[INFORME] Sudaca accedió a varios informes de Contraloría en los que se detallan errores en el proceso de contratación de personal por parte de diversos Jurados Electorales Especiales ubicados en diversas provincias.
Luego de un turbulento periodo de cinco años marcado por constantes cambios en el Ejecutivo y un quiebre irreparable entre los parlamentarios y el ciudadano de a pie, las elecciones representaban la oportunidad de un nuevo comienzo con actores políticos respaldados por una mayoría.
Los sucesos del pasado 12 de abril terminaron por generar todo lo contrario. Los injustificables descuidos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminaron por marcar una jornada que agudizó el clima de confrontación y potenció a quienes, insatisfechos por los número obtenidos en las urnas, hoy difunden todo tipo de teorías sobre un fraude en marcha.
Pero, en este escenario caótico, la ONPE no sería el único organismo electoral que ha venido cometiendo errores. Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría que abriría una impactante caja de sorpresas sobre una larga sucesión de errores que tienen como principal responsable al Jurado Nacional de Elecciones, que por estos días tiene un papel determinante en el desenlace de este proceso.
EMPEZARON MAL
Si bien por estos días la atención ha estado puesta en los graves descuidos de la ONPE tanto en la preparación como en el proceder del día de los comicios electorales, no han sido los únicos en cometer errores. Sudaca pudo acceder a un informe de Contraloría que data del mes de marzo y en el cual se exponen situaciones que sorprenden.
Para ello es preciso explicar previamente que, como parte de la preparación para el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de la instalación de los Jurados Electorales Especiales a lo largo del territorio nacional y estos tienen, entre varias responsabilidades, el encargo de contratar fiscalizadores de local de votación que deberán “fiscalizar la legalidad de las acciones y conducta de los actores electorales” los días previos así como el mismo día de la votación.
Para postular a este tipo de trabajos se debían tener presentes ciertos requisitos así como las leyes relacionadas con el empleo público. Entre ellas se puede encontrar un artículo que especifica claramente que “ningún empleado puede recibir del Estado más de una remuneración”.
No obstante, esto no fue lo que pasaba en el Jurado Electoral Especial instalado en la provincia de Coronel Portillo. Según se señala en el informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, ochenta y dos postulantes al cargo de fiscalizador de local de votación se encontraban trabajando en simultaneo en otras instituciones del Estado.
Pero esa no fue la única sorpresa. Contraloría también encontró que el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo venía calificando como aptos a numerosos postulantes al puesto de fiscalizadores pese a que no cumplían con los requisitos relacionados sus estudios universitarios.
DESCUIDOS A NIVEL NACIONAL
Sudaca indagó en otros documentos relacionados con este proceso electoral y encontró que este tipo de situaciones fueron más comunes de lo esperado. Por ejemplo, en Maynas, el Jurado Electoral Especial designado a esta provincia pasó por alto que fueron treinta y uno los postulantes al cargo de fiscalizador que no cumplían con acreditar requisitos como el no estar afiliado a una organización política y estudios superiores, y los declaró aptos.
Esta historia se repitió en el Jurado Electoral Especial de Ica. En esta oportunidad, la Contraloría tomó conocimiento que habían declarado como aptos a veintidós postulantes que, una vez más, no cumplían con los requisitos señalados en los términos de referencia para acceder al puesto de fiscalizador de local de votación.
Esta misma irregularidad se pudo encontrar en Huancayo. El Jurado Electoral Especial pasó por alto los vínculos laborales simultáneos y contrató personal para los cargos de especialista en tecnologías de la información y fiscalizador de tecnología aplicada a personas que ya percibían un ingreso por parte del Estado.
Sudaca también pudo encontrar otros informes de Contraloría que dan cuenta de un evidente descuido por parte de los Jurados Electorales Especiales de Tacna, Huánuco, Trujillo, Tambopata, Huamanga y Abancay. En los documentos revisados se puede encontrar que los JEE declararon como aptos a postulantes que no cumplían con las exigencias establecidas e incluso, como se observa en la siguiente imagen que corresponde al caso de Tambopata, registraban sanción vigente.
Teniendo en cuenta los antecedentes del 2021, no se podía descartar que más de un político inconforme los resultados intente denunciar que ocurrió un fraude en su contra. Sin embargo, lejos de ser esta una motivación para que los organismos electorales actúen con la mayor rigurosidad posible con el propósito de cerrarle los caminos a esta narrativa, pareciera haber generado lo contrario y el capítulo de los errores sigue sumando nuevos párrafos.
