[La columna deca(n)dente] Las declaraciones de Morgan Quero, ministro de Educación, según las cuales «la violación de niñas indígenas es una práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes», plantean varias cuestiones críticas desde la perspectiva de los derechos humanos y el papel del Estado en la protección de los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas.
Una primera cuestión es la normalización de la violencia. La afirmación de Quero de que la violación de niñas indígenas es una «práctica cultural» sugiere una normalización de la violencia sexual como parte de ciertas costumbres. La violencia sexual nunca puede justificarse como una práctica cultural. Justificar o minimizar la violación bajo el pretexto de la cultura perpetúa la violencia y vulnera gravemente los derechos humanos de las niñas y las adolescentes, específicamente su derecho a la integridad física y mental, y a vivir libres de violencia.
Una segunda cuestión es la promesa de ser «muy prudentes», que podría interpretarse como una falta de acción decisiva del Estado para abordar esta grave violación de derechos humanos. Como bien sabe el ministro de Educación, el Estado tiene la obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, especialmente a los grupos más vulnerables, como las niñas y adolescentes indígenas. Esto incluye la implementación de medidas efectivas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y llevar a los perpetradores ante la justicia.
Asimismo, su declaración parece caer en el relativismo cultural, donde las prácticas culturales se consideran inmutables y respetadas sin importar si violan los derechos humanos. La mutilación genital femenina es una práctica común en algunas culturas y viola los derechos humanos de la salud, la integridad física y la dignidad de las niñas y mujeres. El matrimonio infantil antes de la mayoría de edad viola los derechos humanos a la vida, la salud y el bienestar, especialmente en el caso de las niñas.
El ministro Quero olvida que los derechos humanos son universales y no deben ser comprometidos por prácticas culturales. El respeto a las culturas debe coexistir con la protección irrestricta de los derechos fundamentales, y ninguna práctica cultural puede justificar la violación de estos derechos.
Sus declaraciones y las de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, que ratifican que las violaciones sexuales son “prácticas culturales”, pueden perpetuar estigmas y prejuicios hacia las comunidades nativas, presentándolas como inherentemente y culturalmente violentas. Esto no solo perpetúa la discriminación y estigmatización de dichas comunidades, sino que también desvía la responsabilidad del Estado para abordar estos problemas de manera integral, respetuosa y justa con los derechos de todas las personas.
Dada la gravedad de sus declaraciones, es imperativo exigir la renuncia inmediata del ministro de Educación, Morgan Quero, y de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández. Al justificar la violación de niñas indígenas como una «práctica cultural», ambos funcionarios no solo muestran una falta de comprensión y respeto por los derechos humanos universales, sino que también perpetúan la violencia y discriminación contra las comunidades más vulnerables. Sus palabras, lejos de promover la protección y el bienestar de estas niñas, las exponen a más abusos y estigmatización. Un liderazgo que minimiza y relativiza tales atrocidades es inaceptable y contrario a los principios fundamentales de justicia y dignidad. Es crucial que el gobierno de Dina Boluarte demuestre un compromiso genuino con la defensa de los derechos humanos y la igualdad, comenzando con la destitución de funcionarios que no cumplen con estos estándares.
