Fernando Meléndez
Fue uno de los congresistas que habló más alto en el debate por la vacancia de Martín Vizcarra. “Tenemos un deber moral con la patria, porque esto no es un juicio de una sala del Poder Judicial, este es un foro político y su cuestionamiento mayor es que ha mentido”, aseguró, casi sin poder hilar dos ideas consecutivas, en una chapucera intervención de más de 12 minutos. Incluso, se atrevió a citar a Manuel González Prada. “Rompamos el pacto infame de hablar a media voz”, dijo. El tono de su discurso sorprendió a la prensa.
Antes de iniciar el debate del lunes, los votos de Alianza para el Progreso (APP) se contaban indiscutiblemente en contra de la vacancia. De hecho, César Acuña, su líder y próximo candidato a la presidencia, había declarado que Vizcarra debía llevar las investigaciones a través de sus abogados y dedicarse a gobernar los meses que le quedaban. Pero finalmente los votos de APP fueron los que inclinaron la balanza: 20 a favor de destituir al expresidente y solo una abstención.
“Su gobierno es un gobierno espurio, fruto de la mentira, de la conspiración, del engaño y la traición”, dijo Meléndez, pese a que la traición de su bancada empezó, precisamente, con su discurso. Desde su escaño, el vocero de APP resaltó la incapacidad moral de Vizcarra para ejercer el cargo, pese a tener ocho veces más investigaciones fiscales que él. De acuerdo a información revelada por el portal El Foco, Meléndez tiene –sí, solo él– 85 procesos fiscales en curso. Entre otros, se le acusa de peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación ambiental, usurpación, estafa y lavado de activos.
Como muestra, solo dos ejemplos. Meléndez es investigado por haber presuntamente favorecido a la empresa Cacao del Perú Norte, del empresario estadounidense Dennis Melka, acusada por la ilegal depredación de 1.900 hectáreas de bosque en Loreto, según Ojo Público. “Es su consciencia que le cuestiona, que no le deja dormir”, aseguró, sin embargo, sobre Vizcarra.
Meléndez también es investigado por negociación incompatible y aprovechamiento ilícito del cargo en la compra de 17 mil mochilas que hizo el Gobierno Regional de Loreto en el 2017. Por este caso, la Fiscalía allanó sus oficinas aquel año. En APP, además, hay otros 13 congresistas investigados por el Ministerio Público. Esto la convierte en la bancada con la mayor cantidad de congresistas en esa situación.
Meléndez y Vizcarra tienen algo en común: ambos fueron gobernadores regionales. Cada uno en un extremo distinto del país. Mientras que Vizcarra es acusado por recibir coimas para la ejecución de obras públicas en Moquegua, la mayoría de procesos de Meléndez tiene que ver con su paso por el mismo cargo en Loreto, entre el 2015 y el 2019. Pero Meléndez, sin un gramo de vergüenza, dijo que “[Vizcarra] llegó al Gobierno sin título moral, sin honradez, y se encargó de destruir lo que es la institución presidencial”.
Cero en salud
Ante el asombro de los espectadores, que esperaban un pronunciamiento en línea con lo expresado previamente por Acuña, Meléndez también criticó duramente el mal manejo de la pandemia del gobierno de Vizcarra. Dijo que el expresidente “no es capaz de reconocer que hay miles de peruanos que reclaman sus deudos” por culpa suya, y que estos “han fallecido en los hospitales de la seguridad social por falta de un balón de oxígeno”.
¿Qué hizo Meléndez por la salud de la región que representa en el Parlamento, una de las más golpeadas en los primeros meses de la pandemia? No mucho. Según la prensa loretana, Meléndez es uno de los principales responsables en la demora de la construcción del nuevo Hospital de Apoyo de Iquitos, llamado César Garayar García. Este centro de salud funciona en una sede de contingencia desde el 2017, cuando él era gobernador. La nueva infraestructura debía ser entregada en noviembre del 2019, pero aún está inconclusa. Es un caso que recuerda mucho a las demoras que tuvo el Hospital de Moquegua, inaugurado con tres años de retraso, después de la gestión de Vizcarra.
La gestión de Meléndez tampoco fue buena con otro hospital de Loreto, el regional. “La historia de Loreto es crítica. Hemos tenido una serie de gobernadores regionales que no se han preocupado por el sistema de salud. El hospital regional no ha podido en los últimos cuatro años mejorar su atención y colapsó”, le recordó Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud, cuando fue citada a la Comisión de Fiscalización. “Creo que el congresista se olvidó de su breve paso por EsSalud, donde ha trabajado”, agregó. Tras dejar el GORE Loreto, Meléndez fue designado como asesor en EsSalud, puesto por el que pasó sin pena ni gloria.
Negativo en educación
Otra crítica de Meléndez para empezar a justificar el voto de su bancada a favor de la vacancia fue la supuesta destrucción de las instituciones perpetrada por Vizcarra. En septiembre de este año, sin embargo, Meléndez propuso al Congreso un proyecto de ley que le devolvía las plazas a cerca de 15 mil maestros despedidos por no pasar o no presentarse a la evaluación docente. Eso fue un golpe directo a la reforma magisterial, que –más allá de su evaluación de fondo– es de los pocos procesos institucionales que han sobrevivido a cambios de gobierno. Al mismo tiempo, la región que representa continúa con los peores niveles de educación en el segundo grado de primaria del país.
Al cierre de la gestión de Meléndez como gobernador regional, en el 2018, según información censal recogida por el Minedu, sólo el 6% de los colegios públicos de Loreto contaban con servicios básicos (agua, desagüe y luz) para los más de 340 mil alumnos inscritos. El promedio nacional en este indicador es de 44%. De ello también da cuenta el Colegio de Economistas de Loreto. Solo 14% de colegios cuentan con todas sus aulas en buen estado.
En el ámbito docente, la situación no es mejor. Según cifras del Minedu, Loreto es una de las regiones con mayor falta de docentes en relación a la demanda en la actualidad y lo será también si el cálculo se proyecta al 2023. Por ejemplo, en la educación primaria, a Loreto le faltarían 2,944 profesores para abastecer la demanda en los próximos tres años, la más alta solo detrás de Piura. Además, Minedu informa que Loreto tiene la tasa más alta de alumnos por maestro para inicial y primaria.
Según los argumentos que Meléndez expresó públicamente –el congresista no quiso dar declaraciones a Sudaca–, su proyecto de ley resolvería esas carencias. Al regresar a la carrera pública a los docentes despedidos, regiones como Loreto se beneficiarían con un incremento sustancial de profesores. De hecho, según cifras oficiales, la región de Meléndez cuenta con el segundo número más alto de docentes cesados (más de dos mil), solo por detrás de Lima.
Un proyecto inconstitucional
Antes de la inesperada vacancia presidencial, Sudaca preparaba un informe en profundidad sobre el problema de los docentes interinos y los vacíos de la reforma magisterial, a propósito de la iniciativa impulsada por Meléndez. Ese informe verá la luz –dada la coyuntura– todavía en algunas semanas. Sin embargo, vale la pena adelantar dos puntos.
El primero es que el proyecto de Meléndez es una salida facilista: simplemente recontratar a los docentes despedidos para cerrar la brecha. Contratarlos porque hay espacio. Pero lo cierto es que la ley vigente de la carrera pública magisterial, aprobada en el 2007 y reglamentada desde el 2012, no reconoce la figura del docente interino. Según Ricardo Cuenca, investigador principal del IEP, estos son profesores eventuales que debieron pasar a ser regulares en periodos cortos de tiempo con la obtención del título profesional.
Lo de Meléndez, en cambio, se parece más a una movida netamente política y clientelista. Entre noviembre del 2018 y el cierre del Congreso en el 2019, 40 congresistas reenviaron en total 45 oficios a la Mesa Directiva para que incluya el debate de un dictamen de la Comisión de Educación que reincorporaba a los docentes interinos a la carrera pública.
Esto ocurrió por la insistente presión de hasta tres grupos sindicales o frentes nacionales de maestros. “Fernando Meléndez es para todos los docentes interinos un héroe, admiramos el empuje que a la dado a la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos”, dice Edgardo Escobar, docente interino de Pasco por casi treinta años y hoy secretario general del Sindicato Nacional de Maestros Despedidos del Perú. Apoyar a los maestros cesados da capital político.
Lo segundo es que el proyecto de ley impulsado por Meléndez contraviene un fallo del Tribunal Constitucional. El 23 de abril del 2019, ese colegiado dictó una sentencia que declaraba infundada la demanda por reincorporación de la profesora interina cusqueña Esperanza Pacheco. El Pleno del Congreso votó a favor de restituir a los docentes cesados en octubre del 2020, pero luego reculó y decidió devolver el texto a comisión para profundizar su análisis.
