Este 2024 nos dejó varias lecciones sobre la lucha constante de los dirigentes en las diferentes partes de Lima y, en general, en todo el país. Una lucha que puede arriesgar hasta su propia vida. Fue el caso de Santiago Guardamino, cuya vida acabó en manos del sicariato y después de iniciar una batalla legal por la relevancia y respeto de Quipan.
El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada inició una investigación que está tomando un giro trascendental en el ámbito judicial. En el centro de este proceso se encuentra el asesinato de Santiago Guardamino, un líder comunal de Quipán que luchaba contra una red de corrupción que involucraba a empresarios, funcionarios públicos y actores clave en distintas instituciones estatales. A través de sus investigaciones, Guardamino destapó una serie de delitos que no solo amenazaron la integridad de su comunidad, sino que ahora podrían poner en evidencia una red criminal de dimensiones insospechadas.
El Contexto: Un Caso de Corrupción a Gran Escala
Santiago Guardamino no fue simplemente una víctima más de un crimen de violencia. Su muerte está directamente vinculada a una serie de investigaciones que él mismo inició contra Industrias Arguelles y la exdirectiva de la Comunidad Campesina de Quipán. Estos procesos legales revelaron un cúmulo de irregularidades y abusos que afectaron no solo la seguridad y salud de los comuneros de Quipán, sino también el medio ambiente de la región. Industrias Arguelles, una empresa vinculada a la familia Arguelles, había operado un vertedero de residuos en tierras de la comunidad obtenidas mediante fraudes legales, lo que generó múltiples denuncias por parte de Guardamino.
Entre las figuras clave involucradas en este caso se encuentra Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles, y su gerente general Karen Marianella Pasco Flores. A ellos se les suman otras personas como Abel Cruz Mosquera Ortiz, ex presidente de la comunidad, y Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, quienes también están implicados en el proceso judicial. Las denuncias presentadas por Guardamino sugieren una coordinación entre estos actores para cometer delitos de homicidio calificado, falsificación de documentos, usurpación agravada y otros crímenes graves.
Este grupo, según las investigaciones, no solo actuaba de manera ilegal en su entorno cercano, sino que también aprovechaba sus vínculos con funcionarios de diversas entidades gubernamentales, como la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos y el Ministerio de Salud, para facilitar sus acciones delictivas. Esta compleja red criminal, según los fiscales, podría tener implicaciones tanto a nivel nacional como internacional, pues sus actividades involucraban el tráfico de influencias y la manipulación de procesos administrativos para favorecer intereses privados a costa de la comunidad.
La Fiscalía y la Ley Contra el Crimen Organizado
El caso ha atraído la atención de las autoridades debido a su complejidad y magnitud. La Ley N° 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado establece que cualquier grupo de tres o más personas que actúen de manera coordinada y cometan delitos graves puede ser considerado una organización criminal. Según las denuncias, los implicados habrían actuado de forma concertada para cometer una serie de delitos que no solo dañaron la integridad de la comunidad de Quipán, sino que también afectaron a las instituciones públicas encargadas de regular estos procesos.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada tiene bajo su responsabilidad el caso debido a la gravedad de los hechos denunciados. Esta fiscalía está encargada de procesar casos con repercusiones nacionales e internacionales, como el presente, lo que subraya la seriedad con la que se está tratando el caso. Aunque la investigación está en sus primeras etapas, el proceso judicial ha generado un gran interés debido a la magnitud de los delitos implicados y el perfil de los actores involucrados.
La Muerte de Santiago Guardamino: Un Acto de Silencio Forzado
El asesinato de Santiago Guardamino no puede verse solo como un crimen de violencia. Aparentemente, la urgencia de su muerte está relacionada con su intento de presentar pruebas clave sobre las irregularidades cometidas por Industrias Arguelles. Guardamino estaba a punto de declarar ante el Ministerio Público sobre la nulidad de un acto jurídico que involucraba a la empresa, cuando fue asesinado, un día antes de hacerlo.
Este hecho plantea serias preguntas sobre las motivaciones detrás de su muerte. ¿Por qué temían tanto las personas involucradas en este entramado a las pruebas que Guardamino tenía en su poder? ¿Qué era tan peligroso en sus testimonios que los implicados decidieron eliminarlo antes de que pudiera presentar su denuncia ante las autoridades? Estos interrogantes son cruciales para entender la magnitud del crimen que se estaba cometiendo en Quipán y el nivel de corrupción que se estaba gestando en el seno de la comunidad.
La Compra Fraudulenta de Tierras: Un Acto de Despojo
Una de las investigaciones más relevantes que Guardamino emprendió fue sobre la compra fraudulenta de tierras de la comunidad. En 2016, Karen Marianella Pasco Flores y Aniceto Elvis Arguelles Loayza adquirieron ilegalmente 10,000 hectáreas de terreno de la Comunidad Campesina de Quipán por 600,000 soles, una suma significativamente inferior al valor real de las tierras, que rondaba los 5.5 millones de soles. Esta operación fue facilitada por documentos falsificados, y se llevó a cabo con la complicidad de Abel Cruz Mosquera Ortiz, el ex presidente de la comunidad.
La documentación presentada por Guardamino demostró que el pago se realizó mediante un cheque de gerencia, lo que sugiere un intento de ocultar el verdadero valor de las tierras y, de esta manera, beneficiarse de manera ilegal a costa de los comuneros. La denuncia de Guardamino también desveló que la venta fue parte de una estrategia para evadir un juicio de nulidad de contrato que la comunidad estaba buscando para recuperar sus tierras.
La Necesidad de Justicia y Transparencia
La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una gran pérdida para su familia y la comunidad de Quipán, sino también un golpe a la lucha por la justicia y la transparencia en un contexto donde la corrupción y el crimen organizado siguen socavando la confianza en las instituciones. El asesinato de un líder social, como Guardamino, plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad del sistema para proteger a aquellos que luchan por defender los derechos de las comunidades.
A medida que avanzan las investigaciones, es de vital importancia que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada continúe con el proceso de manera rigurosa, para identificar a todos los responsables y garantizar que los crímenes cometidos sean castigados con todo el peso de la ley. Este caso destaca la urgente necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y la corrupción, para evitar que más vidas sean sacrificadas y que más comunidades queden a merced de aquellos que operan en las sombras para proteger sus intereses a costa del bienestar colectivo.
La memoria de Santiago Guardamino, quien dio su vida en la lucha por la justicia, debe ser un recordatorio constante de la importancia de continuar esta batalla por la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas.
