Pocos meses atrás, Víctor Manuel Quinteros, ex Gerente de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, publicó en el Boletín Idehpucp que en los últimos 7 años, el número estimado de armas sin registro en el Perú había ascendido de 267,000 a 342,000 en un contexto sumamente peligroso: somos testigos de cómo se ha expandido el crimen organizado transnacional y cómo diversas organizaciones criminales han surgido en nuestro país en las zonas de extracción ilegal, como la madera y la minería. Como consecuencia, la demanda de armas de fuego creció tanto para fines criminales, como para defensa legal. Para detenerla, se promulgaron leyes para regularizar las licencias y solicitar la entrega voluntaria de armas, pero de poco sirvió, pues el tráfico de armas, señala Quinteros, no sólo comercializa pistolas o revólveres, sino también fusiles de largo alcance que utilizan las fuerzas de la minería ilegal y las organizaciones criminales en Ecuador. Esas armas jamás serán entregadas voluntariamente.
De pronto, de brusca manera, el Pleno del Congreso acaba de aprobar el uso de armas por parte de los ciudadanos en situaciones de “legítima defensa”. Norma Yarrow y Patricia Chirinos han sido las dos mujeres que han impulsado esta propuesta legislativa, la cual modifica radicalmente el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal. Desde hoy 15 de mayo queda establecido que no habrá responsabilidad penal, ni siquiera prisión preventiva, para aquellos que empleen el uso de fuerza letal en caso tengan que “defender su integridad o la de terceros”. Eso implica que si irrumpen en su casa, su carro o su negocio y se crea una situación de peligro inminente, se podrá matar al agresor, sin ningún temor o sentimiento de culpa. El año pasado, ya el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación determinaron que la iniciativa legislativa no podía ser aprobada, pues la seguridad ciudadana no puede ser usada como pretexto justificar o exculpar actos de violencia hacia terceros, incluidos familiares, como los feminicidios. De nada ha valido la advertencia. Hoy, 77 congresistas las apoyaron en uno de los más irresponsables arrebatos que se hayan cometido. Ya no sólo la corrupción, sino también el crimen, acaban de tomar nuestro Congreso.
Patricia Chirinos sostiene que su ley, siguiendo el derecho a la legítima defensa y al vivir con seguridad, permite un “escudo de protección” para aquellos que se enfrenten a situaciones de riesgo. Disparar a un criminal es protegerse, se concluye de su propuesta, la cual es enriquecida por José Williams, quien considera que la delincuencia organizada ha “menoscabado el respeto por el Estado”. Por tal razón, argumenta el congresista de la misma bancada, el poder disparar en defensa propia sin ninguna regulación, promoverá el empoderamiento de la ciudadanía y, sinceramente aún no comprendo cómo, sostiene que la ley también reforzará la confianza de las fuerzas policiales frente al crimen organizado.
La pensadora Rita Segato describe la crueldad (2019) no sólo como una falta de compasión ante actos violentos, sino también como un deleite provocado por el dolor y el sufrimiento ajeno. Naturalizada, la crueldad también se presenta en las prácticas cotidianas que someten la subjetividad de las personas. Segato plantea que la crueldad se aprende porque se enseña. Que el gozo y la desensibilización ante el dolor juegan un rol activo en procesos de enseñanza-aprendizaje que como en los juegos de guerra, homogeniza y masculiniza. Pero hablamos de un país que no puede soportar esos juegos. Se trata de una guerra posible y de un mercado ilegal que dos mujeres congresistas, enceguecidas por las normativas ilegales que el Congreso y sus mafias nos imponen, están decididas a celebrar con una crueldad cada vez más retorcida.
