Juan Carlos Tafur - Pie Derecho

La lista del oprobio

Es una mezcla de indignación y de vergüenza lo que produce saber que ha habido ciudadanos peruanos que aprovecharon su posición de poder para beneficiarse de un bien escaso y preciado como la vacuna contra el covid 19, entre ellos el expresidente Vizcarra.

 

Indignación porque naturalmente subleva que en medio de circunstancias en las que miles de peruanos están expuestos al virus por su trabajo (médicos, policías, etc.) o por condiciones socioeconómicas (los más pobres del país), haya habido quienes, en culposo secreto, decidieron ponerse a salvo sin que les importe si su función social era primordial: simplemente los amparó tener el nexo con el poder o el contacto político para hacerlo.

 

Vergüenza porque una vez más en nuestra historia se demuestra que hay peruanos a los que el sentido de Patria les importa poco o nada. La lista del oprobio (de la que hay que descontar al personal médico partícipe de la investigación, por cierto) está conformada por la misma estirpe de quienes durante las luchas contra el dominio español se alineaban con la monarquía y combatían a los independentistas, o de quienes en plena guerra con Chile negaban desde el Congreso los impuestos que Grau y otros hombres de uniforme clamaban para enfrentar al enemigo en relativa igualdad de condiciones.

 

No sé si quepa alguna responsabilidad penal en estas personas. Ojalá que sí. Ojalá que sufran carcelería por la indignidad que han cometido. Pero si no cupiese alguna falta legal, pues que se activen todas las sanciones políticas y sociales posibles. Lo que han hecho bordea la traición a la patria.

 

El presidente Sagasti ha prometido una investigación sumaria. Lo primero es conocer la lista completa de estos vacunados vip. Lo segundo es hallar a los responsables de haber armado la lista. Lo tercero es apartar del Estado a todo aquél que fue partícipe directa o indirectamente. Finalmente, poner a disposición de las autoridades judiciales para que determinen si hay responsabilidad penal.

 

Si el Ejecutivo no actúa con prontitud, diligencia y plena transparencia, su propia estabilidad está en juego. No puede caber el menor ápice de consideración o cálculo respecto de las drásticas decisiones que corresponde tomar.

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