La única manera de zanjar el debate que se ha generado alrededor de las AFP, a propósito de un proyecto de ley de la congresista Carmen Omonte, pasa por recuperar la libertad de los afiliados de disponer de sus fondos en el momento que lo deseen, y aún antes, de decidir si quieren o no ahorrar para recibir una pensión futura.

Lo hemos sostenido desde hace muchos años. El sistema, tal cual está diseñado, supone un trasvase millonario de rentabilidades de la clase media a favor de los cuatro o cinco grupos empresariales que controlan las AFP.

Mucho mayor rentabilidad futura (para los tiempos de jubilación), logra un ciudadano invirtiendo en salud, educación o bienes inmuebles, que dejando una parte importante de su remuneración en una AFP, que si bien le otorga una buena rentabilidad en ningún caso será superior a la que le brindará su propia cartera de inversiones en las materias señaladas (por ejemplo, en una mejor educación para sus hijos).

Para evitar un daño social significativo, el Estado deberá brindar una pensión de sobrevivencia a las personas que luego de jubilarse no tengan capacidad alguna de subsistencia -como funciona hoy Pensión 65-, pero el resto -la inmensa mayoría- debe tener la libertad de decidir si le quitan de la ONP o de la AFP una parte de su sueldo para asegurarle una pensión.

Hecho ello, dispuesta esa libertad, se verá cómo inmediatamente las AFP, de la noche a la mañana, sin ninguna coacción regulatoria de por medio, aseguran menores comisiones, mayor rentabilidad y, por ende, mejores pensiones. Cuando no tengan un mercado cautivo, que no requiere esfuerzo alguno en conquistar y mantener, encontrarán la manera de hacer atractivo un producto que hoy en día solo causa irritación en la ciudadanía (por eso, el 95% de los afiliados ha retirado el total de sus fondos cuando ha podido hacerlo).

De paso, a ver si tanto entusiasta libertario por interponer recursos legales contra la cuarentena light que nos han impuesto o marchar contra ella, también se anima a hacer lo propio en contra de un sistema que coacta groseramente nuestra libertad de elegir cómo aseguramos el bienestar para nuestra futura ancianidad.

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AFP

El panorama electoral parece conducirnos a un escenario en el cual probablemente habrá que esperar hasta el final de la primera vuelta para entonces, de acuerdo a como van las encuestas, terminar eligiendo al menos malo entre los dos que mayor chance tengan. Patética perspectiva para las elecciones del bicentenario.

 

En medio de la rampante mediocridad de la mayoría de candidatos, que confían más en su campaña publicitaria, en el manejo de la imagen del candidato o en la producción de golpes de efecto, hay que destacar, sin embargo, algunos intentos por ideologizar la campaña, que dadas como están las cosas parece maná caído del cielo.

 

Así, la propuesta insistente de Verónika Mendoza por cambiar la Constitución y el modelo económico ha obligado a algunos partidos como el fujimorismo a salirle al frente, en defensa de la carta magna del 93. Y en ello se ha generado un interesante intercambio de ideas que de algún modo recrean la vieja discusión entre si el Estado debe regir el funcionamiento de la economía o si debe ser el libre mercado.

 

El fujimorismo le está ganando por puesta de mano a Hernando de Soto o a Rafael López Aliaga ese lugar en el espectro ideológico. El ausentismo inexplicable del autor de El otro sendero, y la distracción del candidato de Renovación Popular en asuntos menores, le han puesto en bandeja a Keiko la captura de esa bandera programática.

Siempre se ha dicho que el debate de ideas no funciona en campañas electorales y que, más bien, quienes incursionan en aquel terminan por verse afectados negativamente. Pero en medio de una campaña tan empírica como la que hoy tenemos en curso, con candidatos impostados, carentes de ideas, con repetición cansina de lemas, cualquier intento de introducir propuestas programáticas será bienvenido.

 

Claramente lo que está en juego en las actuales circunstancias es si se continúa el proceso de transición democrática iniciado el año 2000, si se regresa a modelos más libremercadistas de los 90 o si se da un giro radical hacia la izquierda. Así se pueden perfilar más o menos las principales candidaturas. Lo que resulta deseable es que se pase del perfil natural a la propuesta proactiva y explícita que dé luces al electorado respecto de qué es lo que se hará desde el gobierno a partir del 28 de julio si finalmente las urnas le sonríen a cualquiera de los postulantes.

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Ideas

La movida política detrás del activismo contra la cuarentena dispuesta por el gobierno, tiene la clara intención de mellar al régimen, en el mejor de los casos, y el de bajárselo, en el peor. Haría bien Sagasti en estar atento a ello e intensificar la narrativa política y médica que justifica la decisión tomada.

No estamos ante una movida libertaria, defensora de las libertades individuales a ultranza. Habrá así uno que otro bellaco, pero lo que realmente motiva esta convocatoria es el afán de golpear indirectamente a Guzmán, haciéndolo con el gobierno morado vigente.

No parece que vaya a tener mayor éxito esta movilización, a pesar del desembozado respaldo de los medios de comunicación ultraderechistas, pero si lograsen relativo apoyo ciudadano pueden animar, a su vez, al resto de competidores electorales de Guzmán, que verían en el golpe a Sagasti un modo de afectar la candidatura morada.

Y de esos hay varios en el Congreso, empezando por Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú y el propio Frente Amplio, a quienes no les caería nada mal que Julio Guzmán se vea afectado por el desplome o descrédito del gobierno de Sagasti.

Pecaría de ingenuo Sagasti si subestima a la coalición vacadora que se llevó de encuentro a Vizcarra y que no dudaría un segundo en hacer lo propio con él si cree o supone que ello le reportará algún beneficio.

Al afán mafioso de algunas universidades privadas por tirarse abajo la Sunedu, la reforma universitaria y retornar al statu quo precedente, se suman muchos afectados por el proceso Lava Jato que buscan impunidad ahora que se acercan los juicios. La sumatoria de intereses los hace buscar hacerse del poder así sea por algunas semanas para lograr sus propósitos.

Si a estas razones, que estuvieron detrás de la vacancia a Vizcarra, se suma el interés electoral por golpear a Guzmán, la combinación puede ser explosiva y desestabilizadora.

A esta coalición le importa un comino que estemos en medio de una pandemia y ad portas de un importante proceso electoral. Sus intereses subalternos están por encima de los de la Patria. Hay que estar atentos para impedir que prosperen.

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No se entiende qué hace el gobierno enviando tanques de guerra a la frontera para impedir el tránsito. ¿Le va a lanzar munición pesada a los venezolanos que trasponen nuestra frontera? ¿Va a matar a los inmigrantes? ¿Los disparos ocurridos estos días se van a repetir a diario?

Es absurdo el tic xenofóbico que parece albergar el gobierno o, lo que sería peor, que obedezca al afán de contentar el ánimo creciente de un sector de la población en contra de los venezolanos, acusándolos, primero, de ser los causantes de la explosión delictiva que sufre el país, luego del desempleo y ahora, finalmente, de ser foco de contagio del covid19.

Lo real es que nada de eso es cierto. La inmensa mayoría del millón y pico de venezolanos que vive en nuestro país ha venido a trabajar honradamente y la proporción de delincuentes es la misma o menor que la que hay entre la población nativa.

Hasta antes de la pandemia los niveles de empleo urbano en el país seguían siendo los mismos. Nuestra economía, sobre todo la informal, había logrado absorber la mano de obra venezolana sin empujar al desempleo a la población económicamente activa nacional.

Finalmente, alucinar que las nuevas variantes anidan especialmente entre la población venezolana es un disparate mayúsculo. Esta población debe estar sufriendo exactamente los mismos rigores sanitarios o aún peores -por su situación legal no asegurada-, pero no tienen alguna particular intensidad del virus, superior a la peruana. El virus no llega por la frontera norte.

Y, por supuesto, el gobierno se volvió a olvidar de la población venezolana en la entrega de los bonos de asistencia. La base de datos de cuatro millones y medio de personas que van a recibir los 600 soles de ayuda no incluye a ningún venezolano. ¿Qué se espera? ¿Qué mueran de inanición? Linda con lo punible la indolencia asistencial con la que el Estado peruano está tratando a este millón de compatriotas latinoamericanos.

Va a arreciar el discurso xenofóbico en esta campaña. Es lamentable, pero tiene una lógica política detrás. Lo que resulta incomprensible es que el gobierno se sume a esa narrativa alimentando sentimientos nacionalistas irracionales y primitivos.

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George Forsyth mantiene su nivel de intención de voto en las últimas encuestas. Según Ipsos, en noviembre tenía 16%, en diciembre 18% y la última de enero 17%. Sorprende que no caiga, la verdad.

Porque en su caso no estamos frente a un líder carismático, arrasador, elocuente o particularmente brillante en términos ideológicos. Tampoco ante una ex autoridad que haya hecho una gestión superlativa en la alcaldía de La Victoria, aunque eso tampoco asegura buen resultado presidencial (véase los casos de Andrade o del propio Castañeda, quien luego de su exitosa primera gestión edil no tuvo fortuna en las ligas mayores).

Algunos datos a tener en cuenta: su mayor intención de voto es limeña y urbana; además, tiene un muy buen resultado en el norte (18%), una región tradicionalmente fujimorista y acuñista (Keiko tiene 10% y Acuña 8% en esa región del país).

Hay claramente un ánimo antipolítico en el grueso de la población que lo respalda, gente que está harta, realmente hastiada, de los “nuevos” políticos tradicionales (particularmente quienes han estado en el Congreso los últimos cinco años).

En esa línea, es más probable que una mayor proporción de los que hoy aún no deciden su voto (14% blanco y viciado y 11% no precisa), se termine inclinando por una opción antipolítica como la que Forsyth representa, antes que por una identificada como parte del statu quo.

No hay nadie en el proscenio que parezca querer o poder disputarle ese perfil. Ni Keiko Fujimori, ni César Acuña (a pesar de su filón disruptivo), ni Daniel Urresti (su vinculación a Luna Gálvez es un lastre difícil de sobrellevar) y mucho menos Verónika Mendoza, para solo mencionar a los punteros. El único del tabladillo que quizás podría cosechar de ese espíritu cívico sería Hernando de Soto, pero lamentablemente está haciendo de su carrera electoral una llena de obstáculos y gazapos. Tal vez también Yonhy Lescano, una suerte de outsider sistémico, por su origen provinciano y su discurso anti establishment de siempre.

Lo primero que deberían hacer los adversarios de Forsyth, si quieren derrotarlo, es no subestimarlo. O no subestimar, mejor dicho, el trasfondo de su respaldo. Hay, alrededor de ello, toda una estrategia detrás de su candidatura. Por lo visto, contra todos los pronósticos -incluidos los de quien escribe-, si no comete un error mayúsculo o no asoma alguien que le dispute el mismo nicho, será protagonista principal de esta elección.

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No soy amigo de las cuarentenas. Intuitivamente hablando, constato que la dispuesta por Vizcarra no funcionó en absoluto y fue aún más estricta que la que ha ordenado Sagasti. El contrafáctico de que de repente nos hubiera ido peor si no se hacía ello me resulta bastante inverosímil teniendo en cuenta que fuimos el país que más sufrió en número proporcional de muertes. Y podría argüir, inclusive, que la correlación de descenso de la primera ola más bien fue de la mano con la liberación gradual de la cuarentena. Me parece que estamos ante ciclos naturales de un virus que no dependen de la mano humana para acelerarlo o atenuarlo. Pero, en fin, no tengo la autoridad académica ni técnica para opinar más allá. Podemos aceptar lo dispuesto por el gobierno, pero anteponiendo, sin embargo, algunas consideraciones de primer orden.

1.- Ojalá esta vez sí funcione y rápido la entrega de bonos a las personas más vulnerables. En el término del plazo de la quincena. Sería inadmisible que se repita nuevamente el esquema de tardanzas y aglomeraciones que supuso la entrega de los mismos durante la gestión gubernativa anterior. Peor, inclusive, que la pandemia es la recesión concomitante a la cuarentena. Gran número de víctimas se debe al violento empobrecimiento que significa la parálisis intempestiva de labores en un país donde el 70% de PEA vive día a día.

2.- Ojalá esta vez sí se haga un monitoreo inteligente de la respuesta hospitalaria y la disposición racional del personal médico para mejorar la cobertura. Amén de la provisión de oxígeno.

3.- Ojalá se disponga rápidamente de un mini Reactiva para todas aquellas empresas que van a cerrar. Y lo más probable es que los quince días dispuestos se conviertan en treinta o más. Si se quiere evitar despidos masivos, es urgente que se diseñe un plan rápido de auxilio crediticio o de subsidio directo a la planilla.

4.- Ojalá esta vez, el ministro del Interior ordene a los mandos policiales que se establezcan cuidados especiales intrafamiliares. Fue brutal la violencia contra la mujer y la infancia durante la cuarentena del año pasado. Ello no puede repetirse. Los Centros Mujer no pueden cerrar y los miembros de las fuerzas del orden deben tener instrucciones precisas para atender inmediatamente cualquier indicio de auxilio.

5.- Ojalá se anuncien pronto nuevas compras de vacunas. El gobierno dijo que “en cuestión de días” se iba a dar buenas noticias. Que se concreten mayores y más rápidas compras puede elevar el ánimo de la población para soportar el confinamiento al que se nos obliga desde la próxima semana.

5.- Ojalá los medios no repitan el pueril espectáculo de enviar reporteros a criminalizar a la gente que se ve obligada a salir a las calles a trabajar. Y junto con ello, ojalá la policía no repita el patético show que supone armar gigantescos operativos para capturar a ciudadanos que salen a pasear a sus mascotas. Ojalá.

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Aún si la segunda ola arreciase mucho más fuerte de lo que ya nos está golpeando es perfectamente factible realizar el proceso electoral en las fechas pactadas (11 de abril primera vuelta y 6 de junio segunda vuelta).

Ha habido países que no solo las han realizado en plena primera ola sino que en otros tiempos, algunas naciones en guerra también las han llevado a cabo sin mayores contratiempos.

Es importante para la salud política del país que se respeten los cronogramas y lleguemos al 28 de julio con una nueva administración en Palacio, con un horizonte de cinco años por delante y con un mejor panorama, además, en términos sanitarios. Debemos suponer que para fines de julio ya habrá un importante número de peruanos vacunados y la pandemia habrá empezado su descenso irreversible, como está ocurriendo en países que han alcanzado cuotas de vacunación significativas (es el caso de Israel).

Si se planifica bien -y al parecer la ONPE tiene varias alternativas estratégicas diseñadas-, acudir a un centro de votación no tendría por qué suponer mayores riesgos. Se ha multiplicado el número de centros de votación y, por ende, las aglomeraciones difícilmente ocurrirán. Además, se están sugiriendo horarios graduales para la asistencia y en lo que concierne a los miembros de mesa, supuestamente van a ser vacunados (lo que sí, tendría que haber una multa considerable para aquellos miembros de mesa que habiendo sido vacunados, luego se ausenten de sus obligaciones).

Y, por supuesto, si no cabe encontrar argumentos para postergar las elecciones, mucho menos los debe haber para postergar el mandato de Sagasti. Si a algún peregrino asesor palaciego se le ocurriera semejante idea y logra convencer al Primer Mandatario del despropósito, pues corresponderá al Congreso vacarlo de inmediato.

Necesitamos salir de la crisis política este 28 de julio. Dadas las circunstancias, es una respuesta institucional que honraría las celebraciones alicaídas que vamos a tener por el bicentenario (sería bueno, dicho sea de paso, anunciar que por la situación mundial de pandemia, al menos en lo concerniente a las celebraciones y actos masivos, las mismas se postergan para el 2024, fecha coincidente con los doscientos años de la batalla de Ayacucho, en términos históricos más relevante que la proclama de San Martín).

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Craso error ha cometido el ministro de Educación Ricardo Cuenca si acaso albergó la idea de desactivar los colegios de alto rendimiento, COAR, por aparentes discrepancias con el modelo educativo que está detrás de los mismos.

Al final, ha retrocedido a medias y ha anunciado que hará los esfuerzos por mantener el esquema de admisión de este año (no ha sido del todo claro), aunque la explicación de que lo hizo porque el presupuesto no le asignaba partida para este año no parece ser tan cierta, ya que sí existe ese pliego considerado. Sería deseable una mayor precisión por parte del titular de Educación.

Es verdad que el esquema de los COAR es controversial. Hay expertos en la materia que señalan que la excelencia educativa debería ser general al sistema público y no circunscrito a ciertas unidades escolares destinadas a los alumnos con mejor rendimiento o mayores capacidades intelectuales, así como otros que estiman que construir una pirámide no es necesariamente malo y que, inclusive, podría ayudar a irradiar paulatinamente mayor calidad al conjunto.

Pero lo que no admite disenso es la tesis de que si alguna decisión estratégica se va a tomar al respecto (si mantener los COAR o desactivarlos), ello no le corresponde a un gobierno de “transición y emergencia”, como el propio presidente Sagasti gusta de calificar a su administración.

Las tareas del actual gobierno son pocas y muy claras: luchar contra la pandemia, reactivar la economía y asegurar elecciones limpias. Además de ello, solo tareas administrativas que aseguren el mejor funcionamiento del Estado. No le da la tela para hacer reformas. Tampoco el tiempo. No tiene la legitimidad de origen para animarse a hacer cambios de fondo en ninguno de los aspectos de la administración pública.

Haría bien por ello el Presidente en llamarle la atención a sus ministros y funcionarios de primer orden al respecto. Si alguno de ellos quiere dejar impresa su huella digital en el portafolio que administra, pues que renuncie, se inscriba en algún partido en la contienda y espere a que gane para, con el respaldo institucional de los votos, animarse a hacer reformas de fondo para el periodo de cinco años que le correspondería.

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El gobierno ya planifica retomar cierto nivel de confinamiento para enfrentar la segunda ola en curso (ya hay regiones que han igualado el pico de fallecidos diarios de la primera ola).

Personalmente, no creo que sea la estrategia correcta. Por lo menos empíricamente hablando, quedó demostrado que la feroz cuarentena de marzo del año pasado no incidió en la brutal curva exponencial de crecimiento del número de fallecidos que tuvimos en paralelo al confinamiento. Este virus parece contenerse con cuidados personales intensivos (mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social), antes que con cuarentenas colectivas rígidas.

El confinamiento destruye la economía, afecta, por ende, el empleo, e incide directamente en problemas de salud que a la postre generan igualmente muertes, sin contar aquellas que a mediano plazo produce la desnutrición concomitante al crecimiento de la pobreza.

Pero si finalmente, el Ejecutivo va por ese camino, ojalá se trate de un confinamiento inteligente. Por ejemplo, podría iniciarse cerrando restaurantes, casinos y gimnasios, focos potenciales de contagio por la inevitable cercanía que se genera en su interior.

Se calcula en cerca de cien mil restaurantes formales los que hay en todo el Perú y otros ciento veinte mil informales. Si calculamos en diez el número promedio de comensales diarios que estos locales albergan, estaríamos hablando de dos millones de personas que cotidianamente se sientan alrededor de una mesa (ningún restaurante ha ampliado su tamaño, solo las ha espaciado).

Asimismo, hay cerca de dos mil gimnasios en el país y acuden a ellos medio millón de personas cada 24 horas. Y en cuanto a los casinos, suman 750 salas de juego autorizadas a nivel nacional. Si le ponemos una media de cien personas al día suman 75,000.

Entre restaurantes, gimnasios y casinos, hay alrededor de dos millones y medio de ciudadanos peruanos que todos los días se exponen al peligro de contagio y contribuyen a la posterior irradiación del virus.

Para aliviar el impacto económico de su cierre temporal se puede desplegar un nuevo Reactiva para estas empresas, subsidiar su planilla y eventualmente emitir bonos para los afectados de toda la cadena productiva que funciona alrededor de aquellas (y cabe considerar que los restaurantes pueden seguir operando por delivery). Se puede manejar mejor una respuesta fiscal (ajustada a los nuevos tiempos de vacas flacas) y a la vez se contribuiría de manera eficaz a la contención del covid19. Un medida mucho más digerible que una cuarentena absoluta, sin distingo ni medida del daño.

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