[OPINIÓN] El Perú no puede permitirse otro quinquenio de diagnósticos repetidos ni de estados de emergencia que solo mueven el delito a la calle de al lado. Tras años de extorsión creciente y sicariato sistémico, con duplicación de tasas de homicidios, la ciudadanía exige resultados medibles. Con la instalación del nuevo Poder Ejecutivo y un Congreso Bicameral recién electo, se abre la oportunidad institucional para abandonar el populismo punitivo e implementar una estrategia integral de seguridad.
GOLPEAR CAJA DEL CRIMEN
Para transformar la frustración social en eficacia estatal, la agenda prioritaria debe concentrarse en golpear la caja chica del crimen mediante inteligencia y penetración financiera. El delincuente no opera por reputación, sino por rentabilidad. Mientras el patrullaje tradicional busca el delito menor en la vía pública, las verdaderas redes extorsivas se desarticulan estrangulando sus ingresos.
Un ejemplo claro de éxito ocurre cuando la policía judicial e inteligencia financiera enfocan sus esfuerzos en el mapeo de transferencias digitales y la extinción de dominio sobre bienes mal habidos, logrando que la capacidad operativa de las bandas se desplome. Congelar cuentas usadas para el cobro de cupos a transportistas o comerciantes paraliza la logística criminal de inmediato. Ante esto, el nuevo Senado y la Cámara de Diputados deben aprobar de forma prioritaria leyes que faciliten el levantamiento acelerado del secreto bancario y de las telecomunicaciones en investigaciones de extorsión, sin descuidar las garantías constitucionales. Además de crear la obligación de los funcionarios policiales de dar autorización de levantamiento de su secreto bancario y el de sus familiares cercanos para seguimiento de las autoridades del estado.
LA CLAVE QUE TODOS OLVIDAN : DESARROLLO SOCIAL
Asimismo, resulta indispensable abordar la contención social e intervención comunitaria. Ninguna política represiva es sostenible si las economías ilegales continúan reclutando a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La contención social no es asistencialismo, sino prevención estratégica del delito. Las intervenciones urbanas que combinan iluminación masiva, recuperación de parques, programas de retención escolar y capacitación técnica juvenil en distritos golpeados reducen significativamente la tasa de ingresos a pandillas y redes locales.
EL FACTOR DE PARTICIPACION POPULAR
En este esquema, la participación de la población es útil como red de alerta temprana e inteligencia comunitaria, pero nunca como fuerza de choque. El Estado debe proteger a los líderes vecinales con canales de denuncia completamente anónimos para evitar represalias y frenar cualquier intento de justicia por mano propia.
TECNOLOGIA CONTRA EL CRIMEN
Por otro lado, el país debe transitar del monitoreo aislado a la tecnología interoperable. Llenar las ciudades de cámaras que nadie vigila en tiempo real genera una falsa sensación de seguridad, por lo que el salto hacia la eficiencia exige interconectar los esfuerzos locales y nacionales. Los municipios que integraron la lectura de placas mediante analítica de video e inteligencia artificial redujeron el tiempo de respuesta policial frente a vehículos sospechosos de minutos a segundos, logrando capturas en flagrancia.
El Ejecutivo debe liderar la implementación de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo unificado a nivel nacional, donde la Policía Nacional y las centrales de serenazgo compartan datos, imágenes y mapas del delito en tiempo real.
EL ROL DEL CONGRESO Y LIDERAZGO DEL EJECUTIVO
Como mandato inmediato, el Congreso Bicameral saliente dejó un sistema de justicia atomizado, por lo que los senadores y diputados entrantes tienen la responsabilidad histórica de otorgar un marco legal coherente. Esto implica unificar los criterios de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial mediante la expansión de Unidades de Flagrancia equipadas en todo el país.
Por su parte, el Poder Ejecutivo debe asumir el liderazgo político sin improvisaciones, priorizando la reforma del sistema penitenciario con la instalación definitiva de inhibidores de señal en las cárceles y la profesionalización de la policía comunitaria. La seguridad ciudadana no se recupera con discursos encendidos, sino con inteligencia financiera, tecnología integrada y presencia estatal preventiva en los barrios.
