Hay muchas responsabilidades históricas que repartir a la hora de buscar culpables de la crisis institucional que el país vive, la misma que solo se atempera por la fortaleza económica que el Perú ha logrado construir en los últimos treinta años gracias a la parcial economía de mercado aplicada desde entonces (si el despliegue liberal hubiese sido pleno, el Perú ya estaría al borde de ser un país desarrollado).
Sin duda, hay responsabilidades que se arrastran hasta los tiempos del fujimorato, que destruyó la institucionalidad política y desde entonces el país no ha logrado recuperarla. Pero quienes mayor cuota de responsabilidad política tienen son los gobiernos democráticos de la transición, que gozaron de una herencia económica próspera y con buena prospectiva, y fueron absolutamente incapaces de construir el segundo piso de las reformas económicas que restaba emprender y, además, soslayaron olímpicamente las otras reformas institucionales que justamente la bonanza hubiera permitido desarrollar (salud y educación públicas de calidad, seguridad ciudadana, transporte público decente y moderno, descentralización eficaz, representatividad democrática en base a reformas políticas integrales, etc.).
Son Toledo, García, Humala, Kuczynski y Vizcarra (no se considera a Paniagua ni a Sagasti por las circunstancias transitorias y extraordinarias en las que ejercieron el poder), los grandes responsables de que hayamos llegado a la situación en la que estamos, a que el país haya tenido que sortear una segunda vuelta entre los peores candidatos de todos los presentados, y que al final haya votado por el más malo de los dos. No solo la pandemia es la madre de Castillo; también lo es la fallida y mediocre transición post Fujimori.
El centro aguachento, sin reformas de por medio, la preservación ociosa del statu quo heredado de los 90, nos ha terminado por pasar una inmensa factura que hoy estamos pagando. Castillo es producto de eso. No ha llegado a Palacio por su especial genio político o por alguna tendencia ideológica predominante en el país, sino por un puntapié social al orden establecido, de ciudadanos hartos de no ser propiamente ciudadanos en una sociedad con cifras macroeconómicas superlativas, pero indicadores sociales e institucionales paupérrimos.
Castillo, en el mejor de los casos, será un paréntesis que ahondará la crisis, porque evidentemente ninguno de los grandes problemas nacionales va a ser remediado por tan mediocre gestión. Ojalá el 2026 acabe este periodo de contrición nacional y en esa oportunidad -si no es antes-, empecemos por fin el camino de la consolidación institucional del país, que claramente se ha demostrado que no basta con la sensatez fiscal y monetaria para construir un país viable y sostenible.
