El 7 de diciembre será interpelado en el Congreso el ministro de Educación, Carlos Gallardo. Los parlamentarios no debieron haber sido tan fetichistas del proceso y debieron proceder a censurarlo de inmediato. Si hay un ministro incapaz y pernicioso en el gabinete Vásquez, es justamente el de Educación.
Primero, porque se quiere tirar abajo la reforma magisterial que tantos años ha empeñado a sucesivos titulares del pliego (desde los tiempos de José Antonio Chang en el segundo gobierno de Alan García, pasando por el quinquenio de Humala, y los periodos de PPK y Vizcarra). Sin empacho, busca anular la meritocracia en el sector y por si fuera poco, también le mete zancadillas a la reforma universitaria, tan laboriosamente gestada.
Segundo, porque no está en capacidad de asegurar el reinicio de las clases presenciales. Sus últimas declaraciones lo muestran reñido con un proceso que en otros países ya funciona casi a total plenitud. Son las bases magisteriales radicales las que se oponen y el ministro solo parece serles funcional como furgón de cola.
Tercero, porque su principal propósito es darle patente de corso al sindicato pro Movadef, Fenatep, dedicando la mayor parte de su tiempo a socavar al sindicato histórico del magisterio, el Sutep, y pretendiendo con malas artes tumbarse a una entidad privada, autónoma y altamente regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, y que funciona con excelencia administrativa, como es la Derrama Magisterial (en complicidad con el ministro de Trabajo están acosando a los sindicatos que forman parte del directorio de la entidad referida).
En lugar de gastar energías en diseñar una irracional y peligrosa iniciativa de vacancia presidencial, que podría producir el desgaste de la oposición y el fortalecimiento del Ejecutivo, el Legislativo debería ser más recio y vigilante respecto de los despropósitos que se perpetran en los pasillos ministeriales y sobre los cuales el Congreso tiene el gran poder disolvente de la censura, arma legítima que no utiliza hasta el momento a pesar de haber sobradas razones para haberla empleado en más de un caso.
El ministro de Educación, Carlos Gallardo, no debería terminar el año sentado en el despacho ministerial desde el cual está desplegando una estrategia destructiva que solo va a afectar a los propios maestros, y principalmente a los millones de estudiantes de la escuela pública.