Mucho se comenta respecto de la inminente caída de Pedro Castillo y su salida de Palacio -desenlace labrado con empeño por el propio presidente-, pero conviene también reflexionar sobre los escenarios que se abrirían a futuro si tal cosa ocurriera (sea por la vía de la renuncia, de la vacancia o de la acusación constitucional).
La primera inquietud, por supuesto, es qué pasaría con Dina Boluarte, en los hechos la primera vicepresidenta y a quien le correspondería, de salir Castillo, ocupar el cargo. ¿Está el país político dispuesto a aceptarlo o el aluvión también se la llevaría de encuentro? Ella tendría que actuar muy aceleradamente: por ejemplo, nombrar un gabinete independiente y tecnocrático, comprometer un gobierno de ancha base o cosas por el estilo, para aquietar las aguas políticas.
Si eso no es suficiente e igual es sacada del poder, se abriría el paso a nuevas elecciones. Ya se plantea discusión jurídica respecto de si corresponderían elecciones generales o solo presidenciales, tendiendo la razón a sugerir que deberían ser generales, es decir incluir a los congresistas (hay, además, argumentos políticos de peso: si no es así, estrenaríamos un Ejecutivo sin mayoría congresal, situación que ha provocado todas las crisis políticas de los últimos tiempos).
Poniéndonos ya en el escenario de nuevas elecciones, es importante advertirle, sin embargo, a la principal promotora de la salida de Castillo, a la derecha, que no crea que las tiene todas consigo, como parece entender, dado su entusiasmo vacador.
Es verdad que el desprestigio del gobierno de Castillo arrastra grandes cuotas de afectación a la mayoría de las izquierdas (en particular a la de Verónica Mendoza y Nuevo Perú, por más que intenten ahora, desesperadamente, desmarcarse del desastre), pero siguen en pie las condiciones predisponentes para la aparición de un candidato disruptivo, apoyado en la lógica antiestablishment del mundo andino, al cual la derecha no tiene acceso, ni siquiera remoto, en términos de representación.
El tema se complica aún más dada la fragmentación de la centroderecha, que ha hecho mutis absoluto respecto de la sensata propuesta de Rafael López Aliaga de renunciar a candidaturas (por lo menos las de él y la de Keiko Fujimori) y construir un gran pacto que propicie no solo un triunfo electoral, sino la consecución de la suficiente mayoría parlamentaria para gobernar sin los sobresaltos que el país viene sufriendo por la fatal circunstancia, mencionada líneas arriba, de que se llega al poder sin mayoría en el Congreso.
Por más deseable, imperativa o saludable que sea, nada asegura que la salida de Castillo del poder vaya a anticipar un periodo de paz política y el final de la incertidumbre y zozobra que venimos padeciendo desde los tiempos de PPK (ya con cinco presidentes a cuestas en menos de un lustro).
