[ENTRE BRUJAS] El Perú atraviesa un momento particularmente grave en materia de protección de la niñez. Mientras el país intenta sostener avances normativos conquistados durante décadas de trabajo institucional, feminista y de derechos humanos, el Congreso de la República impulsa iniciativas orientadas al retroceso. El Proyecto de Ley N.º 13300/2025-CR, que propone derogar la Ley 30403 —la norma que prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes—, es la expresión más reciente y una de las más peligrosas de este rumbo regresivo.
El contexto político en el que este proyecto emerge tampoco es casual. El Congreso ha venido aprobando normas que favorecen a actores con antecedentes delictivos, reducen controles anticorrupción y debilitan mecanismos de protección social y desarrollo. Ahora busca reinstalar como legítima una práctica violenta bajo el eufemismo de “disciplina”. Esta deriva legislativa se sostiene, además, en autoridades con alta tolerancia a la violencia y una agenda contraria a la igualdad, que erosiona los sistemas de protección para las poblaciones más vulnerables.
Los datos disponibles desmontan cualquier intento de minimizar el problema. Entre enero y octubre de 2025, el portal estadístico Warmi Ñan registró 8 320 casos de violencia física contra niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Esta cifra, que representa solo la fracción visible del problema —pues gran parte de la violencia en la infancia permanece oculta por miedo, dependencia y silencio institucional—, revela una realidad alarmante: la crianza violenta sigue siendo ampliamente tolerada y reproducida en los hogares del país. Aunque se ha avanzado en la promoción de una crianza respetuosa, estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
Frente a esta realidad, derogar la Ley 30403 sería un acto de irresponsabilidad política y moral. El Perú es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece de manera categórica que ningún niño o niña debe ser sometido a violencia bajo ninguna forma, incluida aquella ejercida como “disciplina”. Desconocer este estándar internacional equivale no solo a incumplir obligaciones jurídicas vinculantes, sino a renunciar al principio del interés superior del niño, pilar de toda política pública y todo sistema de protección.
El peligro de retroceder en esta normativa no radica únicamente en el impacto jurídico, sino en el mensaje social que envía: la violencia vuelve a ser considerada un recurso válido para educar. Esta idea —que contradice décadas de evidencia científica, psicológica y pedagógica— perpetúa ciclos de maltrato, reproduce patrones de sometimiento y deteriora el desarrollo emocional, cognitivo y social de la infancia. La normalización de la violencia no educa: destruye.
El Congreso debe asumir el costo político y ético de sus decisiones. Proteger a la niñez no es un gesto simbólico ni una opción discrecional: es un deber constitucional y una obligación internacional. Pretender reinstalar el castigo físico en la vida familiar revela no solo una desconexión con la realidad, sino una profunda renuncia al deber de construir una sociedad más justa, democrática y libre de violencia.
Por ello, resulta urgente rechazar con firmeza el Proyecto de Ley N.º 13300/2025-CR. Lo que está en juego trasciende una sola norma: es la orientación ética del país, el compromiso con la democracia y la capacidad del Estado de garantizar que las niñas y los niños crezcan en entornos seguros y dignos.
