El IEP es contundente en su última encuesta: 85% pide que Cerrón (es decir, el ala radical) no participe en el nuevo gobierno; 58% aprueba algunos cambios constitucionales y solo el 23% quiere una nueva Carta Magna; 61% pide mantener el modelo económico y apenas el 23% pide un cambio total.
Lo mismo sucede con la última medición de Datum. Sobre las prioridades que debe tener el gobierno de Castillo, el 44% estima que debe ser la reactivación económica, 41% mejorar el sistema de salud, 35% mejorar la calidad de la educación, 35% luchar contra la corrupción, 21% luchar contra la delincuencia, y un reducidísimo 9% convocar a una Asamblea Constituyente.
Por si fuera poco, un 72% considera que el gobierno debería seguir un modelo de libre empresa, solo 12% el plan de Francke y un misérrimo 4% el programa de Cerrón.
Asimismo, Pedro Castillo empieza su gobierno con una actitud desfavorable del 19% y muy desfavorable de 16% de la opinión pública. En general, positiva de 40% y negativa de 35%. No va a tener luna de miel por parte de la ciudadanía.
Finalmente, respecto de la conformación de la Mesa Directiva del Congreso un 52% considera que debe serlo por alguien que no pertenezca a Perú Libre y solo un 35% que la debe ocupar algún adscrito al partido de Cerrón.
A buen entendedor, pocas palabras. Parece difícil que Castillo renuncie de facto a su pretensión constituyente y todo hace suponer que aprovechará su mensaje de Fiestas Patrias para anunciarlo, pero pronto deberá recalar en que socialmente es indeseable y políticamente es inviable (ni siquiera la bancada más izquierdista del centro, como es la de Acción Popular, le ha dado apoyo en ese tema).
Los arrestos radicales deberían quedar como un saludo a la bandera, un intento que de antemano se sabe inocuo, al que Castillo quizás se sienta obligado para cumplir con una parte de sus electores, pero con la conciencia clara de que va a abortar prontamente. Claramente, el país no acompaña a Castillo en ese proyecto y felizmente el Congreso parece que tampoco lo hará en lo que claramente es un dislate político.
Castillo debe entender ello no como una traición a sus postulados sino como un necesario giro al centro que la realidad le impone. Es de buenos políticos entender que la ideología no puede estar por encima de los hechos.
