El reciente intento del gobierno de Dina Boluarte, mediante el Ministerio de Educación conducido por Morgan Quero, de retirar 22 libros de educación básica ha desatado una justificada ola de críticas desde la academia y la sociedad civil. Estos libros contienen términos como «conflicto armado», «conflicto social», «dictadura», «ideología de género», «aborto» y «educación sexual integral», considerados adversos a la narrativa promovida por el fujimorismo y otras bancadas conservadoras, como Renovación Popular y Avanza País, entre otras. Esta acción representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información.
La censura de estos términos es una maniobra para manipular la información y la historia. Este acto busca reforzar la impunidad para militares y políticos, generalizando el uso del término «terrorista» para deslegitimar a los opositores del gobierno y minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y sus fuerzas del orden. Esta estrategia de manipulación histórica no solo tergiversa la verdad, sino que también distorsiona la percepción pública de eventos trascendentales, afectando la memoria colectiva.
Eliminar términos como «conflicto armado interno» es particularmente preocupante. La inclusión de este término en los textos escolares permite a los estudiantes entender el contexto y las características del conflicto ocurrido en el país, el cual tuvo profundas implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Eliminar este término distorsiona la comprensión de estos eventos cruciales y su impacto en la historia nacional.
El silencio del Congreso ante esta grave situación es alarmante. A pesar de la polémica generada, ningún legislador ha citado al ministro Quero para que rinda cuentas, y varios congresistas vinculados al ámbito educativo han optado por la complicidad del silencio. Este mutismo institucional no solo evidencia una falta de compromiso con la defensa de una educación libre y plural, sino que también sugiere una preocupante alineación con las políticas de censura y manipulación del régimen de Boluarte.
En un país como el Perú, marcado por una historia de conflictos y dictaduras, es vital que la educación refleje de manera fiel y completa los acontecimientos del pasado. La manipulación de la verdad y la historia desde el Ministerio de Educación no solo traiciona el legado de aquellos que lucharon por la democracia y los derechos humanos, sino que también hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.
Es imperativo que la sociedad civil, los académicos y los defensores de los derechos humanos se unan para resistir estos intentos de censura. La educación debe ser un espacio de libertad y verdad, donde se fomente el pensamiento crítico y se promueva una comprensión profunda y matizada de nuestra historia y realidad contemporánea. Solo así podremos construir una democracia sólida y una sociedad justa y equitativa.
