Por: Verónica Valdivieso, Directora País de Save the Children Perú
En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo (8M), la acción y la reflexión pública deben incluir a las miles de mujeres y niñas venezolanas que llegan al Perú desplazadas por la crisis que vive su país. Muchas de ellas se encuentran en situaciones precarias, sin acceso a servicios básicos y expuestas a un alto riesgo de abuso, explotación, tráfico de personas y violencia de género. Tampoco tienen acceso a servicios de atención médica asequibles y de calidad y, por lo tanto, enfrentan mayores riesgos de enfermedades y mortalidad materna. La falta de acceso a la educación también puede tener un impacto duradero en su futuro, limitando sus oportunidades.
Ana Paula, una adolescente venezolana, nos remarcó recientemente que la política migratoria en el Perú debe incluir acciones específicas pensadas en niñas y adolescentes migrantes y refugiadas, pues, desde su perspectiva, no se hace lo suficiente para atender problemas tan normalizados como la discriminación y la hipersexualización, o las dificultades para acceder a servicios y derechos elementales. Sin embargo, algunas normas en nuestro país, en contra de las necesidades de la población migrante, amenazan con empeorar el panorama.
Tomemos como referencia la situación de las mujeres y niñas migrantes en tránsito, cuya exposición a riesgos de protección en ruta se ha recrudecido en los últimos meses debido la conflictividad social y el cierre de vías. Incluso cuando logran asentarse en un lugar, gran parte de ellas enfrentan barreras para acceder a una vivienda digna. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la plataforma regional R4V alertó en 2021 que el 38% estaba en riesgo de perder su hogar, siendo una quinta parte mujeres embarazadas.
El difícil escenario que describimos podía agudizarse por las recientes modificaciones a los artículos 61 y 63 del Decreto Legislativo de Migraciones (DL 1350), que el Congreso promulgó por insistencia en febrero pasado. En virtud de estos cambios, para firmar un contrato de alquiler, las personas extranjeras deben acreditar su situación migratoria e informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM). Según esta misma entidad, más del 60% de la población venezolana en Perú no cuenta con un documento de residencia válido, de modo que el requisito añadido por el Congreso configura una barrera de acceso a viviendas seguras y fomenta la informalidad en el mercado de alquileres.
Entre las modificaciones al DL 1350 también se indica que la SNM y el Ministerio de Relaciones Exteriores no pueden expulsar del país a mujeres migrantes con hijos en situación de vulnerabilidad, siempre que no sean “responsables” de dicha situación. Aunque esta norma, en teoría, busca proteger a víctimas de violencia familiar y sexual, de trata de personas y tráfico ilícito, existen organizaciones y abogadas feministas que han advertido los riesgos de esta redacción legal, toda vez que atribuye a las propias víctimas la responsabilidad de las violencias que sufren. Además, se otorga la protección especial solo a las madres, ignorando que las mujeres migrantes sin hijos o hijas también son muy vulnerables a varios de los delitos mencionados.
La violencia de género es un problema que no distingue nacionalidades. De enero a noviembre de 2022, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), atendió 2,374 casos de violencia de género y contra integrantes del grupo familiar hacia personas extranjeras. De este número, el 85% de las víctimas tiene nacionalidad venezolana. Estos datos presentan un subregistro, pues las mujeres migrantes muchas veces evitan denunciar por el temor de ser detenidas o incluso deportadas. Dadas las cifras, creemos que se debe continuar trabajando en la reorganización del Programa Nacional Aurora y el fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia, como ha sido anunciado por las autoridades del sector.
Las mujeres y niñas migrantes no solo se ven expuestas a violencia en el hogar, sino también en espacios públicos debido a los estereotipos y la xenofobia. Según la Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país (ENPOVE 2022), el 41% de los casos de maltrato físico fue ejercido por el cónyuge o pareja (41%), mientras que la violencia psicológica la ejercen principalmente personas desconocidas (39%). Una forma especialmente preocupante de violencia es la trata de personas, que se vincula con redes de explotación sexual. En el Perú, son frecuentes las noticias de operativos policiales en los que niñas y adolescentes venezolanas son rescatadas de estas mafias. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 55% de las víctimas de trata asistidas en Perú durante 2020 fueron personas menores de 17 años. De ese grupo, el 81.2% fueron adolescentes mujeres.
Dado el contexto de violencia que enfrentan las migrantes venezolanas, en Save the Children Perú, estamos trabajando para crear espacios seguros para las mujeres y niñas. Un ejemplo de ello es nuestra campaña “Hablemos de migración”, que nos permitió llegar garantes de derecho y otros actores relevantes para sensibilizarlos sobre la importancia de incluir a la población migrante en diferentes acciones, programas y políticas. Nuestra experiencia como organización muestra que las soluciones a los problemas que afectan a la población migrante deben incluir a las comunidades de acogida. La integración es el objetivo y el camino.
Todo lo descrito muestra la necesidad de continuar apoyando a familias vulnerables, creando espacios seguros para que las niñas aprendan y jueguen, garantizando el acceso a derechos elementales como la salud, la educación y la vivienda. Desde Save the Children Perú, también ofrecemos servicios de asesoramiento y apoyo emocional a las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas que han sufrido abuso, violencia o explotación. Al proporcionar estos servicios de protección, estamos trabajando por garantizar que estas mujeres y niñas tengan la oportunidad de un futuro mejor. No obstante, somos conscientes que estas buenas prácticas, para maximizar su impacto, deben ser recogidas por el Estado y sus instituciones en políticas, programas y servicios que no discriminen por razones de nacionalidad, etnia, edad ni género. Como sociedad civil, el llamado no solo es a que estos enfoques se apliquen sobre el papel, sino que se implementen con urgencia para empezar a transformar la realidad que amenaza a miles de niñas y mujeres.
