación de personal, quienes hoy tienen bajo su control este ministerio invirtieron diez mil soles en este tipo de dinámicas para trabajadores.

En esta lista también figura el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La entidad encargada de los medios de comunicación estatales recurrió a Greco Tours para un “taller de motivación” para sus trabajadores que tuvo lugar en los últimos días del mes de abril y para el cual se destinaron casi treinta y ocho mil soles del erario público.

Invertir en mejorar el clima laboral y fortalecer el trabajo en equipo puede ser una decisión muy acertada. Pero resulta difícil justificarla cuando ocurren en un contexto en el cual ese personal que recibe los talleres está a días de abandonar sus puestos y los resultados de dichos tallares pagados con dinero de los peruanos no serán precisamente en beneficio del país.

[INFORME] Aunque han salido a la luz serias irregularidades en la investigación del asesinato de Santiago Guardamino, su familia sigue esperando que el fiscal a cargo decida reabrir el caso para encontrar a los responsables.

La justicia peruana se ha ganado, en los últimos años, una muy mala reputación y no se podría decir que esto es del todo inmerecido. La lentitud e inacción que han tenido en casos donde existen evidencias que deberían conducir a resultados concretos en favor de quienes buscan justicia llevaron a que cada vez más personas pierdan la esperanza en el sistema.

El caso de Santiago Guardamino es una de estas historias que parece haber quedado congelada. Pese a la existencia de numerosos testimonios y pruebas detrás de un asesinato, la justicia le sigue dando la espalda a los familiares de un líder comunal que terminó pagando con su vida el haber denunciado una estafa.

¿QUÉ HACÍA GUARDAMINO?

Desde enero del año 2023, Santiago Guardamino Gonzáles ejercía el cargo de presidente de la Comunidad Campesina de Quipán. Pero este puesto no lo asumiría en medio de un panorama precisamente tranquilo. Por el contrario, por aquel entonces, la comunidad venía de sufrir una cuantiosa estafa.

El predecesor de Guardamino, Abel Mosquera Ortiz, había vendido diez mil hectáreas de tierras comunales a Industrias Argüelles, una reconocida empresa que cuenta con millonarios contratos con diversos municipios y se encontraba en la búsqueda de un terreno para la construcción de un relleno sanitario.

Pero esta venta no había seguido los pasos correspondientes. Mosquera Ortiz no sólo había actuado a espaldas de la Comunidad de Quipán usando documentación falsificada, también acordó vender esas diez mil hectáreas por apenas seiscientos mil soles pese a que su precio real estaba estimado en más de cinco millones de soles.

Este fue el panorama que encontró Guardamino al asumir la presidencia de esta comunidad y tomó la decisión de empezar una cruzada en búsqueda de justicia que inicialmente tuvo resultados. Mosquera llegaría a ser condenado y una suerte simular tuvo Aniceto Argüelles, fundador de Industrias Argüelles, tras intentar sobornar a la magistrada a cargo del caso.

EL ASESINATO

Pero, cuando todo parecía encaminarse para que la Comunidad Campesina de Quipán recupere sus tierras, esta historia sufrió un duro revés. La noche del 1 de abril del 2024, Santiago Guardamino recibió nueve disparos mientras iba camino a su vivienda. Pero para entender lo que habría detrás de este trágico hecho es preciso conocer lo que había hecho el presidente de la comunidad ese mismo día.

Información a la que pudo acceder el diario La República reveló que, horas antes de su asesinato, Guardamino había asistido a una asamblea a con los miembros de la Comunidad Campesina de Quipán para anunciarles que, en los próximos días, suscribiría un compromiso con la empresa Petramás para que esta se haga responsable del proceso civil y, si se concretaba la recuperación de las diez mil hectáreas, esta empresa se las compraría por 8,5 millones de soles más un adelanto de 2,5 millones mientras se resolvía el proceso.

¿NADA PARA INVESTIGAR?

Sin embargo, pese a este contexto que invita a pensar que el asesinato de Guardamino fue un intento desesperado por evitar que este acuerdo concrete, la justicia tomó una decisión incomprensible y recientemente se conoció que el fiscal Renato Lavy Cora tomó la decisión de archivar la investigación alegando falta de pruebas.

Esta decisión ha dejado a la familia de Guardamino y a la Comunidad de Quipán una sensación de injusticia debido a que fueron los mismos responsables de la investigación quienes decidieron descartar material que pudo ser clave. Por ejemplo, la familia de Santiago Guardamino relató que tenían en su poder teléfonos celulares que le pertenecían al líder comunal y en los cuales habían quedado registradas diversas amenazas que no fueron analizadas debido a que la justicia dijo no contar con recursos para las pericias correspondientes.

“Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar. La más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”, señaló la viuda de Guardamino tras conocer la decisión del fiscal Lavy Cora y, teniendo en cuenta que se descartó tan fácilmente una prueba contundente como el contenido de los teléfonos de la víctima y hasta ahora no aceptan reabrir el caso, resulta más que entendible que sigan teniendo esta mirada.

[INFORME] Antes de despedirse del hemiciclo, los congresistas gastaron más de cuarenta mil soles en una exclusiva pastelería. Además, los parlamentarios invirtieron más de treinta y nueve mil soles en una empresa de drones y hasta le dieron una orden de servicio a una empresa que fue sancionada por presentar documentos adulterados.

En pocas semanas, los nuevos inquilinos del Palacio Legislativo acudirán al hemiciclo para dar inicio a un nuevo periodo. Pero esta fecha también significará el final de un quinquenio que estuvo marcado por una desaprobación mayoritaria como pocas veces se ha visto en la historia política del Perú.

El blindaje a ciertas figuras políticas, la aprobación de proyectos que parecían responder a los intereses personales de algunos parlamentarios y diversas actitudes, como las constantes faltas, viajes con todo pagado y generosos bonos, llevaron a que la mayoría de peruanos no se sientan representados con la labor de quienes debían velar por sus intereses.

Sin embargo, pese a los contundentes datos que arrojaron diversas encuestas durante estos cinco años, en el Congreso parece no existir ningún tipo de autocrítica y hasta en sus últimas semanas han utilizado el presupuesto disponible para varios gastos controversiales en lo que se podría catalogar como el último festín de los congresistas.

DRONES Y FINA PASTELERÍA

Tras cinco años de numerosos privilegios, los padres de la patria decidieron darse un último gran festín con el mismo nivel de derroche que se ha visto durante todo su paso por el hemiciclo.  Por supuesto, como en toda fiesta, algo que no puede faltar es la comida y, mucho mejor, si es de un lugar muy exclusivo.

Sudaca pudo revisar los últimos gastos de los parlamentarios y encontró que, en las últimas semanas de trabajo de los congresistas, se emitió una orden de servicio por el concepto de “servicios de alimentación de consumo humano” por un monto que supera los veinticinco mil soles.

Al revisar con más detalle esta orden de servicio se pudo encontrar que nuestros congresistas no habían elegido la opción más austera. Por el contrario, los alimentos de nuestros parlamentarios provenían de Mariáte, una exclusiva pastelería fina donde un alfajor puede llegar a costar cerca de diez soles.

Pero esta no fue la única vez que los congresistas compraron los tentadores bocaditos de Mariáte. En el mes de mayo, mientras la atención estaba puesta en las elecciones, los parlamentarios destinaban más de dieciocho mil soles de su presupuesto para degustar las delicias de la pastelería fina.

Sin embargo, este no es el único gasto llamativo en una de las últimas órdenes de servicio que emitió el Congreso de la República en las semanas recientes. Entre estos gastos destaca una adquisición de “otros equipos y bienes duraderos” por un considerable monto que supera los treinta y nueve mil soles.

Pero qué exactamente son “otros equipos y bienes duraderos”. Sudaca siguió los datos de esta orden de servicio y pudo encontrar que la nueva adquisición de los congresistas provenían de la empresa Smart Flight, la cual se dedica a la venta de modernos vehículos aéreos (drones) y sus accesorios.

UN EXTRAÑO DESCUIDO

No obstante, en esta última lista de gastos del Congreso existe una orden de servicio que va más allá de los lujos y gustos, y más parece una muestra de desprecio al manejo responsable del erario público. Otro de los descubrimientos que Sudaca hizo involucran a una empresa que fue sancionada con severidad por una infracción contra el mismo Legislativo que hoy le ofrece una orden de servicio por varios miles de soles.

El siguiente fragmento pertenece a una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado al que accedió este medio y en él se detalla que, en enero del año 2020, la empresa Real Service S.A. fue inhabilitada por poco más de tres años luego de incluir un documento adulterado en la oferta que dicha empresa presentó para un procedimiento de selección convocado por el Congreso.

Pese a ello, el 30 de junio de este año, mientras los parlamentarios empezaban a despedirse y felicitarse entre ellos por su trabajo, el Congreso emitió una orden de servicio por más de cuarenta mil soles en favor de la empresa que debió pasar más de tres años sin poder contratar con el Estado debido a la gravedad de su infracción.

Aunque algunos parlamentarios insisten en que las críticas a su labor son desmedidas, los lujos y descuidos que se han visto en los gastos aprobados en sus últimas semanas como congresistas sólo reafirman que el esfuerzo por salvaguardar los recursos a su disposición ha sido insuficiente o, probablemente, inexistente.

[INFORME] Fue beneficiada por las subvenciones del Programa de Apoyo al Deportista al mismo tiempo que recibía dos sueldos por ser asistente administrativa y entrenadora en la Federación Deportiva Nacional Peruana de Esgrima pese a que el propio reglamento lo prohíbe.

“El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro” es una frase popular que se suele utilizar a modo de crítica por las oportunidades que el país deja pasar pese a tener con qué aspirar a construir un mejor porvenir. Históricamente, este dicho se ha empleado para diversos rubros y, por supuesto, el deporte es uno de ellos.

Tenistas, maratonistas, futbolistas, voleibolistas y mucho más atletas han demostrado tener la capacidad de competir con los mejores del mundo pese a que, en varios de estos casos, cuentan con un respaldo ínfimo. Pero el panorama es todavía más desesperanzador al descubrir que ese apoyo, además de ser escaso, también está, sospechosamente, mal direccionado.

En esta oportunidad, Sudaca pudo encontrar una serie de documentos que dan a conocer una extraña situación que involucra al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y a la Federación Deportiva Nacional Peruana de Esgrima (FDNPE) por una aparente irregularidad en el destino del respaldo económico que brinda el Programa de Apoyo al Deportista.

DOBLE BENEFICIO

Si algo tienen en común un gran porcentaje de los deportistas nacionales es la falta de respaldo en las etapas iniciales de sus respectivas trayectorias. Por ello, hace más de veinte años y por iniciativa del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) vio la luz. Pero este programa, cuyo propósito se centraba en otorgar subvenciones económicas y otros beneficios a deportistas destacados, podría estarse desvirtuando.

Para el año 2024, el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) incluía nuevos nombres en su lista de beneficiados. Tal como se puede observar en la siguiente imagen que corresponde a la documentación de la  Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF), la deportista Karol Andrea Larico Montes era una de las deportistas que recibirían la ayuda que ofrece el programa del Instituto Peruano del Deporte.

El nombre de Larico Montes volvería a aparecer en la lista correspondiente al año 2025. La joven practicante que se dedicaba a la práctica de esgrima también lograría acceder a este beneficio por segundo año consecutivo. Mientras que en 2024 recibió este respaldo para los meses de noviembre y diciembre, en 2025 ocurrió entre enero y septiembre.

Hasta esta parte de la historia, Larico Montes parece ser otra deportista más que está accediendo a un beneficio que ofrece el IPD. Sin embargo, la historia empieza a cambiar cuando se revisan otros documentos del año 2024, más precisamente uno que detalla la lista de personal contratado por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Esgrima.

Tal como se observa en la parte resaltada en el cuadro anterior, la misma persona que había recibido el beneficio del Programa de Apoyo al Deportista también figuraba en la lista de personal contratado con la cual la federación de esgrima solicitaba subvención económica a la Dirección Nacional de Deporte Afiliado.

Según estos documentos, Larico Montes ocupaba el puesto de asistente administrativa y recibía un pago mensual de dos mil quinientos soles. Por ello, la federación solicitaba un total de treinta mil soles para cubrir doce meses de salario de quien también recibía un respaldo económico provenientes del Programa de Apoyo al Deportista.

OTRO INGRESO, OTRA DUDA

Para el año 2025 se vería otro cambio muy interesante en el caso de Karol Larico y la Federación Deportiva Nacional Peruana de Esgrima. En esta oportunidad, esta federación presentaba a Larico como parte de su personal técnico, más precisamente como entrenadora, y en la solicitud de subvención económica al Instituto Peruano del Deporte para el año 2025 pedían un monto de cincuenta y cuatro mil soles para cubrir su salario mensual de cuatro mil quinientos soles por mes.

Pero no se debe olvidar, como se mencionó al inicio de este informe, que Larico Montes también estaba siendo beneficiada durante 2025 por el Programa de Apoyo al Deportista. En otras palabras, Karol Larico estaba recibiendo un sueldo de más de cuatro mil soles mensuales por parte del IPD y, al mismo tiempo, estaba entre los beneficiados de un programa de subvenciones económicas del mismo IPD.

A este escenario desconcertante se le sumaba que el propio manual del Instituto Peruano del Deporte, como se puede leer en el fragmento de la siguiente imagen, señala que no se puede ejercer el cargo de entrenador y al mismo tiempo ser un deportista activo de selección nacional.

Este sospechoso caso ha puesto bajo la lupa el trabajo de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF) debido a que está entre sus responsabilidades corroborar que la subvención económica que otorgan se destine para los fines que corresponden y estén dentro de sus normas. Además, lo ocurrido con Larico Montes también invita a preguntarse qué tanta rigurosidad existe al momento de admitir nuevos beneficiados por Programa de Apoyo al Deportista.

[INFORME] En el mes de la patria, un alarmante documento de Contraloría que Sudaca pudo revisar saca a la luz el preocupante presente de algunas de las huacas limeñas y ponen bajo la lupa el trabajo del Ministerio de Cultura así como el desinterés por preservar lugares históricos.

Empieza el mes de julio y, como todos los años, es por estas fechas cuando se suele hablar más del amor por la patria y las razones por las que cada peruano se siente dichoso de haber nacido en estas tierras. Acorde a una encuesta realizada por IPSOS en septiembre del año pasado, la cultura es la segunda razón por la cual los peruanos sienten más orgullo de portar esta nacionalidad siendo superada únicamente por la siempre popular gastronomía.

Sin embargo, pese a que la mayoría de las personas que habitan el suelo peruano coinciden en darle una alta valoración a nuestra historia milenaria, los responsables de resguardar aquellos elementos y lugares que forman parte de ella no parecen darle el mismo nivel de importancia y, por el contrario, los están exponiendo a un grave peligro.

Sudaca pudo acceder a documentos de la Contraloría que revelan las lamentables condiciones a las que se encuentran expuestas diversas huacas ubicadas en Lima. Las imágenes y el contenido de los informes revisados por este medio hoy encienden las alarmas sobre una situación que pone en riesgo parte del patrimonio histórico del Perú.

INEXPLICABLE ABANDONO

En la época prehispánica, las huacas tenían un nivel de protagonismo incuestionable. Estos lugares eran percibidos como sagrados, cada uno tenía una historia propia y en ellos se realizaban rituales muy importantes. Pero, lamentablemente, hoy no sólo parecen haber perdido relevancia, también podrían condenadas a un proceso de deterioro.

Recientemente, la Contraloría General de la República llevó a cabo visitas de control a diversas huacas ubicadas en la capital y encontró un alarmante panorama que quedó plasmado en diversos registros que Sudaca pudo revisar. Uno de los que genera más preocupación es el que involucra a la Huaca Palao.

Este centro arqueológico construido entre el  año 1470 y 1532 d.C. queda ubicado en el distrito de San Martín de Porres y a principios del año 2000 fue declarado patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, su presente, como se puede apreciar en las siguientes imágenes, parece haberlo convertido en un basurero.

Otra de las situaciones advertidas en estos documentos es que no existe ningún tipo de vigilancia, ya sea con personal o cámaras, que estén custodiando el lugar. Por ello, además de la acumulación de basura, también se pudo encontrar que la estructura de la huaca está seriamente dañada producto de quemas realizadas en su interior por personas que han podido invadir el lugar ante la ausencia de medidas de seguridad.

A ello se le suma que, además de no tener una estrategia de vigilancia efectiva, la Huaca Palao tampoco cuenta con un cerco que cubra toda la extensión del lugar, una situación que permite que cualquier persona que tenga la intención de invadir el terreno lo tenga a su disposición generando el daño que se ha mostrado en las imágenes.

Pero la inaceptable situación en que se encuentra la Huaca Palao no es un descubrimiento reciente. La siguiente imagen corresponde a un informe realizado en el mes de abril y, como se puede observar, los problemas relacionados a acumulación de basura, ausencia de seguridad y hasta el hallazgo de un cadáver fueron reportados y, dos meses después, no se habían solucionado ninguno de los problemas reportados.

OTRO DESCUIDO

Pero lo que ocurre con la Huaca Palao no es una excepción. Sudaca también pudo acceder a los reportes sobre el preocupante estado de la Huaca Huantille. Este otro centro histórico que se encuentra en el distrito de Magdalena del Mar también atraviesa un presente que compromete seriamente su conservación.

En la estructura de esta huaca se empiezan a presentar grandes grietas y este deterioro no es precisamente una sorpresa si se tienen en cuenta otros detalles que se reportaron durante las visitas de control. Al igual que en el caso de la Huaca Palao, aquí también se repite el escenario de un notorio desinterés.

Porque esta huaca no sólo afronta el impiadoso paso del tiempo sin un adecuado mantenimiento, también se ha convertido en un lugar rodeado de residuos sólidos que pueden ser acumulados en este centro histórico sin mayor inconveniente ante la ausencia de un cerco perimétrico que impida el acceso de personas no autorizadas.

El lamentable estado en que se encuentran estas huacas, parte de la historia peruana, invitan a preguntarse qué tan eficiente es el trabajo del Ministerio de Cultura si incluso estos centros arqueológicos ubicados en la capital están afrontando un notorio desinterés en todos los aspectos posibles.

[INFORME] La Contraloría reveló un alarmante informe sobre una serie de decisiones irresponsables por parte del Servicio de Parques de Lima, organismo de la Municipalidad de Lima, con respecto al manejo de las piscinas y los peligros sanitarios a los que expusieron a decenas de niños que participaron de sus talleres de natación.

La ciudad de Lima se ha convertido, lamentablemente, en sinónimo de caos. El ruido y las calles saturadas por personas y vehículos llevaron  a que la capital pueda ser considerada, en diversos momentos del día, un lugar agobiante para el limeño promedio que incluso padece las consecuencias en su salud.

Ante este panorama, los espacios de recreación y la práctica de deportes representan un escape necesario para el bienestar de la población. Sin embargo, lo que inicialmente podría ser visto como una sana alternativa, también puede convertirse en un serio riesgo para la población cuando de por medio existen autoridades irresponsables.

Sudaca pudo revisar documentos relacionados con los talleres de veranos que se realizaron en catorce clubes metropolitanos y parques de la ciudad de Lima a cargo de SERPAR (Servicio de Parques de Lima) y encontró graves descuidos en los diferentes cursos que ofrecieron a los limeños que recién salen a la luz.

“NO SALUDABLE”

Los talleres de natación suelen ser lo más populares en el verano limeño. La época de altas temperaturas coincide con las vacaciones y muchos padres optan por inculcar en sus hijos la práctica de este deporte. Para ello, muchos recurren a los talleres que se ofrecen en los diversos clubes a cargo del Servicio de Parques de Lima.

Sin embargo, pese a la alta demanda, no todos estos clubes se esmeran por brindar las condiciones idóneas. Esto es lo que puso al descubierto un recientemente publicado informe de la Contraloría que visitó once clubes metropolitanos y encontró un alarmante descuido que ponía en riesgo a los asistentes a estos talleres de verano.

El Club Metropolitano Huayna Cápac es uno de estos lugares de esparcimiento donde se brindaban clases de natación. Pero, al revisar la calificación sanitaria que les otorgó la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (DIRIS) se pudo encontrar que, en el momento que empezaron las clases, la piscina del club en cuestión tenía la calificación de “no saludable”.

El Servicio de Parques de Lima, quienes manejan el club y sus talleres, no sólo cobraron las inscripciones a los talleres que se llevaron a cabo en el Club Metropolitano Huayna Cápac sin importarles subsanar esta calificación desfavorable, también continuaron con el desarrollo de las clases sin intentar corregir esta situación.

Según el siguiente documento que muestra las observaciones hechas en un acta de vigilancia sanitaria, a finales del mes de febrero se llevó a cabo una nueva evaluación que también dio como resultados que la piscina no era saludable y hasta debieron establecer como medida temporal el cierre temporal.

El parque zonal Flor de Amancaes fue otro de los lugares donde se anunciaron talleres de natación para el verano 2026. Como pasó con el parque zonal Huayna Cápac, se advirtió que la inspección realizada por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (DIRIS) arrojó como resultado que a esta piscina le correspondía la calificación de “no saludable”, pero esto no evitó que habiliten al público la venta de cupos para sus talleres de natación.

Ante este panorama resulta lógico preguntarse si en algún momento existió interés por parte de SERPAR en conocer el estado de las piscinas en las que decenas de niños tomaban parte de sus talleres y, aunque la respuesta es sí, la fecha en la cual le dieron importancia a este tema resulta todavía más indignante. En los documentos que revisó Sudaca se expone que recién el 18 de febrero, más de un mes y medio después del inicio de los talleres, el Servicio de Parques de Lima tuvo en su manos un informe técnico de monitoreo de la calidad de agua de piscina.

¿QUÉ QUERÍAN OCULTAR?

Pero este informe da cuenta de situaciones todavía más alarmantes. En el caso del Club Metropolitano Cápac Yupanqui se les otorgó la calificación de “no saludable” luego que se les negara el acceso para realizar la inspección correspondiente y, pese a contar con esta calificación negativa, continuaron cobrando matrículas para sus talleres de natación.

Esta misma situación se repitió en el caso del Club Manco Cápac, donde tampoco se permitió realizar el procedimiento de vigilancia sanitaria. Por otro lado, en las piscinas de los clubes Sinchi Roca y Santa Rosa se pudo llevar a cabo la inspección que arrojó como resultado una calificación de “no saludable” y, sin embargo, esto no evitó que continúen matriculando alumnos y realizando talleres.

En este informe también se pudo conocer graves infracciones, como las que tuvieron lugar en los clubes Cahuide y Pascuala Rosado Cornejo. El uso de las piscinas de estos clubes fue suspendido por el periodo de un mes tras las inspecciones que alertaban sobre un riesgo sanitario. No obstante, esta disposición fue ignorada y continuaron con el desarrollo de los talleres de natación.

Cabe señalar que el estado de las piscinas a cargo de SERPAR fue noticia en las primeras semanas de enero. Sin embargo, lo que el Servicio de Parques de Lima intentó explicar como un “programa de mantenimiento periódico” que duró apenas unos días estuvo lejos de corregir las deficiencias de las piscinas, tal como lo revelan los documentos de Contraloría.

Como suelen señalar expertos en salud, las piscinas pueden convertirse en un foco de contagio de virus y bacterias, especialmente, durante la temporada de verano si no existe un mantenimiento idóneo. Pero para el Servicio de Parques de Lima parece que la salud de los limeños, incluyendo la de los más pequeños, no era más importante que seguir cobrando por sus talleres.