[INFORME] Aunque han salido a la luz serias irregularidades en la investigación del asesinato de Santiago Guardamino, su familia sigue esperando que el fiscal a cargo decida reabrir el caso para encontrar a los responsables.
La justicia peruana se ha ganado, en los últimos años, una muy mala reputación y no se podría decir que esto es del todo inmerecido. La lentitud e inacción que han tenido en casos donde existen evidencias que deberían conducir a resultados concretos en favor de quienes buscan justicia llevaron a que cada vez más personas pierdan la esperanza en el sistema.
El caso de Santiago Guardamino es una de estas historias que parece haber quedado congelada. Pese a la existencia de numerosos testimonios y pruebas detrás de un asesinato, la justicia le sigue dando la espalda a los familiares de un líder comunal que terminó pagando con su vida el haber denunciado una estafa.
¿QUÉ HACÍA GUARDAMINO?
Desde enero del año 2023, Santiago Guardamino Gonzáles ejercía el cargo de presidente de la Comunidad Campesina de Quipán. Pero este puesto no lo asumiría en medio de un panorama precisamente tranquilo. Por el contrario, por aquel entonces, la comunidad venía de sufrir una cuantiosa estafa.
El predecesor de Guardamino, Abel Mosquera Ortiz, había vendido diez mil hectáreas de tierras comunales a Industrias Argüelles, una reconocida empresa que cuenta con millonarios contratos con diversos municipios y se encontraba en la búsqueda de un terreno para la construcción de un relleno sanitario.
Pero esta venta no había seguido los pasos correspondientes. Mosquera Ortiz no sólo había actuado a espaldas de la Comunidad de Quipán usando documentación falsificada, también acordó vender esas diez mil hectáreas por apenas seiscientos mil soles pese a que su precio real estaba estimado en más de cinco millones de soles.
Este fue el panorama que encontró Guardamino al asumir la presidencia de esta comunidad y tomó la decisión de empezar una cruzada en búsqueda de justicia que inicialmente tuvo resultados. Mosquera llegaría a ser condenado y una suerte simular tuvo Aniceto Argüelles, fundador de Industrias Argüelles, tras intentar sobornar a la magistrada a cargo del caso.
EL ASESINATO
Pero, cuando todo parecía encaminarse para que la Comunidad Campesina de Quipán recupere sus tierras, esta historia sufrió un duro revés. La noche del 1 de abril del 2024, Santiago Guardamino recibió nueve disparos mientras iba camino a su vivienda. Pero para entender lo que habría detrás de este trágico hecho es preciso conocer lo que había hecho el presidente de la comunidad ese mismo día.
Información a la que pudo acceder el diario La República reveló que, horas antes de su asesinato, Guardamino había asistido a una asamblea a con los miembros de la Comunidad Campesina de Quipán para anunciarles que, en los próximos días, suscribiría un compromiso con la empresa Petramás para que esta se haga responsable del proceso civil y, si se concretaba la recuperación de las diez mil hectáreas, esta empresa se las compraría por 8,5 millones de soles más un adelanto de 2,5 millones mientras se resolvía el proceso.
¿NADA PARA INVESTIGAR?
Sin embargo, pese a este contexto que invita a pensar que el asesinato de Guardamino fue un intento desesperado por evitar que este acuerdo concrete, la justicia tomó una decisión incomprensible y recientemente se conoció que el fiscal Renato Lavy Cora tomó la decisión de archivar la investigación alegando falta de pruebas.
Esta decisión ha dejado a la familia de Guardamino y a la Comunidad de Quipán una sensación de injusticia debido a que fueron los mismos responsables de la investigación quienes decidieron descartar material que pudo ser clave. Por ejemplo, la familia de Santiago Guardamino relató que tenían en su poder teléfonos celulares que le pertenecían al líder comunal y en los cuales habían quedado registradas diversas amenazas que no fueron analizadas debido a que la justicia dijo no contar con recursos para las pericias correspondientes.
“Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar. La más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”, señaló la viuda de Guardamino tras conocer la decisión del fiscal Lavy Cora y, teniendo en cuenta que se descartó tan fácilmente una prueba contundente como el contenido de los teléfonos de la víctima y hasta ahora no aceptan reabrir el caso, resulta más que entendible que sigan teniendo esta mirada.
