[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Víctor Raúl Haya de la Torre solía sostener que los países de América Latina debían unirse para negociar de igual a igual con Estados Unidos y obtener de este país los capitales y la tecnología necesarios para impulsar el desarrollo de la región en su conjunto. La afirmación de Haya, certera y visionaria, constituye una utopía política a la que nuestros países se han negado sistemáticamente desde que Simón Bolívar convocase el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.
Optamos, entonces, por avanzar por separado en un mundo que ya se encontraba organizado de antemano y perdimos —y seguimos perdiendo— largamente en la confrontación. Nuestra autonomía económica ha estado condicionada, de manera recurrente, por los intereses de las grandes potencias: primero los de Inglaterra, hasta la Primera Guerra Mundial; después, los de Estados Unidos, cuya hegemonía en la región es hoy desafiada por China en el terreno comercial y económico.
El escenario contemporáneo convierte a América Latina en una preciada pieza para ambas potencias. Nuestra región posee recursos estratégicos fundamentales para la economía del siglo XXI, entre ellos el litio y las llamadas tierras raras que ofrecen importantes reservas de uranio, cuya energía resulta esencial para sostener buena parte de la infraestructura tecnológica que hace posible la informática, la computación avanzada y la inteligencia artificial. A ello se suman nuestros mercados, las rutas comerciales, los alimentos, los hidrocarburos y otras materias primas tradicionales, todos ellos incorporados a una disputa geoeconómica de creciente intensidad.
En este contexto, Estados Unidos ha propuesto a los países de la región la creación del denominado Escudo de las Américas, una suerte de mecanismo panamericano de cooperación destinado a combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, acompañado de un llamado a incrementar en un 1 % los presupuestos nacionales destinados a defensa. La iniciativa, sin embargo, difícilmente puede comprenderse al margen de la creciente rivalidad sino-estadounidense. A Washington le preocupa que China se haya convertido en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, entre ellos el Perú, donde sus empresas poseen una presencia predominante en sectores estratégicos y donde el megapuerto de Chancay le ofrece una ruta corta y competitiva para articular los mercados del Pacífico sudamericano con Asia.
Parecía que dieciocho países se incorporaban, sin mayores objeciones, al proyecto interamericanista de Donald Trump cuando Chile hizo sonar las alarmas. Su ministro de Defensa respondió a la propuesta con contundencia y serenidad, en un tono que hoy resulta poco frecuente cuando se abordan las relaciones con Estados Unidos: de país soberano a país soberano.
El ministro Fernando Barros señaló que Chile evaluará la propuesta y que recién responderá formalmente en noviembre, un plazo considerablemente amplio para un mandatario como Trump acostumbrado a exigir respuestas rápidas. Barros añadió que «primero se respeta la soberanía, la legislación, tanto la Constitución como las leyes de cada país», y recordó que la lucha contra el narcotráfico corresponde a las autoridades y a la policía chilenas.
El funcionario agregó que «nos vienen muy bien las ayudas en ciertas áreas, como inteligencia, información y tecnología. Pero no necesitamos más que eso». Con esta afirmación estableció con claridad la agenda chilena de cooperación y delimitó, al mismo tiempo, los ámbitos en los que su país está dispuesto a colaborar.
Finalmente, frente a las referencias del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al eventual retorno de la Doctrina Monroe —proclamada en 1823 por el presidente James Monroe—, Barros respondió de manera tajante: «Chile no es el patio trasero de nadie; somos un país muy orgulloso de nuestra realidad».
No son derechas e izquierdas
La réplica de Fernando Barros a su homólogo estadounidense ha llamado particularmente la atención porque no proviene de un gobierno de izquierda ni de un Ejecutivo que levante las tradicionales banderas del antimperialismo. Proviene, por el contrario, de un gobierno situado claramente a la derecha del espectro político chileno.
Por ello, cabía esperar que, así como los gobiernos de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador se han mostrado receptivos a la propuesta de la Casa Blanca, José Antonio Kast hiciera lo propio. No ha ocurrido así.
El gobierno chileno parece entender que una política económica de orientación neoliberal, una posición conservadora frente a la migración y frente a determinadas posturas progresistas en otros ámbitos no obligan a renunciar a una geopolítica propia. La orientación ideológica de un gobierno no debería traducirse automáticamente en subordinación estratégica. Chile reivindica, en este caso, una política exterior soberana y proactiva, asentada en la conciencia del lugar que ocupa en el sistema internacional y de sus propios intereses nacionales.
¿Qué significa, entonces, ser de derecha para el gobernante de un país latinoamericano? Esta es la pregunta que queda flotando. Desde cierta perspectiva, podría significar aceptar que las políticas exteriores propias se subordinen a las agendas de Estados Unidos. Pero también puede significar —como parece interpretarlo Chile— asumir la propuesta de Trump y Hegseth como el inicio de una negociación de intereses que, precisamente por serlo, debe preservar la capacidad de decisión de cada Estado.
Chile vuelve a presentarse, de este modo, como lo ha hecho a lo largo de buena parte de su historia: un país consciente de sí mismo, celoso de su soberanía pero que tiende a actuar en solitario. Lo deseable, sin embargo, sería que otros países de la región adoptaran posiciones semejantes, no para enfrentarse al hegemón, sino para negociar con él en mejores condiciones.
Porque quizá nos encontremos ante una coyuntura excepcional. A pesar de la enorme ventaja económica, militar y tecnológica que Estados Unidos y China mantienen sobre nuestros países, ambas potencias necesitan de América Latina tanto como América Latina puede beneficiarse con ellas. ¿Por qué no negociar, entonces?
Unas palabras sobre la cuestión china. Siempre he pensado que América Latina no debería verse obligada a escoger entre uno u otro de los dos grandes poderes que hoy disputan nuestra región como espacio de influencia. Por el contrario, deberíamos aprovechar su interés y, sobre todo, su rivalidad, para obtener beneficios concretos para nuestros pueblos.
Margaret Thatcher dijo alguna vez que “Inglaterra no tienen amigos, sino intereses”. La idea resulta pertinente para nuestra circunstancia. Si dos grandes potencias compiten por ampliar su influencia sobre nuestra región, América Latina debería ser capaz de transformar esa competencia en una oportunidad para su propio desarrollo.
No se trata, por tanto, de elegir entre Washington y Beijing, sino de negociar con ambos. Y hacerlo desde una posición que nos permita convertirnos, progresivamente, en un tercer polo de poder e interlocución. Esa posibilidad parece mucho más cercana si nuestros países actúan coordinadamente, pues los intereses de ambas potencias no se concentran exclusivamente en Chile, Argentina o el Perú, sino en toda América Latina.
Tal vez esta vez podamos comprender la lección que Haya de la Torre planteó hace casi un siglo: no se trata de enfrentarnos al poder, sino de reunir suficiente poder para negociar con él. Y quizá esta sea la oportunidad de comenzar, finalmente, a actuar en consecuencia.
