[CIUDADANO DE A PIE] Hay momentos en la vida pública en que la palabra es necesaria. Hay otros en que la palabra estorba. Y hay algunos, en que la palabra de ciertos personajes deja de ser explicación para convertirse en combustible altamente inflamable. Alfredo Torres acaba de escoger, con una ligereza preocupante, el peor de esos momentos.
Pasadas las 10 de la noche del domingo 7 de junio, IPSOS presentó su conteo rápido al 100%. El resultado favorecía a Roberto Sánchez por una diferencia estrecha: 50.3% contra 49.7% para Keiko Fujimori. La propia empresa, como corresponde, precisó el margen de error y señaló que se trataba de un empate técnico. Hasta allí no había demasiado que objetar. Una encuestadora mide, proyecta, advierte sus límites y coloca su estimación ante el país. No proclama presidentes. No reemplaza a la ONPE. No decide el destino de una elección. Hace estadística, ni más ni menos.
El problema vino después.
Menos de veinticuatro horas más tarde, Alfredo Torres decidió volver a la escena pública para explicar que estaban haciendo cálculos internos, evaluando actas pendientes, revisando el voto exterior y considerando escenarios en los que, mayoritariamente, Keiko Fujimori podía terminar ganando. En términos técnicos, esto puede ser defendible pues no contradice formalmente su conteo rápido. En términos políticos, el daño es considerable, aunque nunca falten analistas políticos dispuestos a convertir esta imprudencia en una inocente operación aritmética.
El Perú no es Suiza, vivimos en un “régimen híbrido” y esta elección no ocurre sobre una ciudadanía tranquila, instituciones prestigiosas y partidos consolidados. Ocurre en un país quebrado por la desconfianza, intoxicado por la sospecha, marcado por fraudes reales, fraudes imaginarios, golpes, vacancias, venganzas, persecuciones, terruqueos y una degradación sostenida de la conversación pública. En un país así, un encuestador no puede hablar como si sus palabras fueran simples notas al pie de una ficha técnica. Sus palabras pesan… y cuando son inoportunas, aplastan.
Torres ya había cumplido la misión encomendada. IPSOS había emitido su proyección. Había advertido su margen de error. Había dicho, en la práctica, que el resultado seguía abierto. Eso era todo. A partir de ese momento lo que correspondía era callarse y esperar el conteo oficial. No porque el silencio sea siempre una virtud, sino porque en medio de una elección al milímetro, el silencio puede ser una forma elemental de responsabilidad democrática. Y en este caso, señor Torres, lo prudente y correcto era callarse.
No se le está pidiendo que renuncie a su profesión. Se le está pidiendo que respete sus límites. Una encuestadora tiene derecho a explicar su metodología, pero no a convertirse en una ONPE paralela de cálculos reservados, escenarios cambiantes y lecturas sucesivas administradas por entrevistas radiales. Una cosa es enseñar al público qué significa un margen de error. Otra muy distinta es sugerir, en pleno conteo oficial, que la imagen que usted mismo entregó podría estar transfigurándose. La primera actitud informa. La segunda inquieta. Y en el Perú, inquietar sin necesidad es una forma de irresponsabilidad.
Un personaje con historia.
Alfredo Torres carga con un antecedente que en cualquier otro país lo obligaría a una reserva casi monástica. En el año 2000, durante la elección entre Alejandro Toledo y Alberto Fujimori, la empresa Apoyo —hoy integrada en la historia de IPSOS— quedó asociada en la memoria pública a una jornada electoral confusa y contradictoria. Esas elecciones constituyen sin duda un negro capítulo en nuestro historial democrático, una herida nunca restañada del todo. En aquella jornada, la boca de urna de Apoyo presentó inicialmente a Alejandro Toledo como ganador por un ligero margen. Horas después, el conteo rápido de la misma empresa invirtió el orden y dio ganador a Fujimori con casi el 50% de los votos válidos. El propio Alfredo Torres reconocería años más tarde que aquella boca de urna fue su mayor error profesional. No es posible afirmar que ese error haya sido parte del fraude organizado por un régimen corrupto y manipulador que convirtió al Estado en una maquinaria de permanencia en el poder. Afirmo algo políticamente suficiente: quedó instalado en la memoria de muchos peruanos como uno de los momentos más desconcertantes de una elección profundamente viciada.
Por eso, cuando en 2026 el jefe de IPSOS empieza a hablar de escenarios que podrían revertir una proyección inicialmente desfavorable a Keiko Fujimori, no estamos ante un tema exclusivamente técnico. Estamos ante una verdadera imprudencia, aun cuando existan explicaciones matemáticas perfectamente válidas.
Hay además un segundo elemento que exige un mayor recato por parte de Torres: su entorno mediático inmediato. Cecilia Valenzuela, su esposa, dirige Perú21, un diario que durante esta campaña no ha ocultado una orientación editorial abiertamente hostil al campo de Roberto Sánchez y complaciente con la candidatura de Keiko Fujimori. Que un medio tenga línea editorial no es pecado. En estos tiempos exigir neutralidad periodística en una campaña política, raya en una delirante ingenuidad. Pero cuando el presidente de una encuestadora aparece, en plena incertidumbre electoral, elaborando públicamente escenarios favorables a la candidata que ese entorno mediático prefiere, la apariencia de conflicto se vuelve inevitable. En estos casos, lo más inteligente y apropiado es no agregar ruido innecesario.
Y se hizo exactamente lo contrario.
Lo más grave no es que haya explicado que Keiko puede ganar. Eso era evidente desde el primer minuto para cualquiera que supiera leer un margen de error. Lo grave es que lo haya hecho como si IPSOS siguiera ocupando un lugar privilegiado en el desenlace, como si el conteo rápido tuviera una segunda vida secreta, como si la empresa todavía estuviera procesando una verdad que la ciudadanía debía seguir recibiendo por entregas. Esa forma de intervención no fortalece la confianza; la perfora.
En nuestro sufrido país -estamos firmemente convencidos- la responsabilidad de un encuestador excede la exactitud de sus cálculos; incluye la valoración del efecto político de sus comunicaciones. Torres debería, por experiencia, saberlo mejor que nadie. Si todo está dentro del margen de error calculado, no hay nada nuevo que anunciar. Si la posibilidad de reversión ya se encuentra contemplada en la ficha técnica, no hace falta teatralizarlo en una entrevista. Si la única autoridad final es la ONPE, no corresponde a IPSOS seguir ocupando el centro de la escena.
Alfredo Torres tiene todo el derecho a hablar, pero nosotros tenemos también el derecho a exigirle que mida las consecuencias de hacerlo. Cuando la ONPE concluya el conteo, IPSOS podrá explicar lo que quiera. Ese será el momento de los intervalos, las curvas, las autocríticas o las celebraciones. Antes no. Antes hay que dejar que los votos hablen por sí mismos. Y los votos no hablarán mejor porque Alfredo Torres dé entrevistas. No se vuelven más legítimos porque un encuestador sugiera una posible reversión. En una democracia, el conteo oficial no necesita protagonismos impostados, necesita tiempo, vigilancia, transparencia y serenidad.
No defendemos la existencia de fraudes electorales ni conspiraciones en las que el señor Torres esté involucrado, voluntaria o involuntariamente, pero sí señalamos su imprudencia, el no entender —o no querer hacerlo— que, con la experiencia del año 2000, sus vínculos y el contexto político actual, su palabra exige una disciplina mucho mayor que la del ciudadano común.
Usted ya habló, señor Torres, la última, sinceramente, estuvo de más. Ahora le toca a la ONPE concluir el conteo oficial. A los personeros vigilar. A los ciudadanos esperar. A los candidatos respetar. Y a usted callar. Con todo respeto señor Torres, y por el bien de nuestro querido país, por favor mantenga la boca cerrada.
