Como era previsible la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso archivó el proyecto de ley que buscaba someter a un referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente presentado por el presidente Castillo. Tal decisión fue el punto final de un intercambio de palabras altisonantes entre congresistas que estaban a favor y en contra del mismo. A primera vista pareciera que sus posturas políticas son irreconciliables. Sin embargo, para traerse abajo la reforma universitaria, por ejemplo, cierran filas y votan de igual manera. ¿Quién dice que no es posible que los partidos políticos con representación congresal arriben a consensos? Las votaciones conjuntas de los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Libre evidencian que sí es factible.
Un pacto tácito que les permite, de manera individual o colectiva, lograr sus objetivos que no se condicen con el bien común necesariamente. Siendo esto así es poco probable que vaquen al presidente o que él disuelva el Congreso de manera constitucional. En buena cuenta, los partidos de oposición no se hacen mayor problema con la gestión del presidente Castillo. Poco les interesa que se diseñen e implementen políticas públicas que respondan a las demandas más sentidas de la población.
Todo esto en medio de la apatía y poco interés de los ciudadanos por la situación política actual. Aunque la votación en contra de la calidad de la educación universitaria motivó una respuesta inusual de organizaciones estudiantiles, asociaciones de universidades públicas y privadas, partidos políticos como el Morado y del Buen Gobierno, de académicos e investigadores, de instituciones como el Consejo Nacional de Educación, entre otros, cuestionándola.
La aprobación de dicha ley por parte del partido de gobierno y los partidos de oposición generó una serie de iniciativas para derogarla. Una de ellas es la que impulsa el ex procurador César Azabache y consiste en la recolección de 5 mil firmas para plantear “una demanda por inconstitucionalidad contra el Congreso por interferir en la reforma universitaria”. Hasta el 6 de mayo, su Tweet había sido visto más de 253 mil veces. Es probable que el recojo de firmas movilice a amplios sectores de la sociedad y facilite el debate de ideas de los ciudadanos con los congresistas que votaron a favor. Será interesante escuchar sus argumentos de cara a la ciudadanía.
Los congresistas no calcularon la reacción ciudadana a su malhadada ley. No imaginaron una respuesta rápida y convocante que hace uso de un procedimiento que se encuentra contemplado en la Constitución de 1993. ¿Cuánto éxito tendrá esta iniciativa? Depende de la participación y movilización de cada ciudadano que no está a favor de la contrarreforma universitaria. Un termómetro del estado de ánimo ciudadano en relación con este tema será la movilización convocada para el viernes 13 de mayo en la Plaza San Martín en defensa de la educación universitaria. Castillo ya anunció que observará la autógrafa de ley. Esperemos que en esta ocasión sí cumpla con su palabra.
