En septiembre del 2017, el actual ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, trabajaba como gerente de desarrollo sostenible en la minera sudafricana Gold Fields. Ese mes decidió dar el salto al sector público. Pero no hay forma de cruzar la llamada ‘puerta giratoria’ sin tener, tarde o temprano, que mirar para atrás. Finalmente, ha llegado ese momento.
Gold Fields, el ex centro de labores de Gálvez, ha sido cliente de larga data de la firma de abogados CMS Grau, cuya área minera es célebre en el mundo del derecho corporativo. Este estudio fue el encargado de constituir, en noviembre del 2017, Nuevo Arcoiris SAC, una empresa creada con S/1.000, sin maquinaria y sin oficina propia. Su dirección, según los papeles, fue la misma que la del Grau: Av. Santa María, 130, Miraflores.
Nuevo Arcoiris fue creada, en estricto, como un fantasma. Una empresa sin activos significativos ni operaciones propias. Algunos de sus accionistas, incluso, son socios del área minera del bufete que le dio la vida. Luego, ocurrió lo esperable: mediante la ya conocida ‘capitalización de deuda’, el cascarón pasó a ser propiedad de una minera canadiense, Tesoro Minerals Corp.
Esa empresa, a través de Nuevo Arcoiris, acaba de obtener autorización para adquirir 21 derechos mineros en Tambogrande, una zona de frontera en Piura de la que la población ya ha expulsado antes a otra minera de la misma nacionalidad. Los dos decretos supremos emitidos a favor de Nuevo Arcoiris (N°027-2020-EM y N°028-2020-EM) llevan la rúbrica de Gálvez y del flamante presidente, Francisco Sagasti.
Apuros y transacciones
Sagasti no esperó ni tres semanas tras asumir el cargo para despachar los decretos. El pasado 8 de diciembre, estos fueron publicados en El Peruano, autorizando a la empresa fantasma a algo tan valioso como un poema de Vallejo: hacer sus trámites de concesión para explorar si hay oro, plomo, cobre, zinc y plata en un territorio fronterizo con Ecuador, algo prohibido constitucionalmente para empresas de capitales extranjeros, pero permitido si es que se argumenta “necesidad pública”.
Este 2020 ha sido un año de mucha suerte para Sagasti y Gálvez. El pasado 17 de noviembre, el primero asumió la Presidencia del Perú, tras la caída de Merino y, antes, la vacancia de Vizcarra. Dos días después, el 19 de noviembre, nombró al segundo en el cargo de ministro de Energía y Minas (Minem). Hasta ese momento él tenía cuatro meses como viceministro de Minas en esa cartera.
Y parece que a Nuevo Arcoiris también se le ha presentado la virgen. Los decretos supremos indican que tiene como accionistas a la canadiense Tesoro Minerals Corp, con 99,9996%, y a Raúl Alfredo Ferreyra Martínez , con apenas 0,0004%. Ferreyra –sorpresa– es socio del área minera del Grau. Pero no siempre la empresa ha tenido esa composición en su accionariado.
El 21 de noviembre de 2017, Nuevo Arcoiris fue inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) con solo S/1.000. La empresa fue creada sin una oficina propia, sin máquinas, sin plana gerencial ni solvencia económica inmediata para un proyecto de envergadura, según consta en el kardex o carpeta de aumento de capital KR-401851 en la Notaría Paino.
El canadiense Patrick Jeremy Elliott adquirió, al constituirse la empresa, 999 acciones (el 99%) y la abogada María Cecilia Gonzales Guerra, también socia minera de Grau, apenas una acción. Elliott conformó el cascarón en calidad de turista, presentando apenas su pasaporte.
Traspaso de acciones
¿Cómo se llegó a la actual composición accionarial de Nuevo Arcoiris? En mayo del 2019 hubo un aumento de capital originado por una extraña deuda con Tesoro Minerals, de S/259,712.96, registrada también en la Notaría Paino. Una empresa sin operaciones u oficina tenía una deuda de varios cientos de miles de soles con otra.
Y según consta en el documento titulado “Aumento de Capital por Capitalización de Créditos y Modificación Parcial de Estatutos”, hubo una junta de accionistas de Nuevo Arcoiris en la que se completó el premeditado traspaso de acciones. Fungió como presidente de Tesoro Minerals Corp., presentando un poder, otra socia minera del Grau: Amelia Marite Aragaki Nakahodo. Patrick Elliott, hasta entonces accionista mayoritario de Nuevo Arcoiris, estaba fuera del país.
Elliott es un ciudadano canadiense de 40 años que funge como parte del comité de asesores de Tesoro Minerals. Es un geólogo y empresario con perfil de cow-boy minero que, según su perfil de LinkedIn, ha trabajado en la búsqueda de metal en varios países de Sudamérica y hasta en la Unión Soviética. Lo ha hecho como empleado de distintas ‘junior’, que es como se le conoce a aquellas compañías que no se dedican a extraer el mineral sino a comprobar su existencia, y dimensionar los costos y necesidades de un proyecto.
La relación de Elliott con el Perú es larga. Asegura haber trabajado como geólogo en el megaproyecto arequipeño de cobre Zafranal, de capitales canadienses, y además registra un nutrido movimiento migratorio: 31 entradas y salidas de permanencia corta en el país desde el 2007. Se mueve entre México, Colombia, Brasil y Argentina. También está registrado como vicepresidente de desarrollo corporativo del grupo Globetrotters, que explora minerales en la región. Y, como casi todos los ejecutivos metidos en el mundo de las ‘junior’, se publicita como presidente de Pac Roots, una compañía dedicada al negocio legal de la marihuana.
Regresemos a la recomposición accionarial. “El presidente manifestó a la junta que la sociedad mantiene una deuda frente a su actual accionista, la empresa Tesoro Minerals Corp. por el monto ascendente a USD 78,203.24 equivalente a la suma de S/ 259,712.96. Deuda que la referida empresa tiene interés en capitalizar…”, indica el texto del kardex antes mencionado. El texto no precisa cómo se originó esa deuda si, desde su creación, Nuevo Arcoiris solo había realizado trámites preliminares para la obtención de las concesiones mineras en Piura.
En descargos enviados a Sudaca, Nuevo Arcoiris SAC aseguró que la acreencia que posteriormente se transformó en acciones de Tesoro Minerals se generó por los “trámites de conformación de la empresa, pagos de contabilidad” y “asesores externos”. “Son gastos que se deben asumir desde el día uno”, dijeron.
Sobre la transferencia de acciones de Patrick Elliott a Tesoro Minerals, la empresa explicó que esta se dio a través de un contrato de transferencia de acciones entre ambas personas (una natural y otra jurídica). Sudaca pidió copia del libro de matrícula de acciones para verificar todo lo señalado, pero la empresa respondió que se trata de una documentación privada.
Tesoro Minerals Corp. no posee una sucursal en nuestro país ni una partida de constitución en Sunarp. Solo tiene presencia real en el espacio electromagnético del Internet, es decir, en una página web: www.tesoromineralscorp.com. Esta es una práctica común en el opaco mundo de las ‘junior’, que aparte de Canadá o Australia suelen trabajar en países del tercer mundo abundantes en recursos naturales. “En este momento contamos con los activos necesarios para la etapa en la que nos encontramos”, dijo Nuevo Arcoiris.
El caso Manhattan
El Estudio CMS Grau ya tiene amplia –y quizás no tan buena– experiencia en Tambogrande. Curiosamente, en 1999 Miguel Grau Malachowski, de cuyo apellido toma el nombre la firma, y Juan Carlos Escudero Velando, actual managing partner de la misma, fungieron de apoderados de la minera canadiense Manhattan Minerals Corp. de cara al contrato de opción de constitución de sociedad anónima para el desarrollo de actividades mineras en ese distrito de Piura.
El derecho a la actividad minera ya había sido dado a la compañía previamente por el gobierno de Alberto Fujimori, mediante el decreto supremo 013-99-EM. Los dos decretos a favor de Nuevo Arcoiris firmados por Sagasti son estándar, casi idénticos a aquella norma.
En 2002, tras realizarse la primera consulta popular en Tambogrande, donde el 95% de la población dijo “No” a la minería, estallaron protestas que terminaron con la expulsión de Manhattan del país. El caso es emblemático porque se trató del primer proyecto minero de la historia en ser paralizado por oposición de una comunidad local, según la ONG Cooperacción. Desde entonces, los grandes empresarios mineros han hablado de Tambogrande como ‘el gran fracaso’ de la industria y han codiciado el momento de regresar a la zona.
La autorización para adquirir derechos mineros en Tambogrande que ha sido otorgada a Nuevo Arcoiris por el gobierno en tiempo récord está muy cerca de la zona donde Manhattan fue expulsada. Cooperacción ha publicado un reciente artículo en el que explica, a través de un mapa de geolocalización, que si bien los 21 derechos en 16.300 hectáreas no están exactamente en el mismo sitio (el proyecto de hace 20 años demandaba relocalizar todo un pueblo) la afectación sería similar porque se trata de un terreno agrícola.
El alcalde distrital de Tambogrande, Alfredo Rengifo, ha asegurado que la concesión ha sido otorgada a Nuevo Arcoiris SAC sobre hectáreas de tierras de agricultores cuyos derechos serán directamente vulnerados. Rengifo, además, ha anunciado un paro minero y la recolección de 10 mil firmas de tambograndinos para solicitar al presidente Sagasti y al Congreso la derogatoria de los decretos.
Incluso, la congresista del Partido Morado por Piura, Angélica Palomino, ha enviado un oficio –con el respaldo de su bancada, de la que hasta hace un mes formaba parte Sagasti– solicitándole al ministro de Energía y Minas la derogación de los decretos. “Dirigentes agrarios y ciudadanía […] ven con preocupación y malestar que el gobierno de transición emita dispositivos legales que deberían ser consultados previamente con las autoridades y representantes de mi región”, dice la carta.
[AHORA] La bancada morada, a través de su congresista por Piura Angélica Palomino, ha solicitado al ministro de Energia y Minas la derogatoria de los decretos supremos que autorizan la actividad minera en una zona que afectaría al pueblo de Tambogrande y al valle de San Lorenzo. pic.twitter.com/UmmPiCgBCw
— Bancada Morada (@BancadaMorada) December 22, 2020
El ministro Gálvez respondió a Sudaca en un correo electrónico que la concesión ha sido dada por “necesidad pública”. Aseguró que “la Ley General de Minería dispone que la industria minera es de utilidad pública y que la promoción de inversiones en la actividad minera es de interés nacional”. Ello porque “genera divisas para el país, aumenta la recaudación de impuestos, posibilita la distribución de canon”, entre otros.
Otro recuerdo: Kuntur y el gasoducto
Los elementos de la historia calzan con una conocida práctica del mundo empresarial, no solo en minería. En octubre de 2008, por ejemplo, la ‘empresa fantasma’ Kuntur obtuvo la concesión directa, sin concurso público, de la obra del primer gasoducto del sur (que luego se transformó en el proyecto Gasoducto Sur Peruano). No tenía capacidad financiera ni técnica. Al igual que Nuevo Arcoiris, fue constituida con la dirección jurídica de un estudio de abogados, el Muñiz, y carecía de oficina propia. La concesión de la obra la entregó el expresidente Alan García.
La empresa Conduit apareció después como propietaria de Kuntur, pese a que nunca hubo una relación formal entre ambas, como ocurrió entre Tesoro Minerals y Nuevo Arcoiris. Odebrecht se convirtió al poco tiempo en la encargada de construir el gasoducto para Kuntur y empezó a realizar los supuestos estudios preliminares de la obra. Como ha revelado Cuarto Poder, esto generó una millonaria deuda de Conduit con Odebrecht que aquella no podía pagar. A la postre, según documentos mostrados por el programa dominical hace tres años, fue dicha acreencia la que llevó a la brasileña a empezar la compra de acciones en Kuntur.
El 28 de marzo de 2012, según los informes de las dos comisiones Lava Jato del Congreso, Odebrecht terminó la adquisición de Kuntur. Ya con el dominio de la zona, postuló a la nueva concesión del Gasoducto Sur Peruano y ganó. Tras estallar el ‘caso Odebrecht’, la multimillonaria obra quedó paralizada.
Conexión Canadá y los descargos
En respuesta a un cuestionario enviado por Sudaca, el ministro Gálvez recordó que se reunió con representantes de Tesoro Minerals Corp en noviembre de 2019, en la convención minera PDAC 2019, en Canadá. Lo hizo, asegura, en su calidad de Director General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem.
El ministro Gálvez no ha precisado por iniciativa de quién se realizó esa reunión formal ni ha brindado detalles de la misma. En convenciones de este tipo, empresarios mineros y funcionarios públicos se reúnen para tratar posibles futuras inversiones. Gálvez negó tener amistad ni vínculo laboral directo con Tesoro Minerals o sus abogados.
“Los decretos supremos publicados no otorgan ninguna autorización para realizar actividades mineras. Únicamente otorgan a la empresa solicitante el derecho de proseguir con sus procedimientos administrativos iniciados ante el Ingemet, a fin de obtener sus respectivas concesiones mineras”, añadió. Si bien es cierto que los trámites aún no han sido completados, los dos decretos son claros en especificar que autorizan a Nuevo Arcoiris a adquirir los derechos mineros en zona de frontera y a realizar actividad minera una vez que cumplan con el resto de requisitos legales y ambientales.
Sobre el conflicto social en la zona, Gálvez aseguró que el proyecto se desarrollará “solo si se llega a un consenso con la población” y que el proceso de participación ciudadana –cuyo resultado ya se puede adelantar de la posición del alcalde de Tambogrande– se da al final. Sobre el fallido antecedente de Manhattan Minerals, respondió que ahora “las actividades mineras han mejorado sus estándares sociales y ambientales” y que pueden coexistir con la agricultura.
Tambogrande otra vez vuelve a ser noticia, más por recovecos corporativos y cascarones empresariales que por los frutos de su tierra. Esta historia de mineras ‘fantasma’ y decretos express recién comienza.
