[OPINIÓN] El Perú asiste a un duelo de sordos. En una esquina del ring político, Keiko Fujimori se atrinchera frente a Fuerza Popular en la defensa del libre mercado ortodoxo, el orden a rajatabla y la mano dura. En la otra, Roberto Sánchez lidera un bloque andino e identitario que exige refundar el modelo, tributar recursos naturales para saldar deudas sociales históricas. Mientras ambos se miden el aceite, con la mirada puesta en el cálculo electoral de las elecciones municipales y regionales de octubre, el país se desangra en un entrampamiento que puede paraliza las inversiones, vacía los bolsillos de la calle y alimenta el avance del crimen organizado.
Y eso no se resuelve sacando masas a la calle y policías y militares a enfrentarlas. Las lecciones son claras, matar a 50 peruanos ha deslegitimado a las fuerzas del orden, al gobierno y al estado. Y ha elevado la polarización electoral al grado de las fiebres del COVID.
Romper este nudo gordiano no requiere un idilio ideológico, sino un pragmatismo de supervivencia. Un Nuevo Acuerdo Nacional es urgente, no para firmar la paz, sino para pactar una tregua operativa sobre cinco urgencias nacionales.
El primer incendio a apagar es el Sur Andino. Para el fujimorismo, la zona es un foco de agitación radical; para Sánchez, un territorio herido que exige justicia por las muertes que claman por reparación. El consenso viable pasa por despolitizar la billetera pública: crear Fideicomisos Territoriales de Desarrollo (similares a los Fondos Soberanos). Fujimori debe aceptar que el canon minero ya no se entregue a gobernantes locales ineptos, sino a estos fondos transparentes ,con gerencia técnica internacional, para cerrar brechas de energía, salud, educación, agua y carreteras. A cambio, Sánchez debe garantizar la seguridad jurídica de los proyectos mineros con la participación de comunidades étnicas y municipios respaldando estos acuerdos. En derechos humanos, la fórmula es clara: reparaciones económicas inmediatas y luz verde a la Fiscalía para investigar sin interferencias, castigando tanto el exceso policial como el vandalismo.
Allí es vital investigar lo ocurrido via una Comisión de Justicia y Paz en el Congreso Bicameral. Hechos y no palabras a favor del Sur.
En seguridad ciudadana y defensa nacional, el diagnóstico es idéntico: el tren de la delincuencia nos está pasando por encima. La «mano dura» fujimorista y la prevención de la izquierda pueden fusionarse en la modernización de la inteligencia policial y la creación, con sistemas de construcción rápida, de penales factoría. El acuerdo debe sepultar la tentación del patrullaje militar urbano permanente —un riesgo para los derechos humanos— y reorientar a las Fuerzas Armadas hacia capacidades duales: ingeniería militar para conectar la sierra y selva profunda (bandera de Sánchez) y tecnología de punta para blindar las fronteras y activos estratégicos contra el narcotráfico (bandera de Fujimori).
La minería artesanal de oro es hoy el combustible de mafias transnacionales. El fracaso del REINFO es un secreto a voces. La salida requiere un golpe de timón: demoler la burocracia con una Ventanilla Única Digital y crear un Banco de Oro del Estado que compre el metal a precio justo directamente al minero informal, asfixiando financieramente a los acopiadores ilegales. Fuerza Popular ganaría la formalización del sector y el control territorial; Sánchez, la dignificación del pequeño productor andino. Eso sí, la izquierda tendría que firmar el acta para dinamitar, sin contemplaciones, las dragas criminales que destruyen la Amazonía.
Finalmente, el bolsillo del ciudadano. Frente al dilema de «crecimiento privado» versus «redistribución estatal», la solución está en el Capitalismo Popular. El acuerdo debe parir una reforma laboral que reduzca los costos de contratación para las microempresas, pero asegurando salud universal financiada por impuestos para crear un Fondo Social Soberano. Para los informales sería la reforma previsional mediante el «IGV de tu pensión»: que una tajada de cada impuesto que paga el peruano a pie vaya directo a su cuenta de jubilación, siempre con aporte patronal. Así, el fujimorismo logra que la gente exija boleta de venta (formalización masiva) y la izquierda asegura una vejez digna para el taxista y el ambulante.
El entrampamiento entre Fujimori y Sánchez es un lujo que un Perú en crisis no puede pagar. La salida no es un cogobierno, es un pacto de mínimos relevantes. Si la derecha y la izquierda no aprenden a negociar sobre el mapa de las necesidades reales, la realidad terminará por devorárselos a ambos. Hay temas que unen como los dos colores de nuestra bandera.
