[ENTRE BRUJAS] Un nuevo feminicidio conmociona al país esta semana. Una mujer asesinada. Su joven hijo también perdió la vida en este ataque criminal y otro sobrevivió, pero fue testigo del horror, y dicho trauma permanecerá durante toda su vida. ¿Una cifra más para las estadísticas? No. Una vida truncada y una familia atravesada para siempre por la violencia.
Decirlo importa porque corremos el riesgo de acostumbrarnos. Cada cierto semana, un feminicidio particularmente cruel ocupa titulares, genera indignación y vuelve a colocar las cifras frente a nuestros ojos. Luego la noticia desaparece de la agenda pública, pero las consecuencias permanecen. Quedan hijas e hijos huérfanos, familias afectadas, sobrevivientes que requieren atención y comunidades en las que la violencia deja profundas consecuencias.
Los datos ayudan a comprender la magnitud del problema, pero no pueden deshumanizarlo. Entre 2015 y 2024 se casi 1500 feminicidios en el Perú. Y hasta julio de 2026 ya se habían registrado 83 casos con características de feminicidio. Existe, además, otra cifra sobre la que hablamos mucho menos: entre junio de 2020 y abril de 2026, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables otorgó asistencia económica a 1,541 hijas e hijos de 804 víctimas de feminicidio.
Son más de mil quinientas vidas que nos recuerdan que un feminicidio nunca tiene una sola víctima.
Por eso preocupa profundamente que, frente a una realidad de esta dimensión, el Perú retroceda en lugar de fortalecer la institucionalidad, las políticas de igualdad y los mecanismos construidos durante décadas para enfrentar la violencia contra las mujeres.
El feminicidio no surge de la nada. Es la expresión extrema de relaciones de poder, discriminación y violencia que todavía encuentran una preocupante tolerancia social. La ENARES 2024 revela un dato que debería interpelarnos: 75.7 % de personas justificaba situaciones de violencia hacia las mujeres y 71.3 % aprobaba actitudes sexistas. Combatir el feminicidio exige, por ello, mucho más que reaccionar frente al crimen consumado. Exige prevención, educación, servicios especializados, protección efectiva, acceso oportuno a la justicia y sanción.
Exige también instituciones fuertes.
Debilitar el enfoque de igualdad o sustituirlo por una mirada pretendidamente “familista” no necesariamente protege a las familias. Por el contrario, invisibiliza las relaciones de desigualdad y poder que pueden existir también dentro de ellas y puede dejar a mujeres, niñas y niños en mayor situación de riesgo. Defender a las familias debería significar garantizar que ninguno de sus integrantes viva sometido al miedo, la violencia o la discriminación.
El país inicia una nueva etapa política y existe una responsabilidad que no puede postergarse. El nuevo Congreso tiene la oportunidad de revisar los retrocesos legislativos producidos en los últimos años y fortalecer el marco normativo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El Ejecutivo, por su parte, debe asumir que esta problemática constituye también una dimensión fundamental de la seguridad ciudadana. La violencia ocurre en las calles, pero también dentro de las casas y en las relaciones de pareja.
No puede haber una política seria de seguridad que ignore esta realidad.
Necesitamos recuperar y fortalecer la rectoría del Ministerio de la Mujer, garantizar presupuesto y calidad para los servicios especializados, reforzar las políticas de prevención y asegurar que las medidas de protección sean oportunas y efectivas frente a situaciones de riesgo. Pero necesitamos, sobre todo, enfrentar las condiciones estructurales que reproducen la violencia, combatir la impunidad y dejar de normalizar aquello que constituye una grave vulneración de derechos humanos.
Porque detrás de cada número hay una Mujer con una historia, con familia, con afectos, derechos y proyectos. Y cada feminicidio extiende sus consecuencias a hijas, hijos, entorno y comunidades, profundizando ciclos de violencia y vulnerabilidad que el Estado tiene la obligación de prevenir y atender.
Hemos retrocedido demasiado. No podemos permitir que la indiferencia se traduzca también en decisiones políticas e institucionales que debiliten nuestra capacidad de respuesta.
No queremos seguir contando víctimas. Necesitamos un Estado capaz de prevenir la violencia, proteger derechos y garantizar a toda la ciudadanía una vida libre de violencia, reconociendo que no todas las personas enfrentan los mismos riesgos ni se encuentran en las mismas condiciones de vulnerabilidad. Por ello, las políticas públicas deben establecer medidas diferenciadas de prevención, protección y atención, de acuerdo con los contextos y características del riesgo.
Reconocer estas diferencias no divide ni resta derechos a nadie. Por el contrario, permite que la protección del Estado sea realmente efectiva. Y frente a la persistencia del feminicidio y de otras formas de violencia contra las mujeres, actuar sobre los factores específicos que las colocan en riesgo sigue siendo una obligación democrática y de derechos humanos.
