[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Pocas tradiciones políticas han sido tan discutidas y, al mismo tiempo, tan decisivas para la historia contemporánea como el liberalismo. Nacido entre las revoluciones atlánticas del siglo XVIII y consolidado a lo largo del XIX, contribuyó a derribar el absolutismo, limitó el poder del Estado, afirmó la igualdad jurídica de los ciudadanos y abrió el camino hacia las democracias constitucionales. Pero su mayor aporte quizá no resida en ninguna de esas conquistas por separado. Consistió, sobre todo, en responder una pregunta que sigue acompañándonos hasta hoy: ¿cómo pueden convivir pacíficamente personas que piensan distinto sin que unas pretendan imponer definitivamente su visión sobre las otras?
La respuesta liberal fue extraordinariamente sencilla y, precisamente por ello, revolucionaria. Ninguna autoridad —ni el Estado, ni una iglesia, ni una mayoría circunstancial, ni una ideología— debía concentrar un poder capaz de anular la libertad de los individuos. Desde John Locke hasta John Stuart Mill, el liberalismo político edificó un conjunto de instituciones destinadas a contener el poder antes que a expandirlo. Mill resumió esa convicción con una frase que continúa interpelándonos más de siglo y medio después: «si toda la humanidad, menos una persona, tuviera una misma opinión, la humanidad no estaría más justificada en silenciar a esa única persona que ella en silenciar a la humanidad». Difícilmente pueda encontrarse una defensa más lúcida de la libertad de conciencia.
No deja de resultar llamativo que una idea nacida hace más de dos siglos conserve semejante actualidad. La razón es sencilla: las sociedades nunca dejaron de ser plurales. Cambian las épocas, los conflictos y los lenguajes políticos, pero permanece la dificultad de aceptar que quienes discrepan no por ello dejan de formar parte de la misma comunidad política. El liberalismo comprendió muy temprano que la diversidad de opiniones no constituye una enfermedad de la democracia, sino su condición más natural. Allí donde todos piensan igual, la libertad deja de tener objeto.
La historia del siglo XX confirmó dramáticamente esa intuición. Fascismo y comunismo, pese a sus profundas diferencias doctrinarias, compartieron una misma aspiración: reorganizar la sociedad alrededor de una verdad considerada absoluta. Ambos identificaron enemigos irreconciliables, ambos prometieron redimir a la humanidad y ambos terminaron subordinando los derechos individuales a un supuesto interés superior. Europa pagó un precio inmenso por esa ilusión. Cuando finalmente las democracias occidentales lograron reconstruirse después de la guerra, parecía haberse consolidado un consenso elemental: ninguna causa política justificaba sacrificar las libertades fundamentales. Durante algún tiempo pareció una lección definitiva. La historia, sin embargo, rara vez concede victorias permanentes.
Hoy asistimos al resurgimiento de formas distintas de intolerancia. Ya no suelen presentarse bajo la forma de partidos únicos o regímenes totalitarios. Se expresan, más bien, mediante discursos que tienden a reducir la complejidad social a una única clave de interpretación. En determinados sectores del progresismo contemporáneo, por ejemplo, el individuo corre el riesgo de diluirse detrás de identidades colectivas cada vez más fragmentadas, mientras el desacuerdo comienza a confundirse con una falta moral antes que con el ejercicio legítimo de la libertad. El término wokismo suele emplearse para describir parte de estas tendencias, aunque su significado continúa siendo objeto de debate. Más allá de las etiquetas, el problema aparece cuando la identidad desplaza al ciudadano como sujeto central de la democracia. En ese punto dejamos de hablar el lenguaje del liberalismo político.
Pero sería un grave error creer que la alternativa consiste en abrazar un conservadurismo igualmente dispuesto a restringir las libertades civiles en nombre de una determinada concepción religiosa, nacional o moral de la sociedad. Resulta paradójico observar cómo algunos defensores de la libertad económica aceptan sin demasiadas dificultades la intervención del Estado cuando se trata de regular la vida privada o imponer determinados patrones culturales. El liberalismo clásico jamás defendió un Estado encargado de custodiar una moral oficial. Su preocupación siempre fue otra: garantizar que cada persona pudiera desarrollar su propio proyecto de vida dentro del marco constitucional y del respeto a los derechos de los demás. Esa diferencia separa a las sociedades abiertas de aquellas que aspiran a disciplinar las conciencias.
Quizá el mayor error de nuestro tiempo consista en haber olvidado que el liberalismo político nunca prometió una sociedad perfecta. Nunca creyó que los conflictos desaparecerían. Su ambición era bastante más modesta y, precisamente por ello, más realista: construir instituciones capaces de procesar pacíficamente las diferencias. Norberto Bobbio recordó que los derechos de libertad constituyen el presupuesto indispensable de toda democracia. John Rawls llegó después a una conclusión semejante cuando sostuvo que las sociedades plurales solo pueden sostenerse sobre un consenso político básico compartido por ciudadanos que discrepan acerca de casi todo lo demás. Ninguno imaginó democracias edificadas sobre la unanimidad. Ambos comprendieron que la estabilidad política nace del reconocimiento recíproco antes que de la imposición.
Conviene detenerse un momento en esta idea porque acaso allí resida una de las mayores confusiones del presente. Hemos comenzado a identificar la firmeza de las convicciones con la incapacidad de escuchar al otro. La discrepancia se interpreta con demasiada frecuencia como una agresión y el adversario termina convertido en un enemigo moral. Sin embargo, las grandes democracias no fueron construidas por ciudadanos que pensaban igual. Fueron edificadas por hombres y mujeres capaces de defender con firmeza sus principios sin dejar de reconocer idéntica legitimidad a quienes sostenían posiciones distintas. El consenso democrático nunca significó uniformidad; significó aceptar que ninguna mayoría puede apropiarse para siempre del espacio público.
Tal vez haya llegado el momento de recuperar esa vieja enseñanza. Hablar menos de enemigos y más de ciudadanos. Menos de identidades irreconciliables y más de personas. Menos de cancelaciones y más de instituciones. Las democracias sobreviven porque aceptan el conflicto, no porque logren eliminarlo. Esa ha sido, probablemente, la mayor contribución histórica del liberalismo político.
En una época dominada por los extremos, volver a esa tradición no constituye un ejercicio de nostalgia ni una invitación a ignorar los problemas del presente. Significa recordar que la libertad individual, la igualdad ante la ley y la dignidad de la persona no son conquistas definitivamente aseguradas, sino principios que cada generación debe defender nuevamente. La historia enseña que las sociedades comienzan a perder su libertad mucho antes de advertirlo. También enseña que recuperarla suele ser una empresa mucho más difícil. Quizá por eso el liberalismo político conserve, todavía hoy, una vigencia que trasciende las modas ideológicas y continúa ofreciendo uno de los fundamentos más sólidos de la convivencia democrática.
