El excandidato presidencial Daniel Urresti fue finalmente hallado culpable en el caso del asesinato al periodista Hugo Bustíos, ocurrido en noviembre de 1988, en la audiencia judicial que se llevó a cabo anoche. La Tercera Sala Penal Transitoria dio a conocer que el también excongresista del partido Podemos Perú deberá permanecer recluido 12 años como coautor por el delito de homicidio.
Importante sentencia la que citamos. Pone, por cierto, de relieve la lamentable lentitud judicial para resolver casos apremiantes, pero, más importante que eso, corrobora la existencia de una represión ilegal acontecida, sobre todo, en la época de los gobiernos democráticos de Belaunde y García (el hecho por el cual han condenado a Urresti ocurrió durante el primer gobierno aprista).
El país debe saber, con entera sapiencia, de que en el marco de la lucha antisubversiva entre el 80 y el 2000, las fuerzas armadas y policiales cometieron terribles excesos, y, más grave aún, que la mayor cantidad de esos hechos ocurrieron en plena democracia, cuando supuestamente reinaba el Estado de Derecho, una lección que de haberse aprendido no hubiese permitido, por ejemplo, que el gobierno de Dina Boluarte dejase a su libre albedrío la represión policial y militar de las recientes protestas sociales.
La memoria de los abusos policiales y militares en la lucha antisubversiva es fundamental para comprender el pasado y construir un futuro más justo y democrático. Esta memoria nos recuerda las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la época del conflicto armado interno en muchos países de América Latina.
En primer lugar, recordar estos abusos nos permite honrar la memoria de las víctimas y sus familias, y reconocer su sufrimiento y dolor. Este es un paso fundamental para sanar las heridas del pasado y avanzar hacia una sociedad más unida y solidaria.
En segundo lugar, nos ayuda a prevenir futuros abusos. Al conocer y reconocer los errores del pasado, podemos implementar medidas y políticas que garanticen que estas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Es importante que el Estado asuma su responsabilidad y garantice la justicia y la reparación a las víctimas y sus familias.
Finalmente, la memoria de los abusos policiales y militares es un recordatorio constante de la importancia de respetar los derechos humanos y la democracia. Es fundamental que la sociedad en su conjunto aprecie y defienda estos valores, y que los agentes del Estado cumplan su labor de manera ética y responsable, siempre protegiendo los derechos humanos y las libertades civiles.
Para ello, entre otras cosas, sirven lugares como el LUM, que una reaccionaria concertación conservadora pretende clausurar por nimiedades, con clara motivación ideológica antimemoria, que no debe ser admitida por la sociedad civil activa.
