De los casi seis millones de venezolanos que han salido de su país producto de la demencia ideológica perpetrada por el chavismo y sus seguidores, casi un millón ha recalado en nuestro país.
De arranque debe decirse que desde esta columna no nos lamentamos de esta migración. Creemos que es positiva para el país, que el Perú debería ser, como siempre ha sido, destino de comunidades foráneas que luego terminan perfectamente asimiladas a nuestra cultura (véase la migración africana, china, japonesa o italiana).
La inmigración irriga y enriquece a un país, no lo contamina y mucho menos lo empobrece. A la postre, más allá de los problemas logísticos que pueda suponer un influjo masivo como el que se ha producido acá, la llegada de miles de extranjeros que buscan labrarse un porvenir en nuestras tierras debe ser saludado.
Por ello es que resulta cuestionable, moral y políticamente, que el gobierno peruano se haya desentendido del problema inmenso que ha supuesto para la comunidad venezolana la llegada de la pandemia. Vizcarra no los incluyó en ninguno de los programas de asistencia económica y muchos de ellos, dada su situación legal irregular ni siquiera pueden acceder a la salud pública viéndose obligados a costear atenciones privadas sumamente onerosas.
Es menester que se les incluya en el programa de vacunaciones que se iniciará este mes según ha anunciado hoy, al inicio de la tarde, el presidente Sagasti. Y ahora que se avecina la segunda ola y probablemente ello lleve al Ejecutivo a congelar nuevamente cierto sector de la actividad económica y se requiera nuevamente de entrega de bonos, es preciso alzar la voz para que en ese bolsón de beneficiarios también se incluya a los venezolanos afincados en el país.
Se debe acelerar las labores de reconocimiento legal del status migratorio de la comunidad de venezolanos. Es de interés estratégico del Perú que sea una migración definitiva, que se afinque en el país, y por ende se debe otorgar la mayor facilidad para que se normalice su situación legal y puedan así trabajar, estudiar o realizar cualquier trámite legal sin problemas.
Resulta inadmisible, además de contraproducente, dejar librados a su suerte a un millón de persona que radican en el país, así no sean connacionales. El virus y sus consecuencias no distinguen pasaporte ni documento de identidad.
