Pie Derecho

El “plan Lalo”

“Se quiere meter un caballazo al amparo de cierta coalición mafiosa que nos gobierna, en este caso con conocimiento de causa de la propia presidenta de la República, Dina Boluarte”

El Premier en la sombra, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, sería el autor intelectual del plan que busca descabezar al Ministerio Público y el Poder Judicial, a través de una denuncia constitucional del ministro del Interior contra la fiscal Delia Espinoza y una acción celerísima dela Junta Nacional de Justicia contra la titular del PJ, Janet Tello.

El objetivo sería crear, a renglón seguido, sendas comisiones reorganizadoras de ambos poderes del Estado, tarea que, dicho sea de paso, debieron emprender tanto Espinoza como Tello, pero se dejaron llevar por el statu quo degradado que representan, lamentablemente, las instituciones que presiden.

El Ministerio Público es, claramente, la entidad más podrida, con procesos ineficientes si no corruptos en los casos más emblemáticos, teniendo como símbolo de esa degradación a la fiscal Marita Barreto, sobre quien ahora pesan serias suspicacias de enriquecimiento ilícito y sele investiga por ello.

Pero una cosa es emprender una reorganización orgánica, institucional, con participación de diversos poderes del Estado, con ciertos consensos y apoyo logístico, y, sobre todo, participación activa de las entidades involucradas,y otra cosa es meter un caballazo como el que se pretende al amparo de cierta coalición mafiosa que nos gobierna, en este caso con conocimiento de causa de la propia presidenta de la República, Dina Boluarte.

La independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial es la piedra angular de una democracia auténtica. Son guardianes de la ley, llamados a velar por la justicia sin ataduras políticas ni presiones externas. En un sistema sin esta autonomía, el poder se convierte en un instrumento de control y opresión, al amparo de la corrupción y la arbitrariedad. Un Ministerio Público comprometido y un Poder Judicial libre son el antídoto contra el abuso y la impunidad, pilares que, al no ceder ante los intereses de turno, protegen la equidad y el derecho de los ciudadanos a una justicia imparcial. Es una lástima que sus propios gestores hayan faltado a estos preceptos, pero en el caso que mencionamos el remedio puede ser peor que la enfermedad.

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