El próximo 12 abril se cumplirán dos años del asesinato del apu Arbildo Meléndez, líder del pueblo indígena kakataibo. El también jefe de la comunidad de Unipacuyacu fue una de las víctimas más visibles de un mal endémico en la Amazonía: la violencia asociada a actividades ilícitas. En este caso, para ser precisos, a las mafias del narcotráfico y a la maquinaria de tráfico de tierras que movilizan.
18 compatriotas, casi todos indígenas, han sido asesinados por defender sus derechos desde que empezó la pandemia. Cuatro eran kakataibo. Como Arbildo, fueron acribillados Santiago Chota, Herasmo García y Yenser Ríos. Para el derecho internacional, todos ellos debieron ser considerados como defensores de derechos humanos y ser protegidos como tales.
Arbildo, de 43 años, encabezó a un grupo histórico de kakataibos que vienen luchando más de dos décadas por un título de propiedad para su comunidad. A pesar de las incontables gestiones ante el Gobierno Regional de Huánuco, hasta hoy no han tenido éxito. Por el contrario, quienes sí fueron reconocidos como propietarios son los invasores de su territorio, con el aval de las autoridades locales.
Esta es una práctica dolorosamente común: el Estado no brinda seguridad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan desde tiempos ancestrales y a los que tienen derecho por disposición de la Constitución y del propio derecho internacional.
Mientras los procedimientos administrativos se extienden por décadas, a cargo de funcionarios regionales potencialmente corruptos o negligentes, las tierras indígenas son seccionadas en cientos o miles de parcelas que luego son ofertadas a los foráneos con fines de titulación. Poco o nada queda para los indígenas cuando es su turno. Esa es la tragedia de Unipacuyacu: 23 mil hectáreas en planos que les han venido arrebatando hasta reducirlos a un área de apenas tres hectáreas.
El proceso de descentralización ha fracasado y pone sobre los reflectores la complicidad de los gobiernos regionales en la destrucción de los bosques amazónicos, como en los casos de Huánuco o Ucayali. No importa que sea una comunidad emblemática cercada por el narcotráfico, aún no se vislumbra la solución cerca del horizonte.
Pero el Estado también ha fallado en su obligación de dar seguridad física a los defensores de derechos humanos indígenas. Semanas antes de ser tiroteado, Arbildo obtuvo garantías personales que nunca fueron ejecutadas por la Policía. Las herramientas adoptadas por el Gobierno central para abordar el problema de la violencia tampoco llegaron a tiempo. El entonces “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” (ahora convertido en un mecanismo intersectorial) se activó para el apu kakataibo solo después de su asesinato, en favor de su viuda e hijos.
El nuevo jefe de Unipacuyacu, el veterano Marcelino Tangoa, tampoco goza de algún tipo de protección estatal. Los kakataibo viven todos con el riesgo de convertirse en las siguientes víctimas de las actividades ilícitas. En un evento público realizado hace algunos días en conmemoración de Arbildo, Herlin Odicio, el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo, denunció falta de voluntad política para abordar los problemas estructurales de la violencia.
El Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, aprobado el 23 de abril de 2021 por la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, significa un esfuerzo importante del Ejecutivo por tomar cartas en el asunto, ante la permanente negativa del Congreso de aprobar una ley sobre la materia. Se trata de una herramienta que obliga a siete ministerios, incluyendo a Interior y Ambiente, a coordinar de forma conjunta para tomar acciones de prevención y protección en casos individuales.
Sin embargo, su efectividad ha sido duramente cuestionada por las personas a las que busca proteger, como las organizaciones indígenas. Una de las críticas más severas tiene que ver con la falta de capacidad operativa del Mecanismo Intersectorial en un clima de inestabilidad política en el Gobierno central y desinterés en las regiones más afectadas.
Veámoslo con un ejemplo. La norma exigía que, 30 días después de su aprobación, el Ministerio del Interior dicte un protocolo de actuación policial para brindar protección personal a quienes lo requieran. El próximo 23 de abril se cumplirá un año de este mandato sin que haya sido cumplido. En nueve meses, desde que el presidente Pedro Castillo asumiera el cargo, cuatro ministros han ocupado el sector Interior sin conseguir que la Policía se comprometa con los defensores indígenas de la Amazonía.
La impunidad también se puede palpar en el terreno de lo judicial. La Fiscalía de Puerto Inca renunció a identificar a los autores intelectuales del asesinato de Arbildo. Las investigaciones, ahora en etapa intermedia, están dirigidas exclusivamente contra el comunero Rabel Ibarra, quien confesó haber disparado el arma que acabó con la vida del líder kakataibo. Lo más probable es que el autor material sea condenado, mientras que la mafia de narcotraficantes detrás del crimen seguirá sin responder ante la justicia.
Hay mucho que hacer para evitar el descalabro de la Amazonía en el corto plazo, aunque el escenario no sea el más optimista. La premisa de fondo debe ser una sola: apuntalar la presencia del Estado en los territorios de los pueblos indígenas hasta que sea capaz de brindarles protección y garantizarles autonomía para que también puedan protegerse a sí mismos. Las soluciones más sostenibles funcionan así, de abajo hacia arriba y con los pies bien firmes sobre el bosque.
El segundo aniversario de la muerte del apu Arbildo Meléndez es la ocasión propicia para que el Gobierno rinda homenaje a su lucha y la de toda Unipacuyacu. Los kakataibo merece al fin vivir en paz sobre los territorios que siempre les han pertenecido.
