Las irregulares contrataciones de Daniel Olivares en la PCM

El ahora congresista del Partido Morado contrató proveedores sin órdenes de servicio y, luego, se fue sin pagarles. Por uno de los casos se le abrió un procedimiento administrativo disciplinario. Él alega que no hubo perjuicio al Estado y que lo hizo por el apuro ante la visita del Papa.

Por Paolo Benza y Alejandro Guzmán

El último 27 de noviembre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió una resolución ministerial que sanciona a Daniel Olivares con una anodina amonestación escrita. Poco más de un año antes, el 8 de agosto del 2019, otra resolución había gatillado el procedimiento administrativo disciplinario que derivó en dicho castigo. ¿Qué hizo exactamente el (ahora mediático) congresista para ser sancionado? ¿La sacó barata o su falta no era para tanto?Este es el caso.

Olivares presidió la Secretaría de Comunicación Social de la PCM entre agosto y diciembre del 2017. Renunció a ese cargo poco después de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) indultara al reo Alberto Fujimori. En ese corto periodo, sin embargo, contrató proveedores de forma irregular para la oficina que dirigía.

¿Cuál fue la irregularidad? Olivares encargó trabajos sin tener una orden de servicio ni haber pasado por el respectivo proceso de contratación pública. El actual congresista pactó con los proveedores sin que medie ningún documento que les permitiera reclamar a la PCM de presentarse luego algún problema. El acuerdo fue únicamente de palabra. “Esto es grave”, alerta Alberto Retamozo, abogado especialista en contrataciones del Estado. La idea era que el trámite se regularizara después, para poder desembolsar los pagos.

Sin embargo, ello no ocurrió. Olivares les hizo a sus proveedores, contratados irregularmente, lo que en el argot popular se conoce como el ‘perro muerto’. Los dejó ‘tirando cintura’ y partió dos semanas de vacaciones. “Dos semanas de distancia, agua salada, sueños ligeros, desayunos largos y otras terapias”, escribió en su Facebook. Por supuesto, ya no regresó a la PCM para pagarles.

El reclamo de Eureka

Un caso es el de Eureka Films, productora a la que la oficina de Olivares contrató por S/187.409. No hubo un documento que autorizase la contratación: Olivares se aproximó al proveedor de manera informal. Ajeno a los caminos regulares de la gestión pública, el congresista argumenta que la elección del proveedor fue resultado de un estudio de mercado. “Eureka fue la mejor opción y por eso se trabajó con ellos”, indicó en descargos enviados por escrito a Sudaca.

Para tener un marco de referencia, el tope máximo para contratar sin realizar un proceso de licitación, según la Ley de Contrataciones con el Estado, es de 8 UIT. Al valor de la UIT en el 2017, dicho tope equivalía a S/32.400. La cifra acordada con Eureka fue mucho mayor. En este caso, la contratación debía hacerse a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos parámetros de contratación no son iguales a los de la ley peruana. Olivares, cabe resaltar, no empezó ningún proceso formal antes de encargar el trabajo al proveedor, ni el regular ni el que se hace a través del PNUD. 

Según los descargos oficiales que Olivares envió a la PCM, el proceso formal de selección del proveedor que elaboraría los videos fue declarado desierto el 8 de enero de 2018, diez días antes de que el Papa llegase al Perú. Dos semanas atrás, el 18 de diciembre de 2017, él había recibido el requerimiento formal para contratar a una agencia de publicidad que elaborara los videos.

En una carta notarial enviada en abril de 2018 al entonces primer ministro César Villanueva, Eureka Films especifica que la empresa fue contactada por la Secretaría de Comunicación Social de la PCM el 1 de diciembre, con “carácter de urgente”. Es decir, más de dos semanas antes de que se emitiera el requerimiento formal, Olivares ya le había encargado el trabajo.

“En dicha oportunidad (01/12/2017), Raúl Gómez Arrieta, productor ejecutivo de Eureka Films, en compañía del suscrito; nos reunimos [con Escudero y Olivares]; a fin de tratar los aspectos técnicos del proyecto audiovisual […] Es importante mencionar que la reunión se llevó a cabo en la oficina del último nombrado [Olivares]”, dice la carta notarial, que firma el gerente general de Eureka Films, Gonzalo Vildosola.

Pero, además de la forma en la que se eligió al proveedor, lo más difícil para este fue el lío posterior para cobrar. “A pesar de que mi representada cumplió de buena fe y a cabalidad con los términos acordados con los servidores de la PCM, Fernando Escudero Ratto y Daniel Olivares Cortés, […] la PCM nunca cumplió con su compromiso de emitir la orden de servicio durante el mes de diciembre de 2017, ni mucho menos con cancelar el servicio brindado”, dice la carta notarial.

El servicio brindado fue la elaboración de ocho videos (un video “madre” y siete videos “tácticos”) para la difusión de información de seguridad frente a la visita del Papa Francisco. En los descargos oficiales que envió a la PCM, Olivares argumenta que ante la inminencia de la visita papal –que fue del 18 al 21 de enero del 2018– optó por omitir el procedimiento regular. “Existían trámites engorrosos que realizar para el cumplimiento de la finalidad”, explica el documento.

“Efectivamente, se contrató a una productora sin el proceso regular”, aceptó Olivares a uno de los redactores de esta nota en enero del 2020. “Por eso es que les he respondido [a la PCM] dándoles la razón. Lo que yo puse por delante es que había una presión de presidencia por sacar rápidamente una campaña de comunicación de seguridad del Papa o dos millones de personas iban a estar inseguras”, alegó aquella vez el ahora congresista. La nota del 2020 no fue publicada. “Si seguíamos los pasos normales, dados los plazos con que se contaba, no se hubiera podido colocar los spots. Actué en base al principio de eficiencia”, agrega hoy.

El acuerdo era regularizar los trámites, emitir la orden de servicio y realizar el pago ese mismo diciembre, pero ello no ocurrió. Cuando Olivares emprendía un viaje de ocio, para desintoxicar su cabeza de los problemas que había tenido que abordar hacia el final del gobierno de PPK, sus proveedores empezaban un complejo camino de cobranza. “[La contratación de Eureka] sucedió días antes del indulto a Fujimori, que fue la razón por la que dejé el cargo, y no hubo oportunidad de corregir lo que hubiera que corregir”, declara Olivares a Sudaca. Su renuncia fue aceptada el 29 de diciembre del 2018. Eureka Films quedó en el aire.

“Esta situación nos perjudica sobremanera, habida cuenta de que aproximadamente el 85% del valor total del servicio cotizado a la PCM corresponde al pago de proveedores, quienes insistentemente vienen exigiendo a mi representada el pago de sus facturas por los productos y servicios utilizados en el proyecto audiovisual”, escribió Eureka Films en su carta notarial. El pago fue regularizado, atendiendo al documento de queja, recién ocho meses después.

“Las oficinas que evaluaron lo sucedido confirmaron que el precio fue el adecuado, que los productos se entregaron y que no causó perjuicio al Estado”, argumenta Olivares. “No hay atenuante, porque esa no es la imputación, sino la de haber generado una adquisición y una obligación de pago al margen de la ley de contrataciones”, le responde Retamozo.

Hay más proveedores

Tres fuentes de la PCM que trabajaron en gestiones posteriores a la de Olivares indicaron que el caso de Eureka Films no es el único en el que se realizaron contrataciones de forma irregular, sino que hay por lo menos otros cuatro. Y este medio ha podido confirmar que otro caso es el de la agencia de comunicación corporativa TOC Asociados, que brindó el servicio de gestión de prensa durante la visita del Papa y a la que, a diferencia de Eureka, nunca se le pagó. 

“[TOC] hizo un servicio de relaciones públicas muy bueno. Entendieron que la premura del pedido y mi salida a los pocos días de la PCM hicieron que los procesos se desordenen. En ese sentido, decidieron asumir su trabajo como un aporte, cosa que se hizo con los canales de TV también. Era la visita del Papa”, señala Olivares. Fuentes vinculadas al servicio de gestión de prensa explicaron a Sudaca que nada de esto es cierto: TOC simplemente tuvo que aceptar que no recibiría el pago acordado. ¿Cuánto era? Las fuentes aproximan que el acuerdo era de S/ 17.500 mensuales durante tres meses. Es decir, más de S/ 50.000 en total.

“Para hacer posible que la campaña de seguridad funcione en ese poco tiempo, contamos con la colaboración de otras empresas que comprendieron la urgencia del tema y se pusieron la camiseta entendiendo la dificultad del momento”, asegura Olivares, sobre la existencia de otros proveedores dejados en el aire.

¿Por qué a Eureka sí se le pagó, mientras que a TOC y a los demás proveedores, no? Retamozo explica que, en un caso así, el pago sólo procede luego de un proceso judicial. TOC y los otros proveedores no iniciaron procedimientos formales de reclamo. En cambio, Eureka sí lo hizo. La carta notarial enviada por la empresa fue la que llevó a la conformación de una comisión que investigó el caso. Fuentes de la PCM confirmaron que la insistencia de Eureka Films fue lo que generó que la entidad estatal abra una investigación y eleve el caso de Olivares a las instancias encargadas de fiscalización.

¿Necesidad pública?

Olivares argumenta que su actuación está respaldada por el reglamento. “Es cierto que no se siguieron paso a paso los procedimientos. Pero lo que he sostenido es que en este caso en particular yo actué en tutela de un fin superior vinculado a la seguridad pública, lo cual está previsto en el artículo 104 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Si no lo hubiera hecho, no se hubiera dado los spots que se necesitaban”, declaró Olivares.

“Si bien pudo existir la necesidad urgente de realizar actuaciones para garantizar los mensajes de prevención y seguridad durante la visita del Papa Francisco, esto no atribuye facultades especiales o eximentes de responsabilidad, por lo cual su argumento no es suficiente para desvirtuar la imputación en su contra”, aclara la resolución final del caso.

Y hubo sanción. El 27 de noviembre último se emitió la mencionada resolución final. El documento fue firmado por Violeta Bermúdez, actual presidenta del Consejo de Ministros, y señala que la recomendación de la comisión que investigó el caso era que se le imponga a Olivares una sanción de suspensión de la función pública sin goce de remuneraciones, por 20 días. Sin embargo, el órgano sancionador decidió modificar la propuesta, cambiarla por una más suave, y aplicarle una amonestación escrita.

“Entiendo que los pasos hay que seguirlos, y por eso no he apelado”, dice Olivares. Y agrega que “dada la simpleza del caso y la carencia de perjuicio, una suspensión no era factible”. La sanción que finalmente recibió es una de las más leves. “Es un pañuelazo”, critica Retamozo. Queda en la reflexión de cada lector calificar si la amonestación fue excesiva, justa o insuficiente.

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