[EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS] La política peruana nos ha acostumbrado a una paradoja recurrente: cuando un partido obtiene demasiado poder, tememos los excesos del predominio; cuando ningún grupo alcanza una mayoría clara, tememos la ingobernabilidad. Sin embargo, la configuración del nuevo Congreso podría obligarnos a revisar algunos de estos prejuicios. La ausencia de mayorías absolutas no tiene por qué traducirse necesariamente en parálisis. Por el contrario, podría convertirse en una oportunidad para construir una cultura política más dialogante y menos confrontacional que la que ha predominado durante las últimas décadas.
La experiencia de la política peruana reciente debería invitarnos a la reflexión. Los sucesivos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo desde 2016 produjeron un clima de confrontación permanente que desembocó en disoluciones congresales, vacancias presidenciales, protestas y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En ese contexto, la fragmentación del nuevo Parlamento podría tener un efecto inesperadamente positivo: obligar a las distintas fuerzas políticas a sentarse en la misma mesa y reconocer que ningún sector posee por sí solo la capacidad de imponer su agenda.
Resultaría particularmente interesante observar si fuerzas ideológicamente distantes son capaces de alcanzar acuerdos puntuales en asuntos de interés nacional. Renovación Popular, por ejemplo, mantiene profundas discrepancias con Ahora Nación y Juntos con el Perú en materias culturales. Sin embargo, ello no debería impedir coincidencias en temas como la lucha contra la criminalidad organizada, la mejora de la infraestructura educativa, la descentralización eficiente o el fortalecimiento de los gobiernos locales. Las democracias maduras no funcionan porque desaparecen las diferencias, sino porque los adversarios políticos aprenden a cooperar cuando el interés general lo exige.
Algo similar podría ocurrir con el fujimorismo que constituye una de las fuerzas políticas más influyentes del país durante las últimas tres décadas. Pero también es cierto que una parte considerable de la sociedad peruana continúa observándolo con desconfianza. Por ello, su disposición a debatir reformas junto con otras bancadas, escuchar posiciones distintas y rectificar decisiones controvertidas enviaría una señal política significativa a sectores que hoy permanecen alejados de su propuesta.
En este sentido, la revisión de determinadas normas cuestionadas por amplios sectores de la opinión pública podría convertirse en una oportunidad para reconstruir puentes. Durante los últimos años, numerosas voces provenientes de la academia, la prensa, la sociedad civil e incluso de instituciones vinculadas al sistema de justicia han expresado preocupación por leyes percibidas como favorables a la impunidad o insuficientemente eficaces frente al avance del crimen organizado. La disposición a discutir modificaciones o derogaciones demostraría que la política todavía conserva la capacidad de corregir sus propios errores y responder a las demandas de la ciudadanía.
La historia peruana ofrece ejemplos elocuentes de lo que ocurre cuando el consenso desaparece por completo. La crisis terminal del sistema de partidos a finales de los años ochenta, las tensiones permanentes entre poderes del Estado durante las últimas décadas y la creciente fragmentación social han dejado como saldo instituciones debilitadas y una ciudadanía cada vez más escéptica. Frente a este panorama, la construcción de acuerdos básicos no debería interpretarse como una renuncia a las convicciones, sino como un mínimo ejercicio de responsabilidad democrática.
Naturalmente, nadie espera que las diferencias ideológicas desaparezcan. Tampoco sería deseable. La democracia se alimenta del debate y de la pluralidad. Lo importante es que la competencia política deje de concebirse como una guerra en la que el objetivo consiste en destruir al adversario. Cuando los actores políticos comprenden que el país es más importante que las coyunturas electorales, la negociación deja de percibirse como una muestra de debilidad y se convierte en una expresión de madurez institucional.
Quizá la mayor oportunidad del nuevo Congreso consista precisamente en eso: demostrar que el Perú todavía es capaz de construir acuerdos en medio de la diversidad. Si las principales fuerzas políticas comprenden que la gobernabilidad no es patrimonio de una sola bancada, sino una tarea compartida, el país podría iniciar una etapa de mayor estabilidad, fortalecer sus instituciones y crear condiciones más favorables para el desarrollo. En tiempos de polarización, el consenso se constituye en la meta por excelencia. En la historia de las democracias, pocas herramientas han demostrado ser tan eficaces.
