Pie Derecho

Es grave lo descubierto por el programa Cuarto Poder respecto de reuniones extraoficiales del Presidente de la República ocurridas en su casa particular en Breña, con autoridades políticas y, lo que es más cuestionable, con empresarios que luego resultan siendo proveedores del Estado y ganadores de millonarios contratos.

Castillo se zurra en la ley de transparencia y no lo hace por simple descuido. Obedece a una intención explícita de esconder actos gubernativos de la mirada ciudadana. Y quien eso hace, sin duda es porque trata de esconder actos que puedan ser reñidos con el buen proceder administrativo.

La propia Contraloría ya había advertido que este tipo de reuniones violaban la ley de transparencia y por eso, presuntamente, se suspendieron y se trasladaron a la sede palaciega. Por lo que se ve, Castillo ha seguido con sus malas artes con sentimiento de impunidad.

Lo reiteramos: sinfín de empresarios cuentan, sotto voce, que en muchas gestiones con el Estado, normalmente fluidas porque no tienen nada de irregulares, suelen aparecer dizque emisarios del poder, que solicitan coimas para facilitar las firmas necesarias de modo que salgan los contratos o se activen los mecanismos administrativos normales. Y ocurre en muchas instancias sectoriales del poder.

Los veinte mil dólares encontrados en un baño de Palacio a Bruno Pacheco, exsecretario de la Presidencia, apuntan en esa perspectiva, a ser un pago irregular por servicios que, no se sabe, podrían llegar a involucrar al propio Primer Mandatario, pero que un fiscal enclenque ha dejado pasar, al no requisar al teléfono del exsecretario, ni detenerlo por sospecha de corrupción. Es lo que correspondía y aún corresponde que se haga.

Castillo está comprando todos los boletos para ser vacado. Según la última encuesta del IEP, un 43% aprueba la vacancia frente a un 55% que la desaprueba -aún no es mayoritaria la exigencia de vacancia-, pero en la misma encuesta se refiere que el 62% de los ciudadanos cree que Castillo no terminará su mandato.

Por lo pronto, estos hechos animan a quienes esperan que se logren al menos los 52 votos necesarios para que Castillo o su abogado concurran al Congreso a dar explicaciones que el inquilino palaciego nunca le ha dado a la prensa respecto del sinfín de irregularidades que ha desplegado, con notable prodigalidad, en estos primeros cuatro meses de gobierno.

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ciudadanía, Encuesta IEP, Ley de transparencia, Pedro Castillo, Presidente del Perú

Se desploma la aprobación de Castillo, según la última encuesta del IEP. Cae de 35 a 25% en apenas un mes y su desaprobación crece de 48 a 65%. Duro golpe político para un régimen que ya viene dando severas muestras de disfuncionalidad, a las que ahora se agrega una brecha cívica muy difícil de remontar y que, de persistir, ahondará la crisis política en la que se encuentra.

Casi no se ve salida política posible a este creciente desencuentro entre Castillo y el pueblo. Aún no ha llegado al punto de quiebre (55% reprueba el intento de vacancia frente a un 43% que lo aprueba), pero el desenganche parece inminente. Tanto así, que para el 47% de la ciudadanía, la situación empeorará.

Va a tener que realizar gestos políticos audaces, el presidente Castillo, si quiere recomponer la precaria relación que mantiene con el país. Solo se asoman en el horizonte dos opciones: o convoca a un Premier y, por ende, a un gabinete más de centro, descartando o subordinando la coalición de izquierdas que hoy lo acompaña y que ha demostrado terrible torpeza ejecutiva; o anuncia oficialmente, y sin ambages, el abandono de la pretensión de refundar el país a través de una Asamblea Constituyente.

Ello tendrá un costo, sin duda, entre sus bases radicales, pero en la práctica ya muchas de ellas lo han abandonado luego de su ruptura con Vladimir Cerrón, de modo tal que la pérdida eventual no sería muy significativa. Y lo que ganaría con ese giro o ese anuncio sería enorme, en comparación a lo que perdería.

Y no hablamos solamente de la confianza de los inversionistas privados, cuya recuperación es crucial para que el 2022 no sea un año perdido, sino de la confianza ciudadana, capital necesario para sobrevivir políticamente y que en los meses entrantes no se genere un momento destituyente que lo saque de Palacio, como hasta ahora solo la derecha quiere, pero a cuyo afán podría sumarse el centro si aprecia que apoyar a un gobierno en caída libre deja de serle políticamente rentable.

Castillo no puede gobernar manteniendo el statu quo. El grado de impericia, torpeza y negligencia es de tal envergadura que, de mantenerse, lo llevará al abismo. Tiene que dar un golpe de timón pronto si no quiere ser uno más de los últimos mandatarios que tuvieron que salir por la puerta falsa de Palacio.

La del estribo: la mejor prueba de que el formato impreso sigue vivo es el aumento sostenido de las ventas de libros. Si los periódicos están cayendo no es por el formato, es porque no hacen lo que deben hacer. En el mundo entero el libro digital no ha derrotado al libro físico. Y en el Perú hay que saludar la aparición de cada vez más librerías por toda la ciudad. La lectura es un placer adquirido que puede cambiar una vida, enriqueciéndola notablemente.

 

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desaprobación, encuestas IEP, Pedro Castillo

No cabe descalificación alguna respecto de la movilización permanente de la derecha peruana y el creciente activismo que muestra en medios y calles (a excepción, claro está, de la agresiva intolerancia de algunos grupúsculos extremistas que han proliferado en estos tiempos).

Discrepo de la racionalidad actual de su causa, la de la vacancia presidencial. Me parece que no tiene asidero constitucional y que vulneraría el Estado de Derecho, pero, sobre todo, que sería contraproducente y podría ocasionar un rebrote radical izquierdista, por la victimización concomitante a una salida abrupta del poder de alguien que cosechó un respaldo inmenso en los sectores populares y andinos del país, y aún mantiene una alta aprobación en los mismos.

No me considero un fetichista antivacancia, pero, sin embargo, considero que, además de las razones jurídicas, debe haberlas políticas. Y el “momento destituyente” aún no ha llegado. Lo más probable es que acontezca a mediados del 2022, cuando sobrevengan y coincidan la crisis sanitaria (tercera ola), la crisis económica (con un crecimiento, en el mejor de los casos, del 2% del PBI habrá una sensación generalizada de pérdida de bienestar), la crisis política (por el desgaste inevitable de un régimen mediocre e incompetente) y la crisis social derivada de la frustración de las sobreexpectativas populares respecto de un gobernante que prometía un cambio que no va a llegar si no para mal. Allí puede ser otro el cantar.

En cualquier caso, la movilización derechista señalada es saludable para la democracia, en la medida que implica una fiscalización permanente y un aviso al gobierno de que no puede regodearse en la inutilidad ni ensoberbecerse estúpidamente por un triunfo que no le da patente de corso para perpetrar despropósitos como los que hemos visto, pródigos, en estos primeros cien días de ejercicio gubernativo.

Este gobierno debe ser manejado por la oposición con rienda corta, respirándole en la nuca. Y ya que el centro no sabe cómo jugar ese papel, por lo que se ve, por parte de Acción Popular y Alianza para el Progreso, el sector llamado a hacerlo es el de la derecha. Le haría bien al país, por ello, que su mitin de hoy sea multitudinario. Levantaría los ánimos fiscalizadores -imprescindibles con un régimen tan precario- y enviaría un mensaje de advertencia de que hay un sector del país que no está dispuesto a tolerar francachelas irresponsables desde las alturas del poder.

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Marchas, Pedro Castillo, Vacancia

El 7 de diciembre será interpelado en el Congreso el ministro de Educación, Carlos Gallardo. Los parlamentarios no debieron haber sido tan fetichistas del proceso y debieron proceder a censurarlo de inmediato. Si hay un ministro incapaz y pernicioso en el gabinete Vásquez, es justamente el de Educación.

Primero, porque se quiere tirar abajo la reforma magisterial que tantos años ha empeñado a sucesivos titulares del pliego (desde los tiempos de José Antonio Chang en el segundo gobierno de Alan García, pasando por el quinquenio de Humala, y los periodos de PPK y Vizcarra). Sin empacho, busca anular la meritocracia en el sector y por si fuera poco, también le mete zancadillas a la reforma universitaria, tan laboriosamente gestada.

Segundo, porque no está en capacidad de asegurar el reinicio de las clases presenciales. Sus últimas declaraciones lo muestran reñido con un proceso que en otros países ya funciona casi a total plenitud. Son las bases magisteriales radicales las que se oponen y el ministro solo parece serles funcional como furgón de cola.

Tercero, porque su principal propósito es darle patente de corso al sindicato pro Movadef, Fenatep, dedicando la mayor parte de su tiempo a socavar al sindicato histórico del magisterio, el Sutep, y pretendiendo con malas artes tumbarse a una entidad privada, autónoma y altamente regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, y que funciona con excelencia administrativa, como es la Derrama Magisterial (en complicidad con el ministro de Trabajo están acosando a los sindicatos que forman parte del directorio de la entidad referida).

En lugar de gastar energías en diseñar una irracional y peligrosa iniciativa de vacancia presidencial, que podría producir el desgaste de la oposición y el fortalecimiento del Ejecutivo, el Legislativo debería ser más recio y vigilante respecto de los despropósitos que se perpetran en los pasillos ministeriales y sobre los cuales el Congreso tiene el gran poder disolvente de la censura, arma legítima que no utiliza hasta el momento a pesar de haber sobradas razones para haberla empleado en más de un caso.

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, no debería terminar el año sentado en el despacho ministerial desde el cual está desplegando una estrategia destructiva que solo va a afectar a los propios maestros, y principalmente a los millones de estudiantes de la escuela pública.

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Congreso de la República, Ministro de educación

Está probado que este gobierno es mediocre e incompetente, hasta la saciedad. Y no parece exagerado pensar que ese es el techo al cual llegará el régimen, si se considera que su cabeza, el Presidente de la República, no tiene el empaque psicológico que le permita empoderarse del cargo y asumir las riendas del poder.

Vamos a navegar en medio de aguas turbulentas, con permanente ruido político, con nombramientos inverosímiles, con escandaletes por doquier, con marchas y contramarchas gubernativas (una de ellas, felizmente, la del despropósito del cierre de minas que una Premier prejuiciada quiso desplegar). Eso queda claro.

¿Por qué, entonces, no vacar a Castillo y librarnos de esa agonía? Hay varias razones para creer que la vacancia no es el camino adecuado. Primero, primerísimo, porque nos regimos por una democracia y un Estado de Derecho. Y el señor Castillo, nos guste o no, ganó las elecciones, es el Presidente legítimo, y, además, hasta el momento no hay razones legales que permitan deducir una incapacidad moral permanente que sirva de causal de vacancia.

Debe, pues, culminar su mandato. Mientras el propio gobierno no se aparte del texto constitucional y no pretenda, por ejemplo, forzar un cierre del Congreso para imponer una deriva chavista en base a una espúrea Asamblea Constituyente, ni siquiera hay razones políticas para pensar en que la vacancia pueda ser el camino aconsejable.

¿Elegimos mal? Sí, pésimo. Desde esta columna advertimos durante toda la segunda vuelta de los riesgos que el país corría si Castillo era elegido y no nos equivocamos. Se están cumpliendo al pie de la letra las precauciones anticipadas.

Pero vacar precozmente a Castillo solo traería consecuencias políticas altamente peligrosas para el país. Lo primero es que abortaría el desprestigio en el que está cayendo toda la izquierda peruana, lo cual favorece que en el próximo proceso electoral se asome, como el país necesita, un triunfo de una derecha más clara y directa. Si a Alan García lo hubieran vacado el 87 -y vaya que lo merecía más que Castillo-, no hubieran sobrevenido treinta años de sensatez macroeconómica, y lo más probable es que hubiera regresado al país, al poco tiempo, alguna otra opción populista.

En ese sentido, si se vaca, fuera del tiempo político correcto, a Castillo, probablemente en las elecciones adelantadas gane otro candidato de izquierda y esta vez, por la victimización concomitante, con mayoría parlamentaria suficiente para perpetrar la conversión del Perú en una “república bolivariana”.

A eso están jugando irresponsablemente los promotores de la vacancia que desde la derecha no parecen preocupados en detenerse a pensar en la juridicidad de sus actos, ni siquiera en un realismo pragmático, que los haga entender que hoy la vacancia es una apuesta fallida y peligrosa.

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Alan García, Pedro Castillo, peligros, política peruana, vacancia presidencial

Lo folklórico de la situación -que una inspección de Fiscalía encuentre veinte mil dólares escondidos en el inodoro del baño del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco- no debiera hacernos soslayar, sin embargo, los serios alcances posibles de semejante situación.

De hecho, no son los ahorros personales del secretario renunciante (hasta ahora no le aceptan su renuncia, por cierto), tampoco es el acumulado de sus sueldos palaciegos guardado celosamente en un lugar privado, alejado de la curiosidad del prójimo.

Ese dinero tiene mala procedencia. O es una coima por alguna prestación irregular, producto del trasiego de influencias en el que fue descubierto (se le ha visto tratando de favorecer a un contribuyente frente a la Sunat), o el señor Pacheco fungía de emisario, hecho que conllevaría mayores y graves implicancias políticas, ya que comprometería al jefe de Pacheco, que es nada menos que el propio Presidente de la República.

El Ministerio Público tiene que actuar con mayor diligencia y celo respecto de cómo ha actuado hasta el momento, cuando ni siquiera ha sido capaz de retener el teléfono móvil del implicado, objeto clave en el rastreo del mapa de influencias irregulares en las que pueda haber estado comprometido Pacheco y que expliquen el origen de ese dinero sospechoso.

Circulan decenas de versiones empresariales respecto de intentos de varios “emisarios” palaciegos que solicitan dinero a cambio de favores legales o firmas de autorización finales para proyectos de inversión. Los empresarios, curtidos ya en el error de caer en ese juego, han rechazado los envites y los han dado a conocer a la prensa, que investiga los casos, con las dificultades que la falta de pruebas conlleva.

Pero el mensaje implícito es que habría ya corrupción instalada en las altas esferas palaciegas y que este caso de Pacheco podría ser solo la punta del iceberg de una red armada por aventureros e improvisados que habrían visto en su llegada al poder una vía de enriquecimiento rápido e ilícito. Y lo mismo parece estar sucediendo en sinfín de organizaciones públicas (ministerios y demás).

Después de la experiencia de Toledo, un personaje llegado el poder en el olor de anticorrupción y que no esperó a sentarse en Palacio para ya empezar a planificar sus fechorías, es conveniente mantener en alto las suspicacias y las prevenciones del caso. La corrupción, mal endémico de la República, sería el único pasivo que le faltaría al mediocre e incompetente régimen que nos gobierna.

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A ver si el gobierno, sea a través del Presidente o de la lenguaraz e irresponsable Premier, escucha al pueblo trabajador de las minas afectadas por la arbitrariedad anunciada recientemente por Mirtha Vásquez. Su voz debe ser escuchada. A continuación, transcribimos la carta enviada por la Federación de trabajadores del sector.

 

Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú

 

Profesor

Pedro Castillo Terrones

Presidente de la República del Perú

Presente. –

De nuestra especial consideración:

 

Lima, 22 de noviembre del 2021.

 

Asunto: Solicita REUNIÓN para tratar la problemática de los trabajadores de la Minera Ares.

En nombre de la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIDERÚRGICOS DEL PERÚ – FNTMMSP, debidamente representada por los Dirigentes que suscriben, señalando domicilio procesal sito la Av. Brasil 1130 – Pueblo Libre – Lima; a Usted expresamos lo siguiente:

  1. Señor Presidente, hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación y de la propia presidencia del Consejo de Ministros sobre un acta firmada por la Primera Ministra y autoridades del distrito de Cora Cora, provincia de Parinacochas- Ayacucho, donde se anuncia que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración, así como el cierre de las operaciones de cuatro operaciones mineras ubicadas en el sur de Ayacucho, entre las cuales se encuentran las tres bases mineras que están afiliadas a nuestra Federación Nacional: Inmaculada, Pallancata y Selene.
  2. Los trabajadores mineros nos encontramos preocupados ante la situación presentada. Consideramos que nuestra voz también debe ser escuchada a fin de que, desde el Estado, se implementen los mecanismos y normas que permitan garantizar nuestros derechos laborales y la seguridad del propio empleo. Como trabajadores exigimos del gobierno y de las empresas mineras que cumplan las normas y respeten nuestros derechos. Por ello, dejarnos oír, que para la próxima semana estarían llegando a la ciudad de Lima los 5 mil trabajadores y sus familias que laboran en las unidades mineras afectadas, en busca de diálogo y soluciones con las autoridades competentes.
  3. Señor Presidente, desde la FNTMMSP, exigimos se respete los derechos de nuestros compañeros. Es obligación del Estado protegerlos por lo que le solicitamos que a la brevedad posible nos conceda una REUNIÓN a fin de que podamos sustentar la problemática de nuestros compañeros. De igual modo, le solicitamos la instalación de una mesa de diálogo para alcanzar una pronta solución.

Sin otro en particular y a la espera de sus buenos oficios, nos suscribimos de usted. Atentamente,

JORGE JUAREZ CUEVA

Secretario General DNI: 40105606

GONZALO CRISTOBAL ROBLES

Secretario de Defensa DNI: 04056291

 

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Minas, Minería, Premier Mirtha Vásquez

El primer impacto político que va a generar la inmensa torpeza de la premier Mirtha Vásquez, al haber anunciado demagógicamente el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho, atentar contra el orden jurídico y sembrar la mayor zozobra en la comunidad inversora del país, es que el Congreso no le otorgue las facultades legislativas que el Ejecutivo ha solicitado.

A simple vista, es un riesgo enorme concederle semejante potestad a un régimen que actúa gobernado por impulsos izquierdistas anacrónicos, prejuicios ideológicos y, lo que es más grave, mucha impericia tecnocrática.

Como recientemente ha señalado un editorial de Apoyo Consultoría, respecto de la intención del gobierno de modificar el esquema tributario minero, ya el Instituto Fraser había señalado que desde el 2018 hemos retrocedido 20 puestos en el ranking de atractivo minero por razones geológicas y de política.

Y a pesar de ello, el sector, al que esta semana el Ejecutivo, a través de la torpe vocería de la Premier, ha golpeado, solo este año iba a aportar 10 mil millones de soles más que el año pasado en impuestos.

Si estas razones no son tomadas en cuenta por el gobierno, que lejos de alentar la minería formal, la cual funciona con estándares ambientales de primer orden, y es un sector altísimamente regulado, la agrede con el brulote soltado por una Premier desinformada y prejuiciosa, sería altamente peligroso que el Legislativo le conceda potestad de dar un golpe de timón tributario en un sector al que, por lo que se ve, no entiende ni mira con la simpatía que todo gobierno debiera mirar considerando que es el principal sostén de la caja fiscal.

Lo más preocupante de este embrollo es que la Premier, luego del apanado mediático que, con razón, ha recibido del sector empresarial y de la opinión pública mayoritaria, ha respondido con mentiras y medias verdades, en lugar de reflexionar sobre su error, rectificar y expresar algún propósito de enmienda.

De paso, lo que este embrollo ha permitido confirmar, lamentablemente, es que la izquierda peruana es una de las más atrasadas de la región, y alberga un espíritu anticapitalista premoderno y cuasi medieval, lo que la aleja del buen ejercicio administrativo del Estado y ratifica el temor de que seamos testigos, por culpa de la coalición de izquierdas que nos gobierna, de cinco años perdidos en materia económica, con el consiguiente perjuicio para los más pobres del país, que verán incrementada su pobreza.

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anticapitalista, izquierda peruana, Mirtha Vasquez, Presidente Castillo, región

Es una barbaridad jurídica, política y económica la que ha perpetrado la premier Mirtha Vásquez, anunciando el cierre de cuatro proyectos mineros en Ayacucho, con absoluto desconocimiento de los términos habituales como se desenvuelve la minería en el Perú.

Ella dice que se ha basado en los planes de cierre establecidos por las propias empresas. Lo que desconoce garrafalmente es que todos los proyectos mineros, sin excepción, tienen esos planes cierre de modo referencial, que se van actualizando conforme se descuben nuevas vetas o yacimientos mayores. Tanto así que el grupo Hochschild ha anunciado que tenía programada una inversión de más US$ 4,000 millones para extender la vida útil de la mina Inmaculada, una de las afectadas por el patinazo de la Premier.

Mirtha Vásquez va a tener que retroceder en los compromisos firmados en Cora Cora y tomarse el trago amargo de explicarle a las presuntas comunidades “beneficiadas” con los cierres, que se equivocó, que no sabía los términos técnicos con que se maneja el sector, y asumir su responsabilidad política por el desmadre social que pueda causar por su irresponsabilidad.

La torpeza de este gobierno parece que es contagiosa. Ya no es solo el Presidente el responsable de patinazos verbales que exacerban las suspicacias del sector empresarial, sino que a ello se suman otros funcionarios del Ejecutivo, produciendo un efecto terriblemente adverso para la economía nacional.

El solo cierre antitécnico de las cuatro unidades mineras señaladas generaría una pérdida de empleo y de ingresos por canon en Ayacucho inmensos. Se le salió la cadena antiminera a Mirtha Vásquez y va a tener que enmendar el desaguisado que ha armado por dejarse llevar por prejuicios ideológicos infantiles, que contaminan a toda la izquierda peruana respecto de la actividad minera.

Que este gobierno es y será de izquierda, no lo dudamos. Tenemos asumida también una mediocridad de base que no tiene visos de ser enmendada. Lo que no puede aceptarse, sin embargo, es que se viole el Estado de Derecho atentando contra la inversión privada, la cual debe gozar de las mínimas garantías de funcionamiento que la Constitución le ampara.

-La del estribo: imperdible el libro Huaco retrato de la escritora Gabriela Wiener. Una tomografía de los términos raciales, europeizantes y coloniales que aún afectan al país, a partir de la genealogía familiar de la autora. Publicado por Penguin, se halla en todas las librerías.

 

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