Insurgencia en el sur y las economías ilegales

Cuando el primero de enero de 1959 Fidel Castro toma el poder en Cuba, solo tiene en mente dos objetivos, a saber, apoderarse de todo o parte del petróleo venezolano, primero; y, segundo, promover grupos insurreccionales en los demás países de América del Sur. Para conseguir esos objetivos, Castro y sus lugartenientes fueron a Caracas y le pidieron al presidente Rómulo Betancourt que les entregue 300 mil barriles diarios de petróleo como apoyo a la revolución.

El presidente de Venezuela le dijo que se los daría si los pagaba por adelantado, Castro se molestó, dejó Caracas y ordenó la instalación de un foco guerrillero en la selva venezolana. Fin del incidente. Para cumplir su segundo objetivo, el dictador cubano ordenó la compra de un gigantesco terreno en La Paz para construir la mayor sede diplomática de Cuba en el mundo: de ahí comenzó a infundir su veneno en América Latina. Esos son los antecedentes de la posterior “amistad” de Castro con Hugo Chávez y Evo Morales y la creación posterior del Foro de São Paulo.

Esa breve historia, nos servirá para saber qué quieren Evo Morales, los socios de este en el Foro y los negocios ilegales que los promueven y apoyan financieramente, primero desde las constructoras brasileñas y después desde la minería ilegal y el omnipresente narcotráfico. 

Leamos qué nos dicen los expertos sobre esos temas:

En primer lugar, el ingeniero César Gutiérrez Peña, ex presidente de EsSalud, ex presidente de PetroPerú y un experto en metales raros, combustibles fósiles y sus industrias conexas. Y el doctor Rubén Vargas Céspedes, ex viceministro del interior, ex ministro del Interior, ex presidente de Devida y el mayor experto en narcotráfico y seguridad pública.

Ingeniero Gutiérrez, a manera de introducción, ¿cuánto de cierto hay en la pretendida bolivianización del extremo sureste de nuestro territorio, cuánta riqueza hay en el suelo y en el subsuelo puneños? 

Lo que realmente existe es una fortísima actividad ilícita que mueve ingentes cantidades de dinero en la confluencia peruano-boliviana, que tiene un poco más de mil kilómetros de frontera absolutamente permeable, donde se trafica no solo una parte de la cocaína que se produce sino también el oro que se extrae de La Pampa, la zona de Tambopata, Madre de Dios, colindante a Carabaya en Puno, por donde pasan 100 toneladas de oro al año que representan alrededor de 5 mil millones de dólares. Ese oro-que no tributa un sol en el Perú- se vende a precios exorbitantes a los narcotraficantes bolivianos (y a sus socios colombianos y mexicanos), quienes “blanquean” así los narco dólares y venden el oro a los mafiosos chinos y los de otras nacionalidades. Ahora bien, para extraer el oro de los minerales desechables se necesita de mercurio, el cual es un insumo controlado en el Perú, por lo que los bolivianos lo introducen en nuestro país ilegalmente. Paralelamente, desde nuestro país se exportan cientos de toneladas de papa a Bolivia porque son más baratas que en ese país. Igualmente, el diésel y el gas licuado de petróleo que en Bolivia están subsidiados por el Estado. Y para coronar la pirámide delictiva, desde la vertiente oriental del altiplano vienen caravanas de camiones cargados de niñas y jóvenes para ser esclavizadas en las decenas de campamentos de minería ilegal. Y, aunque todo el mundo lo sabe y nadie hace nada por evitarlo, desde hace décadas en Desaguadero, provincia de Chucuito, sur del Titicaca, pasan las caravanas de cien camiones diarios llevando el contrabando que ha entrado a Bolivia desde Chile y terminan en nuestro país. La corrupción absoluta. Ese es el verdadero problema en la frontera peruano-boliviana.

«La Pampa es el área minera ilegal más grande de Perú»

¿Pensó usted que el proceso de regionalización y de descentralización mal enfocado y pésimamente reglamentado en los comienzos de este siglo, podría llevarnos a una mayor pobreza en las regiones cupríferas y a un gigantesco odio contra Lima en la sierra sur del país?

Más que una regionalización, lo que ha habido es un ordenamiento territorial dirigido desde Lima para disponer de terrenos para actividades extractivas en cantidades escandalosas, llegándose en el tema de Conga, Cajamarca, a otorgarse el 90 por ciento del territorio a concesiones mineras, generando en todo el territorio minero del país el rechazo de la gente. Aparte de eso, cuando han prosperado las actividades mineras con responsabilidad social, como es el caso emblemático de Las Bambas, inmediatamente han aparecido los extorsionadores que utilizando a los comuneros que viven en la vecindad de los asentamientos mineros, han exacerbado sus ánimos hasta encontrar una manera de conseguir una renta permanente obligando a la compañía minera a que les pague por los conceptos que se les ocurren a los abogados limeños que “asesoran” a los comuneros. Entonces no es culpa de la regionalización criticada desde Lima, sino de la inexistencia de programas reales y concretos para que los dineros de los canon (¿alguien dice cánones?) y de las regalías sea bien ejecutado, es decir en obras de salud, de educación y de vías provinciales y distritales. Yo creo que debería ser una obligación del Ministerio de Economía y Finanzas apoyar permanentemente a las regiones conjuntamente con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para elaborar las bases para las licitaciones y los concursos públicos. Por tales deficiencias no hay proyectos y los dineros de esas regalías permanecen congelados en los bancos, y esa incompetencia no solamente es de la autoridad regional, sino principalmente de la autoridad nacional que la abandona.

 

Si usted pudiera enderezar el rumbo torcido de la descentralización, ¿cuál sería el primer paso para sacarnos de la situación que hoy nos enluta a todos los habitantes del país?

El Estado debe estar más presente en las provincias y no solamente en obras públicas de obligación y de envergadura nacionales. En las provincias se habla de los altos índices de pobreza, de la falta de electricidad, de la de agua, de la de desagüe, de los déficits de salud y de educación, pero poco se dice de los temas de seguridad y del control exclusivo y excluyente del territorio nacional, de eso nada de nada. De ahí los contrabandos de oro, de papas, de combustibles y de personas de un lado al otro de la gigantesca y porosa frontera binacional. Eso se puede comparar con lo sucedido en Sinaloa, México, cuando la gente se pone contra el Estado y a favor de Ovidio Guzmán, el hijo del híper famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, es decir, la gente apoya a los delincuentes que aportan trabajo ilícito, pero trabajo al fin, a las poblaciones empobrecidas secularmente. Es así que desde la caída de Castillo, esas poblaciones reaccionan contra la autoridad, que es lo que estamos viendo; más allá de las creencias políticas e ideológicas, que las hay, lo real es que esas personas sienten que van a perder y seguir perdiendo en el futuro próximo los ingresos provenientes de esas actividades ilícitas. He ahí un componente importante de las protestas.

 

Doctor Vargas, usted no solo es un experto en temas de seguridad pública, sino en una de las causas fundamentales de la violencia delictiva en el Perú contemporáneo: el narcotráfico, probablemente la única industria de integración vertical del país. Díganos: ¿cuánto creció el área cocalera en el Perú de Pedro Castillo, cómo se explica el maridaje del Sendero del Vraem con el castrismo de Perú Libre y, finalmente, cómo procesa la unión de las diferentes izquierdas peruanas para la toma del poder de 2021 en adelante?

El narcotráfico es una de las industrias que opera en un amplio universo de economías ilegales y también es una de las economías más antiguas del Perú, pues la historia negra del narcotráfico tiene ya más o menos 50 largos años. Pero en términos de economía, de dinero sucio, no es la más importante: la más importante es la minería ilegal del oro; y una característica que esta minería -y otras industrias ilegales, en las cuales destaca el mencionado tráfico de drogas-, está expresando cada vez con mayor claridad su poder fáctico, y ese poder se manifiesta en distintos aspectos de la democracia: está como un poder económico que reclama cada vez con más insistencia mayores cuotas de poder, como cotos de caza en la administración pública; es así que, la minería ilegal ocupa ahora espacios más grandes en el Ministerio de Energía y Minas, el tráfico de drogas ha penetrado sin dudas a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y la minería ilegal ha infiltrado a la Sunat y corrompido a empresarios privados que comercializan el mineral sin importarles el origen ilegal de este. Entonces, repasemos las cifras y reconozcamos que entre la minería ilegal y tráfico ilícito de drogas se movilizan aproximadamente unos 3 500 millones de dólares anuales, y ese dinero no se lava construyendo hostales o centros comerciales, es una cantidad de dinero suficientemente grande que penetra el sistema formal bancario y financiero del Perú. Con esos datos, me pregunto: ¿acaso ese gigantesco volumen de dinero no puede ser rastreado por la Unidad de Inteligencia Financiera o por la Sunat? Sin duda que se podría porque es un elefante tan grande que es imposible no verlo, pero esa es la situación en la que nos estamos desenvolviendo y estamos viviendo: precisamente esa situación desvergonzada de las economías ilegales hace que ahora reclamen poder político, lugar destacado en la administración pública y foros donde exhibir su enorme poder económico. Siendo un poco más específico sobre el problema de las drogas conocidas, es indudable que durante el gobierno de Pedro Castillo se abandonó la lucha contra las drogas y, en sentido contrario, se incluyeron los intereses de las economías ilegales como parte del brazo político del régimen de Castillo. Vimos durante año y medio que Devida, que es la institución rectora de la lucha contra las drogas, fue manejada en los hechos por el congresista Guillermo Bermejo, por sus operadores y terminó subsumida en un enorme proceso de mediocridad y puesta al servicio de la economía ilegal de la hoja de coca. Se abandonó la lucha contra las drogas y se pretendió engañar al país diciendo que el Estado iba a comprar toda la producción de hoja de coca, incluso se hizo un consejo ministerial en el Vraem con esa promesa, sabiendo que el 95 por ciento de la hoja de coca del Vraem termina convertida en cocaína. Vale decir, lo que se planteó desde Palacio fue el Pacto Social Ciudadano, que, en los hechos, es una mala copia del control absoluto de la coca del gobierno boliviano. De ahí se entiende que lo que parecía absurdo para enfrentar una economía ilegal era muy funcional para los propósitos políticos de Pedro Castillo y sus socios en la conquista del Perú.

¿Y qué área de cultivo de coca tenemos actualmente? Según el monitoreo de Estados Unidos hay 100 mil hectáreas, según el de Naciones Unidas alrededor de 80 mil hectáreas; en cualquier caso, estamos en un escenario muy parecido al de la década del noventa frente al problema de las drogas convencionales. Hay una producción potencial de más de mil toneladas anuales de cocaína, de la cuales se incauta un promedio de 5 por ciento, el resto, es decir, el 95 por ciento termina en los grandes mercados internacionales. Por lo tanto, podemos colegir que hemos retrocedido de una manera notable en los dieciséis meses de desgobierno de Pedro Castillo. En lo que sí fue eficiente ese gobierno fue en destruir la poca institucionalidad para enfrentar los problemas de tráfico de drogas y de minería ilegal, incluso facilitó la actividad de esa minería delictiva, ampliando por enésima vez el plazo para obligarla a legalizarse, torciendo el idioma y las leyes, disfrazando esa minera ilegal bajo el manto de minería informal. Y se hizo eso con la aprobación de una ley en el Congreso que ampliaba el plazo hasta 2024. Un lobby gigante, sin duda alguna, que flexibilizó el marco legal del control de la minería ilegal, lo cual permitió destrozar las leyes y los reglamentos y tener concesiones mineras con facilidades absurdas.

“El gobierno de Pedro Castillo fue eficiente destruir la poca institucionalidad para enfrentar los problemas de tráfico de drogas y de minería ilegal”, manifestó el ex ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes.

Podríamos decir que durante el periodo del señor Castillo las economías ilegales han estado protegidas desde Palacio de Gobierno.

Como es fácil de entender, las economías ilegales tienen una enorme responsabilidad en las revueltas posteriores al auto golpe de Castillo, pero no las explican completamente; las economías ilegales no son las que están movilizando a los miles de peruanos, porque hay una crisis política al margen del crecimiento descomunal de la minería ilegal y del narcotráfico. Desconocer esa crisis política y no valorar adecuadamente su peso en la coyuntura actual no nos ayuda en nada en la búsqueda de una salida de la crisis.

 Si usted, doctor Vargas, pudiera enderezar el rumbo torcido de la descentralización, que muchos sindican como uno de los males de origen de los problemas del primer cuarto del siglo veintiuno peruano, ¿cuál sería el primer paso para sacarnos de la situación que hoy enluta a muchos hogares del país?

Sin duda que hay un serio problema en la gestión de los problemas regionales, reclaman ellos mayores recursos, mayor presupuesto, pero con lo que se les asigna tenemos serios problemas de corrupción o de mala gestión, de embalses y de proyectos que se abandonan, entonces ahí hay un serio problema, y los peruanos de las regiones empobrecidas con todo derecho le reclaman al Estado una mayor atención para que los servicios básicos puedan también estar a la altura de sus necesidades. Creo que hay un serio problema de gestión y que hay un enorme nivel de corrupción, por lo que es evidente que tiene que discutirse de una manera más técnica el tema de la descentralización, pero no con el ánimo de desaparecerla sino de fortalecerla, y, obviamente, de tener mayores mecanismos de control de los gobiernos subnacionales.

Después de escuchar al ingeniero César Gutiérrez y al doctor Rubén Vargas, expertos en recursos minerales y de combustibles fósiles y en seguridad y narcotráfico, respectivamente, creemos que en el Perú la corrupción y el deterioro de sus élites políticas conspiran para que los propietarios de los negocios de la extracción ilegal de oro y de la elaboración de enormes cantidades de cocaína, dicten diariamente la agenda del país con todos los problemas colaterales escritos y no escritos en ella. Por esas razones, los pronósticos sobre el futuro inmediato del Perú son de malos para pésimos, pudiendo agravarse de manera notable si los enemigos de la democracia sacan a Dina Boluarte de la Presidencia de la República.

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Marchas, Mineria Ilegal

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