La Fiscalía es la institución menos considerada, según revela la última encuesta de Datum. Un 80% de la ciudadanía no confía en ella, seguida de los jueces (muy cerca con 77%) y la policía nacional (63%), el trípode sobre el cual descansa la justicia en el Perú.
Menuda tarea le corresponde desempeñar a la flamante Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Tiene que reconstruir radicalmente una institución devaluada por la politización de casos como el de Lava Jato, la corrupción al interior del Eficcop y la inaceptable conducción de una magistrada como Marita Barreto, o las tropelías cometidas, por ejemplo, alrededor del caso de ZamirVillaverde, que con valentía viene denunciando diariamente Beto Ortiz. Por donde se mire se encuentra podredumbre o perversión de la función fiscal.
Por lo pronto, ya se esperaría de la autoridad de control que actúe sobre las denuncias periodísticas efectuadas en los últimos días, en tanto la magistrada Espinoza repiensa con pulcritud cómo recomponer una institución que ha sido destruida desde sus cimientos por malos fiscales.
Resultado en gran parte de una actuación institucional lamentable de la Junta Nacional de Justicia, pronta a acabar sus funciones felizmente, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se han llenado de profesionales bamba, con títulos mal habidos, diplomas truchos y credenciales morales tachables.
La corrupción es, junto a la inseguridad ciudadana, uno de los mayores problemas nacionales, según reflejan todas las encuestas. Ese mal no va a poder ser resuelto mientras no haya una justicia proba en la cual la gente confíe, como viene sucediendo ahora.
Tarea urgente y primordial de la fiscal Delia Espinoza es proceder rápidamente a una purga moral de la institución que preside. Si deja supervivir el statu quo, terminará devorada por la inercia institucional enquistada en el edificio de la avenida Abancay, hoy maloliente y abrumadoramente desacreditado ante la opinión pública.